María Elena Torres Machorro

Expediente 717/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
717/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • María Elena Torres Machorro

Actuaciones

  1. Principal

    ... Agréguese a sus autos el escrito de ******************** autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la correspondiente firma electrónica, lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica - transacción. Por ende, el mismo tiene valor probatorio en términos de los artículos 3 y 5 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada por el Poder Judicial Federal y al expediente electrónico, así como lo contemplado en el considerando séptimo y dispositivo 1, 2, 3, 7, 58 y 107 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil catorce; en atención a su contenido, como lo solicita, pásense los autos a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que cancele la autorización de acceso al expediente electrónico respecto del usuario electrónico "********************".

  2. Principal

    ... Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de cuatro de julio de dos mil veintidós por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es depurable de conformidad con el diverso 18 fracción I, inciso a) del acuerdo general citado porque se concedió la suspensión de oficio o de plano, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  3. Principal

    ACATAMIENTO A SUSPENSIÓN DE PLANO Agréguense a los autos los oficios del DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA y otras autoridades, visto su contenido, téngase informando el cumplimiento a la suspensión de plano decretada mediante auto de uno de julio del año en curso; lo anterior, a fin de que surtan los efectos legales a que haya lugar. Aunado a lo anterior, de los oficios de mérito se advierte que dichas autoridades informaron no haber ordenado acto alguno en contra de la quejosa de los señalados en la demanda de amparo. DESPACHO SIN DILIGENCIAR De la misma forma, intégrese el anexo del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco Puebla, por el cual devuelve sin diligenciar el despacho número 557/2022 del índice de este Juzgado, mediante el cual se ordenó la ratificación personal de la demanda interpuesta a favor de María Elena Torres Machorro; ello en razón de que la diligenciaría adscrita a dicho juzgado, dio fe que las instalaciones donde se ubica la Notaría Pública número cinco de ese Distrito Judicial, ubicado en calle seis sur, número quinientos ocho, letra "A", colonia centro de Tecamachalco, Puebla, se encuentra cerrado, sin ruido o movimiento alguno, además que a diversos llamados, nadie contestó a los mismos, lo que hace presumir fundadamente, que dicho lugar se encuentra vacío y sin persona alguna en su interior. Acúsese recibo a la autoridad oficiante, dese de baja en la estadística de este juzgado y hágase las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. ESCRITO PARTE QUEJOSA Por otra parte, glósese a los autos el escrito de Raúl Andrade Osorio autorizado en términos amplios de la parte quejosa, visto su contenido, téngasele haciendo del conocimiento, que la quejosa directa María Elena Torres Machorro, el día uno de julio del año en curso, se trasladó a la dirección identificada como calle Fuente de San Miguel 70, colonia Club de Golf Las Fuentes, Puebla, Puebla, C.P. 72110, lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, cabe precisar que Jaime Alcántara Silva, promovió juicio de amparo en favor de María Elena Torres Machorro, pues reclamó ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación y malos tratos al vejar a la quejosa directa e intimidarla con realizarle un mal a su persona si no coopera con lo que le ordenan las autoridades. Lo anterior, basado en que los elementos de la Policía Estatal y Municipal de Tecamachalco, Puebla, rodearon las oficinas de la Notaría Pública número cinco de ese distrito Judicial, impidiendo el paso de las personas en un operativo desprorcionado y denigrante en contra de la quejosa, alegando que se encontraba incomunicada dado que no se le permitía egresar de dichas instalaciones, pues la amedrentaron que de hacerlo sería detenida y remitida a los separos sin que se hubiese cometido conducta que amerita dicha conducta por parte de las autoridades. Sin embargo, contrario a lo que manifestó el promovente del juicio de amparo en la demanda de amparo, y por el dicho de su autorizado en términos amplios, Raúl Andrade Osorio, manifestó momentos posteriores a que se presentó la demanda de amparo y que dio origen a este juicio de amparo, la quejosa se trasladó a un diverso lugar, en específico al ubicado en calle Fuente de San Miguel 70, colonia Club de Golf Las Fuentes, Puebla, Puebla, C.P. 72110, lo que evidencia que María Elena Torres Machorro no se encuentra incomunicada. Lo que se corrobora con la diligencia desahogada por la fedataria pública del Juzgado adscrita al Juzgado de lo Penal de Tecamachalco, Puebla, ordenada por este juzgado, en el despacho 557/2022 del índice de este juzgado, quien manifestó que al constituirse en las instalaciones que ocupa la Notaría Pública número cinco del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, encontró vacía dicho lugar. Consecuencia a lo anterior, se infiere que la demanda formulada por Jaime Alcántara Silva, en favor de María Elena Torres Machorro, fue con el único objeto de ubicar la demanda de amparo en los supuestos de urgencia previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pero sin que se actualizara dicha hipótesis legal. La circunstancia anterior implica la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues con dicha expresión se evidencia que quien promovió la demanda carecía de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro, pues resulta inconcuso que la quejosa directa no se ha encontrado en la hipótesis de estar incomunicada, malos tratos y/o intimidación y/o amenaza con realizarle un mal a su persona. Es decir, el promovente invocó una situación que lo legitimaba para promover la demanda de amparo en nombre de otro, con el fin de ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo que es del texto que a continuación se cita: "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Esto es, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el referido artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier persona distinta a la quejosa -como lo es la incomunicación- sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad de la quejosa para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación, y al ser ésta un presupuesto procesal, el promovente no estuvo en aptitud de haber iniciado el proceso. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que Jaime Alcántara Silva, estuviera en aptitud de promover en nombre de María Elena Torres Machorro, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, en virtud de que las constancias de autos, se evidencia que la aquí quejosa directa no se encuentra incomunicada, pues por un lado, el promovente manifestó que la agraviada directa estaba imposibilitada para egresar del inmueble donde se ubica la Notaría Pública número cinco del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, y por ello, indicó que se encontraba incomunicada; empero, del escrito del autorizado, hizo del conocimiento que María Elena Torres Machorro, se trasladó a un diverso lugar, esto es, de propia voluntad deambuló a un lugar distinto al cual señaló no podría egresar. Además de que las responsables al solicitarles el acatamiento a la suspensión de plano, hicieron del conocimiento de este juzgado, no haber ordenado acto alguno de los reclamados por el promovente, lo que se concluye, que la quejosa directa no se encontraba imposibilitada para promover juicio de amparo. En tales condiciones, al no satisfacerse el presupuesto exigido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, haberse ejercido la acción por persona legitimada para hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del ordenamiento legal en cita, por lo que procede desechar la demanda, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Por tanto, se dejan sin efectos las medidas provisionales de suspensión que le fueron concedidas al quejoso respecto de los actos consistentes en la incomunicación, malos tratos y/o intimidación y/o amenaza con realizarle un mal a su persona. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido.

  4. Principal

    ACATAMIENTO A SUSPENSIÓN DE PLANO Agréguense a los autos los oficios del DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA y otras autoridades, visto su contenido, téngase informando el cumplimiento a la suspensión de plano decretada mediante auto de uno de julio del año en curso; lo anterior, a fin de que surtan los efectos legales a que haya lugar. Aunado a lo anterior, de los oficios de mérito se advierte que dichas autoridades informaron no haber ordenado acto alguno en contra de la quejosa de los señalados en la demanda de amparo. DESPACHO SIN DILIGENCIAR De la misma forma, intégrese el anexo del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco Puebla, por el cual devuelve sin diligenciar el despacho número 557/2022 del índice de este Juzgado, mediante el cual se ordenó la ratificación personal de la demanda interpuesta a favor de María Elena Torres Machorro; ello en razón de que la diligenciaría adscrita a dicho juzgado, dio fe que las instalaciones donde se ubica la Notaría Pública número cinco de ese Distrito Judicial, ubicado en calle seis sur, número quinientos ocho, letra "A", colonia centro de Tecamachalco, Puebla, se encuentra cerrado, sin ruido o movimiento alguno, además que a diversos llamados, nadie contestó a los mismos, lo que hace presumir fundadamente, que dicho lugar se encuentra vacío y sin persona alguna en su interior. Acúsese recibo a la autoridad oficiante, dese de baja en la estadística de este juzgado y hágase las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. ESCRITO PARTE QUEJOSA Por otra parte, glósese a los autos el escrito de Raúl Andrade Osorio autorizado en términos amplios de la parte quejosa, visto su contenido, téngasele haciendo del conocimiento, que la quejosa directa María Elena Torres Machorro, el día uno de julio del año en curso, se trasladó a la dirección identificada como calle Fuente de San Miguel 70, colonia Club de Golf Las Fuentes, Puebla, Puebla, C.P. 72110, lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, cabe precisar que Jaime Alcántara Silva, promovió juicio de amparo en favor de María Elena Torres Machorro, pues reclamó ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación y malos tratos al vejar a la quejosa directa e intimidarla con realizarle un mal a su persona si no coopera con lo que le ordenan las autoridades. Lo anterior, basado en que los elementos de la Policía Estatal y Municipal de Tecamachalco, Puebla, rodearon las oficinas de la Notaría Pública número cinco de ese distrito Judicial, impidiendo el paso de las personas en un operativo desprorcionado y denigrante en contra de la quejosa, alegando que se encontraba incomunicada dado que no se le permitía egresar de dichas instalaciones, pues la amedrentaron que de hacerlo sería detenida y remitida a los separos sin que se hubiese cometido conducta que amerita dicha conducta por parte de las autoridades. Sin embargo, contrario a lo que manifestó el promovente del juicio de amparo en la demanda de amparo, y por el dicho de su autorizado en términos amplios, Raúl Andrade Osorio, manifestó momentos posteriores a que se presentó la demanda de amparo y que dio origen a este juicio de amparo, la quejosa se trasladó a un diverso lugar, en específico al ubicado en calle Fuente de San Miguel 70, colonia Club de Golf Las Fuentes, Puebla, Puebla, C.P. 72110, lo que evidencia que María Elena Torres Machorro no se encuentra incomunicada. Lo que se corrobora con la diligencia desahogada por la fedataria pública del Juzgado adscrita al Juzgado de lo Penal de Tecamachalco, Puebla, ordenada por este juzgado, en el despacho 557/2022 del índice de este juzgado, quien manifestó que al constituirse en las instalaciones que ocupa la Notaría Pública número cinco del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, encontró vacía dicho lugar. Consecuencia a lo anterior, se infiere que la demanda formulada por Jaime Alcántara Silva, en favor de María Elena Torres Machorro, fue con el único objeto de ubicar la demanda de amparo en los supuestos de urgencia previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pero sin que se actualizara dicha hipótesis legal. La circunstancia anterior implica la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues con dicha expresión se evidencia que quien promovió la demanda carecía de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro, pues resulta inconcuso que la quejosa directa no se ha encontrado en la hipótesis de estar incomunicada, malos tratos y/o intimidación y/o amenaza con realizarle un mal a su persona. Es decir, el promovente invocó una situación que lo legitimaba para promover la demanda de amparo en nombre de otro, con el fin de ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo que es del texto que a continuación se cita: "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Esto es, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el referido artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier persona distinta a la quejosa -como lo es la incomunicación- sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad de la quejosa para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación, y al ser ésta un presupuesto procesal, el promovente no estuvo en aptitud de haber iniciado el proceso. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que Jaime Alcántara Silva, estuviera en aptitud de promover en nombre de María Elena Torres Machorro, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, en virtud de que las constancias de autos, se evidencia que la aquí quejosa directa no se encuentra incomunicada, pues por un lado, el promovente manifestó que la agraviada directa estaba imposibilitada para egresar del inmueble donde se ubica la Notaría Pública número cinco del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, y por ello, indicó que se encontraba incomunicada; empero, del escrito del autorizado, hizo del conocimiento que María Elena Torres Machorro, se trasladó a un diverso lugar, esto es, de propia voluntad deambuló a un lugar distinto al cual señaló no podría egresar. Además de que las responsables al solicitarles el acatamiento a la suspensión de plano, hicieron del conocimiento de este juzgado, no haber ordenado acto alguno de los reclamados por el promovente, lo que se concluye, que la quejosa directa no se encontraba imposibilitada para promover juicio de amparo. En tales condiciones, al no satisfacerse el presupuesto exigido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, haberse ejercido la acción por persona legitimada para hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del ordenamiento legal en cita, por lo que procede desechar la demanda, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Por tanto, se dejan sin efectos las medidas provisionales de suspensión que le fueron concedidas al quejoso respecto de los actos consistentes en la incomunicación, malos tratos y/o intimidación y/o amenaza con realizarle un mal a su persona. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,898 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano