María Elena Pérez Monreal
Expediente 939/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 939/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María Elena Pérez Monreal
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **********; fórmese el expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, bajo el número de juicio de amparo 939/2019-IV. Por ende, con fundamento en los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Ya que la quejosa lo solicitó, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión respectivo. Enseguida, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 115 de la ley en cita, se señalan las nueve horas con diez minutos del veintiocho de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el Actuario hará del conocimiento dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y que tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, que se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el indicado en la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 27, fracción primera, de la Ley de Amparo. En otro orden, puesto que están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se autoriza a **********, en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Respecto de la documental en copia simple que la parte quejosa adjunta como prueba, se tiene por admitida y desahogada pues así lo permite su especial naturaleza. Relaciónese dicho medio de convicción en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la Ley de Amparo; realícese el cotejo y compulsa de dicha constancia, para que obre en el incidente de suspensión; ello, de conformidad con el dispositivo 119 de la legislación en comento. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado **********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada **********. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con apoyo en el artículo 128, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 938/2019-IV, promovido por ******, contra el Fiscal de Distrito Zona Norte, y otras autoridades, de quienes reclama las ordenes de aprehensión, detención y presentación emitidas en su contra, así como sus respectivas ejecuciones. Toda vez que se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: que la suspensión sea solicitada por el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, se concede la suspensión provisional para los efectos siguientes: A. Respecto de la orden de aprehensión. I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional o por alguno de los delitos contemplados por el artículo 173 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el diverso 167 del Código Nacional del Procedimientos Penales, o bien, aquellos que establezcan las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas, así como la ley en materia de delincuencia organizada; es decir, por los cuales el Ministerio Público invariablemente deba solicitar prisión preventiva y el Juez de Garantía o Juez de Control, según el caso, no pueda dejar de imponerla, la suspensión sólo producirá el efecto de que la quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, en el lugar que la autoridad responsable señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal, para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la quejosa no sea privada de su libertad. En este caso, con apoyo en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se imponen la quejosa como medidas de aseguramiento, las siguientes: 1. Deberá comparecer de manera física y personal ante el juez de su causa para la celebración de la audiencia inicial, debiendo la quejosa acreditar ante este juzgado a más tardar el día siguiente de su comparecencia ante la autoridad judicial correspondiente, el cumplimiento de esta medida de aseguramiento; y, 2. Deberá comparecer de manera física y personal también ante el juez de su causa y ante esta autoridad de amparo, cuantas veces le sea exigido. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis III.2º.P.267 P (9ª), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 1762, del Libro I, Octubre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SI AL OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN, EL JUZGADOR DE GARANTÍAS IMPUSO COMO MEDIDA DE EFECTIVIDAD QUE EL QUEJOSO COMPARECIERA ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA A PONERSE A DISPOSICIÓN, PARA LA CONTINUACIÓN DE ÉSTA, ESA COMPARECENCIA DEBERÁ SER FÍSICA Y PERSONAL, NO ASÍ VIRTUAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY DE AMPARO). No puede tenerse por cumplido el requisito de efectividad impuesto para el otorgamiento de la medida suspensional, consistente en ponerse el quejoso a disposición del Juez de su proceso para el seguimiento del mismo, cuando no hay una presentación física y personal del procesado, ya que procesalmente, al reclamarse una orden de aprehensión, y ponerse materialmente a disposición del Juez que la emitió, con ese solo hecho se da automática apertura a la etapa de preinstrucción del proceso penal, en la que necesariamente debe ser tomada la declaración preparatoria del inculpado, por lo que su presencia material y personal, no así virtual, es indispensable e ineludible para colmar ese requisito fijado, pues aun ante la imprecisión en cuanto a la finalidad de esa comparecencia ante el juzgador de su causa, para que surta efectos la suspensión concedida, esa prevención debe ser entendida como una determinación con tendencia a que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138 de la Ley de Amparo, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general, pues a pesar de que el segundo párrafo del citado precepto no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgador de su causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, la reflexión que se hace en cuanto a la necesidad de continuación procesal de la causa, lleva a concluir que la rendición de la inquisitiva es precisamente la finalidad buscada, toda vez que al ser dicha declaración parte de la preinstrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión, sin perjuicio de que el inculpado, por su voluntad, en uso de su garantía de defensa, se abstenga de rendir su preparatoria. En términos del artículo 168 de la ley de la materia y tomando en consideración que la quejosa es omiso en precisar el delito por el que se le sigue la causa penal de la que derivan los actos reclamados, las circunstancias del caso, si existe algún daño patrimonial, a cuánto asciende la reparación del daño, debido a que por el momento no se cuenta con algún otro dato para su determinación, el que suscribe estima prudente fijar a la quejosa una garantía por la cantidad de tres mil pesos moneda nacional 00/100 ($3,000.00), la que deberá exhibir ante este juzgado de distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley. Se precisa que esta medida cautelar no surte efecto si la orden de aprehensión obedece a un acto diverso del reclamado, dictado por distinta autoridad o si la quejosa es sorprendida en delito flagrante. B. Con relación a la orden de detención. De conformidad con lo establecido en el artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, la medida suspensional se concede para el efecto, de que no se prive de la libertad a la quejosa. En la inteligencia de que si la quejosa se encuentra en libertad, esta suspensión no surtirá efectos si se trata de orden de detención dictada por autoridad judicial competente, se le sorprenda en flagrante delito, o se trate de un caso urgente previsto en el quinto párrafo, del artículo 16 de la Constitución General de la República, en cuyos casos podrá ser capturado. Por otro lado, en caso de haberse llevado a cabo la detención, si ésta fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención y las autoridades que lo tengan bajo su custodia lo pongan en libertad o a disposición del Ministerio Público. Ahora, si la quejosa se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, se concede la suspensión para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis - tratándose de delincuencia organizada-, contadas a partir del momento de la detención, la quejosa sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Asimismo, se precisa que si la quejosa se encuentra a disposición del Ministerio Público por haber sido detenida en flagrancia o caso urgente, el referido plazo contará a partir de que sea puesto a disposición. En términos del artículo 168 de la ley de la materia y tomando en consideración que la quejosa es omiso en precisar el delito por el que se le sigue la averiguación de la que derivan los actos reclamados, las circunstancias del caso, si existe algún daño patrimonial, a cuánto asciende la reparación del daño, debido a que por el momento no se cuenta con algún otro dato para su determinación, el suscrito estima prudente fijar a la parte accionante una garantía por la cantidad de mil pesos moneda nacional 00/100 ($1,000.00), la que deberá exhibir ante este juzgado de distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley. Apoya lo anterior el contenido de la tesis de jurisprudencia 66/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Septiembre de dos mil uno, página 436, del rubro: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AUN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. Asimismo, debe precisarse que esta medida cautelar no surte efecto si la orden de detención obedece a un acto diverso del reclamado, dictado por distinta autoridad o si la quejosa es sorprendido en flagrante delito. C. Con relación a la orden de presentación o entrevista. Se concede la suspensión provisional solicitada, toda vez que la comparecencia ante un Representante social, obtenida a través del cumplimiento de una orden de presentación, entrevista o búsqueda, si bien no tiene como propósito lograr la detención, sí tiene efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse el destinatario de la orden, porque limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada. De esta manera, procede el otorgamiento de la medida suspensional solicitada para que la quejosa comparezca de existir una diligencia que motive su presencia y, de no existir alguna causa legal que lo impida debidamente justificada por el agente del Ministerio Público, éste le deberá permitir retirarse del lugar cuando concluya la diligencia; lo anterior es así, porque de esta manera no se impide continuar con las diligencias de la averiguación previa hasta que se culmine con la determinación que finalice esa etapa y se garantiza que la quejosa no sea detenido sin justificación legal. Para tales efectos, se establece como requisito de efectividad que, en caso de existir tal orden, debe presentarse ante la Autoridad cuantas veces sea citado. Se apercibe a la quejosa que en caso de no cumplir con el requisito, la suspensión provisional dejará de sufrir efectos. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 1a./J. 109/2011 (9a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro I, de Octubre de 2011, materia penal, página 1059, del siguiente tenor: ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 149/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 371, del tomo XXVII, enero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto dice: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. D. Disposiciones generales a la suspensión provisional Esta medida cautelar surte efectos a partir del momento en que se pronuncia el presente acuerdo, no obstante que sea recurrido por las partes, en términos del artículo 136, primer párrafo de la Ley de Amparo vigente. Los requisitos para que surta efectos la suspensión provisional, serán exigibles hasta que se reciban los informes previos de las autoridades responsables de las que se desprenda la certeza de los mandatos aquí combatidos. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 149/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 371, del tomo XXVII, enero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto dice: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. En relación con la garantía, si la quejosa opta por póliza de fianza, ésta deberá contener la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado, debiendo señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. En su defecto, si opta por billete de depósito, éste contendrá entre otros, los siguientes requisitos: nombre del depositante, en el rubro correspondiente al concepto: "para garantizar la suspensión provisional otorgada a la quejosa" (nombre del garante por el que se exhibe el billete), en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 939/2019; y, en el rubro de autoridad: "Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua". A fin de que este juzgador de amparo en el momento de decidir sobre la suspensión definitiva se encuentre en posibilidad de dar cumplimiento a lo previsto en la fracción I, del artículo 168, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe previo, precisen el delito por el que se le sigue proceso a la quejosa así como el monto de la reparación del daño, si es el caso, siempre y cuando ese concepto se encuentre cuantificado en autos. Lo anterior para estar en posibilidad de fijar en la suspensión definitiva las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime convenientes, a fin de que la quejosa no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado los actos reclamados, con apoyo en la facultad que le concede al juez de amparo el artículo 136 de la ley de la materia. En otro orden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo en vigor, se señalan las nueve horas con veinticinco minutos del seis de enero de dos mil veinte para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Asimismo, de conformidad con la fracción III del indicado numeral, pídase a las autoridades responsables su respectivo informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual deberá remitirse copia de la demanda. En el entendido que en el informe cada autoridad se concretará a expresar si son ciertos o no los actos reclamados, podrá indicar las razones que estime sobre la procedencia o improcedencia de la medida cautelar y aducirá el o los delitos de que se trate, la disposición legal en que quede comprendido para su penalidad y, en su caso, el monto del daño causado o el beneficio económico obtenido por la quejosa, lo anterior con fundamento en el artículo 142, primer párrafo de la Ley de Amparo vigente. En términos del numeral 142 de la Ley de Amparo vigente, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe se presumirá cierto el acto que se les endilga, además se les impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso artículo 260, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se tiene como domicilio de la quejosa el indicado en la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 27, fracción primera, de la Ley de Amparo. En otro orden, puesto que están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se autoriza a ******* (*******) y ******* (*******), en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tenga el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia de personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- María Elena Hernández Alba y Otros.95/2022
- María Elena Hernández Quintana986/2022
- María Elena Jardón López230/2021
- María Elena López Morales y Otros.15/2020
- Maria Elena Moreno Díaz74/2017
- Maria Elena Nava Parada51/2015
- Maria Elena Rodríguez Rodríguez448/2017
- María Elena Rodríguez Rodríguez176/2017
- María Elisa Chávez Arias197/2021
- María Elisa Fonseca Andrade682/2018
- María Eliza Huerta Monrreal435/2017
- María Elizabeth Aguilar Escobedo603/2020