María Elia Escalera Loeza

Expediente 335/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
335/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • María Elia Escalera Loeza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que con fecha dieciocho de mayo del año en curso, causó estado el auto por el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, por tanto, resulta innecesario que continúen a disposición de este Juzgado las constancias que conforman el expediente 47/2020- 1, así como el toca número 672/2022, que remitió la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, desglósense las mismas, y devuélvanse a su lugar de origen para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como del contenido de la certificación supraindicada, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal, en contra del auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, por el que se desechó la solicitud de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y, en su oportunidad envíese al archivo. ... se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d) del mismo ordenamiento, al haberse DESECHADO la solicitud de amparo, por lo que se considera sin valor jurídico, y por ende sin relevancia documental. Agréguese a los autos el oficio número 712, signado por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, dígase que como se advierte en líneas precedentes, en esta fecha causó estado el auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, por el que se desechó de plano la solicitud de amparo presentada por Ma. Elia Escalera Loeza, remitida por la oficiante mediante comunicación oficial 8506/2023.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio número 8506/2023, firmado por la Secretaria de este propio órgano jurisdiccional, al que acompaña el escrito de demanda promovido por Ma. Elia Escalera Loeza, por su propio derecho, el informe justificado enviado por la Juez Tercera de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, y sus anexos, constancias de emplazamiento al tercero interesado J. Guadalupe Galeana Díaz. Ahora bien, del citado comunicado se aprecia que por auto de treinta y uno de marzo del presente año, se ordenó el registro de la demanda de amparo indirecto allegada por la Juez Tercera de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, con la finalidad de que turnara la demanda de que trata al Juzgado de Distrito correspondiente, y se hiciera la compensación de la carga de trabajo. I. Tramitación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Ma. Elia Escalera Loeza, por su propio derecho, en contra del acto atribuido a la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad; por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 17 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en el transitorio tercero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese el expediente impreso y electrónico; háganse anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 335/2023-II. II. Admisión de demanda. Ahora bien, de la lectura de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de trece de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el incidente de pensión compensatoria en el expediente 47-2020- 1, del índice del Juez responsable, en el que se admitió a trámite dicho incidente y se fijó como concepto de pensión alimenticia compensatoria provisional mensual a favor de la aquí quejosa, el veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones ordinarias que percibe J. Guadalupe Galena Díaz, previos descuentos de ley, en su fuente de trabajo. Al respecto, debe decirse que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El precepto legal antes mencionado es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, cuyo estudio se aborda de acuerdo a las siguientes consideraciones. La porción normativa invocada, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". El texto del precepto transcrito consagra el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y encuentra su justificación en el hecho de que éste último, al tratarse de un medio extraordinario de defensa previsto en la ley, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley de la materia. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad judicial. Bajo ese orden de pensamiento, el acto reclamado que se analiza, consistente en el acuerdo de trece de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el incidente de pensión compensatoria en el expediente 47-1/2020 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, en el que se admitió a trámite dicho incidente y se fijó como concepto de pensión alimenticia compensatoria provisional mensual a favor de la aquí quejosa Ma. Elia Escalera Loeza, el veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones ordinarias que percibe J. Guadalupe Galena Díaz, previos descuentos de ley, en su fuente de trabajo; previo a la promoción del juicio de amparo, es susceptible de impugnarse mediante un recurso ordinario, en términos de lo previsto en los artículos 224, y 391 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. "Artículo 224.- Otorgamiento de los alimentos provisionales y su ejecución. Rendida la justificación a que se refiere el artículo anterior, el juzgador fijará la suma o el porcentaje en que deban consistir los alimentos, mandando abonarlos por meses o quincenas anticipados. La providencia se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de caución. La resolución que niegue los alimentos es recurrible en queja ante el superior. La que los conceda es apelable en el efecto devolutivo. Artículo 391.- Efectos en que procede el recurso de apelación. En el auto que admite el recurso de apelación el juzgador deberá expresar el efecto que la admisión tenga en relación con la ejecución de la resolución recurrida. Este efecto podrá ser: I. El devolutivo, cuando la interposición no suspende la ejecución de la resolución apelada; Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.XXI. J/5 C (10a.), emitida por el Pleno del Vigésimo Primer Circuito, que señala: "ALIMENTOS PROVISIONALES. CONTRA EL AUTO QUE LOS FIJA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De la interpretación de los artículos 140, 375, 381, 386, 393, fracción III y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, deriva que el auto que fija alimentos provisionales es impugnable mediante el recurso de apelación, y no a través del de reconsideración, en virtud de que este último excluye su procedencia respecto de aquellas determinaciones impugnables en apelación. Al respecto, de los citados artículos 393, fracción III, y 566, se colige que las resoluciones sobre alimentos que fueran apeladas (entre éstas, las que fijan alimentos provisionales) serán ejecutables sin necesidad de caución, lo cual revela la procedencia de dicho recurso en su contra; lo anterior, aunado a que la fracción V del numeral 238 del citado código señala que el auto de entrada a la demanda es apelable en el efecto devolutivo, momento procesal en que precisamente se fijan los alimentos provisionales, sin que trascienda que tal regla esté dirigida a los juicios ordinarios, en virtud de que, conforme al diverso artículo 524 de ese mismo ordenamiento legal, en todo lo no previsto y en cuanto no se oponga a lo ordenado en el título relativo, se aplicarán las reglas generales del propio código." Ahora bien, la interpretación que realizó el Pleno Regional de este Circuito, en el criterio jurisprudencial previamente citado, no actualiza la hipótesis de excepción del artículo 61, fracción XVIII, relativa a que el medio de defensa en cita se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, y dar lugar a que, la parte quejosa pudiera elegir agotar el recurso ordinario, previo a instar el presente juicio constitucional Ello es así, pues debe precisarse que el legislador buscó con esa hipótesis, garantizar que en los casos, en los que los gobernados, no tuvieran a su alcance un medio idóneo, efectivo, oportuno y apto para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto u omisión, así como los requisitos para su procedencia, pudiera acudir al juicio de amparo. Empero, esa excepción no puede considerar actualizada, en los casos en los que, además de la norma, exista un criterio emitido por una autoridad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, en el que se ha interpretado la ley, es indiscutible que esa interpretación tiene el carácter obligatorio, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, lo que imposibilita que pueda ser objeto de un diverso análisis, o bien, alegar su desconocimiento. Por identidad de razón, se cita la Jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla." Por tanto, si en el caso, el Pleno de los tribunales de este circuito, han precisado que el recurso de apelación es el recurso idóneo para combatir las resoluciones provisionales de alimentos, tal criterio, debe ser obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, y por ende, la quejosa estaba en condiciones de conocer con exactitud cuál era medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia Así dado que en el precitado criterio, se abordó el tema de la procedencia del recurso de apelación en los casos en los que fueron concedidos provisionalmente alimentos, pues, el propio tribunal en pleno, determinó que de acuerdo a los artículos 238, fracción V, en relación al 524, ambos de la propia legislación procesal, se preveía la procedencia del recurso de apelación, contra el auto de radicación en los juicios del orden familiar y del estado civil de las personas En ese tenor, la promovente de igual manera, tenía a su alcance el recurso de apelación, como medio idóneo, efectivo, oportuno y apto para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en la omisión reclamada, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir a instar el presente juicio constitucional. Aunado a lo anterior, la quejosa tampoco se encontraba exenta de agotar los medios de defensa ordinarios, previo a la promoción del presente juicio de amparo, en términos de la excepción a que alude el artículo 61, fracción XVIII, inciso "c" de la Ley de la Materia, pues de la constancias del sumario se desprende que ha contestado la demanda entablada en su contra y por tanto, se encuentra en condiciones de promover lo que en derecho proceda, para hacer valer dentro del procedimiento de origen, los derechos que le asistente. En esa virtud, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de garantías.

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