María Elena Salazar Hervert

Expediente 317/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
317/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • María Elena Salazar Hervert

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de mayo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que la peticionaria del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de abril de dos mil veintidós IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES. Vista la demanda de amparo promovida por María Elena Salazar Hervert, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Tamazunchale, San Luis Potosí, por trasgresión que estima de los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales, regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado Federal bajo el número 317/2022-I-D y atento a su contenido se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, se advierte que la quejosa señaló como autoridades responsable al Juez Mixto de Primera Instancia en Tamazunchale, San Luis Potosí, y como acto reclamado la resolución interlocutoria, dictada en el expediente 1130/2021, relativo al juicio extraordinario civil, que resolvió el recurso de revocación planteado, en cual se tiene al hoy tercero interesado por objetando las pruebas ofertadas por la quejosa en el juicio de origen, resolución que aduce la promovente le fue notificada el once de abril del año en curso. Atento a lo anterior, se pone de manifiesto la notoria e indudable improcedencia de la demanda que se recibe por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción XII, esta última relacionada con las fracciones III y VI de dicho numeral, todos de la Ley de Amparo. En efecto, en los artículos 113, 61, fracción XXlll, 107, fracción V y 172, fracciones III y XII, todos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." En la especie, el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de garantías biinstancial. Es así dado que la quejosa, reclama la interlocutoria dictada en el expediente 1130/2021, relativo al juicio extraordinario civil, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el hoy tercero interesado contra el auto en el que se decretó que no se le tenía objetando las documentales ofertadas por la quejosa, en virtud de encontrarse fuera del término señalado por la ley para tal efecto, atendiendo a la certificación levantada por la responsable en el expediente primario; resolución reclamada en la que se tuvo al hoy tercero interesado por objetando las pruebas ofertadas por la quejosa en el juicio de origen. Por lo que al ser ello así, la resolución que por esta vía de amparo se combate, en todo caso, constituye una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y sólo tiene efectos intraprocesales, si se toma en consideración que del análisis de los antecedentes del acto reclamado, no se advierte que se haya dictado sentencia en el juicio de origen, máxime que el acto de que se duele la impetrante es en el que se tuvo a su contraria parte, hoy tercero interesado, por objetando los documentos ofertados en vía de prueba en el juicio de origen, como se dijo, se traduce en una violación procesal, por lo que, en caso de no resultarle favorable la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, podrá alegarse vía concepto de violación en el juicio de amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia respectiva, en términos de lo que se previene en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de transgreciones son meramente formales y pueden ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable, dado que en este caso se trata una determinación que versa sobre el periodo de desahogo de pruebas. En consecuencia, la resolución que por esta vía impugna la quejosa, no debe reclamarse en amparo indirecto pues, como ya se apuntó, al no haberse dictado aún sentencia definitiva en el procedimiento relativo, no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe ser combatido en amparo directo en caso de que se dicte una resolución definitiva desfavorable a sus intereses. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia número 2179, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 2531, tomo II, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCION QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramita en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción XII, esta última relacionada con las fracción III del numeral en cita, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113, de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley se tiene como autorizados a Galdino Manuel Arellano Trejo y Erika Barrón García, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los presentes autos a Jenny Lizeth Moctezuma Ortega, por así haberlo indicado. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). De igual modo, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono fijo o móvil y una cuenta de correo electrónico para que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo para entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, en relación con la fracción I, inciso k) del aludido precepto, de la Ley de Amparo, así como de acuerdo con el criterio jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades responsables tienen expedito su derecho para realizar la consulta del expediente, a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado, así como en el portal de internet del poder judicial de la federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la invocada ley. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...la determinación de diecinueve de abril del año en curso que dice:"Vista la demanda de amparo promovida por María Elena Salazar Hervert, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Tamazunchale, San Luis Potosí, por trasgresión que estima de los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales, regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado Federal bajo el número 317/2022-I-D y atento a su contenido se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, se advierte que la quejosa señaló como autoridades responsable al Juez Mixto de Primera Instancia en Tamazunchale, San Luis Potosí, y como acto reclamado la resolución interlocutoria, dictada en el expediente 1130/2021, relativo al juicio extraordinario civil, que resolvió el recurso de revocación planteado, en cual se tiene al hoy tercero interesado por objetando las pruebas ofertadas por la quejosa en el juicio de origen, resolución que aduce la promovente le fue notificada el once de abril del año en curso. Atento a lo anterior, se pone de manifiesto la notoria e indudable improcedencia de la demanda que se recibe por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción XII, esta última relacionada con las fracciones III y VI de dicho numeral, todos de la Ley de Amparo. En efecto, en los artículos 113, 61, fracción XXlll, 107, fracción V y 172, fracciones III y XII, todos de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." En la especie, el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el precitado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que sea procedente el juicio de garantías biinstancial. Es así dado que la quejosa, reclama la interlocutoria dictada en el expediente 1130/2021, relativo al juicio extraordinario civil, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el hoy tercero interesado contra el auto en el que se decretó que no se le tenía objetando las documentales ofertadas por la quejosa, en virtud de encontrarse fuera del término señalado por la ley para tal efecto, atendiendo a la certificación levantada por la responsable en el expediente primario; resolución reclamada en la que se tuvo al hoy tercero interesado por objetando las pruebas ofertadas por la quejosa en el juicio de origen. Por lo que al ser ello así, la resolución que por esta vía de amparo se combate, en todo caso, constituye una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y sólo tiene efectos intraprocesales, si se toma en consideración que del análisis de los antecedentes del acto reclamado, no se advierte que se haya dictado sentencia en el juicio de origen, máxime que el acto de que se duele la impetrante es en el que se tuvo a su contraria parte, hoy tercero interesado, por objetando los documentos ofertados en vía de prueba en el juicio de origen, como se dijo, se traduce en una violación procesal, por lo que, en caso de no resultarle favorable la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, podrá alegarse vía concepto de violación en el juicio de amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia respectiva, en términos de lo que se previene en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de transgreciones son meramente formales y pueden ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable, dado que en este caso se trata una determinación que versa sobre el periodo de desahogo de pruebas. En consecuencia, la resolución que por esta vía impugna la quejosa, no debe reclamarse en amparo indirecto pues, como ya se apuntó, al no haberse dictado aún sentencia definitiva en el procedimiento relativo, no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe ser combatido en amparo directo en caso de que se dicte una resolución definitiva desfavorable a sus intereses. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia número 2179, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 2531, tomo II, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCION QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramita en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXlll, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en correlación con el 172, fracción XII, esta última relacionada con las fracción III del numeral en cita, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda de garantías de que se trata, con apoyo además, en el invocado numeral 113, de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley se tiene como autorizados a Galdino Manuel Arellano Trejo y Erika Barrón García, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los presentes autos a Jenny Lizeth Moctezuma Ortega, por así haberlo indicado. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). De igual modo, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono fijo o móvil y una cuenta de correo electrónico para que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo para entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, en relación con la fracción I, inciso k) del aludido precepto, de la Ley de Amparo, así como de acuerdo con el criterio jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; lo anterior, sin perjuicio de que las autoridades responsables tienen expedito su derecho para realizar la consulta del expediente, a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado, así como en el portal de internet del poder judicial de la federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la invocada ley. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente."

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