Maria Elena Pardes Montiel
Expediente 729/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 729/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria Elena Pardes Montiel
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en el toca ********************, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa. Ahora, y toda vez que la Superioridad declaró infundado el referido medio de impugnación interpuesto contra del proveído de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho. En esas condiciones, archívese este expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio número 5606/2018, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se da entrada al recurso de queja interpuesto por el quejoso Cesar David Reyes Moctezuma, en su carácter de apoderado legal de María Elena Paredes Montiel; mismo que quedó registrado con el número de recurso queja 121/2018. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito signado por el apoderado legal de la quejosa, a través del cual interpone recurso de queja en contra del auto de siete de mayo del año en curso. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99, y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 101, de la Ley de la Materia, remítase a la Superioridad, el aludido escrito; dentro del término establecido, ríndase informe con justificación, adjuntando copia del auto impugnado; de las constancias de notificación respectivas y de las demás que se estimen necesarias para el mejor conocimiento del asunto. Haciéndose saber al Órgano Revisor que sí es cierto el acto que se atribuye; sin embargo, la determinación que ahora se impugna fue emitida conforme a derecho. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de Macario Oviedo González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del siete de mayo del dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, siete de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve María Elena Paredes Montiel, por conducto de su apoderado legal César David Reyes Moctezuma, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número que le corresponda. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo, dado que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Se explica. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Véase. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De lo anterior se advierte que el legislador fue claro en establecer que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación y, mediante interpretación auténtica, explicó qué se entiende por este tipo de actos, acotándolos a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por contrapartida, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra todos aquéllos actos que impliquen alguna violación de carácter procesal, los que, en su caso, podrían reclamarse en amparo directo, principal o adhesivo. Al respecto, del contenido del precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo y su interpretación, se obtiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación se requiere la presencia de dos requisitos indispensables para que puedan ser considerados como tal, a saber: 1. Que los derechos objeto de la afectación sean de naturaleza sustantiva y no únicamente de índole formal o adjetiva, por más relevantes o graves que sean y su trascendencia en el resultado de la resolución; y 2. Tratándose de derechos sustantivos, su afectación necesita producir una afectación material, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual su ejercicio, incluso, antes del dictado de la resolución definitiva. Tales argumentos fueron expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), con registro 2066589, emitida por dicho Pleno, publicada el seis de junio de dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. (LEY DE AMPARO VOGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Con lo cual se ha determinado que ya es inaplicable el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2001 de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO" . En éste, fundamentalmente, se sostuvo que conforme a la legislación anterior -Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis- era posible interpretar que el amparo indirecto procedía, no sólo contra actos que afectaran directamente derechos sustantivos, sino que podía considerarse como actos de imposible reparación, excepcionalmente, tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales que afecten a las partes en grado predominante o superior, entre las cuales se encontraba el caso de la falta de personalidad, que constituye un presupuesto procesal sin el que no queda debidamente integrada la litis. Empero, atento al nuevo contexto de la Ley de Amparo -que le imprimió el propio legislador-, como ahora lo ha determinado la Corte, se proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación -que afecten materialmente derechos sustantivos-, aunque con ello se ha cerrado la puerta para impugnar cuestiones procesales, independientemente de la gravedad de su afectación; pero, sin perjuicio de que en cada caso se analice las afectaciones que, aunque procesales, puedan trascender en lo inmediato a derechos sustantivos que rebasen lo puramente procesal. Ahora bien, tratándose la omisión de acordar promociones o de proseguir en tiempo el juicio, por regla general el juicio de amparo es improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; tal y como lo señala la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011580 y rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Una vez expuesto lo anterior, en este caso, el acto reclamado se hacen consistir en: la omisión de acordar y notificar ese acuerdo que se ha omitido emitir, respecto del escrito presentado por la parte quejosa el trece de abril de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 01/411/17, promovido por la parte aquí quejosa contra el Colegio Luna Metzli; en el que revocó domicilio, autorizados y apoderados y autorizó otros distintos. Pero esa omisión no afecta de manera material y actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, por dos razones: primero porque entre la fecha de la presentación del escrito cuya omisión de acordar se reclama, acontecida el trece de abril de dos mil dieciocho (foja 8 del juicio de amparo) y la fecha de la presentación de la demanda de amparo acaecida el cuatro de mayo del mismo año, tan solo mediaron trece días hábiles; lo que a juicio de quien ahora resuelve, ese lapso no produce una abierta dilación del procedimiento o su paralización total y segundo porque la omisión de acordar lo solicitado en ese escrito, relativo a la revocación de domicilio, autorizados y apoderados y la autorización de otros distintos, tampoco provoca una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiarían la naturaleza intraprocesal del acto reclamado. Es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causal de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda, del acto reclamado y del escrito cuya omisión de acordar se reclama que fue allegado por la quejosa se aprecia la naturaleza intraprocesal del acto reclamado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda y por autorizados en los términos propuestos, a las personas que menciona, por tratarse de un asunto en materia laboral. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese personalmente...
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