María Elena Victoria Vázquez Arvizu y Otros.

Expediente 2139/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2139/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • María Elena Victoria Vázquez Arvizu y Otros.
  • María Elena Victoria Vázquez Arvizu

Actuaciones

  1. Principal

    L. 9. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de 12 de diciembre de 2019 (fojas 29 a 35), por el que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que desechó la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia*** Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al (la) Secretario(a) para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que la desechó, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos que se ubican dentro de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL(LOS) ACUERDO(S) DICTADO(S) EL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el 19 de noviembre de 2019, mediante la cual se sobreseyó en el juicio de amparo indirecto en que se actúa. En consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a las partes. ARCHIVO. Toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , se determina lo siguiente: Destrúyase el expediente principal una vez transcurridos cinco años. Lo anterior, pues el juicio concluyó con la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en el punto vigésimo primero fracción I del citado Acuerdo General. Además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del último párrafo de dicho artículo. Digitalización. Se ordena digitalizar las constancias del presente asunto, a efecto de contar con una copia electrónica para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Al hacerse pública la resolución del presente asunto, deberá suprimirse la información clasificada como reservada o confidencial. Devolución De Documentos. Se indica a la parte quejosa que, en caso de que requiera la devolución de diversos documentos obrantes en autos y exhibidos en copia certificada, deberá solicitarlo por escrito, o bien comparecer directamente a este Juzgado a solicitar verbalmente su devolución. Se previene a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger esos documentos, presentándose con identificación oficial y vigente (y una copia simple), apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos junto con el expediente. En la inteligencia que podrá comparecer ante este órgano jurisdiccional en un horario de 11 a 14 horas, de lunes a viernes. Devolución de tomos de pruebas. En atención a que obran por separado diversos tomos de prueba exhibidos por la autoridad responsable; consecuentemente, y en virtud que no hay más actuaciones que realizar en este expediente, se ordena devolvérselos, por ser de su competencia. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    9.- ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2019 QUE DICE: Vista la demanda de amparo, . Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este Juzgado Federal advierte que se actualiza la siguiente causa de improcedencia: La prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. Esa fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo; pero, esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. El artículo 5°, fracción II , de la Ley de Amparo establece que es parte en el juicio de amparo la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Señala además que para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De conformidad con los artículos 1°, 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La SCJN ha establecido que el carácter de autoridad responsable lo tienen aquellos entes que por disposición legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese orden de ideas, la SCJN ha establecido que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. .. La Segunda Sala de la SCJN al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5°, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1. Sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2. Afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. En consecuencia, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos que emanen de autoridades que no reúnan las notas distintivas establecidas por la SCJN. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la parte quejosa reclama del Colegio México de Tehuacán, Sociedad Civil el impedir que la menor quejosa X. C. V. continúe estudiando en dicha institución, así como la retención de sus documentos. Sin embargo, dicho acto no puede ser considerado como de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues: [1] la institución educativa privada actúa en un plano de coordinación con respecto a sus alumnos, y no de supra a subordinación; y [2] su actuación se sustenta en la normativa interna que resulta aplicable en virtud de un acuerdo de voluntades (contrato civil de prestación de servicios educativos), y no se sustenta directamente en normas de carácter general. . De lo anterior se advierte que la Segunda Sala de la SCJN estableció que los actos emitidos por las universidades privadas relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina, con respecto a sus alumnos, no son de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues aquéllas actúan en un plano de coordinación con éstos, derivado de una relación contractual. En tal sentido, el Colegio México de Tehuacán, Sociedad Civil y la Autoridad Educativa del Plantel y/o Director Técnico del Bachillerato Incorporado denominado "Colegio México de Tehuacán" no son autoridades para efectos del juicio de amparo en relación con los actos que se reclaman en el presente asunto, pues éstos se relacionan con la permanencia y aplicación de exámenes a una alumna menor de edad X. C. V. (aquí quejosa) en dicha institución privada de educación media superior. Asimismo, debe precisarse que el derecho a la educación es un derecho social contenido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: "a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y "b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley. De lo transcrito se advierte que el derecho a la educación, se entiende como una prerrogativa que tiene todo ser humano a recibir la formación, la instrucción, dirección o enseñanza necesaria para el desarrollo armónico de todas sus capacidades cognoscitivas, intelectuales, físicas y humanas, a partir de la adquisición de conocimientos que fomenten el amor a la patria, la solidaridad, la independencia, la justicia, la paz, la democracia y el respeto a la dignidad humana, partiendo del aprendizaje de valores y derechos humanos, previstos en los programas oficiales establecidos o autorizados por el Estado, de conformidad con las normas jurídicas vigentes, a fin de contribuir al desarrollo del individuo y la transformación de la sociedad. Así, la importancia esencial de la educación como derecho humano, deriva de su consideración como elemento principal en la formación de la personalidad de cada individuo, como parte integrante y elemental de la sociedad en la que se encuentra y desarrolla, de tal manera que, si la sociedad como base del Estado se conforma por individuos, es evidente que la educación que éstos reciban constituye un elemento esencial para su formación. Aunado a lo anterior, debe precisarse que de la lectura del propio Texto Constitucional -antes transcrito- claramente se advierte que el derecho a la educación, como derecho social, es una estructura jurídica compleja, al integrarse por distintas relaciones jurídicas y diversos sujetos, obligaciones y derechos, en las cuales el Estado no es el único responsable de la efectividad de este derecho. En efecto, del Texto Constitucional se advierte que existen una diversidad de obligaciones positivas y negativas encaminadas a lograr la efectividad de este derecho, las cuales se pueden estructurar de manera armónica con las obligaciones generales que establece el artículo 1o. de la Constitución, relativas a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. La identificación de estas obligaciones puede englobarse en aquellas de respeto, mediante las cuales se busca no obstaculizar o impedir el acceso al goce de los derechos; asimismo, en aquellas relativas a llevar a cabo acciones para no permitir que terceros obstaculicen esos bienes referentes a la protección del derecho, o incluso las de garantía que aseguran que el titular del derecho acceda al bien cuando no pueda hacerlo por sí mismo. Asimismo, dentro de este derecho a la educación pueden identificarse tanto prohibiciones, como impedir el acceso a los servicios de educación, al igual que conductas positivas relacionadas con la prestación de servicios educativos de manera gratuita, dentro de lo cual se incluye la construcción de centros educativos, instalaciones sanitarias, docentes calificados, salarios competitivos, entre otras. Obligaciones que corresponden tanto al Estado, como a los particulares que se encuentran encargados de impartir justicia. Conforme a lo narrado, originalmente corresponde al Estado impartir el derecho a la educación de forma gratuita, derecho que constitucionalmente también puede ser impartido por los particulares, a quienes la Carta Magna no impuso el requisito de que lo hicieran de forma gratuita, ya que, como quedó establecido en líneas precedentes, dicha obligación se circunscribe a la que el Estado otorga a través de las instituciones educativas oficiales. En ese tenor, las determinaciones que una institución privada pueda imponer o realizar sólo trasciende a los derechos y obligaciones para con la institución educativa, pues la fuente de obligaciones está en la voluntad de las partes y el régimen estatutario y normativo de la sociedad. Ahora bien, se estima que el Colegio México de Tehuacán, Sociedad Civil y la Autoridad Educativa del Plantel y/o Director Técnico del Bachillerato Incorporado denominado "Colegio México de Tehuacán" no pueden ser considerados como autoridades responsables, ya que las determinaciones consistentes las sanciones que sean aplicados a los alumnos de dicha institución, son actos referidos sólo a los alumnos de dicha institución, emitidos de acuerdo con la voluntad de las partes y al régimen estatutario y normativo de la escuela privada, es decir, no bajo una relación de supra a subordinación. . Por ende, se actualiza de manera patente la causa de improcedencia artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, en tanto que los actos reclamados al Colegio México de Tehuacán, Sociedad Civil y Autoridad Educativa del Plantel y/o Director Técnico del Bachillerato Incorporado denominado "Colegio México de Tehuacán" no son de autoridad para efectos del amparo. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de que se reclaman actos en relación con los cuales existe criterio de la SCJN que define el tema planteado. . Causal de improcedencia que se hace extensiva al resto de autoridades señaladas como responsables, en virtud de que sus actuaciones no se impugnan por vicios propios sino como consecuencia de su carácter de ente regulador de instituciones privadas de educación (ejecutora), derivado de las acciones del Colegio México de Tehuacán, Sociedad Civil y la Autoridad Educativa del Plantel y/o Director Técnico del Bachillerato Incorporado denominado "Colegio México de Tehuacán"; consecuentemente, al no tener las mencionadas el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, es inconcuso que la ejecución (no reclamada por vicios propios) debe correr la misma suerte, pues no se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas por su propio actuar. Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizado(s). Se tiene como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, . Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. . hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

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