Maria Elena Rosales Vazquez
Expediente 819/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 819/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Maria Elena Rosales Vazquez
Actuaciones
- Principal
En la Ciudad de México, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria adscrita al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito por medio del cual, remite el testimonio de la resolución dictada en sesión de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del recurso de queja Q.A. 153/2021. Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta su efectos legales procedentes sin que haya lugar acusar el recibo de estilo correspondiente, por así haberlo solicitado el órgano colegiado oficiante. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al???????? patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio electrónico de cuenta, en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con evidencia criptográfica de la Actuaria adscrita al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito por medio del cual, informa que admite a trámite el recurso de queja interpuesto en autos, quedando registrado con el número de expediente Q.A. 153/2021-III, de su índice. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por María Elena Rosales Vázquez, Salvador Medina Méndez, Mario Honorio Mercader Flores, María del Carmen Beas Jara, Lina Graciela López Camarena, Susana Dolores Ramírez Palacios, Anabel Rodríguez Zamora, Teresa Alquicira Villarruel, Felipe Jesús Ibarra Arellano, Ricardo Jesús Morales Hernandez, Juventino Monroy Moreno, Pablo Alejandro González, Eusebia López López, Georgina Hernandez Cordero, Daniel Antonio Balderas Heredia, Patricia Olivia Rodríguez Peña, Mónica Marín Salazar, Jorge Luis Méndez Medina, por propio derecho, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 819/2021-II. Ahora bien, del examen que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo es necesario analizar si es procedente o no la demanda de garantías en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. (No. Registro: 180,663, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631). Ahora bien, el análisis realizado a la demanda de garantías permite establecer que no obstante al calce de la demanda, aparecen los nombres de Rodolfo Ávila Lombera, María del Pilar Caballero Royacelli, Javier Belio Campoy, Ana Rosa Becerra Perez, Marco Aurelio Segura Guerra, Roberto Ramírez Archundia, Noé Gonzalo Ramírez Silva, Antonio Morales Díaz de la Vega, Alicia Saavedra Arias, Marta Magdalena Flores Rivera, no obra estampada su firma autógrafa, por lo que es indudable que un escrito presentado en esas condiciones no obliga a este órgano de control constitucional a realizar acto alguno tendente a darle curso a la demanda de garantías por cuanto hace a dichas personas, en la medida que, al no encontrarse firmado, debe considerarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 en relación con los diversos numerales 61, fracción XXIII y 6 de la Ley de Amparo, y 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por mandato expreso del artículo 2º de la invocada Ley de Amparo, interpretados estos últimos a contrario sensu, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, por cuanto hace a Rodolfo Ávila Lombera, María del Pilar Caballero Royacelli, Javier Belio Campoy, Ana Rosa Becerra Perez, Marco Aurelio Segura Guerra, Roberto Ramírez Archundia, Noé Gonzalo Ramírez Silva, Antonio Morales Díaz de la Vega, Alicia Saavedra Arias, Marta Magdalena Flores Rivera. Al caso es aplicable el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo contexto literal es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA.- No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el Juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos del artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia. Octava Época, Registro: 231247, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, Materia(s): Administrativa, Página: 241) Así como la diversa tesis VI.1o.151 K, intitulada: DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal.(Octava Época, Registro: 208351, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XV-II, Febrero de 1995, Materia(s): Común, Tesis: VI.1o.151 K, Página: 303) Por otra parte, respecto de los restantes quejosos, conviene precisar que del análisis al escrito inicial de demanda, se advierte que señalan como actos reclamados, los siguiente: Precisado lo anterior, debe señalarse que en el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; De acuerdo con la trascripción realizada, se entiende que el gobernado consiente el acto de autoridad cuando no promueve oportunamente en su contra la acción de amparo, esto es, dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 y 18 de la Ley de la Materia, que disponen, en la parte que interesa: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; [.] Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Los artículos transcritos establecen las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). De dichos preceptos se desprende que en el caso de leyes autoaplicativas basta que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo. Salvo casos en los que la afectación que se produce en la esfera jurídica de los justiciables no surge por el solo inicio de su vigencia, como ocurre cuando: i) La eficacia de la ley se supedita a la posterior expedición de un acto normativo que desdoble o pormenorice su contenido; ii) La disposición posterior modifique el inicio de su vigencia; o, iii) El gobernado se coloque en el supuesto previsto por la norma con posterioridad al momento en que entre en vigor En estos casos, debe considerarse que el momento en que empieza a correr el plazo para su impugnación, en su carácter de disposición autoaplicativa, es el del inicio de la afectación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que establece: LEYES AUTOAPLICATIVAS. SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA REGLA RELATIVA AL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN EN EL AMPARO. De acuerdo con los artículos 17, fracción I, 18 y 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para impugnar la constitucionalidad de una norma general, el afectado cuenta con una doble oportunidad para hacerlo: dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor o dentro de los quince subsecuentes al en que tenga conocimiento del acto de aplicación de aquélla. Sin embargo, es necesario distinguir que, tratándose de disposiciones jurídicas autoaplicativas, hay casos en los cuales la afectación que se produce en la esfera jurídica de los justiciables no surge por el solo inicio de su vigencia, como ocurre cuando: i) la eficacia de la ley se supedita a la posterior expedición de un acto normativo que desdoble o pormenorice su contenido; ii) la disposición posterior modifique el inicio de su vigencia; o, iii) el gobernado se coloque en el supuesto previsto por la norma con posterioridad al momento en que entre en vigor. En estos casos, la afectación en la esfera de derechos de los justiciables no se produce al comenzar su vigencia la ley y, por tanto, este evento no determina el inicio del plazo de treinta días para promover el juicio de amparo en su contra. En efecto, en las hipótesis señaladas no se actualiza la causa de improcedencia consistente en presumir el consentimiento de la norma por no impugnarla dentro de los treinta días siguientes al inicio de su vigencia ya que, en los dos primeros, la afectación a la esfera jurídica de los destinatarios se sujeta a una condición que, al comenzar a regir, no puede considerarse cumplida y, en el tercero, esa afectación no surge con ese motivo, sino hasta que se coloca en la situación que en aquélla se regula. En esos casos, debe considerarse que el momento en que empieza a correr el plazo para su impugnación, en su carácter de disposición autoaplicativa, es el del inicio de la afectación. De no aceptarse esta interpretación, se haría nugatorio el derecho de tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no otorgarse la oportunidad defensiva prevista en la Ley de Amparo respecto de las normas generales autoaplicativas, a las que, teniendo ese carácter, generen la afectación en un momento diverso, como ocurre en los mencionados supuestos de excepción a la regla general, en los cuales, antes de que la norma reclamada entre en vigor, el quejoso carecería de interés para su impugnación. Registro digital: 2012478, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: I.1o.A.E.64 K (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, página 2811, Tipo: Aislada. En el caso de leyes heteroaplicativas impugnadas con motivo de su aplicación, se requiere la realización de un acto de aplicación que sea el primero y que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 de la ley citada. Además, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. En el caso los quejosos reclaman diversas disposiciones normativas, las que para mayor referencia se transcriben a continuación: LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las Personas Servidoras Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, que determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia. ACUERDO POR EL QUE EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN EMITE EL FORMATO DE DECLARACIONES: DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES; Y EXPIDE LAS NORMAS E INSTRUCTIVO PARA SU LLENADO Y PRESENTACIÓN (.) DE LOS CRITERIOS PARA EL LLENADO DE LAS DECLARACIONES DE ACUERDO A LA NATURALEZA Y FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Decimoquinta. De los grupos en que se segmentan los servidores públicos obligados a presentar su declaración. (.) Grupo 3. Todos aquellos servidores públicos que no formen parte del Grupo 1 o del Grupo 2. Decimosexta. Del formato. (.) V. Grupo 3: Los servidores públicos pertenecientes al Grupo 3 deberán presentar el formato simplificado de situación patrimonial y de intereses conforme a la norma vigésima cuarta de este Capítulo y la información de este formato será pública, confidencial o reservable de conformidad con el Capítulo Cuarto. ACUERDO POR EL QUE EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN DA A CONOCER QUE LOS FORMATOS DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES SON TÉCNICAMENTE OPERABLES CON EL SISTEMA DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE DECLARACIÓN DE INTERESES DE LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL, ASÍ COMO EL INICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PRESENTAR SUS RESPECTIVAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES CONFORME A LOS ARTÍCULOS 32 Y 33 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (.) CUARTO. Los servidores públicos en el ámbito estatal y municipal que no se encontraban obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses hasta antes del 19 de julio de 2017, deberán presentar a más tardar su primera declaración, en el año 2021, en el periodo señalado en la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. QUINTO. Todos los demás servidores públicos en el ámbito federal, estatal y municipal que no se encuentren en los anteriores supuestos, presentarán su declaración, conforme a los términos y plazos que establece el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, según corresponda. En el caso, la parte quejosa manifiesta que acude al presente juicio a reclamar las referidas normas como autoaplicativas, y que aún no se le ha sancionado por el "incumplimiento sobre la declaración y de intereses." Agrega que, con independencia de que dichas disposiciones adquirieron vigor al día siguiente de su publicación, la afectación a su esfera jurídica se actualizó hasta que se les consideró obligados a presentar su declaración patrimonial, cuyo plazo máximo fue el treinta de junio del presente año, por lo que aduce que el termino de treinta días para promover la demanda de amparo en su contra, transcurrió a partir de ese momento. Ahora bien, a efecto de determinar el momento a partir del cual comenzó a transcurrir el termino de treinta días para interponer la demanda de amparo, en contra de las disposiciones aludidas, cabe destacar que conforme al artículo cuarto "ACUERDO POR EL QUE EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN DA A CONOCER QUE LOS FORMATOS DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES SON TÉCNICAMENTE OPERABLES CON EL SISTEMA DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL Y DE DECLARACIÓN DE INTERESES DE LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL, ASÍ COMO EL INICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PRESENTAR SUS RESPECTIVAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES CONFORME A LOS ARTÍCULOS 32 Y 33 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS", los servidores públicos en el ámbito estatal y municipal que no se encontraban obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses hasta antes del diecinueve de julio de dos mil diecisiete, deberán presentar a más tardar su primera declaración, en el año dos mil veintiuno, en el periodo señalado en la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Al respecto, el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dispone: Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: (.) II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y En tales circunstancias, si los quejosos se ostentan como servidores públicos que con anterioridad al presente año no se encontraban obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses, el inicio de la afectación a su esfera jurídica, comenzó hasta que se actualizó la obligación impuesta por la normas combatidas, así como el plazo para interponer la demanda de amparo, esto es, a partir del uno de mayo de la anualidad que transcurre. En ese sentido, si la demanda de amparo se presentó el seis de julio de dos mil veintiuno, resulta extemporánea por haber excedido el término de treinta días para su impugnación, el cual transcurrió del tres de mayo al catorce de junio de dos mil veintiuno, previo descuento de los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de mayo, cinco, seis, doce y trece de julio del año en curso; por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda se promovió después de que hayan transcurrido los treinta días señalados como plazo para presentarse, debe tenerse por consentido tácitamente. Bajo esas consideraciones expuestas, resulta evidente que la presentación de la demanda de garantías, es extemporánea, ya que desde el uno de mayo de dos mil veintiuno, la sociedad quejosa resintió materialmente el efecto de las normas combatidas, por lo que el plazo de treinta días para promover el presente juicio de amparo, transcurrió del tres de mayo al catorce de junio de dos mil veintiuno. Tiene sustento lo anterior, la jurisprudencia que establece: LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORANEAMENTE EN RELACION CON EL TERMINO DE 30 DIAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACION. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 21, 22, fracción I, y 73, fracción XII, segundo párrafo, de la ley de la materia, el amparo contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera dentro de los treinta días contados desde que entra en vigor, la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tiene lugar el primer acto de aplicación de la propia ley, en perjuicio de la parte quejosa; mas cuando la demanda de amparo se ha interpuesto extemporáneamente en relación con el plazo de treinta días siguientes a su vigencia, y por otro lado no comprueba la quejosa haberse colocado ella misma en la hipótesis que dicha ley prevé, ni tampoco que las autoridades responsables hayan aplicado en su contra el ordenamiento reclamado, debe concluirse que el amparo es improcedente, porque se dejó pasar la primera oportunidad para impugnar la ley, y aún no se presenta la segunda, por falta de actos de aplicación. Registro digital: 206912, Instancia: Tercera Sala, Octava Época, Materias(s): Administrativa, Común, Tesis: 3a./J. 40/91, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Septiembre de 1991, página 26, Tipo: Jurisprudencia. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR la demanda de garantías promovida por María Elena Rosales Vázquez, Salvador Medina Méndez, Mario Honorio Mercader Flores, María del Carmen Beas Jara, Lina Graciela López Camarena, Susana Dolores Ramírez Palacios, Anabel Rodríguez Zamora, Teresa Alquicira Villarruel, Felipe Jesús Ibarra Arellano, Ricardo Jesús Morales Hernandez, Juventino Monroy Moreno, Pablo Alejandro González, Eusebia López López, Georgina Hernandez Cordero, Daniel Antonio Balderas Heredia, Patricia Olivia Rodríguez Peña, Mónica Marín Salazar, Jorge Luis Méndez Medina. Asimismo, en atención su solicitud, con fundamento en el artículo 3, 26, fracción IV, 30, párrafo primero fracción II y 31, fracción III de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, numerales 35, a 38 y 55, se instruye al Actuario Judicial adscrito para que las notificaciones que deriven del presente asunto, incluso las personales se practiquen a la parte quejosa vía electrónica por conducto del usuario "Efestofe", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, autorización que de conformidad con el último párrafo del artículo 57 del primero de los Acuerdos citados, lleva implícita la necesaria consulta del expediente electrónico. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que tienen inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente y por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. Atento a lo manifestado por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 22 del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; téngase como forma especial y expedita de contacto para entablar comunicaciones no procesales el número telefónico y correo electrónico que señala, en el entendido que únicamente se tomarán en consideración en caso de ser necesario entablar alguna comunicación de ese tipo, conforme a lo dispuesto en dicho Acuerdo General. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a ellas o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3º.C.725 C de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (Registro: 167640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847) Por otra parte, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; se exhorta a las autoridades responsables, y Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; para que: 1) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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- Maria Elisa Riquelme Turrente749/2015
- Maria Elizabeth Diaz Contreras Mascherpa228/2020
- María Elizabeth Flores Ramírez1185/2019