Maria Elena Rodríguez Barboza
Expediente 585/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Maria Elena Rodríguez Barboza
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta localidad, al que anexa copia certificada de la resolución dictada por el pleno de ese tribunal el catorce de noviembre del presente año, al resolver el recurso de queja laboral 152/2018, interpuesto por la quejosa María Elena Rodríguez Barboza, contra el auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en la que resolvió, lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja a que este toca se refiere". Gírese acuse de recibo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de juicios de amparo. Ahora bien, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, Notifíquese.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto el escrito signado por el licenciado ********************, en su carácter de apoderado legal de ********************, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer contra el auto de veintiuno de septiembre del año en curso, en que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por la aludida quejosa a través de su apoderado legal; en consecuencia, glósese al expediente copia del escrito de presentación y expresión de agravios. Ahora bien, toda vez que en el auto recurrido, se desechó la demanda de amparo que nos ocupa y sólo se notificó a la quejosa, por lo que no existen otras partes a quien notificar la interposición del presente recurso, en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL PROVEÍDO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Visto el escrito de demanda promovida por *******************************, contra el acto de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez, el cual considera violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente electrónico e impreso y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 585/2018-VII*T. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "(.) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, el artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que ésta sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, previo análisis del contenido integral de la demanda de amparo y anexos que se acompañan, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I a XXII [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I a IV [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De dichos artículos se obtiene que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio, siempre y cuando sus efectos sean de imposible reparación. Cabe resaltar que la actual Ley de Amparo establece el alcance de la expresión "actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación", al señalar que por ellos se entienden: ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Precisión que brinda mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas. De tal manera que si se combaten actos intraprocesales, diversos a los establecidos en la propia norma, el juicio de amparo será improcedente. En el caso concreto, el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la quejosa, sólo surte efectos procesales y puede extinguirse en la realidad, sin dejar huella en su esfera jurídica, ya que versa sobre la resolución en el juicio laboral 1/10/2094, dictada el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, en la cual se declaró improcedente un incidente de nulidad promovido por el apoderado legal de la parte actora - aquí quejosa - respecto de un documento exhibido por la demandada (sic). Ahora bien, contrario a lo señalado por la amparista, ello no la deja en estado de indefensión ni le depara en este momento perjuicio irreparable, pues dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. En ese tenor, el acto que aquí se controvierte, constituye una violación a las leyes procesales que no reviste la característica de ser de imposible reparación, en la medida que no lesiona un derecho sustantivo protegido a través de los derechos fundamentales. Por ello, como se dijo no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que la agraviada obtenga laudo favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos, como se dijo, se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales de la quejosa. En el caso, es necesario referir que el artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el amparo directo contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan a las partes en forma sustancial, de manera que se deje sin defensa a la quejosa, se precisa esto en virtud de que aun en el caso de que el laudo que se llegara a dictar en el expediente de origen fuera adverso a los intereses de la impetrante del amparo, esta tiene oportunidad de hacer valer la violación de la que ahora se duele en el juicio de amparo directo, de conformidad, además, con los artículos 170, 171 y 172 de Ley de Amparo. Además, en el artículo 182 de la propia legislación se prevé la figura del amparo adhesivo, para lo cual la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, a fin de hacer valer las violaciones procesales que estimen se cometieron en su perjuicio, pues de no hacerlo así, y de resultarles desfavorable el fallo dictado en la vía constitucional, se tendrán por consentidas tales infracciones, y no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en ningún juicio de amparo posterior. En ese sentido, es que se concluye que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuando afectan derechos sustantivos exclusivamente, por lo que todos aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal deberán reclamarse en su momento, a través del amparo directo o del amparo adhesivo. De ahí que se considere que las razones que fueron expuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para justificar la procedencia del amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, han quedado superadas. Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior; sin embargo, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. En consecuencia, como se anunció, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, a contrario sensu, razón por la cual, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de ahí que con fundamento en los numerales 62 y 113 todos de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ****************************. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Virginia, número 5805, esquina con calle Regina, fraccionamiento Lomas del Rey, en esta ciudad. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.
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