María Elena Pacheco Tlazalo

Expediente 141/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
141/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • María Elena Pacheco Tlazalo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución de ocho de mayo de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente diversos documentos exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlos dentro del término de noventa días legalmente computado; apercibida que de no hacerlo, serán destruidos. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución de ocho de mayo de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, se determina que el presente juicio principal una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto deberá ser destruido, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, de citado Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, deberá ser destruido, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión definitiva. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se establece que una vez transcurridos seis meses deberá ser destruido, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente diversos documentos exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlos dentro del término de noventa días legalmente computado; apercibida que de no hacerlo, serán destruidos. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa

  3. Principal

    CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, procede el relativo a las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En primer término, se determina que respecto del 3. Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación, a quien se reclama la publicación del a) Decreto y el b) Acuerdo precisados en el considerando segundo de esta resolución; y por cuanto hace al 2. Secretario de Salud, pero únicamente en lo relativo al refrendo del indicado a) Decreto; se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la parte final de la fracción III del artículo 108, aplicada en contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que del escrito de demanda se advierte que el refrendo y las publicaciones mencionadas, no son impugnados por vicios propios. En efecto, la fracción XXIII del artículo 61, y la parte final de la fracción III, del artículo 108, ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;(.)". Del último precepto transcrito se advierte que cuando en el juicio de amparo se impugnen normas generales, la parte quejosa deberá señalar, para los efectos de dicho juicio, a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, y en el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio respectivo o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugnen sus actos por vicios propios. En el asunto que nos ocupa, la parte quejosa señaló como autoridades responsables al 2. Secretario de Salud y al 3. Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación, de quienes reclama lo siguiente: de este último, la publicación del a) Decreto y el b) Acuerdo precisados en el considerando segundo de esta resolución; y del primero, el refrendo del referido Decreto; sin embargo, en el caso, dichos reclamos no lo son por vicios propios. En tal virtud, en relación con dichas autoridades y por lo que hace a los mencionados actos reclamados, se actualiza la aludida causa de improcedencia, al no surtirse la hipótesis a que se refiere la parte final de la fracción III, del artículo 108 de la Ley de Amparo, pues, se reitera, las autoridades que hubiesen intervenido en el refrendo o realizado la publicación de la disposición o disposiciones de observancia general reclamadas, únicamente deben ser señaladas con el carácter de responsables cuando se impugnen sus actos por vicios propios, lo que no ocurre en la especie. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) Por consiguiente, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la parte final de la fracción III del artículo 108 aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, las autoridades responsables 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y 2. Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, hacen valer la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues aducen que la quejosa carece de interés jurídico para impugnar las normas generales reclamadas, en esencia, porque no acreditó que éstas le causaran perjuicio con su sola entrada en vigor. Asiste razón a las autoridades responsables pues, tal como lo sostienen, la parte quejosa no acreditó contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional, toda vez que no demostró colocarse en el supuesto que regulan las normas reclamadas. Para demostrar lo anterior es pertinente citar el contenido de los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;(.)". De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo, una que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales ratificados por México, y con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico), o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). De no demostrarse esa afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso, como lo señala el último precepto transcrito, el juicio de amparo será improcedente. Así, para acreditar el interés jurídico se debe demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, para probar el interés legítimo debe acreditarse: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad. La anterior distinción fue establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019, Marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Ahora bien, cuando en el juicio de amparo se impugnan normas generales, el interés jurídico o legítimo no puede demostrarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, al encontrarse en los supuestos hipotéticos de la disposición impugnada de observancia general o con motivo de un acto de aplicación que lo actualice. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, se debe atender al concepto de individualización incondicionada, que define la norma autoaplicativa como aquélla que por su sola entrada en vigor afecta la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a algún acto, pues si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa; de este modo, se debe aplicar el criterio clasificador de las normas para determinar la procedencia del juicio constitucional. Así, las disposiciones generales desde el punto de vista de sus efectos, de individualización incondicionada o condicionada, indican el momento en que cada una de ellas causa un perjuicio a su destinatario y, por consiguiente, determinan el momento oportuno para promover el juicio de amparo. En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico o legítimo, para que esté en aptitud de ejercer la acción de amparo dentro del plazo de treinta días hábiles a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días hábiles, según las reglas establecidas en el artículo 17, párrafo primero, de la ley citada. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia (...) En el caso, la peticionaria de amparo reclama el a) Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, específicamente los artículos 1, 2, fracciones VI Bis y VI Ter, 40, fracciones IX y XII y 50 Bis, que establecen: "Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer el control, fomento y vigilancia sanitaria de los productos del tabaco, su elaboración, fabricación, importación y prohibiciones en toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los mismos, así como la regulación para la protección contra la exposición al humo de tabaco y sus emisiones. Este Reglamento es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social". "Artículo 2. Además de las definiciones establecidas en el artículo 6 de la Ley, para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: (.) VI Bis. EXHIBICIÓN DIRECTA, es la colocación de los productos de tabaco a través de estantes, mostradores, exhibidores, entre otros, al interior de los establecimientos y puntos de venta, que permitan al consumidor observar directamente dichos productos y, en su caso, tomarlos directamente, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo, lo cual se considera una acción comercial de publicidad y promoción, en términos del artículo 6, fracción XXII, de la Ley; VI Ter. EXHIBICIÓN INDIRECTA, es la colocación o almacenamiento de los productos de tabaco en recipientes cerrados o cajas que se encuentren encima o debajo del mostrador, en armarios o cajones cerrados que le permitan al consumidor observar indirectamente dichos productos, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo, lo cual se considera una acción comercial de publicidad y promoción, en términos del artículo 6, fracción XXII, de la Ley; (.)". "Artículo 40. Queda prohibido realizar toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de comunicación y difusión en términos del artículo 23 de la Ley, por lo que quedan comprendidas, en otras acciones, las siguientes: (.) IX. La exhibición directa o indirecta de los productos de tabaco en términos de las fracciones VI Bis y VI Ter del artículo 2 del presente Reglamento; (.) XII. La exhibición directa o indirecta de productos de tabaco en términos de las fracciones VI Bis y VI Ter del artículo 2 del presente Reglamento en espacios de concurrencia colectiva, instituciones educativas públicas y privadas, así como la mera colocación de productos de tabaco o elementos de la marca que los identifiquen en dichos espacios para fomentar directa o indirectamente su venta, consumo y suministro; (.)". "Artículo 50 Bis. En los puntos de venta y demás lugares en los que se comercialicen, vendan, distribuyan, suministren o expendan productos de tabaco queda prohibida la exhibición directa o indirecta de dichos productos en términos del artículo 2, fracciones VI Bis y VI Ter, de este Reglamento, lo cual es conforme al artículo 23 de la Ley. Para la comercialización de los productos de tabaco deberá realizarse a través de una lista textual y escrita de estos productos con sus precios, sin logotipos, sellos o marcas. Dicha lista de comercialización deberá cumplir con los requisitos y características que establezca la Secretaría mediante disposiciones generales que al efecto emita, y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación". De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se obtiene que el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y cuyas disposiciones son de orden público y de interés social, tiene entre otros objetivos establecer prohibiciones en toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco. Que entre dichas prohibiciones se encuentra la consistente en que en los puntos de venta y demás lugares en los que se comercialicen, vendan, distribuyan, suministren o expendan productos del tabaco, no podrán exhibirse directa o indirectamente dichos productos, en los términos de las fracciones VI Bis y VI Ter, del artículo 2, de dicho reglamento, pues se consideran acciones comerciales de publicidad y promoción de tales mercancías. Esto es, en los puntos de venta y demás establecimientos en los que se comercialicen productos de tabaco, no podrán colocarse éstos a través de estantes, mostradores, exhibidores, entre otros, que permitan al consumidor observarlos directamente y, en su caso, tomarlos directamente (exhibición directa); y tampoco podrán ser colocados o almacenados en recipientes cerrados o cajas que se encuentren encima o debajo del mostrador, en armarios o cajones cerrados que le permitan al consumidor observarlos indirectamente (exhibición indirecta). Asimismo, el último precepto en cita dispone que la comercialización de los productos de tabaco deberá realizarse a través de una lista textual y escrita de los mismos con sus precios, sin logotipos, sellos o marcas, la cual deberá cumplir con los requisitos y características que establezca la Secretaría de Salud mediante disposiciones generales que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. En ese contexto, el trece de enero de dos mil veintitrés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el b) Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta, expedido por el Secretario de Salud, cuyos puntos de acuerdo son los siguientes: "ACUERDO ARTÍCULO PRIMERO. Se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta. ARTÍCULO SEGUNDO. Esta lista textual y escrita deberá ser impresa en una o varias hojas de papel bond con fondo blanco tamaño carta, en orientación horizontal, contar con una dimensión total de veintisiete punto nueve (27.9) centímetros de largo por veintiuno punto cincuenta y nueve (21.59) centímetros de ancho, deberá ser estampada en formato de altas y bajas, tipografía Arial tamaño 12, en color negro sin interlineado, alineación a la izquierda, sobre fondo blanco, sin logotipos, sellos, colores, imágenes o cualquier elemento o contenido visual que emule a alguna identidad comercial o los elementos de las marcas de los productos del tabaco. ARTÍCULO TERCERO. La distribución de los elementos característicos que contenga esta lista textual y escrita con la descripción y los precios de los productos de tabaco, deberá presentarse en dos columnas en una extensión máxima de 60 líneas por hoja, tal y como se muestra en el Anexo del presente Acuerdo". Como se ve, en lo esencial, el referido Acuerdo, en observancia a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 50 Bis del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, establece los requisitos y características con las que debe contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta. Con base en lo expuesto, es válido sostener que las normas reclamadas tiene carácter autoaplicativo, ya que con su sola entrada en vigor (desde el dieciséis y diecisiete de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, atendiendo a lo dispuesto en el transitorio primero del Decreto y el transitorio único del Acuerdo) impone a los puntos de venta y demás lugares en los que se comercializan, venden, distribuyen, suministren o expenden productos del tabaco, una prohibición que no existía previo al inicio de su vigencia, consistente en no poder exhibir directa o indirectamente dichos productos, y disponen que su comercialización únicamente podrá llevarse a cabo a través de una lista textual y escrita de dichos productos, sin logotipos, sellos y marcas, que deberá cumplir con los requisitos y características precisadas en el Acuerdo reclamado. Esto es, la simple entrada en vigor de las normas impugnadas modifica el espectro de libertad que tenían los puntos de venta y demás establecimientos en los que se comercializan productos del tabaco, en cuanto a su exhibición al público. Sentado lo anterior, se precisa que el análisis de procedencia de este juicio únicamente se efectuará desde la perspectiva del interés jurídico, ya que la impetrante señala que las normas impugnadas le causan perjuicio desde su entrada en vigor, dado que (fojas 4 y 8): "(.) se ve afectada con la sola entrada en vigor de las nuevas disposiciones del reglamento publicado el pasado 16 de diciembre de 2022, ya que en su esfera jurídica por su sola entrada en vigor me vinculan de forma inconstitucional a no exhibir productos de tabaco que de forma lícita se comercializan habitual y constante. Es decir el reglamento que hoy representa el acto reclamado, al impedirme de forma absoluta exhibir productos cuya comercialización se hace de forma constante y en estricto apego a lo dispuesto por la fracción III del artículo 15 y fracciones II y III del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, extingue la posibilidad de llevar a cabo la exhibición de los mismos y transforma por completo la forma de su comercialización que como se demostrará a lo largo de la presente demanda, representa una individualización inconstitucional y contraria a nuestra Constitución Política. (.) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, los siguientes hechos, constituyen los antecedentes del acto reclamado: El hoy quejoso (SIC) cumple a cabalidad con todas las disposiciones normativas referentes a la comercialización de los productos de tabaco. (.) El quejoso (SIC) depende de la exhibición normal, reglada y con apego a derecho de los productos que comercializa como productos del tabaco, razón por la cual se decide interponer la presente demanda de garantías y así solicitar se respeten sus derechos humanos. Con base en los documentos que se acompañan como Anexo 1 se acredita que en mi punto de venta se comercializa y exhiben habitualmente productos del tabaco y que la entrada en vigor del acto hoy reclamado afecta sustancialmente mis derechos humanos, razón por la cual se actualiza un interés jurídico y legítimo para impugnar el acto hoy reclamado. (.)". De lo transcrito deriva que la quejosa, en esencia, aduce que la entrada en vigor de las normas reclamadas afecta sus derechos humanos porque le prohíbe exhibir los productos de tabaco que habitualmente comercializa en su punto de venta. Esto es, el reclamo no se ubica en el supuesto de interés legítimo, sino en el tamiz del interés jurídico, pues la impetrante se ostenta titular de un punto de venta de productos de tabaco y la prohibición contenida en las normas reclamadas se encuentra dirigida a los puntos de venta y demás establecimientos que comercializan dichas mercancías. En este punto es pertinente destacar que no debe confundirse el carácter de autoaplicativa de una ley, con el interés jurídico para reclamarla en el amparo, pues mientras que la autoaplicabilidad se refiere a la obligación de acatar un mandato legal desde su entrada en vigor, el interés jurídico debe entenderse como la afectación que el propio mandato origina a la parte quejosa; afectación que debe probarse atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo, del que deriva que éste sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así, para legitimar el ejercicio de la acción constitucional, no es suficiente con que las disposiciones contenidas en las normas impugnadas resulten obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, sino que es indispensable que el quejoso demuestre que se encuentra en los supuestos de la misma. Acorde con lo anterior, para contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional, la parte quejosa debía acreditar: - Que es propietaria o titular de un punto de venta en el que comercializa productos de tabaco. En el entendido de que el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, en su artículo 2, fracción XVII (porción normativa no impugnada), define "punto de venta" en los términos siguientes: "(.) XVIII. PUNTO DE VENTA, es cualquier lugar que permite gestionar acciones de comercialización y venta de los productos de tabaco para su consumo, y (.)". En el asunto que nos ocupa, para acreditar su interés jurídico, la quejosa exhibió las documentales siguientes: 1. Impresión o captura de pantalla de un documento denominado "HISTORIA DE FACTURACIÓN" a nombre de la quejosa, María Elena Pacheco Tlazalo (fojas 30 a 31); y 2. Dos notas de venta a nombre de María Elena Pacheco Tlazalo, de cinco de octubre de dos mil veintidós y veinticinco de enero de dos mil veintitrés, por las cantidades totales de $1,017.85 (un mil diecisiete pesos 85/100 M.N.) y $620.84 (seiscientos veinte pesos 84/100 M.N.), respectivamente, expedidas por "British American Tobacco México Comercial, S.A. de C.V." (foja 32). Sin embargo, por lo que respecta a las notas de venta, se trata de tickets que carecen de la firma del supuesto emisor; y, aun cuando se considerara que se trata de un documento electrónico, carece de cadena digital, evidencia criptográfica o sello de caracteres, que demuestren la fiabilidad del método conforme al cual fueron generados y, con ello, produzcan convicción en cuanto su autenticidad; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al margen de lo anterior, aun cuando se considerara que las notas de venta constituyen documentos privados por haber sido supuestamente emitidas en favor de la quejosa por la persona jurídica "British American Tobacco México Comercial, S.A. de C.V."; debe tomarse en cuenta que dichas documentales fueron objetadas en cuanto a su alcance y valor probatorio, por la autoridad responsable 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al momento de rendir su informe justificado (foja 76), sin que la oferente haya solicitado su perfeccionamiento o demostrado la veracidad de su contenido a través de otras pruebas, por lo que de conformidad con el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son ineficaces para generar certeza respecto de las operaciones que contienen. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) Por lo que respecta a la impresión o captura de pantalla de un documento denominado "HISTORIA DE FACTURACIÓN" a nombre de la quejosa, María Elena Pacheco Tlazalo (fojas 30 a 31); por la forma en que fue exhibida, se equipara a una copia fotostática simple que, por sí misma, no tiene el alcance de crear convicción alguna, al no contener la certificación correspondiente y su contenido no se encuentra corroborado con diverso medio de convicción, por lo que únicamente es indiciario. Sirve de apoyo la jurisprudencia (...) Asimismo, es aplicable, por su sentido, la jurisprudencia 2a./J. 21/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 213, Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso". Con total independencia de lo anterior, aun cuando se partiera de la base de que el contenido de las pruebas previamente analizadas es auténtico, no tendrían el alcance de demostrar que la aquí quejosa es propietaria o titular de un punto de venta en el que se comercializan productos de tabaco, pues de ellos sólo se advertiría, en todo caso, que adquirió diversos productos; lo que, incluso dando por sentado que son de tabaco (lo que no se advierte con certeza), sería insuficiente para acreditar aquel extremo, ya que pudo adquirirlos para cualquier fin distinto a su comercialización, como es, por ejemplo, para consumo propio. De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En mérito de lo anterior, resulta innecesario el estudio de las diversas causales de improcedencia alegadas por las autoridades responsables, ya que ello en nada cambiaría el resultado de esta sentencia. Sobre el particular, resulta aplicable el criterio emitido por el entonces denominado Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 233, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Tampoco se abordará el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, en relación con la norma reclamada, pues el sobreseimiento decretado constituye un impedimento jurídico para analizar el fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 93, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 86 Sexta Parte, Séptima Época, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es de explorado derecho que las causas de improcedencia y el consiguiente sobreseimiento, impiden jurídicamente que se entre al estudio del fondo del negocio, por no reunirse los requisitos establecidos por la ley para el ejercicio de la acción constitucional por lo tanto, el hecho de no haberse analizado los conceptos de violación, no causa agravio al recurrente, pues tales conceptos tienen por objeto demostrar las razones por las cuales el supuesto agraviado considera violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los preceptos de la Carta Magna mencionados en la demanda de amparo, sin que esa falta de estudio implique conculcamiento al derecho de pedir amparo, pues éste ya se ejercitó al formularse la demanda, la que no prospera si se declara improcedente el ejercicio de la acción constitucional". QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés (fojas 33 a 38), se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, por tanto, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 5, 61 fracción XII, 63 fracción V, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo 141/2023, promovido por María Elena Pacheco Tlazalo, contra las normas generales reclamadas de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

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