María Elena Vázquez Pereyra
Expediente 796/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 20/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Elena Vázquez Pereyra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia firmada el trece de julio de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo a la parte quejosa; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que en la citada sentencia se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando asimismo la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el inciso c) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno y por resolución interlocutoria de dieciséis de junio del citado año, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que deberá conservarse únicamente las determinaciones relativas a su otorgamiento, así como que el duplicado deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictada la resolución que resolvió la suspensión definitiva antes citada. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 796/2021-IV, promovido por ********************, contra actos que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, así como los diversos artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos a diversas autoridades, cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables: La diligencia de emplazamiento de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, que realizó el Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado (en su correcta denominación), con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 1466/2018, promovido por Edgar Iván Canto Torres, en contra de la aquí quejosa. Así como todas y cada una de las actuaciones dentro del juicio ejecutivo mercantil 1466/2018. Tercero. Actos existentes. La Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado (en su correcta denominación), ambos con residencia en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados, manifestaron que son ciertos los actos que se les reclaman, lo que se corrobora con las constancias remitidas por la Juez responsable, las cuales cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; de ahí que los mismos deban considerarse como existentes. Cuarto. Estudio de causal de improcedencia invocada por la Juez responsable. La Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado invoca como causal de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, manifestando que se actualiza en razón de que la diligencia de emplazamiento se entendió directamente con la quejosa la cual se identificó, sin que posteriormente promoviera incidente o medio alguno de impugnación en contra de dicha notificación, por lo que la quejosa consintió el acto reclamado. Se considera infundada la citada causal de improcedencia, debido a lo siguiente: (.) El anterior artículo establece que el juicio de amparo es improcedente, entre otras cosas, contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; lo cual no acontece en el presente caso, debido a que no puede tenerse como consentido el acto cuando se reclama la diligencia de emplazamiento, ya que éste es precisamente el acto reclamado, pues no se está de acuerdo con la misma y no se puede tener la certeza de que a la persona o personas que se les practicó tuvieron conocimiento en fecha cierta de dicho acto, ya que si la quejosa alega que la misma fue ilegal, es una cuestión que debe resolverse de fondo y el Juez en la audiencia constitucional debe allegarse de los medios de prueba ofrecidos para tal efecto. De tal manera que de sobreseerse en el juicio, iría en contra de la técnica del juicio de amparo ya que dicha figura procesal impide el estudio del fondo del asunto. Cuando se cuestiona la validez de la diligencia de emplazamiento en el juicio mercantil, esta circunstancia permite analizar el acta respectiva, lo que ya no trae como consecuencia sobreseer en el juicio de amparo, sino en su caso otorgarlo o negarlo, de lo contrario se dejaría en estado de indefensión a la quejosa al no poderse valorar las pruebas que ofreció para desvirtuar la legalidad del acta en el juicio de amparo, lo que resulta contrario al derecho humano de audiencia contenido en el artículo 14 constitucional. Tiene aplicación por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 10/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXI, Abril de 2005, visible en la página 344, con número de registro electrónico 178705, del rubro y texto siguientes: (.) Quinto. Antecedentes del acto reclamado. Las copias certificadas relativas al juicio ejecutivo mercantil número 1466/2018, remitidas con el informe justificado de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad brindan la información siguiente: 1. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil dieciocho, y turnado a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, Edgar Iván Canto Torres, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de la aquí quejosa. 2. En mérito de lo anterior, la juez responsable dictó auto de exequendo y ordenó se llevara a cabo la diligencia de notificación, requerimiento o embargo en contra de la demandada, es decir, la aquí quejosa ********************, para lo cual instruyó al Actuario de ese Juzgado para tal fin. 3. Atendiendo a lo anterior, el Actuario adscrito a ese Juzgado, mediante diligencia de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, llevó a cabo la diligencia a la que fue comisionado, entendiéndola con la aquí quejosa ********************, requiriéndole para que le pagara a la parte actora en el juicio de origen la cantidad de doce mil novecientos pesos sin centavos, moneda nacional, y demás prestaciones, a lo cual manifestó que no pagaba ni señalaba bienes para embargar, por lo que la parte actora se reservó el derecho de señalar bienes para su embargo. 4. Seguido el juicio, el catorce de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones. 6. Mediante acuerdo de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, se declaró que la sentencia definitiva dictada en esos autos había causado ejecutoria. Sexto. Análisis de los conceptos de violación. No existiendo más causas de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, que por economía procesal se tiene por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a transcribirlos. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País. En primer término es necesario realizar algunas precisiones respecto al emplazamiento a juicio, el cual por su naturaleza, así como trascendencia, debe ser cuidadoso y correctamente hecho, siendo los vicios de forma de estudio ineludible por parte de la autoridad federal, debido a las consecuencias jurídicas que puede causar a quien defectuosamente fue llamado a juicio, o no lo fue, y que la falta o defecto en el emplazamiento, constituye una violación procesal grave, que anula las defensas del demandado por la ignorancia del procedimiento instaurado en su contra. Es por ello que el estudio de la legalidad del emplazamiento debe hacerse conforme a lo dispuesto en las normas que rigen el acto que se estima en agravio del gobernado, pues entraña una formalidad esencial de los derechos humanos que salvaguarda el artículo 14 constitucional, esto es, el derecho de audiencia. Lo anterior significa que el estudio de la citación a juicio, puede realizarse aunque no se alegue por la parte demandada, o sea, sin que exista argumento alguno, facultad que se otorga a los tribunales federales de amparo, que tienen como función procurar que no se violen derechos humanos con los actos que se reclamen en el juicio de amparo, lo que hace indudable la aplicación del artículo 79 de la Ley de Amparo. Apoya lo antes razonado, por similitud de razón, la jurisprudencia número P./J. 149/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 22, Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: (.) Una vez precisado lo anterior, debe decirse que la parte quejosa en vía de conceptos de violación manifiesta que resulta transgredido su derecho de audiencia establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no fue emplazada, ni enterada legalmente del juicio que se sigue en su contra. Atendiendo a lo anterior, resultan infundados los conceptos de violación que esgrime en atención a lo siguiente: El segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" El dispositivo constitucional transcrito contiene el derecho fundamental de audiencia previo al acto privativo, el cual estriba en que antes de llevarse es necesaria la existencia de un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En efecto, las formalidades esenciales del procedimiento, son las que resultan necesarias para garantizar una defensa adecuada, previamente al dictado del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: I. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. II. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. III. Ocasión de alegar. IV. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Así las cosas, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias constituye una formalidad esencial del procedimiento que de no respetarse impide u obstaculiza una adecuada defensa. Por lo que, la falta o el emplazamiento defectuoso al juicio constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues afecta la exigencia de que se dé oportunidad al gobernado de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarlo en indefensión. Las anteriores consideraciones, se toman de la jurisprudencia P./J. 47/95, por analogía y en lo conducente, bajo registro IUS 200234, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, página 133, que dispone lo siguiente: (.) Entonces, la primera y más importante de esas formalidades, además, de constituir un requisito indispensable para cumplimentar las restantes, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, denominada en el proceso jurisdiccional como emplazamiento. La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha considerado que la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio; precisamente por la importancia y trascendencia que tiene es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad; así, resulta indudable que las formalidades que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento, no tienen otra finalidad que la de garantizar hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. En esas condiciones, la ausencia de emplazamiento o el emplazamiento que no cumple con los requisitos legales establecidos para llevarlo a cabo resultan violatorios del derecho de audiencia. En ese contexto, a fin de dilucidar sobre dichos motivos de inconformidad, relativos al emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil, cabe destacar que dicha diligencia se encuentra regulada por el Código de Comercio, cuyos numerales 1392, 1393 y 1394 aplicables al caso disponen lo siguiente: (.) De los artículos trascritos, se aprecia que las formalidades que deben cumplirse en la realización del emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil, son las siguientes: 1. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. 2. En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien. 3. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. 4. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio. 5. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. 6. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. 7. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. 8. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. 9. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. 10. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores. Debe precisarse que el objetivo a perseguir en torno a la importancia de la diligencia de emplazamiento en todo juicio, es que dicha actuación se centra en que el demandado tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora; así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al primer llamamiento a juicio. Con base a lo antes reseñado y existente en el juicio de origen, no tiene razón la parte quejosa al exponer en sus motivos de agravios que no fue llamada al juicio de origen 1466/2018 y que por tanto, se le dejó en estado de indefensión, pues contrario a ese dicho, de las constancias anotadas se advierte que en el juicio natural se le otorgó el derecho fundamental de defensa al haber sido debidamente emplazada. Para lo cual es pertinente transcribir la diligencia de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, de la cual se advierte: Como se advierte de la citada constancia de notificación, al momento en que el fedatario responsable realizó la diligencia de emplazamiento encomendada, sí se cumplieron con los requisitos establecidos por los referidos artículos 1392, 1393 y 1394 del Código de Comercio, toda vez, el Actuario responsable, el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, a las once horas con treinta minutos, se constituyó en el domicilio señalado en el juicio de origen en busca de ********************, cerciorado de ser el domicilio señalado por la parte actora como el de la citada demandada, aquí quejosa, por la nomenclatura oficial de la calle y cruzamientos, así como con el nombre de la colonia, así como por el dicho de la persona que se encontraba en el interior del domicilio quien manifestó llamarse ******************** (parte demandada en el juicio natural y aquí quejosa). De lo anterior, es incuestionable que el Actuario responsable cumplió con el requisito del cercioramiento del domicilio de la parte demandada (previsto en el artículo 1393 del Código de Comercio aplicable) para realizar el emplazamiento a juicio. Pues el fedatario público se cercioró del domicilio por la nomenclatura pública que indicaba la calle, y por el dicho de la persona que se encontraba en el interior del domicilio quien dijo ser ******************** (parte demandada en el juicio natural y aquí quejosa), quien además se identificó con su credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral. Máxime, que el Actuario responsable al entender la diligencia con la parte demandada y comunicarle la existencia del juicio seguido en su contra, el cercioramiento del domicilio surgió de manera simultánea, en razón de la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifestó ser la demandada, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con la demandada. Pues como se estableció, el fedatario público al practicar la diligencia con la propia demandada, dando fe de su manifestación de ser la persona buscada, se llegó a la conclusión de que el domicilio en el que se constituyó ciertamente era el de la persona a quien se debía emplazar (quejosa), lo que trae como consecuencia que la mejor forma de cercioramiento del domicilio es el de entender la diligencia directamente con la parte buscada. Además de que el emplazamiento se realizó en el domicilio proporcionado por la parte actora en su demanda, siendo que la aquí quejosa se identificó plenamente con su credencial de elector, cerciorándose plenamente el fedatario judicial de la identidad de dicha persona, a la cual le entregó un juego de copias de la demanda, el título de crédito base de la acción, así como los demás documentos anexos exhibidos, debidamente cotejadas y selladas, las cuales recibió de conformidad juntamente con la cédula de notificación correspondiente y una copia de la diligencia de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 55/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Noviembre de 1998, visible en la página 33, con número de registro electrónico 195122, cuyo rubro y texto es el siguiente: (.) De igual forma, apoya a lo anterior la jurisprudencia VI. 2°.C. J/15 (10ª) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, visible en la página 2242, con número de registro electrónico 2008598, cuyo rubro y texto es el siguiente: (.) En ese sentido, debe decirse que lo argumentado por la quejosa deviene infundado en virtud de que no puede establecerse como ésta pretende, que no haya sido debidamente notificada del citado juicio, pues se cumplió con lo dispuesto en los artículos 1392, 1393 y 1394 del Código de Comercio, ya que la diligencia de emplazamiento la entendió directamente con la demandada y en su domicilio, es decir, donde vive o habita, y le entregó la documentación correspondiente, describiendo cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado (título de crédito base de la acción (pagaré), así como los demás documentos anexos exhibidos) en el acta respectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, visible en la página 204, de la Décima Época, con número de registro 2022118, de rubro y textos siguientes: (.) En tal virtud, no puede decirse que el emplazamiento de la ahora quejosa fuese realizado de manera contraria a lo establecido en el Código de Comercio, y por lo tanto que con el mismo se hubieren vulnerado sus derechos de audiencia, seguridad jurídica y adecuada defensa establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y como consecuencia de lo anterior, al haberse acreditado que la aquí quejosa fue debidamente emplazada al juicio de origen, no es posible que estén viciadas todas y cada una de las actuaciones posteriores al emplazamiento dentro del juicio ejecutivo mercantil 1466/2018, debido a que ya tenía conocimiento del juicio seguido en su contra. En virtud de lo anteriormente expuesto, y ante lo infundado de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, y al no haber queja que suplir, lo procedente es dejar incólume la diligencia de emplazamiento de mérito, con todas y cada una de sus consecuencias legales y negar el amparo y protección de la justicia federal que solicita la quejosa ********************, en contra de los actos que reclamó del Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado (en su correcta denominación), con residencia en esta ciudad, consistente en el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1466/2018, promovido en su contra por Edgar Iván Canto Torres. Negativa que se hace extensiva a los actos reclamados al Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, respecto de las actuaciones posteriores emitidas en el juicio mercantil de origen, al no haber sido impugnadas por vicios propios, sino únicamente como consecuencia del emplazamiento realizado en el juicio de origen. Séptimo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** en contra de los actos reclamados de las autoridades responsables citadas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el sexto considerando de esta resolución. Segundo. La presente sentencia será publicada en términos de lo establecido en el considerando séptimo. Notifíquese personalmente. (.)
- Principal
CITATORIO-PARTE QUEJOSA. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** en contra de los actos reclamados de las autoridades responsables citadas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el sexto considerando de esta resolución. Segundo. La presente sentencia será publicada en términos de lo establecido en el considerando séptimo. Notifíquese personalmente. (.)
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