María Elena Salas Andrade

Expediente 1413/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1413/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
22/02/2023

Partes del expediente

  • María Elena Salas Andrade

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración de la suscrita juzgadora, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración de la suscrita juzgadora, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional como la suspensión definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y la definitiva. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del multireferido Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Por último, se advierte que existe un anexo relativo al informe justificado rendido por la autoridad responsable; en mérito de ello, hágase la devolución de dichos autos al Juez Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en esta Ciudad, toda vez que ya no son necesarios para este juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Victoria de Durango, Durango, a dos de febrero de dos mil veintitrés. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 1413/2022 promovido por María Elena Salas Andrade, por propio derecho, contra actos de la Jueza Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Durango, Durango, y recibido en este órgano jurisdiccional el veintidós de noviembre del mismo año, María Elena Salas Andrade, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Jueza Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango, y otras autoridades, así como de los actos que precisó en el propio ocurso. Actos que consideró violatorios en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. De esa demanda tocó conocer por razón de turno a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, por lo que mediante acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, la admitió; ordenó requerir su informe justificado a las autoridades responsables; y, dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Mediante auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, se les reconoció el carácter de terceros interesados a (1) Verónica Meléndez Rivas, albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Rigoberto Quiñones Peña, (2) Arcelia Quiñonez Peña, (3) Cinthya Natalia Ávila Quiñones y (4) David Saúl Ávila Quiñones de los que ordenó su emplazamiento. Ante la falta de emplazamiento de los terceros interesados mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintidós se difirió la audiencia constitucional y se fijaron las nueve horas con treinta minutos de esta data para la celebración de la misma; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente por materia, grado y territorio para conocer del presente asunto y resolverlo, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza civil emitidos por una autoridad con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XXV, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Debido a que los efectos de lo reclamado se materializan dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional a las autoridades responsables consisten en: De la Jueza Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango: La orden de desocupación y entrega del inmueble ubicado en calle Sinaloa número 605 de la colonia IV Centenario en Durango, Durango, dictada en el juicio ordinario civil 545/2019, promovido por Verónica Meléndez Rivas, como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Rigoberto Quiñones Peña, en contra de Arcelia Quiñonez Peña, Cinthya Natalia Ávila Quiñones y David Saúl Ávila Quiñones. Inmueble del que la parte quejosa afirmó que tenía en posesión físicamente derivado de un contrato de arrendamiento. Del Actuario Notificador adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango y Actuarios adscritos al Departamento de Actuaría y Ejecución del Poder Judicial del Estado de Durango. 2. La ejecución de los actos reclamados señalados en el numeral 1 del presente considerando. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Respecto a la existencia de los actos reclamados, de las constancias que integran los presentes autos se advierte que las autoridades responsables Jueza Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango y Actuario Notificador adscrito a dicho Juzgado al rendir sus informes justificados señalaron que era cierto. Por lo que ve a la diversa autoridad responsable Actuarios adscritos al Departamento de Actuaría y Ejecución del Poder Judicial del Estado de Durango, no aceptó ni negó expresamente el acto reclamado, no obstante se tiene como cierto, debido a la aceptación de la ordenadora y que realizó manifestaciones en cuanto a su existencia. Además, se acredita la existencia de los actos reclamados con las constancias que allegaron tales autoridades responsables, pruebas a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 188, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de actuaciones judiciales. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ANTECEDENTES RELEVANTES. Previo analizar lo conducente, es necesario narrar los principales antecedentes de los actos reclamados. 1. Mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado de Durango, Verónica Meléndez Rivas, como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Rigoberto Quiñones Peña, demandó en la vía ordinaria civil la acción reivindicatoria sobre el bien inmueble ubicado en calle Sinaloa número 605 de la colonia IV Centenario en Durango, Durango, en contra de Arcelia Quiñonez Peña, Cinthya Natalia Ávila Quiñones y David Saúl Ávila Quiñones. En el que solicitó la declaración judicial de que la actora tenía el dominio del bien inmueble descrito, la cancelación de cualquier título que pudieran tener los demandados sobre ese bien, la inmediata desocupación y entrega material del inmueble en cuestión y el pago de gatos y costas. 2. De esa demanda tocó conocer por razón de turno a la Jueza Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango, la que previo requerimiento, por acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte, admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada para que en el término de nueve días compareciera a contestar la incoada en su contra. 3. Hecho lo anterior y seguido el juicio por sus cauces legales, el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez responsable dictó sentencia definitiva, en la que determinó declarar procedente la acción y condenó a la parte demandada a la entrega de la posesión real y material del inmueble en cuestión. 4. Mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se precisó que la Justicia Federal negó el amparo a la parte demandada respecto de una resolución dictada en el toca de apelación que interpuso la propia demandada. 5. Por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, la Jueza de origen, previno a la parte demandada para que diera cumplimiento al punto resolutivo quinto de la sentencia de primera instancia, de tal manera que realizara la entrega material y física del inmueble objeto del juicio a la parte actora. (Hasta aquí los antecedentes). QUINTO. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse de oficio por esta juzgadora, antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes; por lo que previamente al estudio del fondo del asunto, debe examinarse si se surte alguna causa de improcedencia, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la quejosa pretende defender la posesión que dice tener de un bien inmueble, empero, con las constancias que obran en autos no se acreditó el interés jurídico, como enseguida se precisa. El juicio de amparo es un medio para el control de la regularidad de los actos de las autoridades, conforme a los parámetros de control aplicables, que de conformidad con lo que establece la fracción I del artículo 107 constitucional, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y en cuanto a actos de tribunales judiciales el quejoso debe demostrar su interés jurídico, tal como a continuación se cita: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" Por su parte, el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, establece: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." En ese orden de ideas, la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa que se encuentra prevista en los artículos citados, se traduce en el interés jurídico que debe acreditar quien acude al juicio de amparo a defender derechos que vio afectados por actos de tribunales judiciales. Es a través del ejercicio de la acción constitucional que el promovente del amparo obtendrá la tutela a los derechos fundamentales que considera infringidos por las autoridades que emitieron el acto que se reclama. Por tanto, quien solicita la protección de los tribunales federales debe demostrar la titularidad del derecho que alega ha sido infringido por las autoridades, y que le causa agravio, pues solo quien resiente ese perjuicio puede acudir al juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, constitucional, y 5° de la Ley de Amparo. Pues en caso de no acreditarse dicha titularidad, se actualiza la causa de improcedencia ya mencionada, que se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. De la indicada disposición normativa y en atención a la multiplicidad de casos que pueden darse en la práctica del juicio de amparo, existe la posibilidad de que se presenten diversos supuestos, como son: a) Que el quejoso carezca de interés jurídico, es decir, que no tenga incorporado en su patrimonio jurídico ningún derecho sustantivo que pueda verse afectado por un acto de imperio de la autoridad. b) Que lo tenga, pero no lo acredite, esto es, que pertenezca a su esfera de derechos algún interés jurídicamente tutelado por la norma, pero no demuestre tal circunstancia. c) Que acreditado tal interés, el acto reclamado no lo afecte, o no le irrogue agravio alguno; esto es, una vez cumplida la carga procesal que al respecto se impone, se concluya que el acto de autoridad no irroga afectación alguna. De esa manera, el interés referido para reclamar actos provenientes de tribunales judiciales no depende de la existencia del acto reclamado, ni de los vicios que se atribuyan a éste, sino de que el promovente de amparo acredite que aquél le afecta en forma personal y directa algún derecho subjetivo tutelado en un ordenamiento legal. Cabe precisar que el artículo 14 constitucional prevé, entre otras cuestiones, que nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En ese orden, cuando el gobernado es privado de sus derechos de propiedad o posesión, tiene facultad de exigir que se respeten aquéllos; sin embargo, esto no opera con la simple afirmación que al respecto se realice, pues es necesario que se acredite tener la titularidad de esas prerrogativas, de manera previa a los actos reclamados; es decir, corresponde al particular demostrar con las pruebas idóneas tales extremos. En otras palabras, el interés para promover el juicio de amparo debe estar relacionado en forma directa con el derecho subjetivo afectado, no puede inferirse con base en presunciones, sino que el quejoso debe demostrar a plenitud ser el titular de aquél antes de la emisión de los actos reclamados, y que los daños o perjuicios afectan real y efectivamente los bienes amparados a su favor por la ley. Apoyan lo anterior, las siguientes jurisprudencias: "Registro digital: 206338 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 82, Octubre de 1994, página 17 Tipo: Jurisprudencia "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Registro digital: 170500 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225 Tipo: Jurisprudencia "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Luego, al aplicar los principios que se han citado, es inconcuso que María Elena Salas Andrade carece de interés jurídico para promover el juicio para la tutela de derechos fundamentales, por las razones que se exponen. En el caso, se reclamaron actos jurisdiccionales, cuya ejecución, según lo apunta la promovente del amparo, tendría como efecto privarle del bien inmueble ubicado en calle Sinaloa número 605 colonia IV Centenario en esta ciudad de Durango, esto es, se ostenta como persona extraña al juicio natural, que son aquellas personas que en él no han figurado como parte en sentido material, pero que sufren o pueden sufrir una afectación dentro de él o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oídas en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas, por lo que se incluye en este concepto, a la parte que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente. Luego, para que los terceros a la relación jurídica procesal puedan promover eficazmente el juicio de amparo deben demostrar fehacientemente su respectivo interés jurídico; en el caso, acreditar la posesión de los predios rústicos del que se dice se ordenó la entrega y desocupación, conforme a la causa generadora o derecho que la justifique, así como el poder de hecho en que la misma se traduce. Así es, dado que la quejosa no resiente la calidad de parte procesal y, por ende, adquiere la calidad de tercera extraña al contradictorio de origen, que es precisamente, con la que se ostenta en la presente contienda constitucional, porque no es parte formal ni material en él, como se destacó en los antecedentes de los actos reclamados. Sin embargo, aduce que se han dictado actuaciones con las que se le pretende privar de su derecho respecto del inmueble que le fue entregado en arrendamiento por Arcelia Quiñonez Peña, sin ser oída y vencida en un proceso donde se respeten las formalidades esenciales. Para demostrar su interés jurídico, la parte quejosa ofreció como prueba el original del contrato privado de arrendamiento celebrado el diez de enero de dos mil veintidós, entre la promovente del amparo -como arrendatario- y Arcelia Quiñonez Peña -como arrendadora-, por el plazo de dos años a partir de la fecha de la firma (fojas 6 a 9 del expediente de amparo). Sin embargo, ese medio de convicción carece de eficacia probatoria para efectos de este amparo, pues no tiene fecha cierta. Se afirma lo anterior pues si bien pudiera asignarse a dicha documental valor probatorio en términos de los artículos 133 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fue obtenida por particulares y no fue objetada por las partes en el amparo; lo cierto es que, al carecer de fecha cierta, únicamente puede surtir efectos entre los contratantes, es decir, entre quienes participaron en su elaboración, pero sin tener el alcance que pretende la quejosa de reconocerle legitimación en el juicio de origen. En efecto, para que ese contrato privado de arrendamiento tenga eficacia probatoria y pueda surtir efectos contra terceros, requiere ser de fecha cierta, lo cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que ocurre a partir de: El día en que se celebra el acto ante fedatario público o funcionario autorizado; Cuando sea inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente; o. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Lo anterior, a fin de garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en las operaciones traslativas de dominio y de posesión, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. En ese orden, tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de lo previsto en la legislación civil aplicable, para efectos del juicio de amparo únicamente surtirán efectos a terceros cuando sean de fecha cierta en los términos definidos por el Máximo Tribunal del País. Así, el contrato privado de arrendamiento exhibido por la parte quejosa no aporta prueba alguna para justificar la razón legal que tenía para poseer el inmueble que por esta vía defiende, pues carece de fecha cierta; por tanto, resulta insuficiente para acreditar su interés jurídico en los términos explicados, pues no se puede determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Es aplicable la siguiente jurisprudencia: Registro digital: 169963 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 24/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008, página 11 Tipo: Jurisprudencia "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Cabe precisar que de las actuaciones del juicio de origen exhibidas por la jueza responsables, tampoco se advierte algún medio de convicción que favorezca los intereses de la quejosa, pues nada justifica los derechos que aduce tener sobre el inmueble. En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Elena Salas Andrade, por propio derecho, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución, por las razones señaladas en el considerando quinto. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la licenciada Ruth Haggi Huerta García, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Durango, quien actúa con Gerardo Hernández Dávila, secretario que autoriza y da fe, concluyendo la audiencia a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del día de su fecha.

  3. Principal

    I. Estado de autos. De la revisión de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que a la fecha no obran glosadas en autos las constancias del emplazamiento y notificación de la tercero interesada tercero interesada ***, albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ****, ni de los diversos terceros ***, ordenada de manera personal en proveído de quince de diciembre del año en curso. II. Diferimiento. Para dar oportunidad a que se lleve a cabo lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y, en su lugar, se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguense a los autos para que obren como correspondan los informes justificados que rinden: Juez Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Durango . Actuario Notificador del Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango. Con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por lo voluminoso de las constancias, fórmese un anexo relativo al presente juicio. II. Se ordena emplazamiento. Por otro lado, toda vez que se reservó el emplazamiento del tercero interesado hasta en tanto se contara con las constancias de las que deriva el acto reclamado; en esas condiciones, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, para que con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), de la legislación invocada, emplace a las partes terceras interesadas ***, albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de *** con domicilio en calle ***, del edificio "***" en la colonia Nueva Vizcaya de esta ciudad; así como a ***, ***y ***en calle *** de esta ciudad, adjuntándoles copia simple de la demanda para su debido emplazamiento. Haciendo de su conocimiento que se señalaron las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

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