María Elena Sánchez Hernández y Otros.
Expediente 1366/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1366/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- María Elena Sánchez Hernández y Otros.
- María Elena Sánchez Hernández
- Martha Esther Martínez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Causa estado, se ordena el archivo del expediente
- Principal
Se recibe sobre devuelto, se ordena notificar por economía procesal a la tercera interesada
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, y diverso 29, de la Ley de Amparo, notifico a la parte tercero interesada el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, que es del tenor literal siguiente: Del estado procesal actual que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el término de tres días concedido a la parte quejosa con la vista otorgada por auto de tres de agosto de dos mil veintitrés (notificado por lista a las quejosas el diez de agosto de esta anualidad), para que manifestara lo que a su interés legal conviene respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Consecuentemente, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (Interrupción parcial de la Jurisprudencia 85/98, de la Segunda Sala)"; que fue aprobada en sesión privada de tres de marzo del año dos mil, este órgano jurisdiccional se pronuncia sobre dicho cumplimiento. En principio, conviene mencionar que existe exceso en la ejecución de la sentencia cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la resolución de amparo, es decir, extralimita su ejecución. Hay defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuando se ejecuta de manera parcial o incompleta, esto es, sin realizar todas aquellas prestaciones que se determinaron en el fallo. Dicho de otro modo, cuando las autoridades responsables realicen menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector. En ese orden de ideas, para el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en el que se señalan determinados efectos, en la nueva resolución que se pronuncie por la autoridad responsable deben distinguirse dos aspectos, uno en el que queda vinculada con lo estrictamente ordenado en dicha ejecutoria y, otro, en que queda en plena libertad al habérsele devuelto jurisdicción para obrar o decidir. El primer aspecto puede ser materia de análisis en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando se decida si se tiene o no cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin excesos ni defectos. En cambio, el segundo aspecto, aquél en que la responsable queda en libertad de actuar o decidir por habérsele devuelto jurisdicción, sólo puede ser materia de análisis en un nuevo juicio constitucional. De tal suerte, se anticipa la conclusión de que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que con tal proceder haya incurrido en exceso o defecto alguno. Esto se afirma porque las constancias remitidas por aquélla en acatamiento al fallo protector, las cuales merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del último párrafo del arábigo 2 de ésta, ponen de relieve que dio cumplimiento a la sentencia concesoria, por las razones que a continuación se puntualizan. En la sentencia dictada en este juicio de amparo el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se determinó conceder la protección constitucional a las quejosas María Elena Sánchez Hernández y Martha Esther Martínez Flores, para que la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la determinación de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en la que se resolvió el incidente de liquidación de la insumisión al arbitraje 919/2015, del índice de la junta responsable, promovido por las quejosas contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En su lugar, pronuncie una nueva en la que deberá de reiterar lo que no fue materia de la concesión y conforme a los lineamientos descritos en esta ejecutoria, subsanen la violación destacada previamente por este órgano constitucional; esto es, que se abstenga de considerar que los intereses a que se refiere el párrafo tercero, del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, deberán cubrirse a partir de que concluye el periodo relativo a salarios caídos, sin estar limitados a un máximo de quince meses, sino que dicho importe del salario del trabajador, constituye únicamente la base sobre la cual se hará la cuantificación respectiva de intereses". Por acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a ésta. En cumplimiento a lo anterior, y realizadas que fueron las gestiones para la autoridad laboral diera cumplimiento a la sentencia de amparo, en oficio 2877/2023, recibido por este órgano jurisdiccional el tres de agosto de esta anualidad, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en representación de la Junta, allegó copia certificada del incidente de liquidación de uno de agosto de dos mil veintitrés, en la que se advierte que para cuantificar la condena de liquidación, no estableció tope de los quince meses de intereses, sino que estableció los salarios caídos desde el mes de octubre de dos mil dieciséis al uno de agosto actual. Con lo anterior, se dio vista al quejoso quien no realizó manifestación relativa, no obstante de encontrarse legalmente notificada de esa determinación. Anteriores pruebas y actuaciones de las que se desprende que la autoridad responsable, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo realizó la cuantificación de liquidación de laudo, sin tope me meses en el pago de intereses. Por consiguiente, es evidente que la autoridad responsable acató la sentencia de amparo al restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados en términos del numeral 77, de la Ley de Amparo vigente, sin que con tal proceder hubiera incurrido en exceso1 o defecto2 en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo3 , pues no se advierte que la autoridad responsable se extralimitara o sobrepasara, ni que ejecutara de manera parcial o incompleta lo que se ordenó en la resolución concesoria. En consecuencia, de acuerdo con lo previsto por el artículo 214, del citado ordenamiento, sin perjuicio de que se haga valer el medio de impugnación correspondiente, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA RESPECTIVA; razón por la cual hágase del conocimiento de este acuerdo a las partes, y una vez transcurrido el término que establece el artículo 202, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido..
- Principal
Se declara cumplida la ejecutoria de amparo
Quedan 17 actuaciones en este expediente
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