María Elena Reyes Gutiérrez
Expediente 550/2023 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- María Elena Reyes Gutiérrez
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Se tiene por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual la quejosa autoriza a diversas personas para oír y recibir notificación y solicita el uso de medios de electrónicos. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º, de este último ordenamiento legal, agréguese a los autos el escrito de mérito para los efectos conducentes. Por otro lado, en relación con los autorizados, se les reconoce dicho carácter en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones; limitación que subsiste hasta en tanto se acredite que pueden ejercer la profesión de licenciados en derecho, y su cédula profesional se encuentre registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; ello, sin perjuicio de que aquéllas personas que ya tengan su cédula profesional registrada podrán promover en el presente asunto en los términos más amplios que consagra el mencionado precepto legal, circunstancia que al efecto se verificará en el momento en que ocurran ante este Tribunal Colegiado, autorizándoseles la obtención de imágenes de los acuerdos mediante el uso de medios electrónicos, como lo solicita la promovente; lo anterior, con fundamento en la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve.
- Juicio de Amparo Directo
...este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, declara que legalmente carece de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por María Elena Reyes Gutiérrez, por derecho propio, en contra de la desocupación y entrega de un inmueble que dice es de su propiedad, derivado de la ejecución de la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el expediente 121/2022, en el que se resuelve procedente la acción intentada (de cumplimiento de contrato de compraventa y su reconvención de nulidad de ese contrato, en el expediente acumulado 1055/2019) sin que la aquí quejosa haya tenido acceso a la justicia, por no ser parte en dicho procedimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 45, de la Ley de Amparo vigente, una vez que cause firmeza el presente proveído, se ordena remitir la demanda de amparo con sus anexos al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, a quien se estima le compete el conocimiento de la demanda de mérito, de conformidad con el precepto 37, del ordenamiento legal invocado, en atención a que la autoridad responsable tiene su residencia dentro de la jurisdicción territorial de dicho Juzgado Federal. En efecto, el juicio de amparo directo que se tramita ante los Tribunales Colegiados de Circuito, procede en términos del artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo vigente, contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por las primeras aquéllas que deciden el juicio en lo principal y por las segundas, las que sin decidirlo lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Esto es así, debido a que del análisis de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama la desocupación y entrega de un inmueble que dice es de su propiedad, derivado de la ejecución de la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el expediente 121/2022, en el que se resuelve procedente la acción intentada (de cumplimiento de contrato de compraventa y su reconvención de nulidad de ese contrato, en el expediente acumulado 1055/2019), sin que la aquí quejosa haya tenido acceso a la justicia, por no ser parte en dicho procedimiento; razón por la cual se obtiene que la impetrante se ostenta como tercera extraña en estricto sentido, al señalar que no es parte del procedimiento de donde emanan los actos reclamados. Sin que esta presidencia soslaye que en su demanda de amparo haga referencia a los antecedentes de un juicio distinto de donde derivan los actos reclamados -expediente 509/2023- en el que menciona que sí fue demandada e incluso transcribe la contestación de los hechos que al efecto adujo hizo valer; merced a que ello no le da la calidad de parte en el referido expediente acumulado 1055/2019. Luego, de la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, lo cual se estima ocurre en la especie, en razón de las consideraciones aludidas. Al efecto es aplicable por analogía la Tesis Aislada P. XXVI/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, página 122, Febrero de 1997, Materia(s): Común, con número de registro 199464, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL, Y ACTOS POSTERIORES. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACION."En la jurisprudencia publicada con el rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACION." (último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página ciento sesenta y ocho), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en esos supuestos compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo; y, porque además, en esa vía el quejoso cuenta con la posibilidad de aportar las pruebas necesarias, para demostrar la ausencia o ilegalidad del emplazamiento. Asimismo, ha precisado que, de prosperar la acción, se invalidarían todas las actuaciones posteriores. Ahora bien, cuando se estima que el emplazamiento es legal, o sea, en la hipótesis contraria a la señalada, y se reclaman los actos posteriores al emplazamiento, como pueden ser la sentencia o laudo dictados en el procedimiento respectivo, esto último no faculta al Juez de Distrito para declararse legalmente incompetente para conocer de los actos posteriores al emplazamiento, estimando que deben ser impugnados en el juicio de amparo directo. Ciertamente, cuando se declara ilegal o inexistente el emplazamiento, el amparo que se concede a la quejosa lógicamente no puede limitarse a esa diligencia, sino que se extiende a todas sus consecuencias, comprendiendo incluso actos, como pueden ser la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, así como los de ejecución, observándose en este punto que la actuación del Juez no se limita a la concesión del amparo por cuanto al emplazamiento, ni se declara incompetente para conocer de los restantes actos, sino que su resolución abarca o comprende a todos los reclamados. Por la misma razón, cuando el emplazamiento se estima legal, ello no conlleva declarar la incompetencia del Juez de Distrito para conocer de los actos posteriores, pese a que ellos, dentro de la regla general establecida por el artículo 158 de la Ley de Amparo, sean impugnables en la vía directa, pues si se procediera de esa manera se daría lugar a una violación al principio de indivisibilidad de la demanda y a la posibilidad de la existencia de sentencias contradictorias. La competencia del Juez de Distrito para conocer de los restantes actos reclamados una vez establecida la legalidad del emplazamiento, deriva de la misma regla específica a que se refieren los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, esto es, de la circunstancia de que la acción del quejoso se sustentó en el hecho de que su situación se equipara a la de un tercero extraño a juicio. Así, aunque se reclame también una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, el Juez debe seguir conociendo del asunto y resolver como proceda en relación con estos actos, dado que la cuestión relativa al emplazamiento se encuentra estrechamente vinculada con ellos al constituir su presupuesto. Desde luego, en el procedimiento ante el Juez de Distrito, las pruebas que el quejoso puede ofrecer y rendir en esa hipótesis, únicamente son las referidas a la legalidad del emplazamiento y no las relativas a los restantes actos, pues la aplicación de la regla específica se funda en la posibilidad de permitir al quejoso demostrar la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, exclusivamente. Esta delimitación es necesaria porque, de otra manera, se podrían afectar las defensas de la autoridad responsable y las del tercero perjudicado. Evidentemente, si la premisa de que parte la acción del quejoso, o sea de la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, no se justifica, queda sujeto a las consecuencias que puedan derivarse de dicha consideración, dentro de las que pueden encontrarse la improcedencia del juicio por lo que respecta a los actos posteriores al emplazamiento." Por tanto, al ubicarse el presente asunto en la hipótesis legal mencionada, este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y procede así declararlo con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo y una vez que quede firme este auto remitir los autos al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. Toda vez que la parte quejosa señala un domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado dentro de la residencia de este Tribunal Colegiado; en consecuencia, las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, practíquensele en dicho domicilio, con fundamento en la parte conducente de los artículos 26 y 29, de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, en relación con los autorizados, se les reconoce dicho carácter en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones; limitación que subsiste hasta en tanto se acredite que pueden ejercer la profesión de licenciados en derecho, y su cédula profesional se encuentre registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; ello, sin perjuicio de que aquéllas personas que ya tengan su cédula profesional registrada podrán promover en el presente asunto en los términos más amplios que consagra el mencionado precepto legal, circunstancia que al efecto se verificará en el momento en que ocurran ante este Tribunal Colegiado. Conforme con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo; 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo; las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye al oficial de partes, a los oficiales administrativos adscritos a la Secretaría de Acuerdos, y demás personal de este Tribunal Colegiado que tenga intervención en la formación de este expediente para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica, para previo al acuerdo respectivo incorporarlas al expediente impreso. Lo anterior, sin que sea necesario notificar la presente determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. En consecuencia, este Tribunal Colegiado CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda promovida por María Elena Reyes Gutiérrez, por derecho propio, y por tanto, PREVIA FORMACIÓN DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES CORRESPONDIENTE, una vez que quede firme este auto, se ordena remitir la demanda de amparo y sus anexos, al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda.
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