María Elena Ruvalcaba Portillo

Expediente 1261/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1261/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
16/10/2017

Partes del expediente

  • María Elena Ruvalcaba Portillo
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, que sobreseyó el juicio en lo principal, transcurrió para la parte quejosa sin que haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo vigésimo primero, en razón de que el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, se decretó el sobreseimiento. 2. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es depurable, en términos de la fracción III, párrafo segundo del artículo vigésimo primero, del referido ordenamiento legal, toda vez que se concedió la suspensión provisional, virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución. 3. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo vigésimo, fracción III, del citado ordenamiento, señalándose como fecha probable para tal efecto, el día diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Mientras tanto, guárdense por separado los cuadernos incidentales. Se hace constar, que no obran documentos originales en el expediente principal ni en el incidente de suspensión; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(III)

  2. Principal

    Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar del Estado, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña la autoridad responsable a su informe de Ley, y únicamente escanéense las constancias que integran el acto reclamado, para que formen parte del expediente electrónico; las cuales serán tomadas en consideración al momento de llevar a cabo la audiencia constitucional. Ahora bien, de autos se aprecia que: a) El seis de septiembre del año en curso, María Elena Ruvalcaba Portillo, presentó demanda de amparo contra el Juez Tercero de lo Familiar del Estado y otras autoridades, en el que reclamó la orden de arresto dictada en su contra. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 1261/2017-III, se admitió en auto de siete de septiembre del año en curso, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitaron los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) El diecinueve de septiembre del año que transcurre se recibió en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado el informe justificado de la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar del Estado, en el que señala que en audiencia celebrada el once de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del expediente... se desahogó la prueba testimonial a cargo de María Elena Ruvalcaba Portillo y que por ende, mediante proveído de esa misma fecha, se dejó sin efectos el arresto decretado en su contra el veinte de julio del presente año, y se ordenó girar el oficio de cancelación correspondiente a la autoridad ejecutoria Comisaría General de la Fiscalía de Estado; lo que se corrobora con las copias certificadas de actuaciones del citado expediente que acompaña a su informe; documentales a las que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice al rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Actuaciones, de las cuales se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado, resultando procedente sobreseer el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la Contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE... En efecto en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.... En el asunto concreto la parte quejosa se duele substancialmente, de la orden de arresto dictada en su contra por el Juez Tercero de lo Familiar del Estado. Luego, del análisis de las constancias que la responsable en comento remitió en apoyo a su informe justificado se obtiene que mediante proveído de once de septiembre de dos mil diecisiete, se dejó sin efectos el arresto de cinco horas decretado en contra de la quejosa el veinte de julio del presente año, y se ordenó girar el oficio de cancelación correspondiente a la autoridad ejecutora Comisaría General de la Fiscalía de Estado. De tal suerte que a pesar de que la última autoridad en cita reconoció la existencia de la orden de arresto reclamada, al tener el carácter de ejecutora es palpable que ante la insubsistencia material y jurídica del acto reclamado por las razones ya expuestas, se desvanece la posibilidad de ejecutar un mandamiento insubsistente. Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.... Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.... En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Asimismo, por lo que respecta a las diversas autoridades responsables Jueces Primero, Segundo, Cuarto y Quinto de lo Familiar del Estado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo en virtud de que en sus respectivos informes de ley negaron la existencia de los actos reclamados, sin que exista por parte de la quejosa prueba alguna tendiente a desvirtuar dicha negativa. Se apoya la anterior determinación, en la jurisprudencia número 310, sustentada por el anterior Pleno del Más Alto Tribunal del País, visible en la página doscientos nueve, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto, a continuación, se citan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.... En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con cincuenta minutos del tres de de octubre de dos mil diecisiete.(III)

  3. Principal

    Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar del Estado, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña la autoridad responsable a su informe de Ley, y únicamente escanéense las constancias que integran el acto reclamado, para que formen parte del expediente electrónico; las cuales serán tomadas en consideración al momento de llevar a cabo la audiencia constitucional. Ahora bien, de autos se aprecia que: a) El seis de septiembre del año en curso, María Elena Ruvalcaba Portillo, presentó demanda de amparo contra el Juez Tercero de lo Familiar del Estado y otras autoridades, en el que reclamó la orden de arresto dictada en su contra. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 1261/2017-III, se admitió en auto de siete de septiembre del año en curso, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitaron los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) El diecinueve de septiembre del año que transcurre se recibió en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado el informe justificado de la autoridad responsable Juez Tercero de lo Familiar del Estado, en el que señala que en audiencia celebrada el once de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del expediente... se desahogó la prueba testimonial a cargo de María Elena Ruvalcaba Portillo y que por ende, mediante proveído de esa misma fecha, se dejó sin efectos el arresto decretado en su contra el veinte de julio del presente año, y se ordenó girar el oficio de cancelación correspondiente a la autoridad ejecutoria Comisaría General de la Fiscalía de Estado; lo que se corrobora con las copias certificadas de actuaciones del citado expediente que acompaña a su informe; documentales a las que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice al rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Actuaciones, de las cuales se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado, resultando procedente sobreseer el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Al efecto, procede citar la Contradicción de tesis número 26/200-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE... En efecto en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.... En el asunto concreto la parte quejosa se duele substancialmente, de la orden de arresto dictada en su contra por el Juez Tercero de lo Familiar del Estado. Luego, del análisis de las constancias que la responsable en comento remitió en apoyo a su informe justificado se obtiene que mediante proveído de once de septiembre de dos mil diecisiete, se dejó sin efectos el arresto de cinco horas decretado en contra de la quejosa el veinte de julio del presente año, y se ordenó girar el oficio de cancelación correspondiente a la autoridad ejecutora Comisaría General de la Fiscalía de Estado. De tal suerte que a pesar de que la última autoridad en cita reconoció la existencia de la orden de arresto reclamada, al tener el carácter de ejecutora es palpable que ante la insubsistencia material y jurídica del acto reclamado por las razones ya expuestas, se desvanece la posibilidad de ejecutar un mandamiento insubsistente. Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.... Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.... En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Asimismo, por lo que respecta a las diversas autoridades responsables Jueces Primero, Segundo, Cuarto y Quinto de lo Familiar del Estado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo en virtud de que en sus respectivos informes de ley negaron la existencia de los actos reclamados, sin que exista por parte de la quejosa prueba alguna tendiente a desvirtuar dicha negativa. Se apoya la anterior determinación, en la jurisprudencia número 310, sustentada por el anterior Pleno del Más Alto Tribunal del País, visible en la página doscientos nueve, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto, a continuación, se citan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.... En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con cincuenta minutos del tres de de octubre de dos mil diecisiete.(III)

  4. Principal

    Se notifica por lista al quejoso en términos del proveído de veinte de Septiembre de dos mil diecisiete. "...Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable... déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga...del análisis de las constancias que la responsable en comento remitió en apoyo a su informe justificado se obtiene que mediante proveído de once de septiembre de dos mil diecisiete, se dejó sin efectos el arresto de cinco horas decretado en contra de la quejosa el veinte de julio del presente año, y se ordenó girar el oficio de cancelación correspondiente a la autoridad ejecutora Comisaría General de la Fiscalía de Estado. De tal suerte que a pesar de que la última autoridad en cita reconoció la existencia de la orden de arresto reclamada, al tener el carácter de ejecutora es palpable que ante la insubsistencia material y jurídica del acto reclamado por las razones ya expuestas, se desvanece la posibilidad de ejecutar un mandamiento insubsistente...En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos..."(III)

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