Maria Elena Morales Ortega

Expediente 1801/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1801/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
22/02/2022

Partes del expediente

  • Maria Elena Morales Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Se precisa que sólo se consideró el plazo de la parte quejosa, en vista de que es la única que cuenta con legitimación para recurrir el auto dictado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido (...)". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del asunto. Devolución de documento(s). No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa en términos del artículo 18 del Acuerdo General citado. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvanse las copias certificadas del expediente laboral D-386/2018 al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, que obra por separado en el tomo I de pruebas; sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues del oficio que al efecto se gire se advertirá la recepción de dichas constancias. Notifíquese.

  2. Principal

    En veintiséis de enero de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta al Secretario Encargado del Despacho con el oficio con anexos registrado con el número de 1675. Conste.San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Autoridad remite constancias Agréguese a los autos el oficio del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en auto de doce de enero de dos mil veintidós, remite copia certificada del acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno dictado en el expediente laboral D-386/2018 de su índice, por el que se declaró el cierre de instrucción, así como del laudo emitido el catorce de diciembre siguiente, y las constancias de notificación a la partes de la citada resolución; téngase por cumplido el requerimiento efectuado en autos. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su oficio de mérito. Litis constitucional. De las constancias de autos, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. María Elena Morales Ortega, por propio derecho. Tercero interesado. Ayuntamiento del Municipio de Huejotzingo, Puebla. Autoridad responsable: Única: Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Ahora bien, el acto reclamado se delimita en función a la etapa procesal en la que se encuentra el procedimiento laboral, por lo que se tiene como: Acto reclamado. La omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente D-386/2018 del índice del Tribunal laboral responsable. Sobreseimiento. De acuerdo con en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica jurídica, conviene señalar que la parte quejosa reclama la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral D-386/2018; sin embargo, de las constancias remitidas por el Tribunal responsable en apoyo a su informe justificado y de las constancias enviadas en esta misma data, se advierte lo siguiente: En auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno se declaró el cierre de instrucción y se turnaron los autos para la emisión de la resolución en forma de laudo en el expediente D-386/2018. El catorce de diciembre siguiente se dictó laudo. Asimismo, dicha resolución le fue notificada a la parte actora por conducto de su apoderado legal, y a la parte demandada, respectivamente, el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Por ende, las omisiones reclamadas cesaron en sus efectos. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por tanto, debe SOBRESEERSE EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de esta ley Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las quince horas con cuarenta minutos del tres de febrero de dos mil veintidós, por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de enero de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado revoca sobreseimiento y ampara, se solicita cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio de la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual envía el expediente 1789/2019, un voto particular, seis tomos de pruebas y la ejecutoria dictada el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el recurso de revisión R.A.-118/2021 de su índice, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: PRIMERO. Queda intocado el sobreseimiento en el juicio respecto del registrador público de la propiedad de la circunscripción territorial de Tehuacán, Puebla. SEGUNDO. Se revoca la sentencia recurrida, en la materia del recurso. TERCERA. La Justicia de la Unión ampara y protege a ..., en contra de los actos reclamados al magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Siete, el diligenciario de su adscripción y al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, indicados en el resultando primero de esta ejecutoria, en los términos precisados en esta ejecutoria. Acuse. Acúsese el recibo de estilo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, respecto del expediente 1789/2019 del índice de este Juzgado Federal, los seis tomos de pruebas, la ejecutoria dictada en el recurso de revisión R.A.-118/2021 de su índice, así como del voto particular formulado por la Magistrada Clementina Flores Suárez. Cuaderno de Antecedentes. Glósese el cuaderno de antecedentes que se ordenó formar con motivo del recurso de revisión. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se requiere cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Siete, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, cuyos efectos son: a. Deje insubsistente la sentencia que dictó el catorce de junio de dos mil diecisiete, en el juicio agrario ... y todo lo actuado, a partir del auto de admisión de la demanda. b. Ordene emplazar al juicio agrario a la quejosa ..., en su carácter de copropietaria de la superficie que integraron las parcelas ..., en conflicto. c. Además, ordene emplazar al juicio agrario a ..., en su carácter de copropietarios de la superficie que integraron las mencionadas parcelas, como se aprecia del instrumento notarial diecisiete mil seiscientos noventa, volumen doscientos cincuenta, de cinco de septiembre de dos mil once, relativo a la escritura de compraventa que éstos y la quejosa -compradores- celebraron con ... -vendedores-. Esto último, porque los efectos del amparo deben hacerse extensivos a los antes mencionados, dado que existe litisconsorcio pasivo necesario con la quejosa. Devolución de constancias originales. Mediante proveído de tres de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable remitió los autos originales del juicio agrario ... de su índice, ordenándose formar los legajos de pruebas I a IV; no obstante dado que resulta necesario que obren en poder de la responsable a fin de que se encuentre en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, se ordena du devolución al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 47 en el Estado de Puebla; en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Superior Jerárquico. No es el caso requerir a ningún otro funcionario como su superior jerárquico, en virtud de que al tratarse la autoridad responsable de un órgano que realiza una función jurisdiccional, cuyo ejercicio no se encuentra sometido a la potestad de autoridad alguna, no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de la sentencia de amparo. Apercibimientos. Se apercibe a la(s) autoridad(es) requerida(s) que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de diciembre de dos mil veintiuno. 1. Primera adscripción de Jueza de Distrito. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, acordó mi primera adscripción como Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en lugar del ahora magistrado Israel Flores Rodríguez, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se informó mediante el oficio SEADS/1073/2021, firmado electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. 2. Modificación de los efectos de la primera adscripción. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el diez de noviembre de dos mil veintiuno, acordó modificar los efectos de mi primera adscripción como Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a fin de que sea a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, lo que se informó mediante el oficio SEADS/1192/2021, firmado electrónicamente por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. 3. Jurisprudencia de la SCJN para asuntos en cumplimiento. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las recusaciones por impedimentos pueden hacerse valer en cualquier estado del proceso de amparo porque la función jurisdiccional se desarrolla antes, durante y después de dictada la sentencia, siendo necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten en la pérdida de imparcialidad durante todo el procedimiento, incluyendo los que están en ejecución. 4. Vista a las partes. En consecuencia, se informa a las partes mi primera adscripción como Jueza de Distrito, a fin de garantizarles el derecho procesal de plantear una eventual recusación en caso de existir impedimento, de acuerdo con los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. TCC confirma Visto el oficio de cuenta procedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual informa el contenido de la ejecutoria de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el amparo en revisión 328/2021, de la cual se advierte que dicha ejecutoria confirma la sentencia emitida por este juzgado de distrito, que en sus puntos resolutivos establece: En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda; acúsese recibo del expediente original del juicio de amparo y del testimonio. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), glósense al expediente principal devuelto únicamente las constancias originales que obran en autos del cuaderno de antecedentes que se integró con motivo del envío de aquél al tribunal colegiado, destruyéndose el resto. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es procedente requerir el cumplimiento. Efectos de la concesión. Es necesario recalcar, que el presente juicio el amparo se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para que el efecto de que el Director de Giros Comerciales del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, realice lo siguiente: "A. Responda, de forma congruente, exhaustiva, fundada y motivada la petición que la parte quejosa le formuló con el escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, partiendo de la base que el derecho de petición únicamente lo obliga a pronunciarse sobre la solicitud, mas no a que se dicte conforme a las pretensiones de la parte quejosa; y, B. Notifique la respuesta a través del correo electrónico señaladoalizgarciah@live.com.mx." En consecuencia, requiérase al Director de Giros Comerciales del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Superior jerárquico. Por otra parte, con fundamento en el artículo 192 a 196 de la Ley de Amparo se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla para que en su calidad de superior jerárquico, en el plazo de tres días, obligue a las autoridades responsables a cumplir el fallo. Apercibimiento. Se apercibe a las mencionadas autoridades responsables que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puesto y su consignación. En la inteligencia de que deberán remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Notifíquese.

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