María Elena Pérez Ramírez

Expediente 1311/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1311/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/12/2022

Partes del expediente

  • María Elena Pérez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al Secretario haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Magistrada Instructora de la Primera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admiten como pruebas documentales las que se anexan al informe de cuenta, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, en el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]." En efecto, en la demanda de amparo la quejosa ********************, reclamó de los Magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en esencia lo siguiente: La omisión de proveer su escrito presentado ante dicha responsable el veinte de junio de dos mil veintidós, por el que interpuso queja por defecto en el cumplimiento a la sentencia de veinte de junio de dos mil diecinueve, dictada en el juicio contencioso ******************** del índice de esa Sala. Así, del informe justificado rendido por la responsable, y de las constancias que anexó, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°; se desprende lo siguiente: Que en proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, la Sala responsable dictó acuerdo en relación al escrito de la quejosa presentado el veinte de junio del año en curso, mediante el cual interpuso queja por defecto en el cumplimiento a la sentencia de veinte de junio de dos mil diecinueve, dictada en el juicio contencioso ********************, del índice de esa Sala. De ahí que, al haberse dictado el referido auto que atendió el escrito de la quejosa, proveyendo respecto de la queja por defecto, lo que aconteció con posterioridad a la presentación a la demanda de amparo (ocho de noviembre de dos mil veintidós); es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; en consecuencia, se actualiza en la especie la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. Se cita en apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, páginas 386 y 387, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando con la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En ese sentido, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional -nueve horas con diez minutos del catorce de diciembre de dos mil veintidós-, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ PARA A PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Magistrada Instructora de la Primera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admiten como pruebas documentales las que se anexan al informe de cuenta, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, en el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]." En efecto, en la demanda de amparo la quejosa ********************, reclamó de los Magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en esencia lo siguiente: La omisión de proveer su escrito presentado ante dicha responsable el veinte de junio de dos mil veintidós, por el que interpuso queja por defecto en el cumplimiento a la sentencia de veinte de junio de dos mil diecinueve, dictada en el juicio contencioso ******************** del índice de esa Sala. Así, del informe justificado rendido por la responsable, y de las constancias que anexó, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°; se desprende lo siguiente: Que en proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, la Sala responsable dictó acuerdo en relación al escrito de la quejosa presentado el veinte de junio del año en curso, mediante el cual interpuso queja por defecto en el cumplimiento a la sentencia de veinte de junio de dos mil diecinueve, dictada en el juicio contencioso ********************, del índice de esa Sala. De ahí que, al haberse dictado el referido auto que atendió el escrito de la quejosa, proveyendo respecto de la queja por defecto, lo que aconteció con posterioridad a la presentación a la demanda de amparo (ocho de noviembre de dos mil veintidós); es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; en consecuencia, se actualiza en la especie la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. Se cita en apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, páginas 386 y 387, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando con la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En ese sentido, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional -nueve horas con diez minutos del catorce de diciembre de dos mil veintidós-, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por María Elena Pérez Ramírez, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 1311/2022. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por María Elena Pérez Ramírez, contra actos de los Magistrados que Integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Requerimiento de informes. En consecuencia, pídase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo; apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100, moneda nacional ($9,622.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cien (100), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, cualquiera de las partes, deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100, moneda nacional ($2,886.60), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por treinta (30), en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional ($4,811.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Notificación a las autoridades. En la inteligencia, de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a la autoridad responsable por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo y ante la actual situación de contingencia que se vive con la pandemia derivada del virus COVID-19; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estará en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este Juzgado o en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de la parte quejosa, las que anexa a su escrito de demanda, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza y sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Respecto a la prueba instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofrece la parte quejosa, llegado el momento procesal oportuno, este órgano jurisdiccional tomará en consideración la totalidad de las actuaciones del presente juicio y deducirá las presunciones que en su favor se aprecien. Emplazamiento a los terceros interesados. Ahora bien, toda vez que de la demanda de amparo se advierte, le resulta el carácter de tercero interesado al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, se ordena emplazarlo a juicio. En consecuencia, con copia de la demanda y por conducto del Actuario adscrito, se ordena emplazar a juicio mediante oficio al citado tercero interesado, asentando la razón correspondiente de su entrega, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Almendros, número doscientos dos, local uno, colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y como autorizados únicamente para esos efectos a las personas que menciona, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, o proporcionen el número único de registro o de su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Requisito que se considera indispensable a fin de tener certeza de que quien representa a las partes en este juicio constitucional es un experto en derecho que afrontará las obligaciones de su encomienda y evitar homonimias. Orienta lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021840, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, que es del tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, solo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Así también, dese de alta el usuario "ACarrilloQ", a nombre de Antonia Carrillo Quintero, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), únicamente para consultar el expediente electrónico. De igual forma, tómese nota del correo electrónico y números telefónicos que se proporcionan para mantener contacto no procesal en caso de ser necesario. Exhortación a tramitar juicio en línea. Ahora, en atención al artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrado en el citado portal. Asimismo, se exhorta a la parte quejosa, para que, solicite además del acceso al expediente electrónico, la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Dése a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este órgano jurisdiccional, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE.

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