María Elena Rizo Casian
Expediente 489/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/06/2018
Partes del expediente
- María Elena Rizo Casian
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta que la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal, en contra del auto de cinco de junio de dos mil dieciocho en el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, una vez notificadas las partes archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso B), de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa, NO acudió a las instalaciones de este Órgano Jurisdiccional para notificarse personalmente del acuerdo dictado el cinco de junio de dos mil dieciocho; se le notifica por medio de la presente lista dicho auto, en el que en lo conducente se acordó: Zapopan, Jalisco, cinco de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por el que remite el original del expediente en que se actúa y copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada por dicha superioridad el veintidós de mayo del año en curso, en la queja 99/2018 de su índice, de la que se advierte que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Es procedente y fundado el presente recurso de queja. SEGUNDO.- Se revoca el acuerdo de cinco de marzo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo número 489/2018". Acúsese recibo de estilo, háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y glósense únicamente las constancias del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la tramitación de dicho medio de impugnación, que no obren en los autos originales, a fin de evitar la duplicidad innecesaria de las mismas. Atento a que resultó fundado el recurso de queja para el efecto de revocar el auto impugnado y emitir otro acuerdo, se provee: vista nuevamente la demanda de amparo promovida por la quejosa, por derecho propio, contra actos de autoridades, así como el escrito aclaratorio que suscribe su autorizado en amplios términos por el que cumple con los requerimientos efectuados en auto de dieciséis de febrero del año en curso; no obstante, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHARLA DE PLANO al actualizarse un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. En el caso, el amparo deviene improcedente al actualizarse una causa que impide su admisión y tramitación, la cual es oficiosa por ser de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Efectivamente, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De lo transcrito se advierte que existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal; de lo que se sigue, que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, de forma general, establece el plazo para promover el juicio constitucional, ya sea en la vía directa o indirecta. Por tanto, los referidos artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se sustentan en la notificación del acto reclamado conforme a la ley que la rige, o bien, en la fecha de conocimiento de éste, puesto que es suficiente que en la demanda de garantías el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Sentado lo anterior, se tiene que la parte quejosa compareció ante este órgano jurisdiccional a reclamar la sentencia interlocutoria dictada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio agrario que se indica del índice del Tribunal responsable. Luego, la quejosa manifestó que la fecha en la que le fue notificado el acto reclamado y por tanto tuvo conocimiento del mismo fue el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, por lo que es evidente que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, transcurrió del veinticuatro de enero al catorce de febrero del mismo año. Lo anterior, porque el plazo comenzó a correr al día hábil siguiente, conforme al artículo 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, y del plazo deben descontarse los días veintisiete y veintiocho de enero, así como del tres al cinco, diez y once de febrero, por ser sábados, domingos y días inhábiles en los que se suspenden las labores de este órgano jurisdiccional, atento a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis siguiente: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA AGRARIA. EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA RELATIVA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE FUE PRACTICADA LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA RECLAMADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Atento a que la Ley Agraria no contiene disposición alguna que regule la forma de llevar a cabo las notificaciones y el momento en que surten efectos, es aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, en términos del artículo 167 de aquel ordenamiento; entonces, para establecer si una demanda de amparo directo en materia agraria se presentó dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, ante la existencia de notificación del acto reclamado, es necesario corroborar: a) la fecha de ésta; b) la de presentación de la demanda ante la autoridad responsable; y, c) los días inhábiles que mediaron entre el periodo de la notificación del acto reclamado, incluyendo los que no laboró el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio, y la presentación de la demanda. Así, una vez establecidas estas fechas, conforme a los artículos 19, primero y quinto transitorios de la Ley de Amparo y 321 del señalado código, el plazo para presentar la demanda debe computarse a partir del día hábil siguiente al en que fue practicada la notificación de la sentencia reclamada". (Época: Décima Época. Registro: 2005272. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV. Materia(s): Común. Tesis: XI.1o.A.T.24 A (10a.). Página: 2952) De ahí que, es evidente que la presentación de la demanda fue extemporánea, ya que a esa fecha (quince de febrero de dos mil dieciocho), ya había fenecido el término de quince días de que se ha hecho referencia; por consiguiente, con apoyo en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se estiman consentidos tácitamente los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis siguiente: "JUICIO DE AMPARO EXTEMPORÁNEO, ES IMPROCEDENTE. El juicio de amparo, en el caso, resulta improcedente cuyo estudio es preferente, sea que las partes lo aleguen o no, por ser una cuestión de orden público. De autos aparece que la sentencia combatida fue notificada a las partes por lista, el cuatro de abril del año retropróximo surtiendo sus efectos el día seis siguiente y la demanda de amparo de que se trata fue presentada ante el tribunal responsable el día catorce de mayo del mismo año, según se advierte en el sello recibidor y de la constancia que en el mismo aparece; se advierte, por tanto, que resulta extemporánea la demanda de amparo, por presentarse después de los quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo". (Época: Octava Época. Registro: 231498. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo I Segunda Parte-1. Materia(s): Común Tesis: Página: 372). Así las cosas, al haberse actualizado la causa prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia.
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, mismo que quedó registrado con el número 99/2018 de su índice; agréguese a los autos para que obre como corresponda.
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