María Elena Ruíz García
Expediente 502/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Elena Ruíz García
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, al cual acompaña el testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja administrativo 151/2019, interpuesto por la parte quejosa, en el cual se resolvió: PRIMERO. Es infundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el acuerdo pronunciado por la Jueza Tercero de Distrito en el Estado, el catorce de junio de dos mil diecinueve. Acúsese recibo. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009 y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determina: No obran documentos originales. Se ordena destruir la presente pieza de actuaciones. archívese y remítase al lugar de su guarda.
- Principal
Tribunal colegiado informa. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, por medio del cual comunica que el Tribunal de su adscripción admitió el recurso de queja interpuesto en autos, el cual quedó registrado bajo el número 151/2019.
- Principal
Del escrito que suscribe autorizado en términos amplios de la parte quejosa, y atento a su contenido, se acuerda: con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer en contra del proveído de catorce de los actuales; en tal virtud, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ríndase informe con justificación respecto a la materia de la queja, en el sentido de que son ciertos los actos reclamados, pues en la citada fecha este órgano de control constitucional desechó la demanda presentada por la parte quejosa. remítase el original y copia del escrito de agravios de que se trata, así como el informe con justificación acompañado de las constancias relativas al auto impugnado al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. I. Formación del expediente. Fórmese expediente, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 502/2019-II. II. Parte quejosa. María Elena Ruíz García. III. Autoridades responsables. Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Guanajuato y otras autoridades. IV. Se desecha la demanda de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la interpretación gramatical de dicha disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, es decir, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5º, fracción II (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.(.)." Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Por las consideraciones en que se sustenta, es aplicable al caso -por identidad de razones- la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. SUS LAUDOS ARBITRALES SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la tesis 2ª XXXVI/99, de rubro: 'AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES', conforme a la cual, se sostuvo que la teoría general de derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado; y que tales parámetros resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. Por consiguiente, los laudos que emite la Procuraduría Federal del Consumidor, en su calidad de árbitro, constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues si bien es cierto que actúa por voluntad de las partes, también lo es que ejerce facultades decisorias a nombre del Estado y como ente público establece una resolución de supra a subordinación con los particulares que se someten voluntariamente al procedimiento arbitral, ya que al dirimir la cuestión debatida entre consumidor y proveedor, de manera unilateral crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de éstos, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de obtener el consenso de la voluntad del afectado." Así como, el criterio 2a./J.164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso, no se puede atribuir dicha calidad a las autoridades aquí señaladas como responsables adscritas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Guanajuato, pues la designación especifica de notario público para protocolizar el contrato de garantía hipotecaria celebrado entre las partes, ni las órdenes verbales a las que alude, no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que esas determinaciones las realizó como ente administrador de fondos. Los artículos 1°, 2, 3 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, establecen: "Artículo 1o.- Esta Ley es de utilidad social y de observancia general en toda la República." "Artículo 2o.- Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", con domicilio en la Ciudad de México." "Artículo 3o.- El Instituto tiene por objeto: I.- Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda; II.- Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: a).- La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, b).- La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y c).- El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores; III.- Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; y IV.- Lo demás a que se refiere la fracción XII del Apartado A del Artículo 123 Constitucional y el Título Cuarto, Capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que esta ley establece." De los normativos transcritos, se advierte que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es un organismo de servicio social, con personalidad y patrimonio propios, que administra "recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores". Asimismo, además de fungir como administrador de fondos de vivienda, tiene el carácter de organismo fiscal autónomo, cuando actúa, en términos de las fracciones I a XLV, del artículo 3, del Reglamento Interior del Instituto de del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo. En esa tesitura, en su relación jurídica con los trabajadores o acreditados, cuando actúa como ente administrador, se encuentra en el plano de coordinación, pues no actúa con su potestad de autoridad, situación distinta a cuando su papel es de organismo fiscal autónomo, frente a los patrones y sujetos obligados. Luego, es evidente que lo reclamado no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque el tema involucrado se refiere a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos; por lo que si la quejosa estima que se lesionan sus derechos como trabajadora, deberá estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que disponen: "Artículo 52.- En los casos de inconformidad de las empresas, de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el Instituto, derecho a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del Instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones, se podrá promover ante el propio Instituto un recurso de inconformidad. El Reglamento correspondiente, determinará la forma y términos en que se podrá interponer el recurso de inconformidad a que se refiere este artículo. "Artículo 53.- Las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios y el Instituto, sobre derechos de aquéllos se resolverán por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una vez agotado, en su caso, el recurso que establece el artículo anterior. Las controversias derivadas de adeudos de los trabajadores al Instituto por créditos que éste les haya concedido, una vez agotado, en su caso, el recurso a que se refiere el artículo anterior, se tramitarán ante los tribunales competentes. Será optativo para los trabajadores, sus causahabientes o beneficiarios, agotar el recurso de inconformidad o acudir directamente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o a los tribunales competentes. En ese sentido, si bien el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo, los requisitos que hay que cumplir para la adquisición de vivienda, así como la observancia de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; lo cierto es que no procede el juicio de amparo indirecto cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas en su carácter de administrador de fondos. Incluso la resolución del recurso de inconformidad previsto en el artículo 52 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no es impugnable mediante el juicio de amparo, pues en términos del diverso numeral 53, tal procedimiento es optativo, antes de acudir a dirimir la controversia ante el órgano jurisdiccional ordinario correspondiente; es por lo que se hace notoria y manifiesta la improcedencia de la acción de amparo intentada. Es aplicable, por su contenido, la tesis XX.2o.7 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. HIPÓTESIS EN QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores prevé diversos supuestos en los que dicho organismo público actúa como autoridad; sin embargo, cuando el acto reclamado deriva de los descuentos que el instituto hace sobre el salario del trabajador, vinculados con la relación que establecieron en virtud del contrato de crédito otorgado a favor del último para adquirir en propiedad una vivienda y, por ende, constituyeron derechos y obligaciones recíprocos, en un plano de igualdad, es obvio que tal actuación no se encuentra revestida de imperio frente al particular, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad e imperatividad propias de un acto de autoridad porque, al ejecutarlo, el instituto no se apoya en la ley, sino en el acuerdo tomado entre ambas partes; por tanto, cualquier controversia que se suscite con motivo de esa relación contractual no entraña una violación de garantías; de ahí que su estudio debe ser resuelto por los tribunales de instancia competentes, conforme con lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la propia ley en cita, toda vez que la acción constitucional intentada es improcedente, en los términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso 11, ambos de la Ley de Amparo." Asimismo, por similitud jurídica, la diversa tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, del contenido literal siguiente: "INFONAVIT. CUANDO CELEBRA CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO PARA EL PAGO DE BIENES INMUEBLES, NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), tiene el carácter de autoridad en tanto actúa como organismo fiscal autónomo para requerir sobre las aportaciones y descuentos omitidos por los particulares, pero tal carácter no le es atribuible cuando a través de sus representantes u órganos administrativos expresa unilateralmente la voluntad de rescindir el contrato celebrado para el otorgamiento de crédito y el pago de los bienes inmuebles que financía, debido al incumplimiento de sus cláusulas por parte de los quejosos, porque tal acto emana de acuerdos celebrados entre particulares, y en esa virtud debe sobreseerse en el juicio de garantías." Y finalmente, por las razones que la informan, se cita la tesis VII.1o.C.20 C, del tenor literal siguiente: "VÍA ORDINARIA CIVIL. ES LA PROCEDENTE Y NO LA MERCANTIL, CUANDO EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DEMANDA LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO DE CRÉDITO, GARANTIZADO CON HIPOTECA, YA QUE SUS FINES NO SON ESPECULATIVOS, SINO DE INTERÉS SOCIAL. Todo lo relacionado con el otorgamiento de créditos por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se regula por su ley especial; por lo que si se demanda la rescisión de un contrato de crédito para el otorgamiento de vivienda, garantizado con hipoteca, se suscita un litigio entre particulares, originando una acción personal de carácter civil, pues dicho instituto contrata como particular y, por ello, la vía procedente es la ordinaria civil y no la mercantil, porque sus actos no se rigen por los artículos 291 y 301 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues el citado instituto no tiene el carácter de comerciante, y sus fines no son especulativos, sino de interés social, para el establecimiento y operación de un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener una vivienda digna, a través de un crédito barato y suficiente para ello, de conformidad con los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores." En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, en relación con el numeral 5°, fracción ll, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María Elena Ruíz García, contra actos del Delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Guanajuato y otras autoridades, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en bulevar Juan Alonso de Torres, número 434, interior 4, colonia San Jerónimo de esta ciudad, y se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Daniel Aranda Villarreal, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que ahí nombra, por así haber solicitado expresamente. Asimismo, en virtud a que la peticionaria solicita acceso al expediente electrónico que se forme con motivo de la presente demanda de amparo en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y que el usuario "DanielAranda" que para tal efecto proporciona, cuyo titular es Daniel Aranda Villarreal, se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se comisiona a la analista jurídico SISE, para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, únicamente por lo que ve a la parte quejosa. VI. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
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