Maria Elena Nuñez Peredo

Expediente 173/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
173/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
14/06/2023

Partes del expediente

  • Maria Elena Nuñez Peredo

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio del secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo; mediante el cual informa que el nueve de junio de dos mil veintitrés, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; de lo que este órgano de control constitucional toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Archivo y anotaciones. En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Destino del expediente. Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del dos mil veintitrés, se hace la precisión siguiente: 1. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. 2. Asimismo, en términos del artículo 19, fracción I, inciso a), del referido acuerdo este expediente es destruible en un plazo de seis meses. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de seis meses, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia documental, de conformidad con lo previsto en los artículos 8º, fracción I y 15 del Acuerdo General mencionado, por tanto, dentro de los treinta días siguientes, se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial judicial "C" ponga en la caratula de este asunto el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que tanto los expedientes físicos como los electrónicos coinciden en la totalidad de las constancias, con excepción de las notificaciones; por su parte, se ordena a los actuarios que, cualquiera de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre los expedientes físicos y los expedientes electrónicos. Lo anterior, en términos del artículo 34 del citado acuerdo. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA; EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, EL AUTO DE CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: "...Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio del secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo; mediante el cual informa que el nueve de junio de dos mil veintitrés, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; de lo que este órgano de control constitucional toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Archivo y anotaciones. En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Destino del expediente. Por otro lado, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del dos mil veintitrés, se hace la precisión siguiente: 1. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. 2. Asimismo, en términos del artículo 19, fracción I, inciso a), del referido acuerdo este expediente es destruible en un plazo de seis meses. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de seis meses, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia documental, de conformidad con lo previsto en los artículos 8º, fracción I y 15 del Acuerdo General mencionado, por tanto, dentro de los treinta días siguientes, se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, se ordena a la secretaria con la que se actúa que supervise y encargue al oficial judicial "C" ponga en la caratula de este asunto el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicha secretaria deberá certificar que tanto los expedientes físicos como los electrónicos coinciden en la totalidad de las constancias, con excepción de las notificaciones; por su parte, se ordena a los actuarios que, cualquiera de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre los expedientes físicos y los expedientes electrónicos. Lo anterior, en términos del artículo 34 del citado acuerdo. Notifíquese personalmente. ..."

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número ********************, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio. Ahora bien, previo a emitir un pronunciamiento al respecto, es necesario indicar que la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de amparo, se procede al análisis correspondiente. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia a saber: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. En el caso, la competencia que interesa, es la competencia por territorio, que surge en función de las normas jurídicas sustantivas que deberán aplicarse para dirimir o solucionar la controversia, conflicto o litigio. En la especie, la parte quejosa acudió ante los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, señalando como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con sede, en Avenida Benito Juárez, esquina con Quintana Roo, edificio "VICENTE GUERRERO" planta baja, centro, de esta Ciudad Capital. IV.- ACTO DE AUTORIDAD RECLAMADO: Lo constituye, la Inactividad Procesal, por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al no dictar Auto Admisorio de Pruebas, en que se reservó, desde el 22 de Agosto del año 2022, lo cual, es totalmente violatorio de lo que constituye el artículo17 Constitucional." En primer término, es de destacarse que la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. (.)". Del precepto anterior, se obtiene que la competencia para conocer de la demanda de amparo se fija de acuerdo a la ejecución material del acto reclamado, surgiendo diversas hipótesis atendiendo al lugar en donde el acto: a) deba tener ejecución; b) trate de ejecutarse; c) se haya ejecutado; o, d) se ejecute. Ahora bien, de lo anterior se advierte esencialmente, que para definir la competencia de un Juez de Distrito, debe atenderse al ámbito de ejecución material del acto reclamado consistente en que la autoridad responsable, no ha dictado el auto admisorio de pruebas mismo que reservó desde el veintidós de dos agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente ********************, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que en el caso concreto, se traduce en un deber de hacer de la autoridad responsable, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en perjuicio del impetrante de garantías. Motivo por el cual, se concluye que la omisión antes descrita, tiene ejecución material, pues existe un vínculo objetivo e indisoluble entre la obligación de la autoridad responsable de verificar que la quejosa cuente con el debido proceso y, la afectación del derecho fundamental de la quejosa de acceso a la impartición de justicia. Ello, ya que la violación a su derecho humano no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende esta omisión constituyen un acto cuya ejecución ya que afectan el derecho de acceso a la justicia de la impetrante. Por tanto, la omisión que ya se ha mencionado, no se cumple con una obligación determinada, la cual constituye, como una garantía procesal en la medida que con ello se tutelan derechos de acceso efectivo a la justicia de manera pronta y expedita, previsto en el numeral 17 constitucional, siendo que al tenor del derecho de acceso a la justicia, pues una demora prolongada puede llevar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales. Ahora, para fijar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo es necesario establecer, en primer lugar, si el acto reclamado tiene una ejecución material, es decir, si trae aparejada alguna ejecución. En el caso concreto, se estima que el acto reclamado tiene aparejada ejecución material, que consiste en las consecuencias directas de la omisión dictar el auto admisorio de pruebas en el expediente de origen. En consecuencia, tales circunstancias conllevan a concluir que en el caso, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda que se provee, es aquél en cuya jurisdicción se encuentra ubicada la autoridad responsable, esto es, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, pues lleva consigo ejecución en dicha ciudad, por lo que la competencia por razón de territorio para conocer y resolver el asunto recae en el Juez competente por razón de territorio en dicha ciudad capital. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece publicada a foja 45 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO EN EL MISMO ESTADO EN MATERIA DE AMPARO, CUANDO CORRESPONDE AL QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE PRETENDE REALIZARSE EL ACTO RECLAMADO, AUNQUE NO EXISTA SEÑALAMIENTO DE AUTORIDADES EJECUTORAS RADICADAS EN ESE SITIO. La circunstancia de que no se haya señalado como autoridad responsable ejecutora una residente en la circunscripción territorial en que ejerce su jurisdicción un juez de distrito, no significa que éste sea incompetente legalmente para conocer de la demanda de amparo interpuesta contra una orden de aprehensión y su cumplimentación cuando de los hechos narrados en la demanda de garantías se desprende que los Agentes de la Policía Judicial, se presentaron en el domicilio del quejoso con la intención de aprehenderlo, ubicado precisamente en un lugar en que ejerce jurisdicción el juez de Distrito que se dice incompetente, toda vez que el artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres hipótesis para determinar la competencia de un juzgado de Distrito que son: primera, es competente el juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; segunda, cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención y, tercera, cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. De esta manera se advierte que el caso concreto encuadra en la primera de las hipótesis que alude a la competencia del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de cumplimentación del acto, aunque no se hayan señalado autoridades ejecutoras en el juicio de amparo". Lo anterior tiene sustento en que el tres de mayo de dos mil veintitrés, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió por unanimidad de votos la contradicción de criterios 1/2023, en la que el tema fue "determinar si las omisiones o abstenciones en el dictado de las resoluciones en materia laboral conllevan o no una ejecución material para los efectos legales de la fijación de competencia territorial de los jueces de distrito en el juicio de amparo indirecto." Así, los integrantes de dicha sala determinaron que la omisión del dictado de laudo sí tiene ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquel que tenga residencia en el lugar de la junta laboral que debe emitir el laudo respectivo; criterio visible en el apartado de versiones taquigráficas de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el archivo PDF del tres de de mayo pasado. Por lo tanto, como ya quedó establecido, en la especie se actualiza la hipótesis que contempla el primer párrafo del artículo 37, de la Ley de amparo, en tanto que, se reclama la omisión de emitir el acuerdo relativo a la admisibilidad de las pruebas por parte de la autoridad responsable TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, GUERRERO; se estima que la competencia para conocer y resolver del presente juicio de amparo es un Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo. Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, declara carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la presente demanda de amparo; en ese sentido, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reforma, Adiciona y Deroga el similar, que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, remítase vía electrónica el juicio constitucional en que se actúa al Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en turno, a fin de que provea lo que conforme a derecho proceda, del cual se solicita atentamente comunique si acepta el conocimiento del presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 52 Quáter, 52 Quinquies, 52 Septies y 52 Quindecies, 180, 181, 182, 251, 252, 253, 254, 255 y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena a la oficial judicial A, responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga disponible el expediente electrónico del presente asunto, a fin de que el Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en turno, esté en aptitud legal de visualizarlo y estar en aptitud legal de pronunciarse respecto a la competencia planteada. Ello en atención a que se estima competente para conocer de la presente demanda de amparo, por los motivos antes expuestos. Autorizados Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que la quejosa es la trabajadora. Domicilio Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************. Uso de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Aviso de transparencia. Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso. En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Notifíquese personalmente al quejoso.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA; EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, EL AUTO DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: "...Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número ********************, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio. Ahora bien, previo a emitir un pronunciamiento al respecto, es necesario indicar que la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de amparo, se procede al análisis correspondiente. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia a saber: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. En el caso, la competencia que interesa, es la competencia por territorio, que surge en función de las normas jurídicas sustantivas que deberán aplicarse para dirimir o solucionar la controversia, conflicto o litigio. En la especie, la parte quejosa acudió ante los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, señalando como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con sede, en Avenida Benito Juárez, esquina con Quintana Roo, edificio "VICENTE GUERRERO" planta baja, centro, de esta Ciudad Capital. IV.- ACTO DE AUTORIDAD RECLAMADO: Lo constituye, la Inactividad Procesal, por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al no dictar Auto Admisorio de Pruebas, en que se reservó, desde el 22 de Agosto del año 2022, lo cual, es totalmente violatorio de lo que constituye el artículo17 Constitucional." En primer término, es de destacarse que la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. (.)". Del precepto anterior, se obtiene que la competencia para conocer de la demanda de amparo se fija de acuerdo a la ejecución material del acto reclamado, surgiendo diversas hipótesis atendiendo al lugar en donde el acto: a) deba tener ejecución; b) trate de ejecutarse; c) se haya ejecutado; o, d) se ejecute. Ahora bien, de lo anterior se advierte esencialmente, que para definir la competencia de un Juez de Distrito, debe atenderse al ámbito de ejecución material del acto reclamado consistente en que la autoridad responsable, no ha dictado el auto admisorio de pruebas mismo que reservó desde el veintidós de dos agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente ********************, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que en el caso concreto, se traduce en un deber de hacer de la autoridad responsable, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en perjuicio del impetrante de garantías. Motivo por el cual, se concluye que la omisión antes descrita, tiene ejecución material, pues existe un vínculo objetivo e indisoluble entre la obligación de la autoridad responsable de verificar que la quejosa cuente con el debido proceso y, la afectación del derecho fundamental de la quejosa de acceso a la impartición de justicia. Ello, ya que la violación a su derecho humano no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende esta omisión constituyen un acto cuya ejecución ya que afectan el derecho de acceso a la justicia de la impetrante. Por tanto, la omisión que ya se ha mencionado, no se cumple con una obligación determinada, la cual constituye, como una garantía procesal en la medida que con ello se tutelan derechos de acceso efectivo a la justicia de manera pronta y expedita, previsto en el numeral 17 constitucional, siendo que al tenor del derecho de acceso a la justicia, pues una demora prolongada puede llevar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales. Ahora, para fijar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo es necesario establecer, en primer lugar, si el acto reclamado tiene una ejecución material, es decir, si trae aparejada alguna ejecución. En el caso concreto, se estima que el acto reclamado tiene aparejada ejecución material, que consiste en las consecuencias directas de la omisión dictar el auto admisorio de pruebas en el expediente de origen. En consecuencia, tales circunstancias conllevan a concluir que en el caso, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda que se provee, es aquél en cuya jurisdicción se encuentra ubicada la autoridad responsable, esto es, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, pues lleva consigo ejecución en dicha ciudad, por lo que la competencia por razón de territorio para conocer y resolver el asunto recae en el Juez competente por razón de territorio en dicha ciudad capital. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece publicada a foja 45 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO EN EL MISMO ESTADO EN MATERIA DE AMPARO, CUANDO CORRESPONDE AL QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE PRETENDE REALIZARSE EL ACTO RECLAMADO, AUNQUE NO EXISTA SEÑALAMIENTO DE AUTORIDADES EJECUTORAS RADICADAS EN ESE SITIO. La circunstancia de que no se haya señalado como autoridad responsable ejecutora una residente en la circunscripción territorial en que ejerce su jurisdicción un juez de distrito, no significa que éste sea incompetente legalmente para conocer de la demanda de amparo interpuesta contra una orden de aprehensión y su cumplimentación cuando de los hechos narrados en la demanda de garantías se desprende que los Agentes de la Policía Judicial, se presentaron en el domicilio del quejoso con la intención de aprehenderlo, ubicado precisamente en un lugar en que ejerce jurisdicción el juez de Distrito que se dice incompetente, toda vez que el artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres hipótesis para determinar la competencia de un juzgado de Distrito que son: primera, es competente el juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; segunda, cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención y, tercera, cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. De esta manera se advierte que el caso concreto encuadra en la primera de las hipótesis que alude a la competencia del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar de cumplimentación del acto, aunque no se hayan señalado autoridades ejecutoras en el juicio de amparo". Lo anterior tiene sustento en que el tres de mayo de dos mil veintitrés, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió por unanimidad de votos la contradicción de criterios 1/2023, en la que el tema fue "determinar si las omisiones o abstenciones en el dictado de las resoluciones en materia laboral conllevan o no una ejecución material para los efectos legales de la fijación de competencia territorial de los jueces de distrito en el juicio de amparo indirecto." Así, los integrantes de dicha sala determinaron que la omisión del dictado de laudo sí tiene ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquel que tenga residencia en el lugar de la junta laboral que debe emitir el laudo respectivo; criterio visible en el apartado de versiones taquigráficas de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el archivo PDF del tres de de mayo pasado. Por lo tanto, como ya quedó establecido, en la especie se actualiza la hipótesis que contempla el primer párrafo del artículo 37, de la Ley de amparo, en tanto que, se reclama la omisión de emitir el acuerdo relativo a la admisibilidad de las pruebas por parte de la autoridad responsable TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, GUERRERO; se estima que la competencia para conocer y resolver del presente juicio de amparo es un Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo. Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, declara carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la presente demanda de amparo; en ese sentido, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reforma, Adiciona y Deroga el similar, que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, remítase vía electrónica el juicio constitucional en que se actúa al Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en turno, a fin de que provea lo que conforme a derecho proceda, del cual se solicita atentamente comunique si acepta el conocimiento del presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 52 Quáter, 52 Quinquies, 52 Septies y 52 Quindecies, 180, 181, 182, 251, 252, 253, 254, 255 y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena a la oficial judicial A, responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga disponible el expediente electrónico del presente asunto, a fin de que el Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en turno, esté en aptitud legal de visualizarlo y estar en aptitud legal de pronunciarse respecto a la competencia planteada. Ello en atención a que se estima competente para conocer de la presente demanda de amparo, por los motivos antes expuestos. Autorizados Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que la quejosa es la trabajadora. Domicilio Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************. Uso de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Aviso de transparencia. Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso. En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Notifíquese personalmente al quejoso. ..."

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