María Elena Sánchez Hernández
Expediente 342/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 342/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Elena Sánchez Hernández
Actuaciones
- Principal
Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja, sin que hasta este momento se haya hecho valer en contra del proveído de doce de abril del año en curso, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por **; consecuentemente, se declara firme el referido auto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Notifíquese por lista.
- Principal
Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por derecho propio, contra actos de la Tercera Sala y del Juez Sexagésimo Primero, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, fórmese expediente -físico y electrónico-, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 342/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y provéase lo que en derecho corresponda. En ese sentido, visto el contenido de la demanda de mérito, la misma debe desecharse, ello en atención a las consideraciones que se vierten a continuación. Se arriba a dicha conclusión dado que, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por el promovente, se hace consistir en el siguiente: La resolución de catorce de marzo de dos mil veintidós, pronunciada por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca ***, mediante la cual se confirmó el proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se resolvió el "incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento", promovido en los autos del juicio especial hipotecario, expediente ****, del índice del Juzgado Sexagésimo Primero de lo Civil de esta ciudad, seguido por *****, en contra de *****-aquí quejosa- y otro. Aunado a lo anterior, de lo expuesto en la demanda bajo protesta de decir verdad se deduce lo siguiente: La quejosa es parte formal y material del asunto de donde derivan los actos reclamados, tan es así que tiene el carácter de demandada. No existe incertidumbre en cuanto a que el procedimiento de origen se encuentra en trámite. En esas condiciones, este juzgador federal considera que en el presente asunto se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 107, fracción V, -aplicado a contrario sensu-, así como 172, fracciones V y XII, todos de la Ley de Amparo. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: - - - [.] - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: - -- [.] - - - V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - - - [.] - - -" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando - - - [.] - - - V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;- - - [.] - - - XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Ahora, del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, en la parte y sentido citados, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Sobre el indicado tipo de actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sentado lo precedente, la resolución mediante la cual se confirmó el auto por el que se resolvió el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la quejosa en contra del emplazamiento que le fue practicado en los autos del juicio natural -descrita en párrafos precedentes-, no es de imposible reparación, toda vez que no produce efectos materiales inmediatos sobre derechos sustantivos de ninguna de las partes, aspectos que pueden o no trascender al resultado del fallo definitivo y al constituir una violación procesal, pueden impugnarse a través del juicio de amparo que se haga valer en contra de la sentencia conclusiva que se dicte en el juicio de origen, si la eventual afectación adjetiva trasciende en el resultado del fallo. En efecto, tales aspectos pudieran quedar extinguidos con la emisión de una resolución favorable a los intereses de la impetrante y -en todo caso- las violaciones procesales que -aduce- fueron cometidas en el acto reclamado la agraviada está en condiciones de hacerlas valer en el amparo directo que -de estimarlo pertinente- se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio -previo cumplimiento al principio de definitividad-. Consecuentemente, al haberse actualizado la causal de improcedencia anteriormente invocada, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que la inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, esto es, que derivado de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte agraviada -lo cual crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las declaraciones respecto de su falsedad u omisión de datos-, la resolución aquí impugnada no produce una afectación material a un derecho sustantivo. Máxime que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del procedimiento de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios -tanto para las partes como para el propio Estado-. En diverso aspecto, dado que la promovente del amparo señaló como domicilio procesal las listas de publicación de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágansele todas las notificaciones, aun las de carácter personal, por dicho medio. Sin que haya lugar a facultar en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere, toda vez que no tienen inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que sólo se les tiene por autorizadas para oír y recibir notificaciones, inclusive para recoger documentos, sin perjuicio de que una vez que cumplan con lo anterior, y previa designación que se haga en su favor por parte de la quejosa, se provea lo conducente. Además, se toma nota del correo electrónico y número telefónico que proporciona para contacto con la parte de que se trata en términos del artículo 5°, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció el reinicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus "SARS-CoV-2", causante de la enfermedad conocida como coronavirus: "COVID-19". Asimismo, se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y al tomar en consideración el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus "SARS-CoV-2", causante de la enfermedad conocida como coronavirus "COVID-19", de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, considere (i) registrarse como usuario de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; (ii) obtener su firma electrónica FIREL; (iii) solicitar a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones personales de manera electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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