María Elena Velázquez Uscanga

Expediente 310/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
310/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/05/2021

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público Federal Adscrito Al Juzgado Tercero de Distrito En el Estado de Veracruz, En Boca del Río, Veracruz
  • María Elena Velázquez Uscanga

Actuaciones

  1. Principal

    .. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido... Notifíquese. ...

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DICTADO EL 29-04-2021, POR NO ATENDER AL AVISO DE 03-05-2021: .. Boca del Río, Veracruz, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por María Elena Velázquez Uscanga, por propio derecho y en carácter de legataria en los autos del expediente número 917/2016-VII, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, contra actos y autoridades ahí precisadas; fórmese expediente y regístrese con el número 310/2021-III en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En el caso, de manera notoria, manifiesta e indudable, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, por lo que la demanda de amparo debe desecharse de plano, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 730, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193379, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora, de la lectura íntegra de la demanda se desprende que la parte quejosa reclama: "ACTOS RECLAMADOS: DEL C. JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE VERACRUZ, VER, LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA EN FECHA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO EN EL EXPEDIENTE NÚM. 917/2016, JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES DEL C. JOSÉ ALFREDO VELÁZQUEZ USCANGA; CON MOTIVO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO POR LA AHORA QUEJOSA CONTRA EL AUTO DE FECHA VEINTIUNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, VISIBLE A FOJA 209 FRENTE EN EL EXPEDIENTE CITADO, DONDE SE DECLARA IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE FUE INTERPUESTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN CITADA." Así, la hipótesis de improcedencia que se considera actualizada, está prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática de esos preceptos legales, se obtiene que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente cuando los actos reclamados no tengan efectos de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, sobre el tema de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, el Pleno del Tribunal Constitucional del país, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, Junio de 2014, página 39, registro 2006589, estableció lo siguiente: a) Que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al prever que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". b) Para calificar a los actos como irreparables, éstos necesitarían: I). Producir afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, II). Debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. c) El legislador secundario dispuso de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente sean "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, pues depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. d) Con motivo de la nueva disposición no podía seguirse aplicando el criterio donde se reconocía que el juicio de amparo indirecto era procedente contra actos de imposible reparación que, aunque por ser una cuestión formal, no se tradujeran en una afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; ello, porque conforme al citado precepto, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Hipótesis que se corroboran con el criterio firme mencionado, de rubro y texto siguientes: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/200 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora bien, los artículos 589, 590, 591, 592 y 593, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, disponen: Artículo 589. En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones simultáneamente, cuando no hubiere impedimento de hecho. I. El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II. Las notificaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III. Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea o interventores y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV. Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento de tutores; V. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos. Artículo 590. La primera sección se llamará de sucesión y contendrá en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II. Las notificaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III. Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea o interventores y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV. Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento de tutores; V. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos. Artículo 591. La sección segunda se llamará de inventarios, y contendrá: I. El inventario provisional del interventor; II. El inventario y avalúo que forme el albacea; III. Los incidentes que se promuevan; IV. La resolución sobre inventarios y avalúos." Artículo 592. La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración; II. Las cuentas, su glosa y calificación; III. La comprobación de haberse cubierto los impuestos fiscales. Artículo 593. La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I. El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II. El proyecto de partición de los bienes III. Los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores; IV. Los arreglos relativos; V. Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; VI. Lo relativo a la aplicación de los bienes. De las citadas disposiciones normativas se colige que los juicios sucesorios son de naturaleza universal y especial que se tramitan en cuatro secciones: sucesión, inventarios, administración y partición; cada una de estas etapas tiene un objeto delimitado en función de la materia correspondiente y con la finalidad de cumplir su objetivo, que es la transmisión del patrimonio del de cujus en favor de quien acredite tener derecho a sucederlo. De ahí que en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado. Así, cualquier infracción procesal que se actualice en cualquiera de las tres primeras etapas de la mortual, en tanto que ninguna de ellas pone fin al juicio sucesorio, sólo será impugnable en la vía indirecta del juicio constitucional hasta cuando se reclame la resolución que ponga fin a la sección correspondiente. En cambio, si la infracción procesal se comete en la última sección será combatible vía amparo directo, en tanto se reclame la resolución que aprueba el proyecto de partición de bienes. Lo anterior, salvo que se trate de actos que impidan la continuación del procedimiento respectivo, o bien de un acto que por su propia naturaleza sea de imposible reparación por violar derechos sustantivos tutelados por la Constitución o los tratados internacionales, contra los cuales, en términos del invocado artículo 107, fracción V, procede el juicio de amparo indirecto en forma inmediata, no así cuando sus consecuencias son meramente procesales. Al respecto, por las razones que lo informan, resulta aplicable la jurisprudencia VI.3o. J/20 , sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la página 789, Tomo IX, Enero 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 194833, de rubro y texto siguiente: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." Ahora, del citado artículo 591 del código adjetivo civil, se tiene que la sección segunda del juicio sucesorio, denominada inventarios contendrá: a) el inventario provisional que formule el interventor; b) el inventario y avalúo que forme el albacea; c) los incidentes que se promuevan; y d) la resolución sobre inventarios y avalúos. Al efecto, conviene destacar el contenido de los artículos 620, 621, 623, 626, 628 y 629 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que son del tenor siguiente: Artículo 620. Dentro de diez días de haber aceptado su cargo el albacea, debe proceder a la formación de inventarios y avalúos, dando aviso al juzgado para los efectos del artículo 623 y dentro de los sesenta días de la misma fecha, deberá presentarlo. Artículo 621. Los herederos que así lo deseen, podrán solicitar se les tenga por asociados al albacea para la facción del inventario. Artículo 623. Los herederos, dentro de los tres días que sigan al aviso a que se refiere el artículo 620, designarán a mayoría de votos, un perito valuador y si no lo hicieren o no se pusieren de acuerdo, el Juez lo designará. Artículo 626. El perito designado valuará todos los bienes inventariados. Artículo 628. Practicado el inventario y avalúo, serán agregados a los autos y se pondrán de manifiesto en la Secretaría por cinco días, para que los interesados puedan examinarlo, notificándoseles personalmente, a menos que ya hubieren expresado su conformidad, en cuyo caso se aprobará de plano el inventario y avalúo. Artículo 629. Si transcurriese ese término sin haberse hecho oposición, el juez los aprobará sin más trámite. Si se dedujese oposición contra el inventario o avalúo, se substanciará en forma incidental, con una audiencia que será común si fueren varios los opositores, a la que concurrirán los interesados y el perito que hubiese practicado la valorización, para que, con las pruebas rendidas, se discuta la cuestión promovida. Para dar curso a esta oposición, es indispensable expresar concreta-mente cual es el valor que se atribuye a cada uno de los bienes, cuales se juzgan omitidos o listados indebidamente y cuales sean las pruebas que se invocan como base de la objeción al inventario. De los citados normativos, se advierte, en primer lugar que una vez aceptado el cargo, dentro de los diez días siguientes, el albacea procederá a la formación de inventarios y avalúos, dando aviso al juzgado, y dentro de los sesenta días a la misma fecha deberá presentarlo; para la facción del inventario, podrán asociarse al albacea los herederos que así lo deseen. En ese tenor, se tiene que dentro de los tres días que sigan al aviso correspondiente, los herederos designarán a mayoría de votos, perito valuador y si no lo hicieren o no se pusieren de acuerdo, el juez lo designará. Luego, una vez practicado el inventario y avalúo, se agregará a los autos y se dejará a vista de los interesados por el término de cinco días para que lo examinen, lo que se les notificará personalmente, salvo que hubieren expresado su conformidad, caso en el que se aprobará de plano. Al transcurrir dicho término sin haberse hecho oposición, el juez los aprobará sin más trámite; en caso que se formule, se sustanciará en forma incidental, con una audiencia que será común si fueren varios opositores, a la que concurrirán los interesados y el perito que hubiese practicado la valorización para que, con las pruebas rendidas, se discuta la cuestión promovida. Por último, se desprende que para que se dé curso a la oposición es necesario que se exprese concretamente cuál es el valor que se atribuye a cada uno de los bienes, cuáles se juzgan omitidos o listados indebidamente, así como las pruebas que se invocan como base de la objeción. De lo señalado en los párrafos precedentes, se colige que el objeto del incidente de oposición al inventario consiste en dilucidar, conforme a las pruebas aportadas por las partes, los bienes que fueron omitidos en aquél, o bien, aquéllos que se agregaron de forma incorrecta a la lista. En ese orden, de ser procedente dicho incidente, los efectos de la interlocutoria que en él se dicte podrán ser añadir a la lista aquéllos bienes que fueron omitidos y excluir los que se agregaron de manera indebida; con lo cual se resuelve una cuestión accesoria, en tanto que no constituye un pronunciamiento de fondo respecto de la sección segunda de la mortual, ya que éste se dará sólo hasta que se dicte la resolución que en forma definitiva aprueba el inventario y avalúo, en términos del artículo 591, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. Conforme a lo expuesto con antelación, se concluye que la resolución reclamada no constituye un acto dentro del juicio sucesorio intestamentario de imposible reparación, contra el que proceda la acción constitucional en la vía indirecta, dado que el acto reclamado por la parte quejosa, esto es, la resolución de doce de abril de dos mil veintiuno, dictada en los autos del expediente relativo al juicio sucesorio testamentario 917/2016, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, emitida con motivo del recurso de revocación interpuesto contra el diverso auto de veintiuno de enero de dos mil veinte, que lo declaró improcedente, relacionada con la garantía tiene que cubrir la albacea (aquí quejosa) para el desempeño de su encargo, se da dentro de la segunda etapa del juicio sucesorio testamentario de referencia; la cual no conlleva a poner fin a dicha etapa ni vulnera derechos sustantivos de la parte quejosa. Máxime, que la propia promovente, al momento de redactar su escrito de demanda de derechos fundamentales, hace palpable dicha circunstancia, esto es, el hecho de que la segunda etapa del citado juicio sucesorio testamentario no ha concluido; lo anterior se corrobora en el arábigo dos del capítulo de antecedentes, en el cual se lee lo siguiente: "2.- Por escrito presentado en fecha 11 de noviembre del 2016, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Ver, los. manifestaron su anuencia de la Resolución de fecha 24 de Octubre del año 2016, dándose por notificado de la misma; por auto de fecha 7 de marzo del 2017 se le tuvo por presentado al C. Arturo Velázquez Uscanga formulando el inventario de los bienes que conforman la masa hereditaria de acuerdo al orden que por disposición legal debe de hacerse formándose la sección segunda del juicio sucesorio que vengo mencionando. Dentro de la sección segunda el albacea cumplió sus funciones como tal hasta llegar el momento de resolverse la aprobación del inventario formulado del cual por auto o Resolución de fecha 29 de Mayo del 2017, la responsable se abstuvo de pronunciarse al respecto al no haberse dado cabal cumplimiento a lo expuesto del artículo 623 del código de procedimientos civiles para el Estado de Veracruz es decir por qué los bienes descritos en el inventario tienen que valuarse por un perito, por lo tanto el o los interesados deberán asignar un perito para tales efectos, sin que hasta la fecha se haya hecho y está pendiente de concluirse la sección Segunda del Juicio Sucesorio que vengo refiriendo." Énfasis propio. Asimismo, en el capítulo de suspensión de los actos reclamados, la citada quejosa señala, en el párrafo segundo de dicho apartado, lo siguiente: "Al concedérseme el beneficio de la suspensión de los actos reclamados de ninguna manera se sigue en perjuicio del interés social, al contrario, se preserva el patrimonio de la familia el cual participa de la característica del interés público, por eso estoy solicitando expresamente con suspensión primero provisional y después la definitiva, ya que de proseguirse el procedimiento en el que se concluya la segunda sección del juicio sucesorio, tramitado en el expediente 917/2016 del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Ciudad de Veracruz, Ver, se me estaría despojando de mis derechos humanos fundamentales." Énfasis añadido. En ese sentido, se corrobora que, efectivamente, la segunda etapa del el juicio sucesorio testamentario 917/2016 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, no ha concluido, pues no se advierte, ni indiciariamente, que exista una resolución que en forma definitiva haya aprobado el inventario y avalúo, en términos del artículo 591, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, transcrito con antelación. Empero, se estima que ello no vulnera derecho sustantivo alguno tutelado por la constitución como podría ser, a modo de ejemplo, la privación de la propiedad o posesión, el embargo, así como el decreto de alimentos provisionales o definitivos; de ahí que se estime que el acto reclamado es un acto intraprocesal que podrá ser impugnado, como una violación al procedimiento en la resolución que pone fin a la sección segunda. Así, al tener la resolución reclamada únicamente consecuencias intraprocesales, pero no conlleva una afectación material de algún derecho sustantivo de la parte quejosa, debido a que no se le impide de forma actual, su ejercicio, esto es, sus efectos no son de imposible reparación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior por la idea que contiene la tesis VII.2o.C.70 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página dos mil seiscientos cuatro, Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, registro 2021485, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: JUICIO SUCESORIO. EL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ADMITE PARCIALMENTE EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN SUSTANTIVA CONTRA LA CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PUES NO DA POR CONCLUIDA NINGUNA DE LAS ETAPAS QUE CONFORMAN AQUÉL. Los juicios sucesorios están conformados por cuatro etapas procesales: I. Sucesión; II. Inventarios y avalúos; III. Administración; y, IV. Partición y adjudicación; en ellas, se deciden por separado y mediante una resolución especial las actuaciones y derechos deducidos hasta ese momento procesal, dichas resoluciones, adquieren firmeza plena para las partes que intervienen en esos procedimientos; por ende, al emitirse el auto respectivo no es posible cuestionar aspectos ya decididos en etapas previas. En este sentido, debe señalarse que las violaciones procesales acontecidas durante las tres primeras fases son impugnables en amparo indirecto, en tanto que la última en la vía directa. Por lo que para impugnar las violaciones procesales acontecidas en dichas etapas, debe esperarse a la emisión del auto que da por concluida la sección respectiva; esto es así, pues de impugnarse cada violación procesal se retardaría injustificadamente todo el juicio. En esas condiciones, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra las violaciones cometidas durante un juicio sucesorio deben analizarse dos supuestos: el primero, encaminado a analizar si el acto reclamado vulnera derechos sustantivos y, el segundo, el momento procesal en el que se ejercita la vía constitucional. Lo anterior, ya que si el acto reclamado no vulnera derechos sustantivos debe estarse a la espera de que se emita el auto que finaliza la etapa procesal respectiva (principio de definitividad). En congruencia con lo anterior, el auto mediante el cual se admite parcialmente el escrito inicial de un juicio sucesorio y no por el resto de su contenido, no constituye una violación sustantiva, pues si bien impide el ejercicio de algunas acciones, lo cierto es que esas cuestiones son de carácter meramente procesal que no vulneran de forma actual ni material la vida, el patrimonio, la libertad o algún otro derecho de tal naturaleza; en consecuencia, resulta improcedente el juicio constitucional, pues dicha actuación no da por concluida ninguna de las etapas que conforman el juicio sucesorio. Consecuentemente, con apoyo en el diverso artículo 113, de esa ley, se desecha de plano la demanda de solicitud de protección de derechos fundamentales. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda y como autorizado con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Onecifero de la Cruz Rodríguez, por encontrarse facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho mediante el registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o dado de alta ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la consulta realizada el día de hoy en la página electrónica respectiva...REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL PERSONAL ADSCRITO AL JUZGADO: Se autoriza a los Secretarios del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, para librar oficios derivados de este asunto. Se habilita a cualquiera de los actuarios adscritos para que practiquen en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal que surjan del presente juicio. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN A CUALESQUIERA DE LOS ACTUARIOS ADSCRITOS AL JUZGADO: Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. Notifíquese de manera personal a la parte promovente. Así lo proveyó y firma electrónicamente la Juez Marisol Barajas Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de René Antonio Sorcia Galván, secretario con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma el acuerdo antes citado, y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe. RASG/arj* Certificación: El secretario certifica que la promoción, documento, auto y/o resolución que antecede, coinciden en su totalidad con el expediente electrónico e impreso, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por María Elena Velázquez Uscanga, por propio derecho y en carácter de legataria en los autos del expediente número 917/2016-VII, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, contra actos y autoridades ahí precisadas; fórmese expediente y regístrese con el número 310/2021-III en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En el caso, de manera notoria, manifiesta e indudable, se advierte la actualización de una causal de improcedencia, por lo que la demanda de amparo debe desecharse de plano, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 730, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193379, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora, de la lectura íntegra de la demanda se desprende que la parte quejosa reclama: "ACTOS RECLAMADOS: DEL C. JUEZ SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE VERACRUZ, VER, LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA EN FECHA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO EN EL EXPEDIENTE NÚM. 917/2016, JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES DEL C. JOSÉ ALFREDO VELÁZQUEZ USCANGA; CON MOTIVO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO POR LA AHORA QUEJOSA CONTRA EL AUTO DE FECHA VEINTIUNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, VISIBLE A FOJA 209 FRENTE EN EL EXPEDIENTE CITADO, DONDE SE DECLARA IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE FUE INTERPUESTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN CITADA." Así, la hipótesis de improcedencia que se considera actualizada, está prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley; "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática de esos preceptos legales, se obtiene que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente cuando los actos reclamados no tengan efectos de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, sobre el tema de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, el Pleno del Tribunal Constitucional del país, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, Junio de 2014, página 39, registro 2006589, estableció lo siguiente: a) Que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al prever que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". b) Para calificar a los actos como irreparables, éstos necesitarían: I). Producir afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, II). Debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. c) El legislador secundario dispuso de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente sean "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, pues depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. d) Con motivo de la nueva disposición no podía seguirse aplicando el criterio donde se reconocía que el juicio de amparo indirecto era procedente contra actos de imposible reparación que, aunque por ser una cuestión formal, no se tradujeran en una afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; ello, porque conforme al citado precepto, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Hipótesis que se corroboran con el criterio firme mencionado, de rubro y texto siguientes: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/200 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora bien, los artículos 589, 590, 591, 592 y 593, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, disponen: Artículo 589. En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones simultáneamente, cuando no hubiere impedimento de hecho. I. El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II. Las notificaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III. Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea o interventores y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV. Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento de tutores; V. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos. Artículo 590. La primera sección se llamará de sucesión y contendrá en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II. Las notificaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III. Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea o interventores y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV. Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento de tutores; V. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos. Artículo 591. La sección segunda se llamará de inventarios, y contendrá: I. El inventario provisional del interventor; II. El inventario y avalúo que forme el albacea; III. Los incidentes que se promuevan; IV. La resolución sobre inventarios y avalúos." Artículo 592. La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración; II. Las cuentas, su glosa y calificación; III. La comprobación de haberse cubierto los impuestos fiscales. Artículo 593. La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I. El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II. El proyecto de partición de los bienes III. Los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores; IV. Los arreglos relativos; V. Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; VI. Lo relativo a la aplicación de los bienes. De las citadas disposiciones normativas se colige que los juicios sucesorios son de naturaleza universal y especial que se tramitan en cuatro secciones: sucesión, inventarios, administración y partición; cada una de estas etapas tiene un objeto delimitado en función de la materia correspondiente y con la finalidad de cumplir su objetivo, que es la transmisión del patrimonio del de cujus en favor de quien acredite tener derecho a sucederlo. De ahí que en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado. Así, cualquier infracción procesal que se actualice en cualquiera de las tres primeras etapas de la mortual, en tanto que ninguna de ellas pone fin al juicio sucesorio, sólo será impugnable en la vía indirecta del juicio constitucional hasta cuando se reclame la resolución que ponga fin a la sección correspondiente. En cambio, si la infracción procesal se comete en la última sección será combatible vía amparo directo, en tanto se reclame la resolución que aprueba el proyecto de partición de bienes. Lo anterior, salvo que se trate de actos que impidan la continuación del procedimiento respectivo, o bien de un acto que por su propia naturaleza sea de imposible reparación por violar derechos sustantivos tutelados por la Constitución o los tratados internacionales, contra los cuales, en términos del invocado artículo 107, fracción V, procede el juicio de amparo indirecto en forma inmediata, no así cuando sus consecuencias son meramente procesales. Al respecto, por las razones que lo informan, resulta aplicable la jurisprudencia VI.3o. J/20 , sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en la página 789, Tomo IX, Enero 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 194833, de rubro y texto siguiente: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." Ahora, del citado artículo 591 del código adjetivo civil, se tiene que la sección segunda del juicio sucesorio, denominada inventarios contendrá: a) el inventario provisional que formule el interventor; b) el inventario y avalúo que forme el albacea; c) los incidentes que se promuevan; y d) la resolución sobre inventarios y avalúos. Al efecto, conviene destacar el contenido de los artículos 620, 621, 623, 626, 628 y 629 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que son del tenor siguiente: Artículo 620. Dentro de diez días de haber aceptado su cargo el albacea, debe proceder a la formación de inventarios y avalúos, dando aviso al juzgado para los efectos del artículo 623 y dentro de los sesenta días de la misma fecha, deberá presentarlo. Artículo 621. Los herederos que así lo deseen, podrán solicitar se les tenga por asociados al albacea para la facción del inventario. Artículo 623. Los herederos, dentro de los tres días que sigan al aviso a que se refiere el artículo 620, designarán a mayoría de votos, un perito valuador y si no lo hicieren o no se pusieren de acuerdo, el Juez lo designará. Artículo 626. El perito designado valuará todos los bienes inventariados. Artículo 628. Practicado el inventario y avalúo, serán agregados a los autos y se pondrán de manifiesto en la Secretaría por cinco días, para que los interesados puedan examinarlo, notificándoseles personalmente, a menos que ya hubieren expresado su conformidad, en cuyo caso se aprobará de plano el inventario y avalúo. Artículo 629. Si transcurriese ese término sin haberse hecho oposición, el juez los aprobará sin más trámite. Si se dedujese oposición contra el inventario o avalúo, se substanciará en forma incidental, con una audiencia que será común si fueren varios los opositores, a la que concurrirán los interesados y el perito que hubiese practicado la valorización, para que, con las pruebas rendidas, se discuta la cuestión promovida. Para dar curso a esta oposición, es indispensable expresar concreta-mente cual es el valor que se atribuye a cada uno de los bienes, cuales se juzgan omitidos o listados indebidamente y cuales sean las pruebas que se invocan como base de la objeción al inventario. De los citados normativos, se advierte, en primer lugar que una vez aceptado el cargo, dentro de los diez días siguientes, el albacea procederá a la formación de inventarios y avalúos, dando aviso al juzgado, y dentro de los sesenta días a la misma fecha deberá presentarlo; para la facción del inventario, podrán asociarse al albacea los herederos que así lo deseen. En ese tenor, se tiene que dentro de los tres días que sigan al aviso correspondiente, los herederos designarán a mayoría de votos, perito valuador y si no lo hicieren o no se pusieren de acuerdo, el juez lo designará. Luego, una vez practicado el inventario y avalúo, se agregará a los autos y se dejará a vista de los interesados por el término de cinco días para que lo examinen, lo que se les notificará personalmente, salvo que hubieren expresado su conformidad, caso en el que se aprobará de plano. Al transcurrir dicho término sin haberse hecho oposición, el juez los aprobará sin más trámite; en caso que se formule, se sustanciará en forma incidental, con una audiencia que será común si fueren varios opositores, a la que concurrirán los interesados y el perito que hubiese practicado la valorización para que, con las pruebas rendidas, se discuta la cuestión promovida. Por último, se desprende que para que se dé curso a la oposición es necesario que se exprese concretamente cuál es el valor que se atribuye a cada uno de los bienes, cuáles se juzgan omitidos o listados indebidamente, así como las pruebas que se invocan como base de la objeción. De lo señalado en los párrafos precedentes, se colige que el objeto del incidente de oposición al inventario consiste en dilucidar, conforme a las pruebas aportadas por las partes, los bienes que fueron omitidos en aquél, o bien, aquéllos que se agregaron de forma incorrecta a la lista. En ese orden, de ser procedente dicho incidente, los efectos de la interlocutoria que en él se dicte podrán ser añadir a la lista aquéllos bienes que fueron omitidos y excluir los que se agregaron de manera indebida; con lo cual se resuelve una cuestión accesoria, en tanto que no constituye un pronunciamiento de fondo respecto de la sección segunda de la mortual, ya que éste se dará sólo hasta que se dicte la resolución que en forma definitiva aprueba el inventario y avalúo, en términos del artículo 591, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. Conforme a lo expuesto con antelación, se concluye que la resolución reclamada no constituye un acto dentro del juicio sucesorio intestamentario de imposible reparación, contra el que proceda la acción constitucional en la vía indirecta, dado que el acto reclamado por la parte quejosa, esto es, la resolución de doce de abril de dos mil veintiuno, dictada en los autos del expediente relativo al juicio sucesorio testamentario 917/2016, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, emitida con motivo del recurso de revocación interpuesto contra el diverso auto de veintiuno de enero de dos mil veinte, que lo declaró improcedente, relacionada con la garantía tiene que cubrir la albacea (aquí quejosa) para el desempeño de su encargo, se da dentro de la segunda etapa del juicio sucesorio testamentario de referencia; la cual no conlleva a poner fin a dicha etapa ni vulnera derechos sustantivos de la parte quejosa. Máxime, que la propia promovente, al momento de redactar su escrito de demanda de derechos fundamentales, hace palpable dicha circunstancia, esto es, el hecho de que la segunda etapa del citado juicio sucesorio testamentario no ha concluido; lo anterior se corrobora en el arábigo dos del capítulo de antecedentes, en el cual se lee lo siguiente: "2.- Por escrito presentado en fecha 11 de noviembre del 2016, ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Ver, los. manifestaron su anuencia de la Resolución de fecha 24 de Octubre del año 2016, dándose por notificado de la misma; por auto de fecha 7 de marzo del 2017 se le tuvo por presentado al C. Arturo Velázquez Uscanga formulando el inventario de los bienes que conforman la masa hereditaria de acuerdo al orden que por disposición legal debe de hacerse formándose la sección segunda del juicio sucesorio que vengo mencionando. Dentro de la sección segunda el albacea cumplió sus funciones como tal hasta llegar el momento de resolverse la aprobación del inventario formulado del cual por auto o Resolución de fecha 29 de Mayo del 2017, la responsable se abstuvo de pronunciarse al respecto al no haberse dado cabal cumplimiento a lo expuesto del artículo 623 del código de procedimientos civiles para el Estado de Veracruz es decir por qué los bienes descritos en el inventario tienen que valuarse por un perito, por lo tanto el o los interesados deberán asignar un perito para tales efectos, sin que hasta la fecha se haya hecho y está pendiente de concluirse la sección Segunda del Juicio Sucesorio que vengo refiriendo." Énfasis propio. Asimismo, en el capítulo de suspensión de los actos reclamados, la citada quejosa señala, en el párrafo segundo de dicho apartado, lo siguiente: "Al concedérseme el beneficio de la suspensión de los actos reclamados de ninguna manera se sigue en perjuicio del interés social, al contrario, se preserva el patrimonio de la familia el cual participa de la característica del interés público, por eso estoy solicitando expresamente con suspensión primero provisional y después la definitiva, ya que de proseguirse el procedimiento en el que se concluya la segunda sección del juicio sucesorio, tramitado en el expediente 917/2016 del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Ciudad de Veracruz, Ver, se me estaría despojando de mis derechos humanos fundamentales." Énfasis añadido. En ese sentido, se corrobora que, efectivamente, la segunda etapa del el juicio sucesorio testamentario 917/2016 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, no ha concluido, pues no se advierte, ni indiciariamente, que exista una resolución que en forma definitiva haya aprobado el inventario y avalúo, en términos del artículo 591, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, transcrito con antelación. Empero, se estima que ello no vulnera derecho sustantivo alguno tutelado por la constitución como podría ser, a modo de ejemplo, la privación de la propiedad o posesión, el embargo, así como el decreto de alimentos provisionales o definitivos; de ahí que se estime que el acto reclamado es un acto intraprocesal que podrá ser impugnado, como una violación al procedimiento en la resolución que pone fin a la sección segunda. Así, al tener la resolución reclamada únicamente consecuencias intraprocesales, pero no conlleva una afectación material de algún derecho sustantivo de la parte quejosa, debido a que no se le impide de forma actual, su ejercicio, esto es, sus efectos no son de imposible reparación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior por la idea que contiene la tesis VII.2o.C.70 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página dos mil seiscientos cuatro, Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, registro 2021485, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: JUICIO SUCESORIO. EL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ADMITE PARCIALMENTE EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN SUSTANTIVA CONTRA LA CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PUES NO DA POR CONCLUIDA NINGUNA DE LAS ETAPAS QUE CONFORMAN AQUÉL. Los juicios sucesorios están conformados por cuatro etapas procesales: I. Sucesión; II. Inventarios y avalúos; III. Administración; y, IV. Partición y adjudicación; en ellas, se deciden por separado y mediante una resolución especial las actuaciones y derechos deducidos hasta ese momento procesal, dichas resoluciones, adquieren firmeza plena para las partes que intervienen en esos procedimientos; por ende, al emitirse el auto respectivo no es posible cuestionar aspectos ya decididos en etapas previas. En este sentido, debe señalarse que las violaciones procesales acontecidas durante las tres primeras fases son impugnables en amparo indirecto, en tanto que la última en la vía directa. Por lo que para impugnar las violaciones procesales acontecidas en dichas etapas, debe esperarse a la emisión del auto que da por concluida la sección respectiva; esto es así, pues de impugnarse cada violación procesal se retardaría injustificadamente todo el juicio. En esas condiciones, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra las violaciones cometidas durante un juicio sucesorio deben analizarse dos supuestos: el primero, encaminado a analizar si el acto reclamado vulnera derechos sustantivos y, el segundo, el momento procesal en el que se ejercita la vía constitucional. Lo anterior, ya que si el acto reclamado no vulnera derechos sustantivos debe estarse a la espera de que se emita el auto que finaliza la etapa procesal respectiva (principio de definitividad). En congruencia con lo anterior, el auto mediante el cual se admite parcialmente el escrito inicial de un juicio sucesorio y no por el resto de su contenido, no constituye una violación sustantiva, pues si bien impide el ejercicio de algunas acciones, lo cierto es que esas cuestiones son de carácter meramente procesal que no vulneran de forma actual ni material la vida, el patrimonio, la libertad o algún otro derecho de tal naturaleza; en consecuencia, resulta improcedente el juicio constitucional, pues dicha actuación no da por concluida ninguna de las etapas que conforman el juicio sucesorio. Consecuentemente, con apoyo en el diverso artículo 113, de esa ley, se desecha de plano la demanda de solicitud de protección de derechos fundamentales. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda y como autorizado con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Onecifero de la Cruz Rodríguez, por encontrarse facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho mediante el registro de su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o dado de alta ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, como se advierte de la consulta realizada el día de hoy en la página electrónica respectiva...REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL PERSONAL ADSCRITO AL JUZGADO: Se autoriza a los Secretarios del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, para librar oficios derivados de este asunto. Se habilita a cualquiera de los actuarios adscritos para que practiquen en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal que surjan del presente juicio. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS: Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN A CUALESQUIERA DE LOS ACTUARIOS ADSCRITOS AL JUZGADO: Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. Notifíquese de manera personal a la parte promovente. Así lo proveyó y firma electrónicamente la Juez Marisol Barajas Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de René Antonio Sorcia Galván, secretario con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma el acuerdo antes citado, y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe. RASG/arj* Certificación: El secretario certifica que la promoción, documento, auto y/o resolución que antecede, coinciden en su totalidad con el expediente electrónico e impreso, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

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