MARÍA ELENA OLIVA CANSECO SANTIAGO y Otros.

Expediente 764/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
764/2018
Año
2018
Actuaciones
23
Última actuación
13/12/2018

Partes del expediente

  • MARÍA ELENA OLIVA CANSECO SANTIAGO y Otros.
  • María Elena Oliva Canseco Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Incidental

    MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 764/2018, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil dieciocho. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto dictado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 84 y 85), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Devuélvase al juez responsable, la copia certificada de las constancias deducidas del expediente 127/2016, de su índice (anteriormente radicado con el número 202/2011, del extinto Juzgado Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro), respecto de la cual en proveído de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho (foja 41), se ordenó formar cuaderno de pruebas por separado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 4150, signado por la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, por el que devuelve diligenciado el despacho número 215/2018 del índice de este Juzgado; dese de baja la comunicación en cita en el libro respectivo. Ahora bien, vista la diligencia remitida por la autoridad oficiante, se advierte que la quejosa María Elena Oliva Canseco Santiago, ratificó su escrito de desistimiento presentado en este Juzgado el quince de octubre último; diligencia que alcanza valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, según su ordinal segundo, párrafo segundo, por tanto, se provee: Los artículos 104, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4° de la mencionada Ley de Amparo, consagran uno de los principios rectores del juicio de amparo; el de instancia de parte agraviada, conforme al cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado, y por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo se encuentra también en condiciones de desistir de él en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. En efecto, el artículo 63, fracción I de la citada Ley de Amparo, establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio de amparo, el desistimiento de la demanda, que constituye una renuncia del quejoso a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, lo que implica el desistimiento de la acción, por consiguiente, el desistimiento de la acción ratificado plenamente por la parte quejosa actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 63, fracción I, lo que puede darse en cualquiera de las instancias del juicio de amparo mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria, ya sea durante el trámite, con posterioridad a la fecha en que se haya dictado resolución, e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión. En tales condiciones, como la quejosa María Elena Oliva Canseco Santiago, desiste de la demanda de amparo que promovió contra actos de las autoridades responsables por las que se sigue este juicio de amparo y tal desistimiento fue ratificado, es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el aludido artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 70, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 54, tomo VI, materia común, novena época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son los siguientes: DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, por lo que es patente que el derecho de acción en demanda de garantías individuales lo tiene el quejoso ante el órgano jurisdiccional en contra de actos de autoridad; de ahí que existe la posibilidad jurídica de que lo retire, en cualquier momento, por una mera declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la acción. Por consiguiente, el desistimiento de la acción, ratificado plenamente por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia, e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para renunciar al ejercicio de su acción, en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Así como la jurisprudencia 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Marzo de 2003, cuyo rubro y texto son los siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 4150, signado por la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, por el que devuelve diligenciado el despacho número 215/2018 del índice de este Juzgado; dese de baja la comunicación en cita en el libro respectivo. Ahora bien, vista la diligencia remitida por la autoridad oficiante, se advierte que la quejosa María Elena Oliva Canseco Santiago, ratificó su escrito de desistimiento presentado en este Juzgado el quince de octubre último; diligencia que alcanza valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, según su ordinal segundo, párrafo segundo, por tanto, se provee: Los artículos 104, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4° de la mencionada Ley de Amparo, consagran uno de los principios rectores del juicio de amparo; el de instancia de parte agraviada, conforme al cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado, y por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo se encuentra también en condiciones de desistir de él en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. En efecto, el artículo 63, fracción I de la citada Ley de Amparo, establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio de amparo, el desistimiento de la demanda, que constituye una renuncia del quejoso a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, lo que implica el desistimiento de la acción, por consiguiente, el desistimiento de la acción ratificado plenamente por la parte quejosa actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 63, fracción I, lo que puede darse en cualquiera de las instancias del juicio de amparo mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria, ya sea durante el trámite, con posterioridad a la fecha en que se haya dictado resolución, e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión. En tales condiciones, como la quejosa María Elena Oliva Canseco Santiago, desiste de la demanda de amparo que promovió contra actos de las autoridades responsables por las que se sigue este juicio de amparo y tal desistimiento fue ratificado, es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el aludido artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 70, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 54, tomo VI, materia común, novena época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son los siguientes: DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, por lo que es patente que el derecho de acción en demanda de garantías individuales lo tiene el quejoso ante el órgano jurisdiccional en contra de actos de autoridad; de ahí que existe la posibilidad jurídica de que lo retire, en cualquier momento, por una mera declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la acción. Por consiguiente, el desistimiento de la acción, ratificado plenamente por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia, e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para renunciar al ejercicio de su acción, en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia. Así como la jurisprudencia 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Marzo de 2003, cuyo rubro y texto son los siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

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