María Elisa Marlen Cruz Báez
Expediente 431/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 07/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Elisa Marlen Cruz Báez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
... Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada...
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, NO ACUDIERON A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a siete de septiembre de dos mil quince. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además conforme lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este órgano de control constitucional procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Se advierte de las constancias que integran este juicio, que por sentencia terminada de engrosar el ocho de julio de dos mil quince (fojas 159 a 177), el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por María Elisa Marlen Cruz Báez, por propio derecho y en representación de sus dos menores hijos, en los siguientes términos: ".lo que da pauta a conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal solicita para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada de doce de marzo de dos mil quince, y dicte otra en la que debe: 1) Establecer con base en las pruebas aportadas por las partes cuáles son las necesidades de los acreedores, considerando su entorno social, costumbres y demás particularidades que se desprenden de las constancias que obran en autos. 2) Establecer cuáles son las posibilidades económicas del deudor, según las pruebas que obren en autos, evidentemente considerando el sueldo que percibe en cada uno de sus empleos (si se acreditan), además de los gastos propios o manutención, como renta, incluso establecer las necesidades de sus otros acreedores (padres). 3) Posteriormente a ello la juez debe confrontarlos (necesidades-posibilidades), y determinar de manera fundada y motivada, si el porcentaje inicialmente decretado 60% (sesenta por ciento) sobre el sueldo que percibe es excesivo para cubrir las necesidades de los acreedores, y porqué el 30% (treinta por ciento), en su caso es suficiente para que los acreedores (tres, actora y dos hijos) cubran las necesidades de alimentación que reclaman, debiendo explicar por qué una cosa o la otra. Debiendo considerar que los ingresos del demandado no solo provienen de su trabajo ante la Universidad Veracruzana, sino también de su actividad privada (médico especialista externo). 4) Para resolver lo anterior, es claro que no se puede desconocer la existencia de los otros acreedores (padres del demandado), pero lo trascendente para este asunto no es su existencia en sí misma y el descuento que se realiza en otros juicios, sino la de resolver si el 60% (sesenta por ciento) inicialmente decretado es excesivo para su esposa e hijos (litis del juicio de origen), y explicar por qué, o bien si sus necesidades se cubren solo con el treinta por ciento y no con el sesenta por ciento, y explicar por qué, incluso en cualquiera de estas dos opciones exige verificar de qué forma impacta en los otros acreedores; porque podría suceder que aun con el sesenta por ciento se podría cumplir con las obligaciones alimentarias que tiene el demandado con sus padres, habida cuenta que solo se consideró su ingreso por parte de la universidad, más no los ingresos que percibe por su actividad privada; o bien, por el contrario, que soló reduciéndola al treinta por ciento se podría salvaguardar el derecho de sus otros acreedores, y no con el porcentaje del sesenta por ciento, inicialmente decretado." Toda vez que las partes no se inconformaron con el fallo protector emitido, por auto de dieciocho de agosto del año en curso, causó ejecutoria el mismo, y se ordenó requerir el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 225 a 227). Por oficio número 3261 recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veinticuatro de agosto pasado, la Juez responsable informó y remitió las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector emitido (fojas 230 a 239); por lo anterior, mediante acuerdo de veinticinco de agosto último, quedaron los autos a la vista de las partes, por el término de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el mismo (foja 241); sin que hubieren hecho manifestación alguna. Ahora, el amparo concedido a María Elisa Marlen Cruz Báez, por propio derecho y en representación de sus dos menores hijos, fue para el efecto de que la autoridad responsable: Dejara insubsistente la resolución reclamada de doce de marzo de dos mil quince, dictada en autos del juicio ordinario civil 959/2014/VI de su índice; y Con base en las pruebas aportadas por las partes, estableciera la necesidad de los acreedores de la pensión alimenticia decretada, considerando su entorno social, costumbres y demás particularidades que se desprendan de las constancias que obren en autos. Una vez hecho lo anterior, estableciera las posibilidades económicas del deudor Leopoldo Sarquiz Zárate, considerando el sueldo que percibe en cada uno de sus empleos (si así se acredita en autos), además de los gastos personales de manutención. Luego de ello, deberá comparar las necesidades de los acreedores con las posibilidades del deudor alimentario, y así determinar de manera fundada y motivada si el porcentaje inicialmente decretado del sesenta por ciento sobre el sueldo que percibe es excesivo para cubrir las necesidades de los acreedores, o en su caso, porqué el treinta por ciento es suficiente para cubrirlas; todo ello, sin dejar de tomar en cuenta la existencia de los otros dos acreedores de la parte demandada (sus padres). Por su parte, la autoridad responsable, en cumplimiento a la sentencia de mérito, mediante oficio número 3261, remitió copia certificada de la resolución dictada el veintiuno de agosto del año en curso, en la que dejó insubsistente la diversa de doce de marzo de dos mil quince, dictada en autos del juicio ordinario civil 959/2014/IV de su índice; y, por otra parte, al tomar en cuenta las pruebas documentales allegadas por las partes al juicio de origen, de conformidad con lo establecido por los artículos 210, 235, fracciones II y III, 261, fracción V, 262 y 265 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz, y en términos de lo establecido por el precepto 101 del Código Civil en comento, la Juez responsable determinó que la aquí quejosa María Elisa Marlen Cruz Báez, y sus dos menores hijos, tienen un derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien esté a cargo de su sostenimiento económico, ya que por sus circunstancias y por las edades de los menores, resultan evidentes las necesidades que tiene que cubrir el demandado. Asimismo, siguiendo los lineamientos trazados en la sentencia, la Juez responsable estableció que el aquí tercero interesado, cuenta con la posibilidad económica suficiente para cumplir con la obligación alimentaria que aquí se le reclama, ya que además de ser médico especialista en pediatría al servicio del Hospital de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Veracruzana, es médico especialista externo; sin que sea óbice a ello que también cuente con dos acreedores alimentarios más (sus padres), a los cuales les corresponde el veinte por ciento de su salario y demás prestaciones, por cada uno; ya que el demandado no aportó las pruebas que justificaran la cantidad real de sus percepciones totales y gastos, lo que hace imposible establecer si la medida suspensional provisional decretada cumple con los principios de proporcionalidad y equidad; sin embargo, atendiendo a que se encuentra en peligro la subsistencia de los menores, es por lo que la citada responsable resolvió en ese sentido, de conformidad con lo establecido por el artículo 242 del Código Civil Veracruzano. Finalmente, al haber considerado las necesidades alimentarias de los menores, sus características personales, las posibilidades económicas del demandado y las pruebas aportadas por las partes, declaró improcedente la reclamación interpuesta por el citado Leopoldo Sarquiz Zárate, y confirmó la medida suspensional consistente en el sesenta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe por concepto de sus dos fuentes de trabajo, en el entendido de que le corresponde el veinte por ciento a cada acreedor alimentario. De lo anterior se desprende, que la citada Juez dio cumplimiento al fallo protector emitido; por lo que, el suscrito considera que se restituyó a los solicitantes del amparo en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II, de la Nueva Ley de Amparo; por lo que se declara que el fallo constitucional se encuentra cumplido. Gírese oficio a la responsable que tuvo a su cargo el cumplimiento de la sentencia, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Nueva Ley de Amparo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, teniendo en cuenta que en este expediente, se concedió la protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, es susceptible de depuración, y por cuanto ve al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, en atención en lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el auto y la resolución correspondes, para lo cual, como se indicó deberá conservarse por separado en el archivo de este órgano, y agregarle copia autógrafa del presente auto Asimismo, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Alberto Arbea Pérez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, NO ACUDIERON A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinticinco de agosto de dos mil quince. Visto; agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa, el oficio número 3261 signado por la Titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias relativas al cumplimiento dado a la sentencia amparadora dictada en el presente juicio. Ahora, con fundamento en los artículos 26 fracción I inciso c) y 196 párrafo primero de la Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes, por el término de tres días, contados a partir de que les sea notificado el presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En el entendido que de no desahogar dicho requerimiento, este Juzgado Federal de oficio se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.
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