María Elena Uribe Contreras

Expediente 757/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
757/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
19/01/2021

Partes del expediente

  • María Elena Uribe Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que la parte quejosa interponga el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que resultan innecesarios los tomos de constancias formados con motivo de las copias certificadas que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvanse dichas constancias para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo la constancia de cuenta a través de la cual el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional manifiesta que la autoridad responsable, Encargado del Área de Traumatología y Personal a su Cargo en el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado, no existe. Ahora bien, del estado procesal, se advierte que transcurrió el término de tres días a la parte quejosa para que corrigiera o aclarara el nombre o denominación de la autoridad que designó como responsable en su escrito de demanda. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por lo que se tiene por inexistente a dicha autoridad; en consecuencia, se suspende toda comunicación con la autoridad precisada en dicho documento y se ordena seguir el presente juicio por las autoridades ya señaladas como responsables.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 757/2020-III, promovido por * * , por propio derecho, contra actos del Delegado Estatal de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Colima, con sede en Colima; y otras autoridades, por estimarlo violatorio de derechos humanos consagrados en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, dirigido por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito, María Elena Uribe Contreras (en adelante, quejoso, agraviado o parte quejosa, o parte agraviada), solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que enseguida se precisan: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Teniendo tal carácter: Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Colima, con domicilio ampliamente conocido que aparece en la página oficial del ISSTE en Colima, ubicado en Av. Tecnológico n. 34 y 36, colonia Jardines Vista Hermosa, C.P. 28017, Colima, Colima. Encargado de Área de Traumatología y personal a su cargo en ISSSTE en Colima, Colima. Dr. Jovito Vivaldo Salazar Reyes, Director de Clínica Hospital ISSSTE Manzanillo, con domicilio ubicado en Av. Parotas, Valle de las Garzas I, C.P. 28219, Manzanillo, Colima. Subdirector de Clínica Hospital ISSSTE Manzanillo, con domicilio ubicado en Av. Parotas, Valle de las Garzas I, C.P. 28219, Manzanillo, Colima. Coordinador Médico de Clínica Hospital ISSSTE Manzanillo, con domicilio ubicado en Av. Parotas, Valle las Garzas I, C.P. 28219, Manzanillo, Colima. Encargado del área de Traumatología y persona a su cargo de Clínica Hospital ISSSTE Manzanillo, con domicilio ubicado en Av. Parotas Valle las Garzas I, C.P. 28219, Manzanillo, Colima. IV.- ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: La negativa de que se me brinde la atención médica debida y urgente requerida para la operación que necesito por la fractura de mi cadera. Haciendo hincapié, que son más de quince días que no me atienden, argumentando falta de presupuesto y después que no me pueden operar porque corro el riesgo de morirme, sin preguntarme si estoy de acuerdo, o si soporto los dolores de cadera, es decir, no se respeta mi libre desarrollo de la personalidad, mi derecho a una vida digna, y mi derecho fundamental a la salud". SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual se registró con el número 757/2020-III; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito, quien no formuló pedimento; se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Una vez exhibidos en autos los informes justificados; seguidos los trámites legales se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 904, párrafo primero, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia(s): Común, página: 255, registro 181810, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionali-dad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, del análisis integral del escrito de demanda y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La falta de atención médica idónea que requiere de acuerdo a los padecimientos que presenta. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Abril de 2000, Materia: Común, registro 192097, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige el juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el suplente por ausencia del titular de la Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en representación del Delegado Estatal de dicho Instituto, con sede en Colima, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, de sus propias manifestaciones se desprende su existencia. Ilustra lo antes dicho, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, tomo XIV, Julio de 1994, Materia: Común, página 391, registro 211004, siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por otra parte, es cierto el acto reclamado al Director de la Clínica Hospital Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Subdirector de la Clínica Hospital Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Coordinador Médico de la Clínica Hospital Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Encargado del Área de Traumatología y Personal a su Cargo de la Clínica Hospital Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, todos con sede en Manzanillo, Colima, pues dichas autoridades fueron omisas en rendir su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificadas de los oficios por los cuales se solicita dicho informe, de conformidad con lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 7/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." Además, la existencia del acto reclamado, está corroborada con la constancia que remitió la autoridad responsable a su informe justificado, consistente en el expediente clínico de la quejosa, mismas que este juzgador les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, Materia(s): Común, Tesis: 158, página: 262, registro 395571, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En vista de lo anterior, deben tenerse plenamente demostrado el acto reclamado, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, Materia(s): Común, Tesis: 158, página: 262, registro 395571, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Materia: Común, Tesis: IV.3o.108 K, página: 353, registro 208448, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes". Este órgano de control constitucional advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, XXII, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y". La hipótesis normativa transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, éste no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Así, en este supuesto, la improcedencia del juicio deviene de la presencia de un hecho extraordinario que motiva que desaparezca el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, por lo que ya no es posible que el acto lesione al quejoso. La razón de la causa de improcedencia en estudio radica en que el efecto y finalidad del juicio de amparo, conforme con lo estipulado en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es conseguir la restitución en el goce de los derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada; en consecuencia, si la materia o el objeto del acto reclamado deja de existir, ningún efecto podría tener la sentencia que concediera el amparo solicitado, ya que aunque éste subsista formalmente, la situación jurídica en que se emitió el acto reclamado cambió, por lo que sus efectos no se pueden concretar en la esfera del gobernado. Es decir, la subsistencia formal del acto reclamado no podría tener efectos en la esfera jurídica del quejoso, al encontrarse aquél sin materia. Por tanto, cuando se modifica el entorno jurídico en el que se actualiza el acto reclamado, de tal manera que la materia de éste queda insubsistente, debe sobreseerse en el juicio de amparo, ya que la protección que en su caso se concediera carecería de efectos (porque la subsistencia formal de dicho acto no podría tener efecto alguno). Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento ochenta y nueve, del tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio deamparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad" Asimismo, es ilustrativa de lo expuesto, la tesis 2a. XLVIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cuarenta y uno, del tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se resente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad" Ahora bien, como se dijo en el presente asunto la parte quejosa señala como acto reclamado la falta idónea que requiere de acuerdo a los padecimientos que presenta, en virtud de que se encontraba internada en las instalaciones de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Manzanillo, Colima, al presentar fractura de cadera y que requería de cirugía para el efecto de atender con presión los citados padecimientos. Sin embargo, la quejosa ya no se encuentra internada en dichas instalaciones de la autoridad responsables, en virtud del alta médica voluntaria de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, firmada por la propia quejosa, la cual obra agregada en autos, pruebas ya valoradas, con lo que se acredita que la actualización de la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que, como se dijo, aun cuando el acto reclamado subsistiera, ningún efecto jurídico tendría una sentencia concesoria de amparo, pues la quejosa el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, fue dada de alta médica, por su propia voluntad, por lo que no puede surtir efecto legal o material alguno. De ahí que el presente juicio de amparo es improcedente, dado que aun cuando el acto reclamado subsistiera formalmente, éste no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto, pues la quejosa ya no se encuentra internada en las instalaciones de la autoridades responsables a efecto de seguir brindando la debida atención médica solicitada; incluso lo anterior, se concatena con las manifestaciones que realiza el autorizado en amplios términos de la quejosa, mediante escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el que señala que a la quejosa ya le fue realizada la cirugía que requería. En conclusión, con motivo de los antes expuesto y al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, con relación con el diverso numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juico de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. En esa tesitura, es que no se estudien los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, pues al actualizarse la causa de improcedencia es que se impide entrar al estudio del fondo del asunto. Ilustra lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. Si se sobresee en el juicio, es claro que no debe entrarse al estudio de los conceptos de violación relativos a cuestiones de fondo, pues el sobreseimiento no juzga sobre la existencia o inexistencia de esos conceptos de violación, sino sólo sobre la improcedencia del amparo, por lo que en el caso, al omitir, su examen el inferior, no infringió el artículo 79 de la Ley de Amparo". Es de señalarse, que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, aun cuando se refieran a la Ley de Amparo abrogada, resultan aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a esta última. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 705, registro digital 2010982, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". QUINTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E :ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la quejosa * * , contra los actos reclamados al Delegado Estatal de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Colima, con sede en Colima, al Director de la Clínica Hospital Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Subdirector de la Clínica Hospital Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Coordinador Médico de la Clínica Hospital Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Encargado del Área de Traumatología y Personal a su Cargo de la Clínica Hospital Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, todos estos últimos con sede en Manzanillo, Colima, en los términos precisados en el considerando cuarto de esta resolución.

  4. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual rinde su informe justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como delegados a los profesionistas que señala la autoridad, en términos del artículo 9º de la ley de la materia y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su misiva. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Con la constancia presentada por la autoridad responsable, fórmese el legajo de pruebas II. Luego, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) y al expediente electrónico en relación con el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, se determina la imposibilidad material para la digitalización de las pruebas exhibidas por la autoridad responsable. Por tanto, hágase saber a las partes que las mismas se encuentran a su disposición físicamente en el legajo de pruebas II.

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