María Elena Ortiz Clemente

Expediente 50/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
50/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
06/01/2023

Partes del expediente

  • María Elena Ortiz Clemente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, que promovió respecto del acto que reclamó de la autoridad que señaló como responsable. Por ende, con fundamento en los preceptos 354 a 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado... Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio del Consultor Jurídico de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con residencia en la Ciudad de México, por el que devuelve oficio; sin que en el caso proceda hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el ocho de diciembre de este año se recibió similar información y el día nueve siguiente, se proveyó al respecto. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito recibido vía electrónica con evidencia criptográfica de la quejosa ********************, por el que informa que el dieciséis de mayo del año en curso, en la carpeta de investigación ********************, se dictó un acuerdo de incompetencia, y que ésta fue entregada a la Oficialía de Partes Común de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo cual la carpeta de investigación retomó su número anterior ********************. Asimismo informa que por tal motivo, el doce de septiembre de este año, la Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, perteneciente a la Coordinación Territorial de Cuauhtémoc número 6, aceptó la competencia y ordenó se realizaran los actos de investigación respectivos; y al efecto, la quejosa adjunta el acuerdo de mérito. Ahora, de lo anterior se tiene que la quejosa confirma lo ya señalado por la autoridad responsable en su informe justificado, recibido en auto de siete de diciembre actúa, esto es, que la carpeta de investigación aludida se remitió por incompetencia a la Ciudad de México. Actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el precepto 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que los actos reclamados en esta instancia consisten en: La determinación por la cual se declina competencia para conocer la denuncia penal y se ordena remitir la carpeta de investigación a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero. El acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, en que se acepta la competencia; y La inconstitucionalidad de los artículos 127 y 131 fracciones II y V del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra del escrito constitucional, pues este Juzgador de amparo determina tomar en consideración los datos ahí contenidos, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del expediente del presente juicio, lo que incluye la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Se estima aplicable la Jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 192097, página 32, que a la letra dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Consideración previa respecto a la norma impugnada. Ahora, para abordar el análisis relativo resulta relevante precisar que la procedencia del amparo contra normas generales impugnadas con motivo de su aplicación -como acontece en la especie- está condicionada a la procedencia del referido juicio en contra de éste, por lo que el Juzgador de amparo podrá pronunciarse válidamente sobre la constitucionalidad de las normas generales impugnadas, siempre y cuando no se actualice una causa que afecte la procedencia del juicio respectivo contra el acto de aplicación de aquéllas. En efecto, conforme a lo dispuesto en la Jurisprudencia 221, páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una norma general con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación; pues se determinó que el Juzgador de amparo debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio de la parte peticionaria de amparo la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá -en este caso-, sobreseer la demanda respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Tales consideraciones además de sustentarse en el criterio jurisprudencial antes mencionado, tienen apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 191311, que a la letra impone: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN." En ese orden de ideas, cuando se impugnan en amparo normas generales con motivo de su acto de aplicación, el primer aspecto que debe abordarse por orden lógico es el relativo a la procedencia del juicio de amparo contra el acto que se señala como aquel en el que se concretaron las normas generales cuya constitucionalidad se impugna, pues aun cuando en el referido acto sí se concrete en perjuicio de la parte quejosa lo previsto en las normas impugnadas e, incluso, se trate del primer acto de aplicación, si la demanda respectiva es improcedente respecto de éste, también lo será, en relación con las normas concretadas por primera vez en dicho acto. En atención a lo expuesto, se analizará en forma primigenia, si procede o no el juicio de amparo respecto del acto de aplicación que refirió el quejoso de la norma que impugna, en el entendido que, de ser improcedente respecto de éste, lo será de igual forma respecto de aquélla. Sobreseimiento fuera de audiencia Establecido lo anterior, este Juzgador considera que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, que impone sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La cesación de efectos se actualiza cuando el acto de autoridad deja de producir sus consecuencias sin condición alguna y, por ende, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, sea porque la autoridad lo deroga o revoca o porque ocurra una situación de hecho o de derecho que lo destruya, pero ello da lugar a una nueva situación que destruye la que dio origen al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho vulnerado, como si se hubiera otorgado el amparo. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia(s): Común, tomo IX, junio de 1999, Registro digital: 193758, página 38, que a la letra dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, el criterio P. CL/97, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo VI, Noviembre de1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 197367, página 71, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Para considerar actualizada la causa de improcedencia invocada es indispensable que concurran los siguientes elementos: 1) Que exista un acto u omisión de autoridad que se considere lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Que se actualice cualquiera de los siguientes supuestos: a) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; b) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados; c) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. El requisito 1 se encuentra acreditado, pues la parte quejosa estimó como actos lesivos a sus derechos la determinación por la cual se declina competencia para conocer la denuncia penal y se ordena remitir la carpeta de investigación a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero; así como el acuerdo de diez de diciembre del año pasado en que se acepta la competencia; y la inconstitucionalidad de los artículos 127 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que hace al elemento 2, necesario para la configuración de la improcedencia que se analiza, se acredita en la hipótesis señalada con el inciso b), relativa a que exista una situación de hecho o de derecho, que destruya en forma definitiva el acto que se reclama, restituyendo a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados. Es así, ya que del informe justificado rendido por la autoridad responsable, y del escrito de la quejosa que se recibe en esta fecha, se advierte que el dieciséis de mayo del año en curso, la carpeta de investigación ********************, se remitió por incompetencia al Agente del Ministerio Público en la Ciudad de México. En virtud de lo anterior, se colige que han cesado los efectos de los actos que reclamó la quejosa en su demanda presentada el tres de enero del año en curso, toda vez que la autoridad responsable con un acto posterior subsanó la emisión objeto de su reclamo, al remitir por incompetencia la carpeta aludida, el dieciséis de mayo siguiente. Por lo cual es dable concluir que en el presente juicio constitucional sobreviene de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, toda vez que cesaron las violaciones reclamadas por la parte quejosa, y se le restituyó en el derecho que adujo vulnerado, como si se le hubiera concedido el amparo, de tal manera que el acto que inicialmente reclamó, ya no le agravia. Entonces, con base en los argumentos expuestos, se estima que en el presente asunto cesó la trasgresión reclamada, y por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del acto reclamado, por haber desaparecido y, con ello, la afectación en la esfera jurídica de la parte peticionaria. Consecuentemente, se actualiza de forma manifiesta e indudable, la aludida causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, y por lo tanto, se debe sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, con sustento en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Registro digital: 184572, página 386, que a la letra impone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Precisiones. Es indispensable puntualizar que el análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo, no configura una denegación de justicia, tal como lo dispone el criterio III.2o.C.3 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro digital 2002537, página 2066, que en su rubro a la letra señala: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL" Asimismo, este Juzgador considera necesario precisar que si bien es cierto que la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de Derechos Humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional, doctrinalmente denominados como principio pro persona o pro homine, también es cierto que ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales, tales como los de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, etcétera, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 56/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 6, mayo de 2014, tomo II, registro digital: 2006485, página 772, que en su rubro a la letra dispone: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Así como la Jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, registro digital: 2004748, página 906, que en su rubro a la letra establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES." Audiencia señalada. En virtud de la determinación adoptada, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha que se fijaron para la celebración de la audiencia constitucional. Notificar por lista a la quejosa. Finalmente, dado que la peticionaria de amparo no ha señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, hágase de su conocimiento este acuerdo por medio de lista. Notifíquese por medio de lista a la quejosa.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el telegrama de la Consultor Jurídico General, de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con residencia en la Ciudad de México, de la que se advierte que se designó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para representar al Presidente de la República en el presente juicio de amparo; en consecuencia, remítasele el oficio 32405/2022, dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que por su conducto remita el informe justificado que se le requirió. Notifíquese.

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