Maria Elena Moreno Roque

Expediente 1936/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1936/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
30/12/2016

Partes del expediente

  • Maria Elena Moreno Roque

Actuaciones

  1. Principal

    Colima, Colima, treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, el suscrito juzgador advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra el auto de doce de diciembre dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. Asimismo, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Colima, Colima, doce de diciembre de dos mil dieciséis. Por recibida la demanda de amparo que promueve MARÍA ELENA MORENO ROQUE, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad de Colima; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinarla, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 1936/2016-I-M, y fórmese el expediente de amparo. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". De la lectura de la demanda de amparo, se aprecia que la promovente señaló como acto reclamado la falta de dictar laudo dentro del juicio laboral 480/2014, cuyo cierre de instrucción se declaró el veintiocho de octubre mil dieciséis. Atento a lo anterior, se evidencia que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el párrafo segundo de la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos numerales de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . ...V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;...". De esta porción normativa se colige que es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos sean de imposible reparación; esto es, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos Al respecto, es aplicable la jurisprudencia J. 43 29/89 sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, página 291, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." En este contexto, el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de dictar laudo en el expediente 480/2014, dentro del término previsto en la legislación procesal laboral. Esto se considera así, en virtud de que el peticionario de amparo se duele exclusivamente de la afectación que le provoca la autoridad responsable al omitir resolver juicio laboral que promovió, dentro del término establecido en la Ley Federal del Trabajo; empero, esa determinación constituye un aspecto única y exclusivamente procesal, cuya ejecución no es de imposible reparación, ni infringe derechos sustantivos consagrados en la Ley Fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que, con ello, únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales cuya afectación será reparada al momento del dictado de la sentencia que resuelva la litis natural. En efecto, el acto impugnado no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, sino que únicamente constituye una demora; la cual, en opinión de este juzgador, en modo alguno implica una abierta dilación o la paralización total de la ejecución de sentencia; circunstancia que actualizaría el caso de excepción para la procedencia del juicio constitucional. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada el seis de mayo de dos mil dieciséis en el Fuente: Semanario Judicial de la Federación de la décima época, número de registro 2011580 de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". En ese orden de ideas, es evidente que tal omisión no constituye de manera alguna, un acto que conculque derechos sustantivos de la parte quejosa, porque como ya se estableció, la violación alegada no tiene una ejecución que sea de imposible reparación. Máxime, que en el caso justiciable el cierre de instrucción respectivo se celebró el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis y la demanda de amparo fue presentada el nueve de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que este juzgado federal estima que no existe una abierta dilación del procedimiento, ni tampoco su paralización total. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo. Desde este momento, toda vez que este Juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 de la Carta Magna, dígase al personal autorizado de la sección de actuaría de este juzgado, que se encuentra facultado para realizar las notificaciones que deriven de este juicio, aun en días y horas inhábiles con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la ley de la materia. Se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Hugo Calleja Ramírez y Roberto Calleja Andrade, lo anterior, por contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que hace referencia el acuerdo general 24/05 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco; mientras que al resto de la personas que menciona, con las limitaciones del invocado ordenamiento legal, por no contar con dicho registro. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda Finalmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) Berónica Farías Contreraz, quien da fe.omav

  3. Principal

    Colima, Colima, quince de diciembre de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el (los) oficio(s) del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo de los autos que conforman el juicio de amparo del que deriva este antecedente e informa que se admitió y registró el recurso de revisión interpuesto bajo el número 581/2016. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, que autoriza y da fe. JAAA/mzr

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