María Elena Morales Arriaga

Expediente 753/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
753/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
07/12/2020

Partes del expediente

  • María Elena Morales Arriaga

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que atento al oficio SECNO/STCCNO/513/2020, de cuatro de noviembre de dos mil veinte, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó la determinación adoptada por la Comisión Especial, en la que resolvió suspender actividades respecto a este Juzgado Federal, por un periodo de catorce días comprendido del cinco al dieciocho de noviembre de dos mil veinte, lapso durante el cual se suspendieron plazos y términos en el presente asunto; ante ello, se ordena la reanudación del procedimiento. Por otra parte, en cuanto a la diversa de cuenta y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por María Elena Morales Arriaga, por lo que con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que trascurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual remite la demanda promovida por María Elena Morales Arriaga, por propio derecho, en razón a que mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, declaró carecer de competencia legal para conocer de dicha contienda, declinándola a este órgano jurisdiccional; ante ello, con fundamento en los artículos 33, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, éste Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada. En consecuencia, este juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda de amparo, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1,14, 16, 17 y 133 constitucionales; fórmese expediente y regístrese con el número 753/2020-III., tanto en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la citada quejosa reclama lo siguiente: «IV.-Acto Reclamado: Es precisamente la ilegal revocación de beneficio preliberacional de esta quejosa». (sic). Asimismo, del capítulo relativo a los hechos, la impetrante relata lo que al tenor literal establece: «Con fecha 11 de septiembre de 2020, acudió esta quejosa al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl Sur, específicamente ante el Juez de Ejecución de Sentencias, porque este me mandó llamar a efecto de explicarme la situación jurídica en la que me encontraba, y efectivamente acudí en por loa mañana sin recordar exactamente la hora que acudí al despacho de este, atendiéndome personalmente el Juez de Ejecución de penas que ya he citado para mencionarme que me sería revocado el beneficio de libertad anticipada del que gozo en este momento, en razón de que la trabajadora social de nombre Leticia Ramírez, le había solicitado a este la revocación de este beneficio de libertad que menciono, y que este juez de ejecución de penas en Nezahualcóyotl, me dio dos días hábiles para presentarme y me ingresara una vez más al centro penitenciario y de reinserción social de Nezahualcóyotl, mencionándome que había dejado de cumplir con lo ordenado en los artículos 109 y 116 de la Ley de Ejecución de Penas privativas y restrictivas de la Ley del Estado de México (.)». (sic). De lo anteriormente transcrito y analizada la demanda de amparo, este Juzgador estima que la demanda que se analiza, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así artículo 113, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: «Artículo 113.- El Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado». Por su parte, el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, refiere lo siguiente: «Artículo 61.- El amparo es improcedente. XX.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;»; Lo anterior es así, toda vez que la aquí quejosa María Elena Morales Arriata, no agotó el principio de definitividad previo a la interposición del juicio de amparo, pues la impetrante no agotó el procedimiento de controversia previsto en los artículos 116, 118, 122 a 124, 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen: «Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad». «Artículo 118. Controversia sobre la duración, modificación y extinción de la pena. La Autoridad Penitenciaria es la competente para determinar el día a partir del cual deberá empezar a computarse la pena privativa de la libertad, que incluirá el tiempo en detención, la prisión preventiva y el arresto domiciliario. La persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público, podrán acudir ante el Juez de Ejecución para obtener una resolución judicial cuando surja alguna controversia respecto de alguna de las siguientes cuestiones: I. El informe anual sobre el tiempo transcurrido en el Centro o el reporte anual sobre el buen comportamiento presentados por la Autoridad Penitenciaria; II. La determinación sobre la reducción acumulada de la pena; III. La sustitución de la pena por los motivos previstos en esta Ley; cuando no se hubiere resuelto respecto del sustitutivo penal; la suspensión condicional de la ejecución de la pena en la sentencia, o porque devenga una causa superveniente; IV. El incumplimiento de las condiciones impuestas para la sustitución de la pena; V. La adecuación de la pena por su aplicación retroactiva en beneficio de la persona sentenciada; VI. La prelación, acumulación y cumplimiento simultáneo de penas; VII. El cómputo del tiempo de prisión preventiva para efecto del cumplimiento de la pena, y VIII. Las autorizaciones de los traslados internacionales de conformidad con el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Cualquiera que sea el promovente, se emplazará a las demás partes procesales y el Ministerio Público no podrá fungir como representante de la Autoridad Penitenciaria. La víctima o su asesor jurídico, sólo podrán participar en los procedimientos ante el Juez de Ejecución, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia». «Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto». «Artículo 123. Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o III. Desechar por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud. Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. El auto que admite o niega la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación». «Artículo 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia». «Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla». Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: Desechamiento de la solicitud; Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley. Así las cosas, la parte quejosa debió acudir ante el Tribunal de Alzada, a efecto de combatir la resolución dictada por el Juez de Ejecución de Penas del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, que revocó el beneficio preliberacional otorgado, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Bajo ese lineamiento, se ítera, el Juez de Ejecución es el que resolverá dicha controversia dentro del plazo previsto en esta ley, y, quien es la indicada para que le haga de su conocimiento el derecho que tiene a la interposición de algún recurso y en su caso, la resolución que dicte puede ser recurrida, de conformidad con los artículos 116, fracción IV, 131 y 132, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Atento a lo expuesto, quien se duele de la afectación de una controversia, debe ejercer su acción en la segunda instancia jurisdiccional, por lo que previo a acudir al juicio de amparo, la hoy quejosa debió agotar el recurso correspondiente (apelación). Lo anterior es así, pues la impetrante tiene a su alcance los recursos previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial, sea durante el trámite (revocación) o contra la resolución final (apelación) de la controversia emitida por el juez de ejecución. De tal manera, es claro que la quejosa debió observar el principio de definitividad, pues opinar lo contrario, daría lugar a una situación permanente de inseguridad jurídica en relación con todos los actos de autoridad, pues se dejaría al arbitrio de los peticionarios de amparo, interponer o no los recursos previstos en la ley ordinaria contra los actos que se señalan como reclamados, lo que resulta ajeno y contrario a los fines que persigue el juicio de amparo y la propia Constitución. En este orden de ideas, resulta inconcuso que María Elena Morales Arriaga, debe seguir el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que la obliga a recorrer y agotar todas las instancias contempladas, en este caso, la impugnación relativa ante el Tribunal de Alzada (lo cual, incluso, es de una tramitación breve atendiendo a la celeridad del propio procedimiento, comparado con el trámite del juicio de amparo). Resulta aplicable al caso, la tesis aislada V.1o.P.A.5 P (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, del siguiente rubro: «PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUTORIDAD CARCELARIA Y LA CONTROVERSIA PLANTEADA AL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYEN LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIALIZADOS, EFICACES E IDÓNEOS PARA RESOLVER SUS PETICIONES E INCONFORMIDADES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS QUE INCIDAN EN LAS CONDICIONES DE SU RECLUSIÓN, POR LO QUE DEBEN AGOTARSE, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO». Así como la diversa I.6o.P.133 P (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro siguiente: «SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN». Es orientadora, además, la jurisprudencia 11/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Por lo tanto, al actualizarse la casual de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo promovida por María Elena Morales Arriaga. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Mayo de 1998, página 890, de título: «DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE». En virtud de que la quejosa señala en su demanda como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase ésta y las subsecuentes notificaciones, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Se tienen por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, las cuales una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, gozarán de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, envíese el expediente en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, para que por su conducto registre el mismo y lo remita a este órgano de control constitucional con la finalidad de nivelar las cargas de trabajo.

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