María Elena Saavedra Deciga
Expediente 953/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 953/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Elena Saavedra Deciga
- María Elena Saavedra Deciga y Otros.
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de diciembre de dos mil veinte, el Secretario da cuenta al Secretario Encargado del Despacho, con el oficio registrado con el número de promoción 12021, correspondiente al juicio de amparo 929/2020-I. Conste. El Secretario. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, por medio del cual rinde informe justificado la autoridad responsable: 1. Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que anexa el oficiante a su misiva de cuenta, mismas que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto del informe justificado y anexos, y otórguese nueva cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que del contenido del informe justificado de referencia, la responsable manifiesta que remitió las constancias de la partida jurídica que actualmente guarda el aquí quejoso Jesús Iván Méndez Aquino, al Juzgado de Ejecución Penal de Ecatepec, con el objeto de que se pronuncie respecto a la compurgación de la causa penal 150/2007, del índice del entonces Juzgado Primero Penal de Primera Instancia de LUIS ARTURO CONTRERAS BENITEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.54.af 27/11/21 21:11:25 Ecatepec, lo anterior, con la finalidad de regularizar la situación jurídica del quejoso de mérito, por lo que se encuentra a la espera del acuerdo que recaiga a dicha solicitud, por los motivos que expone. En consecuencia, con apoyo en los artículos 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, Estado de México, para que dentro del término de tres días, computados legalmente, informe si el Juzgado de Ejecución Penal de Ecatepec, ya le envió la información que refiere le solicitó, y de ser el caso, diga si ya regularizó la situación jurídica del aquí quejoso Jesús Iván Méndez Aquino, respecto a la compurgación de pena dentro de la causa penal 150/2007, del índice del entonces Juzgado Primero Penal de Primera Instancia de Ecatepec; o en su caso, precise si el referido quejoso cuenta con una pena privativa de libertad pendiente de compurgar, para lo cual deberá remitir copia certificada, legible y completa de dichas constancias, a fin de estar en condiciones de resolver el presente asunto, o bien manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Se apercibe a la autoridad requerida, que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del LUIS ARTURO CONTRERAS BENITEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.54.af 27/11/21 21:11:25 ??????????????? salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de diez de enero de dos mil veinte, cuyo monto vigente es de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). Notifíquese a las partes por lista electrónica, en los términos que al efecto establecen los artículos 2, fracción XII y 16, fracción II del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como por los correos electrónicos que al efecto las partes hayan proporcionado. Así lo proveyó y firma, Óscar Durán Valdés, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, Encargado del Despacho en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2754/2020, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de Luis Arturo Contreras Benítez, Secretario que da fe. LUIS ARTURO CONTRERAS BENITEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.54.af 27/11/21 21:11:25 LUIS ARTURO CONTRERAS BENITEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.54.af 27/11/21 21:11:25 ??????????????? "2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MEXICO CON SEDE EN NAUCALPAN DE JUÁREZ. EXPEDIENTE: PRINCIPAL NUMERO: 929/2020-I QUEJOSO: JESÚS IVÁN MENDEZ AQUINO ASUNTO: REQUERIMIENTO ACUERDO: VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE Código No Oficio Autoridad ????A?????????? 19749/2020 DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 929/2020-i, SE DICTÓ UN ACUERDO QUE DICE:
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por -------------, en representación de la quejosa -------------, y de sus menores hijos L.F.J.S y M.J.S., contra actos del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 953/2020-III. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Una vez precisado lo anterior, este juzgador estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, ya que la demanda presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación no contiene la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) de la parte quejosa. En efecto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia analizada, pues de conformidad con los artículos 3°, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente o, al presentarse por medios electrónicos, la evidencia criptográfica de la parte quejosa. Al respecto, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, prevén el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la Constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede, en razón de que es a través de la firma que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa de la parte interesada o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tema, los artículos 17y 52 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, señalan que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente; a excepción de cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Luego entonces, conforme a lo antes expuesto es claro que no se advierte la manifestación de voluntad del promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio de amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Se precisa que las promociones que carecen de firma electrónica, como la demanda que nos ocupa, no es una manifestación de la voluntad del suscriptor, es decir, es equiparable a una copia simple, la cual no tiene ningún valor probatorio, puesto que no se encuentra avalado mediante el nombre y firma de quien promueve, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido; por tanto, este Juzgado se encuentra impedido para acordar lo que en derecho corresponda respecto de su contenido. En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica del quejoso, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro sesenta y dos, enero de dos mil diecinueve, Tomo I, página cinco, que indica: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE". Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo, del artículo 3°, de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En efecto, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: 4.- ACTO RECLAMADO: 4.1.- Del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social reclamamos: 4.1.1- La negativa a cumplir con los términos de la licencia de lactancia otorgada a la quejosa en fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, mediante "el Formato de Solicitud de Registro Para Trabajadores con mayor riesgo para la implementación de medidas de la situación sanitaria derivada del covid-19 para el personal del IMSS.", en la que la propia autoridad responsable informó que la licencia estaría vigente hasta en tanto las autoridades de salud dieran por terminada la contingencia sanitaria, o bien, señalaran el semáforo respectivo para que el personal médico que se vio beneficiado por dicho acuerdo tenga que regresar al laborar. 4.1.2.- La negativa por parte de la autoridad responsable para otorgar a la peticionaria de amparo, licencia con goce de sueldo y demás prestaciones, para ausentarse de sus labores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, durante el plazo declarado por la autoridad federal como contingencia pandémica por COVID-2019 y hasta que se encuentre controlada la pandemia. 4.2.- Del Director del Hospital General Regional Numero 72, del Instituto Mexicano del Seguro Social, reclamamos: 4.2.1- La negativa a cumplir con los términos de la licencia de lactancia otorgada a la quejosa en fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, mediante "el Formato de Solicitud de Registro Para Trabajadores con mayor riesgo para la implementación de medidas de la situación sanitaria derivada del covid-19 para el personal del IMSS.", en la que la propia autoridad responsable informó que la licencia estaría vigente hasta en tanto las autoridades de salud dieran por terminada la contingencia sanitaria, o bien, señalaran el semáforo respectivo para que el personal médico que se vio beneficiado por dicho acuerdo tenga que regresar al laborar. 4.2.2.- La negativa por parte de la autoridad responsable para otorgar a la peticionaria de amparo, licencia con goce de sueldo y demás prestaciones, para ausentarse de sus labores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, durante el plazo declarado por la autoridad federal como contingencia pandémica por COVID-2019 y hasta que se encuentre controlada la pandemia. 4.3.- Del Jefe Control Operativo del Instituto Mexicano del Seguro Social Fernando Isaac Olivas Ruiz, reclamamos: 4.3.1- La negativa a cumplir con los términos de la licencia de lactancia otorgada a la quejosa en fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte, mediante "el Formato de Solicitud de Registro Para Trabajadores con mayor riesgo para la implementación de medidas de la situación sanitaria derivada del covid-19 para el personal del IMSS.", en la que la propia autoridad responsable informó que la licencia estaría vigente hasta en tanto las autoridades de salud dieran por terminada la contingencia sanitaria, o bien, señalaran el semáforo respectivo para que el personal médico que se vio beneficiado por dicho acuerdo tenga que regresar al laborar. 4.3.2.- La negativa por parte de la autoridad responsable para otorgar a la peticionaria de amparo, licencia con goce de sueldo y demás prestaciones, para ausentarse de sus labores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, durante el plazo declarado por la autoridad federal como contingencia pandémica por COVID-2019 y hasta que se encuentre controlada la pandemia. En segundo lugar, y sin desconocer la magnitud y la gravedad del fenómeno de salud pública, lo cierto es que el acto reclamado no ocasiona, por si, un daño inminente a la vida de la quejosa, ni la coloca en alguno de los actos prohibidos por el artículo 22, constitucional, o en su caso, el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales. Por lo que, es claro que los actos de autoridad (de naturaleza laboral) en el que se reclaman para no asistir a laborar con goce de sueldo, no es un acto expresamente previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo o en el diverso 22, párrafo primero, de la Constitución, respecto del cual se excluya el requisito de la firma electrónica. Por tanto, a criterio de este órgano jurisdiccional, en atención a la naturaleza del acto reclamado, no configura ninguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni compromete gravemente la dignidad e integridad personal del agraviado, al grado de equipararse tal situación a un tormento, así como tampoco puede estimarse que se pone en riesgo su vida; pues, sin perjuicio de que los efectos del acto reclamado pudieran ser declarados inconstitucionales por los motivos y fundamentos legales en que esté sustentado, en todo caso, la sentencia de amparo que así lo estimare tendría como efecto la restitución del derecho constitucional vulnerado. Máxime, que si bien, la quejosa en sus antecedentes expone que contaba con comisión que concluiría el nueve de julio de dos mil veinte, fecha en la cual tendría que reingresar a laborar al hospital, razón por la cual es que solicitó licencia para ausentarse de sus labores, dado que en el centro hospitalario en el que presta sus servicios se decretó la fase III y se designó como Centro de Reconversión hospitalaria, lo que significa que a la fecha atiende pacientes con COVID en su totalidad con alto riesgo de contagio para el personal que labora, lo anterior, no es una circunstancia que la coloque en un grupo vulnerable, que hiciera presumir fundadamente que existe un riesgo real, actual e inminente de perder la vida; sino que su planteamiento va encaminado más bien a que le siga expidiendo la licencia de lactancia. De igual manera, por cuanto hace a sus menores hijos, si bien es cierto refiere que al haber sido prematuros de treinta y seis de semanas, necesitan de cuidados de recién nacidos por indicación pediátrica, para lo cual exhibe resúmenes clínicos de fecha dieciocho de junio de dos mil veinte, expedidos por un médico pediatra neonatólogo; cierto es que no se aprecia que los actos reclamados por sí mismos pongan en riesgo su vida, ya que la quejosa no exhibió documento alguno para demostrar que actualmente tenga el padecimiento COVID-19 y que, por ende, estén en riesgo contagio sus menores hijos, por lo que, como se dijo, sin desconocer la magnitud y la gravedad del fenómeno de salud pública ocasionado por esa enfermedad, cierto es que en atención a la naturaleza del acto reclamado, éste no configura ninguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se equipara a un tormento. En ese sentido, las premisas de las que parte la parte quejosa pueden o no llegar a presentarse, pero que en este momento no hay un dato objetivo que permita suponer por lo menos ese riesgo a la vida o a la integridad personal de la directa quejosa y sus menores hijos; por lo que no se concreta un acto en el que se excluya el requisito de la firma electrónica. Aunado a que la presente determinación no los deja en estado de indefensión, ni significa que se les niegue el acceso a la justicia, pues tienen la oportunidad de promover su demanda de amparo de manera directa de forma física o con la firma electrónica de la quejosa, y no por conducto de alguna otra persona. Orienta lo anterior, por los motivos que la sustentan, la tesis aislada XVII.2o.11 A (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada el viernes cuatro de septiembre de dos mil veinte, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO EN EL JUICIO DE AMPARO. EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO PROCEDE CONTRA LA NEGATIVA DE EXTENDER LA LICENCIA POR LACTANCIA MATERNA. Del artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la diversidad de supuestos previstos para la procedencia de la suspensión de plano y de oficio guarda relación con actos de autoridad, cuyos efectos no sólo son de imposible o de difícil reparación, sino que, además, se encuentran expresamente prohibidos por el orden jurídico nacional y, por tanto, su reclamo amerita la inmediata intervención del juzgador de amparo para que ordene su suspensión, a fin de evitar que se ejecuten o se sigan ejecutando. Por ello, si la quejosa reclama la negativa de la responsable para extenderle su licencia con goce de sueldo por lactancia materna, como médico en un hospital de atención completa a pacientes de la enfermedad conocida como COVID-19 e invoca el derecho de su menor hija a la salud y a recibir una lactancia segura sin riesgo de contagio, no se actualiza ninguna de las hipótesis en las que procede la suspensión de plano, pues sin desconocer la magnitud y la gravedad del fenómeno de salud pública ocasionado por esa enfermedad, lo cierto es que, en atención a la naturaleza del acto reclamado, no configura ninguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni compromete gravemente la dignidad e integridad personal de las agraviadas, al grado de equipararse tal situación a un tormento, pues sin perjuicio de que los efectos del acto reclamado pueden ser materia del incidente de suspensión a petición de parte, y que eventualmente pudiera ser declarado inconstitucional por los motivos y fundamentos legales en que esté sustentado, en todo caso, la sentencia de amparo que así lo estime tendrá como efecto la restitución del derecho constitucional vulnerado." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, por tanto, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO presuntamente promovida por -------------, en representación de la quejosa ---------, y de sus menores hijos L.F.J.S y M.J.S., con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero y 113 de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Óscar Durán Valdés, siendo el número 55 53870500, extensión 1391, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto. Ahora bien, toda vez que el promovente proporcionó el nombre de usuario "joseantonio", en términos de lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente asunto; por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) para que realice las gestiones necesarias. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, la vía electrónica, por así haberlo solicitado expresamente, toda vez que cuenta con el usuario "-----------". En términos del último párrafo, del numeral 21 de la Ley de la materia, se faculta al fedatario adscrito para que de ser necesario, realice las diligencias de este sumario, en días y horas inhábiles. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente de manera electrónica a la parte promovente.
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