María Elena Pérez López

Expediente 966/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
966/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
08/12/2017

Partes del expediente

  • María Elena Pérez López

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el término para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del contenido del auto dictado el ********************, ya transcurrió para las partes; por tanto, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. ...

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de quince de noviembre de dos mil diecisiete: Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por el que da cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de ocho de noviembre de la anualidad, y remite copia certificada de la constancia de notificación del proveído de treinta y uno de octubre del año en curso. En relación con lo anterior, debe destacarse que del análisis de la documental aportada por la autoridad oficiante, conjuntamente con el acuerdo de treinta y uno de octubre del año en curso, el cual se tuvo por recibido mediante proveído de ocho de los actuales, se advierte que en el expediente 898/2012 del índice de la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se nombró a favor de la hoy quejosa al perito médico Doctor Martín Urban Rodríguez, y se señalaron las diez horas del dieciséis de noviembre del año en curso, para efecto de la valoración médica, y en su caso, le sean ordenados los estudios médicos correspondientes; y finalmente, se señalaron las doce horas del once de diciembre del año en curso, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba pericial médica. Ahora bien, conviene precisar que el acto reclamado señalado por la parte quejosa en el juicio en que se actúa, consiste en la omisión de nombrarle un perito en medicina y la omisión de señalar día y hora para su desahogo. Por lo anterior, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitir la resolución de treinta y uno de octubre del año en curso en el juicio laboral 898/2012 del índice de la responsable, cesaron los efectos del citado acto reclamado; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: ... Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: ... De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." ... Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la omisión de nombrarle un perito en medicina y la omisión de señalar día y hora para su desahogo. Lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: ... Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que mediante proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, en el expediente 898/2012 del índice de la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se nombró a favor de la hoy quejosa al perito médico Doctor Martín Urban Rodríguez, y se señalaron las diez horas del dieciséis de noviembre del año en curso, para efecto de la valoración médica, y en su caso, le sean ordenados los estudios médicos correspondientes; y finalmente, se señalaron las doce horas del once de diciembre del año en curso, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba pericial médica, por lo que, se desprende sin lugar a dudas, ya que cesaron los efectos del acto reclamado, es decir, desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. No pasa inadvertido para este juzgador, que no se haya dado la vista que prevé el artículo 117, de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas por la autoridad responsable; pues con las mismas se acredita fehacientemente la causa de improcedencia antes invocada. Por lo tanto, a nada práctico llevaría agotar el término referido, pues ello nada cambiaría el sentido del fallo en el presente juicio de amparo, y sólo se retrasaría el dictado de la correspondiente sentencia, en perjuicio de la pronta impartición de justicia que establece el artículo 17, de la Constitución Federal. ...

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Asimismo, téngasele remitiendo el proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, dictado en el expediente 898/2012 de su índice, documental que será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, para mejor proveer en el juicio de amparo en que se actúa, se requiere al Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de la notificación del proveído antes citado a María Elena Pérez López, apercibido que de no hacerlo dentro de la temporalidad concedida, o de no informar por escrito el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una cincuenta unidades de medida y actualización, ...

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