María Elena Ramos Uriarte

Expediente 142/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
142/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
22/04/2016

Partes del expediente

  • María Elena Ramos Uriarte

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintidós de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa recurriera el proveído que desecho de plano la demanda de garantías en el expediente en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha determinación, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, tomando en cuenta que en el presente juicio de amparo se desechó de plano, por ello, se estima que este expediente carece de relevancia documental; y, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, incisos III, párrafo segundo y IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL ASUNTO. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, a treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. Visto el escrito de demanda presentado por la quejosa MARÍA ELENA RAMOS URIARTE, por su propio derecho, contra actos de la empresa CREDIAVANCE FINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, de esta ciudad; fórmese expediente de amparo, quedando registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 142/2016. El acto reclamado consiste en lo siguiente: ". Que le reclamo a la empresa Crediavance tajantemente el cobro total de un adeudo originado por otras personas en mi calidad de dispersora o intermediaria..." Refiere la quejosa que laboraba para la empresa descrita desde el año dos mil catorce; y que, dentro de sus ocupaciones con dicha sociedad mercantil se encontraba la otorgar préstamos de dinero a las personas que lo solicitaban, lo cual se sustentaba con un documento de los denominados 'pagaré', el cual era debidamente firmado por los deudores, como aceptación de la deuda; que una vez concertada tal operación se le pagaba a la hoy impetrante una comisión como dispersora de la empresa. Añade que dejó de prestar sus servicios para dicha persona moral a principios del presente mes y año, por motivo de que la mencionada empresa la hace responsable de un adeudo de ciertas personas que la quejosa llevó para que se les financiara un crédito; lo que considera ilegal, porque asevera que su compromiso con la empresa no era la de responder por las obligaciones de los deudores en caso de que estos no pagaran las sumas que habían obtenido en calidad de préstamos. La impetrante argumenta que en su contra se conculcaron las garantías señaladas consagradas en los artículos 14 párrafo I y II, y 16 párrafo I, constitucionales; sin embargo, debe decirse que el juicio de amparo procede únicamente cuando el acto reclamado provenga de una autoridad actuando bajo el imperio que el estado le otorga, y no cuando el conflicto se suscite entre particulares, como es el caso que nos ocupa. En efecto, habiendo efectuado un análisis integral de la demanda de garantías se advierte que la persona moral referida con antelación, que se designó como responsable no tiene el carácter exigido por el artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, tomando en consideración que el acto reclamado proviene de la relación de trabajo que existe entre ella y la quejosa, y no de una situación entre gobernante y gobernado; siendo inconcuso que se trata de una relación entre particulares, que no puede ser analizada a través de la vía constitucional, por no provenir el acto reclamado de una autoridad de las comprendidas en el artículo 5to, fracción II, párrafo primero de la ley en cita; lo que trae como consecuencia la actualización, de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del diverso numeral 61 del ídem, mismos que a continuación se transcriben para mayor comprensión: "Artículo 5to.- Son partes en el juicio de amparo: "II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatorio; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: "XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, o de esta Ley." No está de más subrayar que el acto reclamado es uno de los puntos fundamentales del juicio de amparo y este debe de ser de autoridad; no procede el amparo contra actos de particulares por más que se consideren atentatorios a los derechos fundamentales. Sentado lo anterior, en la especie, se estima que los actos reclamados precisados en líneas arriba no pueden ser materia de amparo, toda vez que los mismos constituyen propiamente actos suscitados entre un una persona moral, como patrón y, un particular, como trabajador, en una relación patronal, y no con las características propias de un acto de autoridad. Por tanto, lo que reclama la quejosa pudiera constituir una afectación a derechos de naturaleza laboral emanada de una persona moral que figura como patrón, los cuales no revisten la naturaleza propia de un acto de autoridad susceptible de reclamarse en esta vía. Es aplicable la jurisprudencia número 16 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, tomo VI, Parte SCJN, página doce, que se anota: "ACTOS DE PARTICULARES. IMPROCEDENCIA. No pueden ser objeto del juicio de garantías, que se ha instituido para combatir los de las autoridades que se estimen violatorios de la Constitución." En esas condiciones, tomando en consideración que el acto reclamado proviene de una relación entre particulares, y no de una situación entre gobernante y gobernado, es inconcuso que no puede ser analizado a través de la vía constitucional, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con el diverso 5° fracción II, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del ídem, se DESECHA DE PLANO la demanda. Por otra parte, como el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, se hace del conocimiento de las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación respectiva con dichos datos. Finalmente, se tiene a la quejosa autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a Marco Antonio Gutiérrez, y señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en AVENIDA GERANIOS NÚMERO 441, DE LA COLONIA EX-EJIDO RUIZ CORTINEZ, DE ESTA CIUDAD. NOTIFIQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.

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