MARIA ELENA ORTEGA HUERTA y Otros.
Expediente 588/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- MARIA ELENA ORTEGA HUERTA y Otros.
- Maria Elena Ortega Huerta
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
se recibe Oficio TJA-P3-290/2022, signado por el Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala., mediante el cual, el Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, acusa recibo del diverso 955/2022, del índice de este órgano jurisdiccional. Por otro lado, al advertirse de autos que no existe trámite pendiente por realizar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación al Expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término establecido por el artículo 104 de la Ley de Amparo, sin que el Ayuntamiento de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala, por conducto de su Síndico; Presidente Municipal y Secretario, ambos de dicho ayuntamiento, haya interpuesto reclamación contra el proveído de cinco del mes y año en curso, por el que se desechó su demanda de derechos fundamentales, se declara que el mismo ha causado estado; por ende, queda firme. En consecuencia, devuélvase el expediente 39/2021-3, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, solicitándole acuse recibo.
- Juicio de Amparo Directo
se recibe Oficio TJA-P3-247/2021, signado por el Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala., mediante el cual, el Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, rinde informe justificado y remite, entre otras constancias, la demanda de amparo promovida por el Ayuntamiento de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala, por conducto de su Síndico; Presidente Municipal y Secretario, ambos de dicho ayuntamiento, contra la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictada por el referido Magistrado en el expediente 39/2021-3; fórmese y regístrese el expediente respectivo; acúsese recibo. De las constancias que obran en el expediente de origen, se advierte que la parte quejosa promueve este juicio constitucional con su investidura de autoridad, en defensa, no de un interés patrimonial, sino como autoridades demandadas en un procedimiento con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública; lo que hace que el amparo resulte improcedente. En efecto, en la sentencia reclamada se declaró la nulidad absoluta del acto administrativo consistente en la destitución injustificada de ROP, como Policía Municipal Operativo adscrita a la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala; se condenó a los aquí quejosos al pago de diversas prestaciones y los absolvió de otras. Así, el medio de control constitucional fue creado para defender los derechos fundamentales que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor de los gobernados contra actos de autoridad que los vulneren; y sólo por excepción, un órgano del Estado puede acceder a dicho medio extraordinario de impugnación cuando actúa en defensa de su patrimonio, despojado de su investidura de autoridad para colocarse en un plano de particulares; supuesto que en este caso no se actualiza, pues las autoridades inconformes obtuvieron una sentencia contraria a sus intereses dentro del recurso de revisión, en el que no se quitaron el carácter de autoridad, e incluso, solamente se afectó el ejercicio de su función. Tiene aplicación, en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 45/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 254, tomo XVII, junio de 2003, materia administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." De lo antes anotado, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa debe desecharse por notoriamente improcedente, ya que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 1º y 7º, todos de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su demanda de derechos fundamentales, y por autorizada en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación y las subsecuentes al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso. Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 179 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se desecha la demanda de amparo promovida por el Ayuntamiento de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala, por conducto de su Síndico; Presidente Municipal y Secretario, ambos de dicho ayuntamiento, contra la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el expediente 39/2021-3.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. se recibe Oficio TJA-P3-247/2021, signado por el Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala., mediante el cual, el Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, rinde informe justificado y remite, entre otras constancias, la demanda de amparo promovida por el Ayuntamiento de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala, por conducto de su Síndico; Presidente Municipal y Secretario, ambos de dicho ayuntamiento, contra la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictada por el referido Magistrado en el expediente 39/2021-3; fórmese y regístrese el expediente respectivo; acúsese recibo. De las constancias que obran en el expediente de origen, se advierte que la parte quejosa promueve este juicio constitucional con su investidura de autoridad, en defensa, no de un interés patrimonial, sino como autoridades demandadas en un procedimiento con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública; lo que hace que el amparo resulte improcedente. En efecto, en la sentencia reclamada se declaró la nulidad absoluta del acto administrativo consistente en la destitución injustificada de ROP, como Policía Municipal Operativo adscrita a la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala; se condenó a los aquí quejosos al pago de diversas prestaciones y los absolvió de otras. Así, el medio de control constitucional fue creado para defender los derechos fundamentales que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor de los gobernados contra actos de autoridad que los vulneren; y sólo por excepción, un órgano del Estado puede acceder a dicho medio extraordinario de impugnación cuando actúa en defensa de su patrimonio, despojado de su investidura de autoridad para colocarse en un plano de particulares; supuesto que en este caso no se actualiza, pues las autoridades inconformes obtuvieron una sentencia contraria a sus intereses dentro del recurso de revisión, en el que no se quitaron el carácter de autoridad, e incluso, solamente se afectó el ejercicio de su función. Tiene aplicación, en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 45/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 254, tomo XVII, junio de 2003, materia administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado." De lo antes anotado, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa debe desecharse por notoriamente improcedente, ya que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 1º y 7º, todos de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su demanda de derechos fundamentales, y por autorizada en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación y las subsecuentes al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso. Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 179 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se desecha la demanda de amparo promovida por el Ayuntamiento de Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala, por conducto de su Síndico; Presidente Municipal y Secretario, ambos de dicho ayuntamiento, contra la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el expediente 39/2021-3.
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