María Elena Villasana Rodríguez
Expediente 360/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Elena Villasana Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que la impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Finalmente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la Octava Sala Especializada en Material Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, el cuaderno de pruebas formado con los autos originales del toca 437/2020, de su índice, los cuales remitió a este órgano jurisdiccional como justificación de sus actos.
- Principal
(citatorio y aviso) notificación por lista al quejoso y terceros interesados.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintinueve de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN Visto el oficio E-2957/2022 y anexos que lo acompañan, remitidos por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional el contenido del acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 436/2022, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por María Elena Villasana Rodríguez, por propio derecho, en el que dicho Tribunal Colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, declinándola a favor del Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz, correspondiendo conocer de la misma a este órgano jurisdiccional. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 360/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). COMPETENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo y dado lo decidido por el Tribunal Colegiado, este órgano de control constitucional SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, en principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. En el caso, de oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, pues el acto reclamado no lesiona derechos sustantivos ni genera efectos de imposible reparación en detrimento de la quejosa, como se verá a continuación. Establecido lo anterior, de la lectura íntegra del escrito de demanda se advierte que la disconforme señala como acto reclamado el consistente en: "La resolución dictada con fecha 12 de noviembre del año 2020 por la Octava Sala Familiar del H. Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz, misma que me fue notificada de forma correcta por lista de acuerdo el día 23 de marzo del año 2022." Y, en el capítulo de antecedentes, precisó: "1.- Con fecha 26 de septiembre del año 2018, la de cujus GENOVEVA MENDO PÉREZ, otorgó testamento público abierto bajo el instrumento público número 30975, ante notaría pública número 8 cuyo titular lo es el licenciado Arturo Hernández Gómez, de la séptima demarcación notarial del Estado con residencia en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 2- Mediante escrito con fecha 12 de noviembre del año del 2018, la suscrita MARÍA ELENA VILLASANA RODRÍGUEZ, promovió la apertura de referido testamento ante el Juzgado Décimo de lo Familiar de Primera Instancia de la ciudad de Poza Rica, Ver., formándose el expediente número 607/2018 del índice que tenía dicho juzgado. 3. Se promovió la apertura de la segunda sección que refiere al inventario y avalúo respecto de los bienes que dejara la de cujus Genoveva Mendo Pérez, lo que motivó que los coherederos Arcadio Mendo Pérez y Anahí Torres Coyohua, promovieron oposición al inventario, respaldando su oposición con hechos subjetivos y pruebas que consideraron procedentes. 4.- El C Juez Décimo de lo Familiar de Primera Instancia señaló fecha para la recepción de las probanzas aceptadas, y con fecha 14 de enero del año 2020 dictó resolución declarando procedente el incidente de oposición interpuesto por los coherederos. 5.- Con motivo de lo anterior mi abogado patrono mediante escrito de fecha 20 de enero del año 2020, interpuso recurso de apelación, lo que motivó se remitieran los autos al Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, quedando registrado dicha apelación bajo el toca número 437/2020, del índice que tiene la Octava Sala Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. 6.- Con fecha 12 de noviembre del año 2020, la H. Sala Octava de lo Familiar dictó resolución, ordenando en el RESOLUTIVO TERCERO SE NOTIFICARA LAS PARTES POR LISTA DE ACUERDO, misma que me está siendo notificada de forma correcta por lista de acuerdo el día 23 de marzo del año 2022. (.) 7.- La responsable omite apreciar que ente su inferior se demostró que la suscrita soy propietaria de una CAMIONETA FORD ESCAPE, CON PLACAS YGH1558, SUBLÍNEA XLS 4X2 14, T/ A TELA 4 CIL, NÚMERO DE SERIE 1FMCU02Z18KB32693, NÚMERO DE MOTOR 07G31, COLOR ROJO FUEGO, MODELO 2008, y el C. Juez Aquo al dictar la resolución que se combate, argumenta: "La camioneta FORD ESCAPE, CON PLACAS YGH1558, SUBLÍNEA XLS 4X2 14, T/ A TELA 4 CIL, NÚMERO DE SERIE 1FMCU02Z18KB32693, NÚMERO DE MOTOR 07G31, COLOR ROJO FUEGO, MODELO 2008, que se dejó de inventariar por el albacea (y que según es de su titularidad por la factura que exhibe), pertenece al acervo hereditario de la finada GENOVEVA MENDO PÉREZ, tal y como se justifica con el recibo de ingresos emitido por la Oficina Virtual de Hacienda y por la placa fotográfica apreciables en las fojas setenta y dos y setenta y tres de autos, con fe plena de conformidad con los diversos 263 y 337 del Código Adjetivo Civil del Estado, pues de tales probanzas se lee y se observa que el automotor citado está registrado ante la autoridad exactora a nombre de la de "Cujus" mencionada y la fotografía concuerda con los datos establecidos en el recibo de ingresos y; Las objeciones a estas pruebas, realizada por la parte demandada en su escrito de contestación de demanda incidental, son infundadas porque solo son objeciones formales que no afectan la esencia ´principal que demuestran." Ahora bien, como se anticipó se estima operante la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la diversa fracción V, precepto 107, del mismo ordenamiento legal. De los numerales en comento se puede afirmar que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable el criterio, de considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento. Así, en la actualidad la concepción de que el amparo indirecto procede contra una violación formal o adjetiva que afectaba a las partes en grado predominante o superior, resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Al caso, resulta aplicable por sus consideraciones, la siguiente jurisprudencia, derivada de la contradicción de tesis 377/2013, referida en líneas que anteceden: "Época: Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Página: 39 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." (Lo resaltado es propio) Así como la diversa jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 14/2015, que a la letra dice: "Época: Décima Época Registro: 2011428 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 1/2016 (10a.) Página: 15 CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." (Lo resaltado es propio) Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de doce de noviembre de dos mil veinte -que le fuera notificada el veintitrés de marzo de dos mil veintidós-, dictada por la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, en el toca 437/2020, de su índice, que confirma la resolución de catorce de enero de dos mil veinte, emitida por el entonces Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, en el incidente de oposición al inventario, promovido por Arcadio Mendo Pérez y Anahí Torres Coyohua, dentro de los autos del juicio ordinario civil 607/2018-III (actualmente juicio sucesorio intestamentario 437/2020 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad), en la que declara procedente el incidente y ordena que el bien mueble consistente en una camioneta Ford Escape, con placas YGH1558, número de serie 1FMCU02Z18KB32693, con número de motor 07G31, modelo 2008, se incluya en el inventario, al considerar que pertenece al acervo hereditario de la finada Genoveva Mendo Pérez. De esta manera, la citada resolución de doce de noviembre de dos mil veinte, dictada en el toca 437/2020 por la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, no es un acto de los considerados de imposible reparación, ya que dicha resolución que confirma la diversa emitida por el extinto Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, en la que, al resolver el incidente de oposición al inventario, ordena incluir un bien mueble al acervo hereditario, tiene efectos meramente procesales, lo que no implica un perjuicio a la impetrante del amparo; de ahí que, dicha resolución afecta únicamente derechos procedimentales y no derechos sustantivos. Por tanto, el acto que en esta vía se impugna no constituye un acto reclamable en amparo indirecto, por no tener una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho material o sustantivo a la parte quejosa. Aquí, cabe precisar que los juicios sucesorios están conformados por cuatro etapas procesales: I. Sucesión; II. Inventarios y avalúos; III. Administración; y, IV. Partición y adjudicación. En ellas, se deciden por separado y mediante una resolución especial las actuaciones y derechos deducidos hasta ese momento procesal, dichas resoluciones, adquieren firmeza plena para las partes que intervienen en esos procedimientos. En este sentido, debe señalarse que las violaciones procesales acontecidas durante las tres primeras fases son impugnables en amparo indirecto, en tanto que la última en la vía directa. Entonces, para impugnar las violaciones procesales acontecidas en dichas etapas, debe esperarse a la emisión del auto que da por concluida la sección respectiva; esto es así, pues de impugnarse cada violación procesal se retardaría injustificadamente todo el juicio. En esas condiciones, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra las violaciones cometidas durante un juicio sucesorio deben analizarse dos supuestos: el primero, encaminado a analizar si el acto reclamado vulnera derechos sustantivos y, el segundo, el momento procesal en el que se ejercita la vía constitucional. Lo anterior, ya que si el acto reclamado no vulnera derechos sustantivos debe estarse a la espera de que se emita el auto o resolución que finaliza la etapa procesal respectiva (principio de definitividad). En congruencia con lo anterior, se reitera que la resolución combatida no constituye una violación a un derecho sustantivo, pues fue dictada dentro de la segunda etapa del juicio sucesorio y cuyo contenido está relacionado precisamente con los procedimientos que ahí se deben seguir conforme al artículo 591 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que establece: "La sección segunda se llamará de inventarios, y contendrá: I.-El inventario provisional del interventor; II.-El inventario y avalúo que forme el albacea; III.-Los incidentes que se promuevan; IV.-La resolución sobre inventarios y avalúos." Luego, siendo que de la resolución reclamada se advierte que es en relación a un vehículo automotor que debe ser parte del inventario del acervo hereditario, luego, es claro que dicha sentencia interlocutoria no impide el ejercicio de algún derecho sustantivo, pues se trata de cuestiones de carácter meramente procesal o de procedimiento que no vulneran de forma actual ni material la vida, el patrimonio, la libertad o algún otro derecho de tal naturaleza; aunado a que aún no se emite la resolución que apruebe el inventario y avalúo rendido en autos del juicio natural. En consecuencia, resulta improcedente el juicio constitucional, pues dicha actuación no constituye un acto dictado dentro de juicio con el carácter de violación sustantivo o irreparable, ni da por concluida ninguna de las etapas que conforman el juicio sucesorio, menos aún la segunda etapa en la que se dictó. Sirven de sustento a lo anterior, la jurisprudencia que dice: "Registro digital: 194833 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.3o. J/20 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Enero de 1999, página 789 Tipo: Jurisprudencia SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." Asimismo, tiene aplicación la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito que establece: "Registro digital: 182385 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: I.3o.C.439 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Enero de 2004, página 1546 Tipo: Aislada JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." De ahí que, en el caso no se dan las condiciones para la procedencia del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, pues no se afectan derechos materiales, sino solo formales, esto es, el derecho que reclama la parte quejosa, no reviste la categoría de derecho sustantivo, por no ser una afectación actual sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio de origen, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En mérito de lo expuesto, al no resultar de imposible reparación el acto reclamado, es incuestionable que en el particular se actualiza la causal de improcedencia en estudio, que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V de la propia ley, este último interpretado a contrario sensu, por lo que, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por María Elena Villasana Rodríguez, por su manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en su demanda, ubicado en calle Mariano Arista, número trescientos quince (315), altos (10), en esta ciudad; ello, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de evitar dilaciones procesales en la expedición de exhortos innecesarios; asimismo, se tienen como autorizados de su parte en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Filogonio Céspedes Alcalá y Daniel Aron Zalazar Argumedo, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. TERCEROS INTERESADOS Toda vez la quejosa señaló como terceros interesados a Arcadio Mendo Pérez y a Anahí Torres Coyohua; no obstante que se trate de un auto de desechamiento, tomando en consideración que ya fueron emplazados a juicio y a fin de hacer de su conocimiento la presente determinación; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que les notifiquen personalmente este acuerdo en la avenida cuatro oriente, número trece (13), tercer piso, colonia Obrera, en esta ciudad. CUADERNO DE PRUEBAS Dado el volumen de las constancias que integran el toca 437/2020 del índice de la Octava Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, y para un mejor manejo de las presentes actuaciones, se ordena formar un cuaderno de pruebas por separado, el cual deberá resguardarse en la secretaría de este órgano jurisdiccional debidamente identificado, respetando su entresello, folio y rúbrica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIAS PERSONALES De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 5/2022, 7/2022 y 9/2022, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables.
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