María Elena Ornelas Belaunzaran y Otros.
Expediente 372/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Elena Ornelas Belaunzaran y Otros.
- María Elena Ornelas Belaunzaran
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y como se advierte de la primera certificación, ya transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión, contra la resolución dictada que negó el amparo sin que hasta estos momentos lo hicieran valer las partes. En relación con la segunda certificación, al realizarse una búsqueda en el libro de registro de correspondencia, así como en el sistema de seguimiento de expedientes, no se encontró promoción alguna tendente a la interposición del citado medio de impugnación. Por consiguiente, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es susceptible de depuración, toda vez que se negó el amparo; y no existen documentos originales. Devolución de constancias. Devuélvanse a la Juez Vigésimo de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, sin que sea necesario solicitarle acuse de recibo, en virtud de que el sello de recibido por la citada autoridad hará las veces de acuse. Además, se hace constar, que este expediente no es de relevancia documental. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el asunto como concluido. Finalmente, se hace constar que en el expediente no existen documentos originales que deban ser devueltos a las partes. Notifíquese el presente acuerdo por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
."agréguese a sus autos el oficio de cuenta proveniente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el que comunica el proveído de dos de diciembre del año en curso, en el cual solicita acuse de recibo del diverso, en el que la oficiante devolvió los autos del juicio de amparo en que se actúa y remitió copia certificada de la ejecutoria de seis de agosto de dos mil veinte, emitida en el toca R.C. 355/2019, mediante la cual, confirmó la sentencia que negó el amparo. Dígase a la autoridad oficiante que en oficio 8164/2020, se acusó de recibo de dichas constancias, sin embargo, se ordena remitir el acuse de mérito nuevamente. ." Por no tratarse de un asunto urgente notifíquese el presente acuerdo por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; y, una vez que se normalicen las labores de este juzgado conforme lo determine el Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
."agréguense la constancia de comparecencia firmada por el quejoso José Ladizinsky Mochon, por virtud del cual ratifica el contenido de su escrito de desistimiento; por lo que al respecto se provee: Acuerdo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que, válidamente, ésta puede desistirse del juicio en cualquiera de sus instancias con la sola declaración de su voluntad; salvo que se haya dictado sentencia ejecutoriada. Por consiguiente, la comparecencia de desistimiento de la parte quejosa, actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio; (.)" Conforme al artículo citado, para tener por desistida a la parte quejosa de la demanda de amparo, es menester que tal derecho lo ejercite en forma indubitable y que, previa la declaración de desistimiento, haya ratificado la promoción en que lo hizo valer, mediante comparecencia en la que se haga constar en el expediente su voluntad de desistirse del juicio. En el caso, por escrito presentado el cinco de marzo del propio año, el quejoso José Ladizinsky Mochon se desistió de la demanda que dio origen a esta instancia constitucional y mediante comparecencia, la ratificó. En tales condiciones, se tiene a la parte quejosa por desistida de la demanda de amparo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, por lo que se deja sin efecto la fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, al haberse consentido expresamente por la parte quejosa el sobreseimiento decretado en este asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Devolución de constancias. Por otra parte, devuélvanse al Juez Sexagésimo Quinto Civil de la Ciudad de México las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, en virtud de que el sello de recibido hace las veces de acuse. De conformidad con el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación; se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que en el presente asunto se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, además, no es de relevancia documental. Además, se hace constar, que este expediente no es de relevancia documental. Destino de los cuadernos incidentales. Asimismo, conforme al numeral 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo general, se hace constar que como se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados y no existen documentos originales, el original del cuaderno del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pero deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o a su violación. Igualmente, con fundamento en el arábigo 20, fracción II, inciso a) del citado ordenamiento, se hace constar que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por este juzgado una vez que transcurran más de seis meses contados desde que se pronunció la sentencia interlocutoria. Agréguese copia autorizada de este acuerdo al original del cuaderno de suspensión. Por otra parte, requiérase a las partes para que acudan a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, dentro de un plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a recoger los documentos exhibidos en el presente asunto, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos. Asimismo, hágase de su conocimiento que las citas para presentarse físicamente deberán registrarse conforme al horario asignado a este órgano jurisdiccional en el artículo 15 y Anexo I del Acuerdo General 21/2020, esto es, de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las trece horas con cuarenta y cinco minutos. Por tanto, a fin de que puedan presentarse ante este órgano federal, con fundamento en el numeral 3 del citado acuerdo, dígase que deberán programar una cita a través del sistema "Agenda OJ", ubicado en el micrositio "Servicios jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
."ESTUDIO DE FONDO En obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos los conceptos de violación, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a su trascripción en la sentencia; sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que se hayan hecho valer. "Ciudad de México, a diecisiete de febrero de dos mil veinte. - - - Agréguese a sus autos el escrito de JOSE DE JESUS ORNELAS BELAUNZARAN, por medio del cual pretende interponer recurso de apelación, en contra del auto de fecha veintisiete de enero de dos mil veinte, a través del cual no se admitió su demanda ordinaria civil de Nulidad de Testamento, toda vez que el mismo no es procedente conforme a las reglas del procedimiento, de conformidad con los artículos 257, 691 y 693 del Código de Procedimientos Civiles. No se admite la apelación en comento por no ser el recurso idóneo. Sirve de apoyo la tesis publicada en la Época: Novena Época, Registro: 197824, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Materia (s) Común, Tesis: I.6o.C.36.K, Página: 726, que es del tenor siguiente: "RECURSOS IMPROCEDENTES O INEXISTENTES, SE DEBERA NEGAR SU ADMISIÓN Y, EN CONSECUENCIA EL JUZGADOR OMITIRÁ EL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS EN ELLOS COMETIDOS. En virtud de que el procedimiento jurisdiccional es de orden público, no se pueden tramitar recursos improcedentes o inexistentes y, por tanto, en caso de que se interpongan, se deberá negar su admisión y, si ya lo hubieren sido, desecharlos, y en esas circunstancias, el juzgador no tendrá la obligación ni la facultad legal de entrar al estudio de los agravios planteados por el impugnante. - - - Notifiquese." Ahora bien, en los conceptos de violación se proponen los temas siguientes: Aduce que tanto el quejoso como los demás coherederos, están legitimados activamente y ad causam para demandar la nulidad del testamento público abierto emitido por su progenitora por la falta de formalidades y requisitos que exige la ley, además, por la también falta de capacidad del testador. Que si un testamento carece de las formalidades contempladas en el Código Civil, se considera como un acto de nulidad absoluta; y que su progenitora lo emitió siendo incapaz, por lo que puede impugnarse dicho instrumento público, en cualquier momento, sobre todo, que existen dictámenes médicos. Esgrime que no opera la prescripción porque ésta no puede purgar ese vicio, por tanto, la acción de nulidad es imprescriptible. Manifiesta que el testamento hecho en estado de incapacidad no llega a convalidarse con el tiempo que transcurra entre el otorgamiento de éste y la muerte del testador. Sostiene que la testadora se encontraba mermada totalmente de sus facultades mentales, pues padecía alzheimer. Expone que no se puede hablar de la preclusión del derecho para demandar la admisión del juicio de nulidad de testamento y no darle cauce es convalidar un acto ilegal. Aduce que todo lo actuado en el expediente 2222/2016, debe declararse nulo, por no ser resultado de un proceso auténtico, con las formalidades previstas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de manera secundaria, lo previsto en el Capítulo II denominado de la Capacidad para Testar. Que la autora de la sucesión manifestó ante el fedatario su comprensión plena, firmó de conformidad y estampó su huella digital ante el notario, quien manifestó que autorizó el instrumento por no haber impedimento legal, lo que aduce es falso ya que existe un expediente clínico oficial, en donde pueden leerse los dictámenes de los médicos. Finalmente, refiere que la Sala de lo Familiar que conozca del "Presente Recurso de Apelación", deberá ordenar la admisión del juicio de nulidad y dictar sentencia en la que decrete la nulidad de éste y cita los criterios que estima aplicables y refieren a la nulidad de un testamento. Como puede advertirse, tales motivos de disenso deben desestimarse por inoperantes, debido a que no controvierten los argumentos por medio de las cuales la responsable no admitió el recurso de apelación, como puede advertirse de la transcripción correspondiente. Es así porque la propuesta de la quejosa se encamina a cuestionar la procedencia de la acción intentada, la legitimación que le asiste para demandar, el estado de salud en el que se encontraba la testadora; la prescripción de la acción de nulidad; que se vulneraron preceptos constitucionales y de la codificación civil para esta ciudad, que el tribunal de alzada que conozca de la apelación debe ordenar la admisión de la demanda y que se decrete sentencia de nulidad. Por ende, esos motivos de inconformidad son ajenos a la litis constitucional, que se constriñe en todo caso a establecer si contra una demanda que se desecha, procede o no el recurso de apelación, esto es, al estudio de los planteamientos expresados por el peticionario del amparo tendentes a demostrar la ilegalidad o la inconstitucionalidad del acto reclamado, frente a las consideraciones que lo sustentan, por lo que basta que el juzgador exprese los fundamentos legales de su fallo, sea para sobreseer o para negar o conceder el amparo, lo cual supone que ha tomado en consideración la demanda del agraviado y el informe justificado de las responsables, así como las pruebas aportadas por las partes, de ahí que cualquier planteamiento ajeno a la multicitada litis resulta inatendible. Además, esa cita de preceptos debe desestimarse, pues constituye simplemente eso, una cita de preceptos, que no puede considerarse como concepto de violación entendido éste como la exposición del razonamiento jurídico concreto contra los fundamentos del hecho cuestionado o su ausencia, para poner de manifiesto que dicho acto es antagónico a la ley o su interpretación jurídica, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se llevó a cabo o bien porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley; amén de que es un planteamiento ajeno a la litis en el presente, como ya quedó establecido en párrafos que anteceden. Aunado a que la causa de pedir del quejoso, no se sustenta en base cierta, pues no aportó razonamiento alguno del porqué estima inconstitucional la determinación de la autoridad responsable al haber desechado el recurso de apelación que interpuso contra la inadmisión de la demanda de nulidad de testamento público abierto, por ende, sus afirmaciones se quedan sin sustento al no estar encaminadas a demostrar la ilegalidad de lo resuelto por el juez responsable. Ciertamente, al establecer basar sus alegaciones en tópicos propios del juicio de nulidad de testamento que promovió y no le fue admitido a trámite, no puede establecerse que impugne las consideraciones por las cuales no se admitió la apelación interpuesta, al ser un recurso no idóneo contra la no admisión de la demanda, de ahí que por ello sean, como se estableció, inoperantes. Al margen de la inoperancia apuntada, cabe apuntar que el recurso de queja es el idóneo para impugnar el desechamiento de una demanda, o como lo dice el impetrante, su inadmisión y se encuentra previsto en el artículo 723, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que es del tenor: ".. Artículo 723.-El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el auto que no admita una demanda, o no reconoce la personalidad de un litigante antes del emplazamiento; no así por lo que hace al que no admite una reconvención; ." Esto es, la resolución que negó la admisión de una demanda no es impugnable a través del recurso de apelación, por lo que no puede causar agravio alguno a quien lo interpuso, dado que la improcedencia o procedencia de los recursos deriva de la ley, pues los procedimientos son de orden público, de lo que se infiere que la admisión o no de aquéllos no puede darle validez legal, máxime que es al tribunal de alzada al que corresponde calificar el medio de impugnación siempre y cuando este bien admitido. En sustento de lo expuesto, se cita la tesis de registro 360941, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 1730, tomo XLI, materia civil, quinta época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor: "RECURSOS FRIVOLOS E IMPROCEDENTES, SU ESTIMACION NO QUEDA AL ARBITRIO DEL JUZGADOR. El artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles, vigente en el Distrito Federal establece que los tribunales nunca admitirán recursos notoriamente frívolos e improcedentes, desechándolos de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a la otra parte, ni formar artículo; pero esto no significa que la autoridad, a su arbitrio, pueda desechar los recursos por el motivo indicado, sino que es necesario que funde legalmente la resolución respectiva; tanto más, si existen disposiciones que conceden a las partes el recurso de que se trata. Por lo tanto, el quejoso debió haber impugnado mediante el recurso de queja aludido, el cual es el idóneo el auto que inadmitió su demanda de nulidad de testamento. El hecho de que el a quo desechara el recurso de apelación por estimarlo improcedente, no dejó sin defensa al ahí recurrente, pues existió un impedimento como lo fue que no se intentó el medio de defensa idóneo sino uno diverso. Por tanto, el proceder de la responsable fue correcto, pues es su obligación cerciorarse de que el recurso intentado sea el adecuado, lo que implica que este se admita o como acaeció en la especie, se desechara, y no una opción, amén de que no hay excepción para establecer que la demanda desechada o inadmitida, pudiera ser impugnada por un recurso diverso al previsto en la regla general. Por tanto, en el particular, debe decirse que la garantía de audiencia consagrada por el artículo 14 de la Constitución debe interpretarse en armonía con la establecida en el diverso 17, ya que de acuerdo con ello, en un procedimiento se respeta la garantía de audiencia cuando en la legislación procesal se establecen los diversos medios de defensa a los que pueden acudir los interesados cuando se les afecta en sus derechos y si esto ocurre, en nada se altera la garantía de audiencia en un precepto, como el artículo 72 del código procesal civil local, que consagra la facultad de desechar los recursos frívolos o improcedentes, pues con él no se impide que el particular se defienda utilizando todos los recursos previstos sino solamente se evita el entorpecimiento de un proceso, interponiéndose medios de defensa no previstos. En ese orden, el desechamiento del recurso de apelación, al ser improcedente acorde con la interpretación jurisprudencial que abordó dicho tópico por parte de la autoridad responsable, no dejó indefenso ni inaudito al peticionario, pues la inadmisión de un recurso improcedente no genera violación de derecho fundamental alguno, menos aún, denegación de justicia, pues esa connotación de improcedente, obliga al juzgador a desecharlo, como acaeció en la especie. IX. DECISIÓN En ese contexto, al haberse desestimado los conceptos de violación, procede negar el amparo, sin que proceda suplir la deficiencia de la queja pues no hubo violación manifiesta de la ley que le hubiere dejado en indefensión. SE RESUELVE: UNICO. La Justicia de la Unión no AMPARA ni PROTEGE a José de Jesús Ornelas Belaunzaran, contra el acto que reclamó de la Juez Vigésimo de lo Familiar de la Ciudad de México. Notifíquese por medio de lista en el portal de internet a la tercera interesada y personalmente a la parte quejosa, agente del Ministerio Público de la Federación y por oficio a la autoridad responsable.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,550 expedientes
- María Elena Josephine Hall Marín613/2023
- María Elena Jossephine Hall Marin25/2020
- María Elena Marín Romero191/2019
- María Elena Martínez Buitrón1339/2019
- María Elena Olvera Contreras de Orozco842/2018
- María Elena Olvera Contreras de Orozco638/2019
- María Elena Rueda Zerecero825/2015
- María Elena Valderrábano Tame133/2022
- María Elena Valverde Cedillo853/2019
- María Elena Villagra Sanjurjo196/2016
- María Elena Villagra Sanjurjo486/2021
- Maria Elena Villagra Sanjurjo858/2022