María Elena Ortiz Clemente

Expediente 15/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
15/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/01/2022

Partes del expediente

  • María Elena Ortiz Clemente

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "5" Ciudad de México, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra el proveído por el que se desechó parcialmente la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, agréguese a los autos del cuaderno de antecedentes, el oficio de cuenta, en atención a su contenido se toma conocimiento de que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez, acusa recibo de los autos del presente juicio de amparo, asimismo, informa que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto, quedando registrado con el número 50/2022 de su índice. Expuesto lo anterior, al no existir diligencias pendientes por dictar, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso j), del numeral 21 de dicho ordenamiento y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años. En consecuencia, hecho que sea remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.

  2. Principal

    "MESA 5" En la Ciudad de México, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por la quejosa María Elena Ortiz Clemente, por medio del cual desahoga la prevención formulada en acuerdo de seis de enero del año en curso. Desahogo de prevención Visto el escrito registrado con el folio 552, a través del cual, la parte quejosa, desahoga la prevención realizada relativa a que precisara precise el carácter con el cual reclama las porciones normativas a que aludió y una vez hecha la anterior precisión, la parte quejosa -bajo protesta de decir verdad- señalara que en el caso impugnarlas bajo el carácter de heteroaplicativas, debía entonces indicar cuál fue el acto de aplicación y la fecha en que tuvo conocimiento del mismo, y al respecto aduce lo siguiente: "En cuanto a ello se precisa: 3. El carácter con el cual se reclama las porciones de mérito es el de heteroaplicativas. 4. Bajo protesta de decir verdad se señala como primer acto de aplicación el diverso atribuido al Ministerio Público de la Unidad de Investigación 3, Sector Central del Distrito Judicial de Tabares, de la Fiscalía del Estado de Guerrero consistente en el acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno a través del cual dicha autoridad acepta la competencia para continuar la investigación respecto del delito denunciado ante el Ministerio Público de la Ciudad de México. Documento del cual se tuvo conocimiento a través de su notificación realizada el trece de diciembre de dos mil veintiuno a través de mi Asesor Jurídico." Improcedencia del juicio de amparo Una vez analizado el desahogo de prevención, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 61, fracción X, del ordenamiento legal en cita, se estima procedente DESECHAR PARCIALMENTE LA DEMANDA por las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo legal invocado, se desprende que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio3 , ya sea que las partes las aleguen o no, por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio de amparo; en el entendido que de existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechara de plano el escrito inicial de que se trata. En ese sentido, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Por otro lado, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ilustra sobre el particular, la jurisprudencia 44 , emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece:****En el caso, la quejosa María Elena Ortiz Clemente reclama: "1. Del Ministerio Público de la Agencia Ministerial Cuauhtémoc 7 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se reclama la determinación por la cual declinó la competencia para conocer la denuncia penal presentada ante dicha autoridad, ordenando remitir la carpeta de investigación a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero por considerar que los hechos narrados eran de su competencia, contenida en el proveído de fecha de doce de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación número CIFICUH/CUH-7 S/D/000731/04-2021. Documento que fue notificado el día trece de mayo de dos mil veintiuno a mi asesor jurídico. (.) 2. Del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 3, Sector Central del Distrito Judicial de Tabares, de la Fiscalía del Estado de Guerrero se reclama el acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, a través del cual dicha autoridad acepta la competencia para continuar la investigación respecto del delito denunciado en primer momento ante la autoridad responsable señalada en el numeral 1 del capítulo anterior de la presente demanda. Documento que me fue notificado el trece de diciembre e dos mil veintiuno a través de mi asesor jurídico. (.) 3. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la promulgación de los artículos 127 y 131, fracciones II y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 4. De la Cámaras de Diputados y de Senadores se reclama la expedición de los artículos 127 y 131, fracciones II y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales." En función de la naturaleza del acto que reclama precisado con el arábigo 1 resulta notoriamente improcedente por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:****La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto. Lo anterior, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, o se haya sustituido procesalmente, cuando éste tenga el carácter de positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la derecho fundamental exija. En ese sentido, conviene precisar que la cesación de los efectos del acto reclamado se actualiza por sustitución procesal cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado originalmente, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el acto posterior por el cual fue sustituido, siendo este último el que puede ser materia de amparo. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: ****Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, y tal como se estableció en párrafos que preceden, del contenido del escrito de demanda, se advierte que en el caso, la quejosa reclama, entre otros: "(.) la determinación por la cual declinó la competencia para conocer la denuncia penal presentada ante dicha autoridad, ordenando remitir la carpeta de investigación a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero por considerar que los hechos narrados eran de su competencia, contenida en el proveído de fecha de doce de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación número CI-FICUH/CUH-7 S/D/000731/04-2021. Documento que fue notificado el día trece de mayo de dos mil veintiuno a mi asesor jurídico." Asimismo, se advierte que la hoy promovente, bajo protesta de decir verdad, dentro del capítulo de antecedentes, manifestó que solicitó audiencia contra la determinación del agente de Ministerio Público de la Agencia Ministerial Cuauhtémoc 7 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; ello, a través del medio de impugnación idóneo (artículo 258 del Código nacional de Procedimientos Penales), por lo que se formó la carpeta judicial 001/0804/2021, el cual fue admitido y notificado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. El diez de junio siguiente la Juez de control a la que correspondió conocer del medio e impugnación el diez de junio de dos mil veintiuno, resolvió que su resolución quedaba sub júdice a la determinación que emitiese la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero. Además, resulta un hecho notorio la existencia del juicio de amparo 540/2021 del índice de este juzgado, en el que se reclamó de dicho juzgador la resolución dictada en la audiencia de oralidad del diez de junio de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial 001/0804/2021, en el cual se sobreseyó al considerarse se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, referente a cuando los actos reclamados no afecten directa y materialmente derechos sustantivos de los gobernados, ya que consideró que el acto impugnado no es de aquéllos que prevé la fracción V, del artículo 107 de la ley de Amparo, en virtud de que no se le causa un agravio de imposible reparación, ya que en todo caso, será la resolución que llegara a dictar el agente del Ministerio Público en el Estado de Guerrero, la determinante para verificar si en la especie continúa subsistiendo la omisión de la que se dolía la amparista e inconforme contra el fallo en cita, la peticionaria del amparo interpuso revisión, la cual se encuentra en trámite. Posterior a ello, se advierte que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Guerrero aceptó competencia, por lo que han cesado los efectos que reclama la parte quejosa. Así las cosas, los efectos de dicho acto reclamado han cesado, pues en el caso la cesación de efectos operó por sustitución procesal. Lo anterior, si se toma en consideración que el proceso penal se conforma con una serie de actos procesales, concatenados e íntimamente relacionados entre sí, de tal manera que la existencia de uno constituye la base y el sustento para la emisión de otro posterior. Por tanto, cada acto procesal constituye la base fundamental sin la cual no puede desarrollarse el procedimiento, y cada nuevo acto que se sustenta en el anterior, lo sustituye de inmediato en sus efectos jurídicos. Esa serie concatenada y lógica de actos es lo que constituye el proceso penal. Entonces, opera la cesación de efectos cuando se emita una determinación que sustituye a la dictada con antelación. En la especie, ello sucedió respecto de la determinación por la cual declinó la competencia para conocer la denuncia penal presentada ante dicha autoridad, ordenando remitir la carpeta de investigación a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero por considerar que los hechos narrados eran de su competencia, contenida en el proveído de fecha de doce de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación número CI-FICUH/CUH-7 S/D/000731/04-2021, cuando ésta quedó sustituida por la diversa emitida por el agente de Ministerio Público de la Unidad de Investigación 3, Sector Central del Distrito Judicial de Tabares, de la Fiscalía del Estado de Guerrero. En tal sentido, se concluye que cesaron los efectos del acto de referencia, pues la resolución mencionada en segundo término sustituyó procesalmente a la primera. En razón de lo expuesto, y una vez que ha quedado plenamente demostrada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 21 de la Carta Magna, en términos del ordinal 113 de la legislación citada en primer término, SE DESECHA PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO respecto del acto precisado con el número 1. Análisis de la competencia Por lo que hace a los restantes actos, se aprecia que lo que se pretende combatir a través de esta vía es el acuerdo a través del cual el Ministerio Público de la Unidad de Investigación 3, Sector Central del Distrito Judicial de Tabares, de la Fiscalía del Estado de Guerrero acepta la competencia para continuar la investigación respecto al delito denunciado por la quejosa y las porciones normativas del Código Nacional de Procedimientos Penales identificadas con los arábigos reclamadas al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de la Cámaras de Diputados y de Senadores enumeradas bajo los arábigos 2, 3 y 4. En ese contexto, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de garantías, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Asimismo, el artículo 37, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Por su parte, el numeral 48 de la ley de la materia, establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Lo destacado es propio Por tanto, del análisis del precepto invocado en primer término, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que son: d) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. e) La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el apartado precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. f) En el último supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así también, el artículo 48 antes transcrito, estatuye que cuando ante un Juez de Distrito se promueva un juicio de garantías que sea competencia de uno diverso, declarará que carece de competencia legal de plano y lo comunicará al que estime competente. Atento a lo anterior y dado que el acto reclamado en la demanda de derechos fundamentales es: ? El acuerdo a través del cual el Ministerio Público de la Unidad de Investigación 3, Sector Central del Distrito Judicial de Tabares, de la Fiscalía del Estado de Guerrero acepta la competencia para continuar la investigación respecto al delito denunciado por la quejosa. Se infiere que se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, ya que del análisis integral del escrito de demanda y del ocurso de cuenta, se advierte que la quejosa pretende reclamar actos que tendrán ejecución en esa jurisdicción. Lo anterior es así pues, de acuerdo con lo manifestado en la demanda que se atiende, el acto reclamado en cita, tendrá ejecución en el Estado de Guerrero. En ese tenor, cabe destacar que cuando el acto reclamado tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Es aplicable, en lo sustancial, la tesis emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1299, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, agosto de 2001, cuyo rubro y texto dice:****En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano de control constitucional se declara incompetente en razón de territorio para conocer del juicio que nos ocupa, declinándolo en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en turno. Incompetencia que se hace extensiva al acto reclamado consistente en el amparo que promueve la parte quejosa contra las porciones normativas que identificó con el arábigo 3 y 4, esto es, la promulgación y expedición de los artículos 127 y 131, fracciones II y V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que reclamó del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos así como de la Cámaras de Diputados y de Senadores, respectivamente, ya que del escrito aclaratorio la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que las reclama como ley heteroaplicativa, señalando como el primer acto de aplicación ese acuerdo ministerial del cual se ha declinado competencia, por ende, esta potestad se encuentra imposibilitada a realizar el estudio de constitucionalidad que se pide. Por tanto, remítase el presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, para que por su conducto sea remitido al Juzgado de Distrito que corresponda conocer en razón de turno, para los efectos de su competencia. Por tanto, con copia de la demanda de amparo, desahogo de prevención y el presente proveído fórmese cuaderno de antecedentes para los efectos legales a que haya lugar; solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente, asimismo informe lo relativo a la aceptación o rechazo de la competencia que se plantea. Notifíquese.*****

  3. Principal

    MESA"5" En la Ciudad de México, seis de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ------, por propio derecho, contra actos y otras autoridades que en la misma se precisa, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 15/2022- 5 y fórmese expediente electrónico e impreso. Prevención ...Por lo que, la omisión de alguno de ellos conduce a la prevención regulada por el numeral 114 de la referida ley, siempre que se encuentre en alguna de las hipótesis que limitativamente prevé dicho artículo. Partiendo de las premisas anteriores -luego de examinar la demanda de amparo en su integridad-, con fundamento en lo que disponen los artículos 112, 108 fracciones III, IV y V, y 114, fracciones II y IV, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente... 1. Precise el carácter con el cual reclama las porciones normativas que pretende reclamar... 2. Una vez hecha la anterior precisión, la parte quejosa -bajo protesta de decir verdad- deberá señalar... Apercibimiento Se apercibe a la promovente que, transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar la prevención antes indicada en los términos expuestos, de conformidad con lo ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se proveerá únicamente respecto de los actos de la autoridades que no fueron materia de la presente prevención. Domicilio de la quejosa y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a que.... ...Consulta de expediente electrónico y domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones... Se exhorta al trámite electrónico... Autorización del Ministerio Público Se autoriza la consulta electrónica así como las notificaciones por esa misma vía del presente asunto a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con el usuario ...; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. Notifíquese personalmente.

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