Maria Elena Rivero Perez

Expediente 532/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
532/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Maria Elena Rivero Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a ocho de febrero de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), de dicha legislación], en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente asunto, en la que se sobreseyó el juicio, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 2 declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. SE ORDENA NOTIFICAR ESTA DETERMINACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE. José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 3 Amparo indirecto 532/2021 Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de todos los actos reclamados, y en el que existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DESTINO DE INCIDENTES. Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se negó y se concedió la suspensión de los actos reclamados, lo anterior acorde a lo dispuesto al artículo 18, fracción l, inciso a) del acuerdo general relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis. En términos de lo dispuesto en el numeral 20, fracción ll, inciso a) del multicitado acuerdo general conjunto, se José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 4 ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Devuélvanse al Juez responsable las constancias que remitió como justificación de sus actos. Finalmente, advirtiéndose que este expediente contiene documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se le previene para que acuda a este tribunal dentro del plazo de noventa días a recogerlos, apercibiéndosele que en caso de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente, como lo autoriza el último párrafo del artículo Vigésimo del Acuerdo General de referencia. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA:; Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, siendo las diez horas con diez minutos del nueve de febrero de dos mil veintidós, el licenciado Omar Pérez Cruz, actuario judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con la finalidad de notificar el proveído de ocho de febrero del año en curso, emitido en el juicio de amparo número 532/2021, mesa de trámite II-B, promovido por María Elena Rivero Pérez, hago constar que me constituí en el domicilio ubicado en calle Emilio Carranza, lote once, manzana nueve del fraccionamiento denominado "Antiguo Aeropuerto", segunda sección de esta ciudad, para notificar personalmente a la quejosa antes indicada, el citado proveído, por lo que una vez que me cercioré de que es el domicilio correcto por constar en la nomenclatura y señalamientos de la calle y por así advertirlo en la fachada del inmueble en el cual me encuentro constituido, lugar en el que procedo a tocar en repetidas ocasiones la puerta de acceso al mismo, por un espacio de cinco minutos, sin que nadie acudiera a mi llamado; por lo que, con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, dejo fijado en la puerta de acceso al domicilio de la quejosa María Elena Rivero Pérez, para que la directa promovente comparezca al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se deja el presente aviso de notificación, a notificarse del contenido del proveído de ocho de febrero del año en curso, apercibida que de no hacerlo se le notificará por medio de lista el proveído antes referido con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la ley de la materia. Doy Fe. Lic. Omar Pérez Cruz . Actuario Judicial. En Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a catorce de febrero de dos mil veintidós, el suscrito actuario judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, hace constar que la quejosa María Elena Rivero Pérez, no compareció al recinto oficial de este Juzgado de Distrito, a notificarse del contenido del proveído de ocho de febrero del año en curso, como se le indicó mediante aviso de notificación fechado el nueve de febrero del año en curso, mismo que se dejó fijado en la puerta de acceso a su domicilio toda vez que el mismo se encontraba cerrado y nadie acudió a mi llamado, por lo que se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la quejosa María Elena Rivero Pérez, por medio de lista el proveído de ocho de febrero del año en curso, pronunciado en el juicio de amparo 532/2021, mesa de trámite II-B, del índice de este Juzgado. Doy fe. Lic. Omar Pérez Cruz. Actuario Judicial.

  3. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas con treinta minutos del trece de enero de dos mil veintidós, la licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por el licenciado José Alfonso García López, Secretario con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 532/2021, promovido por María Elena Rivero Pérez, por su propio derecho, contra actos del Jugado Primero del Ramo Civil y de otras autoridades. El Secretario hace constar la inasistencia de la partes. De inicio, la Secretaria hace constar que obran agregados al presente sumario: 1.- Escrito inicial de demanda. 2.- Constancia de emplazamiento del Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito. 3.- Informe justificado rendido por las autoridades responsables. 5.- El Agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento o alegato de amparo de su intención. Asimismo, se da cuenta con el escrito suscrito por la quejosa, con el cual ofrece las documentales públicas consistentes en copia certificada de acta de nacimiento a nombre de la quejosa, así como del tercero Javier Rivero Pérez; en términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la ocursante ofreciendo como pruebas de su intención, las documentales que allega junto al escrito citado. Enseguida, la Juez acuerda: Se tiene por realizada la anterior relación de constancias, para los efectos a que haya lugar. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa, así como la autoridad responsable ofrecieron los medios de convicción. Al no existir más escritos con que dar cuenta la Juez se cierra dicho período. A continuación se abre el período alegatos, los que no fueron formulados por las partes. Acto continuo se cierra el citado periodo. Desahogadas las etapas correspondientes a la presente audiencia y al no existir actuaciones pendientes de desahogar, la Juez acuerda dar por concluida la presente diligencia y procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 532/2021. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito recibido el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, María Elena Rivero Pérez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil y Actuario Judicial de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, los cuales precisó en su ocurso. SEGUNDO. Trámite. Por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; asignándole el número 532/2021, del libro de gobierno respectivo y por auto de veinte de octubre siguiente, se admitió a trámite en la forma propuesta; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se emplazó a la parte tercera interesada, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. TERCERO. Cambio de titular. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre del presente año, acordó la primera adscripción de la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel, como Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en sustitución del Juez Iván Millán Escalera, a partir del dieciséis de noviembre de la actual anualidad; circunstancia se fue notificada a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/1161/2021, de veintiocho del mismo mes y año. En consecuencia, se procede a emitir la resolución correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, tiene competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 16/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de marzo de dos mil dieciséis. Esto, al reclamarse actos de ejecución de autoridades con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional tiene potestad. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. La parte quejosa reclama del Juez responsable, lo siguiente: a).- El embargo trabado sobre el vehículo marca Ford, tipo Explorer XLT, modelo 1998, serie 1FMZU32E4WZB31728, placas de circulación DST4075 del Estado de Chiapas, dentro del juicio ejecutivo mercantil 112/2018 de su índice, promovido por Javier Pérez Monroy, a través de su endosatario en procuración, contra Javier Rivero Pérez. Del Actuario responsable, el quejoso reclama: b).- El embargo trabado sobre el vehículo que defiende, así como sus consecuencias legales. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero del Ramo Civil y Actuario Judicial de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, ya que así se advierte del contexto del informe justificado rendido conjuntamente (foja 31). Además, su existencia se corrobora con la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil mencionado; documental pública que merece valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia común, página 231, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Por razón de método, procede analizar las causas de improcedencia, las hagan valer o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, respecto de los actos reclamados se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación al 5, fracción I, de la Ley de Amparo, misma que dispone que el juicio de amparo es improcedente, contra actos que no afecten los intereses jurídicos de la parte quejosa. Para confirmar la decisión conviene traer a cuenta lo dispuesto por los citados dispositivos legales: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley. "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". Al respecto, cabe destacar que, por interés jurídico debe entenderse el derecho subjetivo, que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, derecho que debe estar protegido por alguna norma legal y cuando se afecte por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, éste podrá acudir al juicio de amparo, encontrándose obligado el solicitante a aportar al juicio aquellas pruebas idóneas que otorguen certeza a la autoridad del conocimiento, que efectivamente son afectados los derechos del peticionario de amparo con violación de sus derechos constitucionales y así acreditar su interés jurídico para comparecer a solicitar la protección de la Justicia Federal. Conforme a lo que establecen los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como la propia Ley de Amparo que los reglamenta, es claro que para demostrar la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere que de la demanda de amparo, informes justificados y pruebas aportadas en el sumario, se acredite la existencia conjunta de varios elementos, a saber: a).- Una persona determinada (principio de instancia de parte); b).- Un derecho legítimo de ésta; c).- La precisión indudable de ese derecho (legitimación); d).- Un acto de autoridad (principio de procedencia del juicio de amparo); y, e).- La afectación del citado derecho, a través de dicho acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Luego, en aquellos juicios de amparo en los que se reclamen violaciones a los derechos sustantivos, es necesario que el referido interés jurídico se demuestre de manera fehaciente y a través de los medios idóneos; es decir, la parte quejosa tiene que acreditar en forma indubitable la existencia de los derechos que aduce afectados, pues además de que éste es uno de los principios esenciales del juicio, sólo en tal caso el tribunal de amparo podrá determinar si efectivamente el acto de autoridad deviene inconstitucional. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia 321, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Materia Común, página 216, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.- En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Y la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 225, Tomo XXVII, enero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.- El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". En ese sentido, en tratándose del juicio de protección de derechos fundamentales, el interés jurídico como noción fundamental presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Asimismo, de acuerdo con el artículo 6o. de la ley de la materia, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley. Ahora, como es bien sabido, los que litigan en un juicio son partes de éste, que se les denomina actor y demandado, y son aquellas a quienes desde ese momento les nace el derecho a que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente; en otras palabras, parte es todo aquel que pide o contra el cual se pide en juicio una declaración de derecho; por tanto, son las únicas que en ese procedimiento pueden hacer uso de todo derecho que les consigne la ley, ya para demostrar su acción, ya para sus excepciones, así como de impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son la únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, demandando el cese de esa violación. Pues bien, de la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil de origen, que hace prueba plena por tratarse de documental pública, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se advierte que la parte actora es Javier Pérez Monroy, a través de su endosatario en procuración, y como demandado Javier Rivero Pérez, sin que la aquí quejosa tenga el carácter de parte. La parte quejosa para acreditar su interés jurídico aportó las probanzas siguientes: a).- Certificado del vehículo 78376155. b).- Pedimento de importación. c).- Factura 1330 de veintiséis de noviembre de dos mil siete, de los cuales se advierte diversos endosos. d).- Copia simple de la tarjeta de circulación a nombre de la quejosa. e).- Cedula de notificación de tres de octubre de dos mil veintiuno, relativa al Juicio Ejecutivo Mercantil 112/2018 f).- Copias certificadas de acta de nacimiento a nombre de la quejosa, así como del tercero Javier Rivero Pérez. Bajo esa perspectiva, este órgano jurisdiccional aprecia que en el caso concreto, la parte quejosa no acreditó su interés jurídico, ya que si bien al reverso de la factura que exhibió obra un endoso a favor de la impetrante, es importante destacar que el Pleno de nuestro Máximo Tribunal en la jurisprudencia P./J. 7/2001, determinó que para su plena validez, requiere ser de fecha cierta. Sobre ese tema, debe destacarse que un documento es de fecha cierta cuando se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos: 1.- Que se incorpore o inscriba en un registro público. 2.- Que cualquiera de quienes lo suscriben, muera. 3.- Que se haya presentado ante un funcionario público o persona con fe pública. A ese efecto, no debe soslayarse que los documentos privados, por su naturaleza, son obra de las partes que en ellos intervienen, motivo por el cual, la eficacia probatoria de la fecha en un documento privado, debe distinguirse entre las partes y los terceros. En relación con los terceros, la fecha contenida en el documento privado sólo adquiere fuerza probatoria, cuando se haya hecho cierta por los modos indicados por la ley u otros equivalentes capaces de eliminar la sospecha de una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera. Así, para que un documento privado produzca efectos contra terceros, es necesario que sea de fecha cierta, y esto, según se ha clarificado, acontece a partir del día en que se incorpore o inscriba en el Registro Público, desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, o bien desde la muerte de los que firmaron; ante la inactualización de esos supuestos, el documento carece de valor jurídico contra terceros. En estrecha vinculación con lo anterior, es de suma importancia destacar que el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, en la citada jurisprudencia P./J. 7/2001, determinó que la firma -endoso- plasmado en una factura constituye una compraventa. El pleno del máximo tribunal señaló que la firma al reverso de las facturas no puede considerarse una cesión de derechos, ya que la cesión de derechos en modo alguno comprende la transferencia de la propiedad de unos bienes muebles a otro. Además, nuestro Máximo Tribunal puntualizó que en la cesión de derechos se exigen requisitos no requeridos en la transmisión de la propiedad de automóviles, toda vez que en el primer caso -cesión de derechos-, se requiere de la intervención de dos testigos, en tanto que, en tratándose de la firma en el reverso de las facturas, por las que se enajenan los bienes por ellas amparados, no se exige tal requisito. A lo expuesto, agregó que existe compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir al otro la propiedad de una cosa, quien se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. Presupuestos que se encuentran satisfechos cuando el dueño de un vehículo se obliga a transmitir al otro contratante la propiedad del bien mueble; voluntad que se manifiesta al plasmar su firma al reverso de la factura que detalla dicho bien, que normalmente en forma equivocada se acompaña de la expresión "cedo los derechos de la presente factura", en tanto que el otro contratante, a su vez, se obliga a pagar un precio cierto y en dinero a cambio del vehículo. A ese efecto, el Pleno de la Suprema Corte, determino que es normal que en los llamados "endosos" de las facturas no se especifique el precio que se pagó por la enajenación de los bienes amparados por dichos documentos; sin embargo, no por ello debe entenderse que no existe uno de los elementos de la compraventa, consistente en la exigencia de que uno de los contratantes se obligue a pagar una cantidad cierta y en dinero a cambio del bien amparado por la factura, toda vez que en estos casos existe un precio cierto y determinado señalado en el propio documento. Además, el Alto Tribunal, señaló que a fin de garantizar la seguridad jurídica de los contendientes en los juicios naturales, quien comparece a reclamar la protección de la Justicia Federal, en relación con el derecho de propiedad que dice ejercer sobre determinado bien mueble en un juicio al que se dice ajeno, y que trata de demostrar con una factura en cuyo reverso aparece la firma de la persona titular de los derechos sobre tal bien, es requisito indispensable para que surta efectos contra terceros, que conste en escritura expedida por fedatario público, que se encuentre inscrito en la oficina registral correspondiente, o bien, que hubiese fallecido alguno de los firmantes. Lo que significa, a contrario sensu, que el documento privado no registrado en la oficina pública respectiva, como ya se anticipó, sólo podrá generar efectos entre las partes contratantes, mas no obliga ni produce consecuencia legal alguna a terceros que no hubiesen intervenido en la celebración de ese acto jurídico y reclamen algún derecho sobre el bien de que se trate. En ese tenor, el Tribunal Pleno, aseguró que los actos o contratos que deban ser registrados y se omita su inscripción, no pueden ni deben perjudicar o causar efectos negativos en contra de terceros; ya que todo tercero no puede ni debe sufrir perjuicio alguno a causa de derechos no inscritos, ya que la seguridad derivada de la transmisión de dominio mediante cualesquiera de las formas admitidas por la ley, constituye, sin duda, uno de los pilares de la economía moderna; admitir lo contrario, sería aceptar y contribuir al deterioro y entorpecimiento de esta clase de transacciones jurídicas. Sustenta lo plasmado en líneas que preceden la jurisprudencia P./J. 7/2001, emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, Materia Civil, página 9, que dice: "FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales". De lo anterior, resulta incuestionable que la compraventa celebrada -al parecer- por la quejosa María Elena Rivero Pérez, carece de fecha cierta, por no reunir los requisitos a que nos hemos referido en líneas anteriores, esto es, que conste en escritura expedida por fedatario público, que se encuentre inscrita en la oficina registral correspondiente, o bien, que hubiese fallecido alguno de los firmantes. Por otro lado, si bien es cierto al reverso de la factura obra un endoso en favor de la quejosa, el mismo es de fecha incierta, habida cuenta que no fue validado ante fedatario público o inscrito ante la autoridad correspondiente, ya que el referido endoso data del dos de julio de dos mil veintiuno, y la certificación del centro de recaudación local poniente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, en esta ciudad, fue realizada el uno de febrero de dos mil diecisiete, es decir, fue pasada ante el registro de la oficina recaudadora con motivo de diverso endoso, pero no el relativo a la transmisión de la propiedad a favor de la impetrante. Lo que se corrobora con la fecha de expedición de la tarjeta de circulación exhibida a nombre de Keila Gabriela Girón Romero, de la que se advierte que fue expedida el citado dos de febrero de dos mil diecisiete, sin que por el contrario aparezca dato alguno que patentice la transmisión de la propiedad a favor de la aquí quejosa hubiere sido pasada ante la autoridad registral correspondiente. Por lo tanto, se reitera que el endoso a favor de la aquí solicitante del amparo es de fecha incierta, y por ende, insuficiente para demostrar la propiedad del vehículo defendido. No pasa inadvertido para quien esto resuelve que la quejosa, en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, manifestó ser la propietario del vehículo en disputa; sin embargo, esa manifestación en modo alguno trae como consecuencia que se tenga por acreditado su interés jurídico, porque para considerarlo así era necesario que hubiese aportado diversos medios de prueba de fecha cierta que fehacientemente demostraran dicha titularidad previa al embargo, lo cual se insiste, no aconteció. Resulta aplicable a lo anterior el criterio sustentando por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 324, consultable en la página 218, Tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, registro 394280, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés". Corren la misma suerte, las pruebas documentales públicas ofrecidas por la parte quejosa consistentes en copia certificada del acta de nacimiento a su nombre, así como del tercero interesado Javier Rivero Pérez, al no ser documento idóneo para acreditar el interés jurídico en comento respecto del vehículo que pretende defender. En esa línea de razonamiento, al no acreditar la quejosa que el acto reclamado impacte en su esfera jurídica, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada legislación, procede sobreseer el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Actuario Judicial responsable, conforme así se prevé en la jurisprudencia 231, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 156, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que es del contenido que sigue: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Ahora bien, dado el sentido del fallo, impide el análisis del fondo del presente asunto. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917 a 1995, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado; se, resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Elena Rivero Pérez, en contra de los actos precisados en el considerando segundo, atribuidos al Juez Primero del Ramo Civil y Actuario Judicial de su adscripción, ambos con sede en esta ciudad, en términos del considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y toda vez que ha transcurrido el término legal de tres días otorgado al tercero interesado Javier Rivero Pérez, a fin de que el mismo señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que el mismo hubiese hecho manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento al tercero interesado Javier Rivero Pérez, decretado en auto de diecinueve de noviembre del presente año, por lo que notifíquese esta y las subsecuentes determinaciones, por medio de lista, aun las de carácter personal, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el numeral 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista al tercero interesado citado en líneas posteriores, así como al diverso Jorge Pérez Monroy, con el contenido del informe justificado rendido por la Juez y Actuario adscrito al Juzgado Primero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, por el plazo de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Por lo tanto, el expediente no se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional que está fijada para hoy, y se señalan las nueve horas con treinta minutos del trece de enero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo ese acto procesal. El señalamiento de la referida fecha, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal, sin violentar los derechos laborales del personal de este órgano jurisdiccional. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior la tesis1 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE". 1 Registro: 328173, Quinta Época, Instancia: Primera Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXVIII, Materia(s): Común, Tesis: Página: 519. Inscríbase esta determinación el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes. Notifíquese.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 10,248 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano