María Elena Mora Martínez

Expediente 141/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
141/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
26/04/2021

Partes del expediente

  • María Elena Mora Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Firme desechamiento Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ******, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Se acuerda escrito Agréguense a los autos el escrito signado por la quejosa *****, por medio del cual cumple la prevención hecha por auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, señalando, en esencia: Respecto al punto 1 donde se me requiere que precise qué acto en concreto reclamo de las autoridades responsables. [.] La aprobación de la indebida notificación con motivo de la resolución de fecha 13 de diciembre de 2018, en el juicio agrario *; La aprobación de la indebida notificación de la resolución del incidente de nulidad de actuaciones, con motivo de la indebida notificación de la resolución de fecha 13 de diciembre de 2018, en el juicio agrario *; La indebida notificación con motivo de la resolución de fecha 13 de diciembre de 2018, en el juicio agrario ****; La indebida notificación de fecha 14 de octubre de 2020, del incidente de nulidad de actuaciones, con motivo de la indebida notificación de la resolución de fecha 9 de octubre de 2020 [.] Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, así como del escrito de cumplimiento a la prevención formulada, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del estudio integral de la demanda constitucional y en específico del escrito aclaratorio, se desprende que el acto reclamado consiste en: La indebida notificación de la resolución de trece de diciembre de dos mil diecinueve, practicada el dieciocho de febrero de dos mil veinte. La notificación de fecha catorce de octubre de dos mil veinte, relativa al incidente de nulidad de notificaciones. Ambas notificaciones realizadas en el juicio agrario 226/2018, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53 de Celaya, Guanajuato. Respecto de tales actos, en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En el caso, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 17, 61, fracción XIV y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, respecto al acto reclamado consistente en la indebida notificación de la resolución de trece de diciembre de dos mil diecinueve, practicada el dieciocho de febrero de dos mil veinte. Se explica: La hipótesis de improcedencia del juicio señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo con la transcripción realizada, se entiende que tal causa de improcedencia se actualiza cuando la parte quejosa no promueve oportunamente su acción de amparo respecto del acto de autoridad que refiere violatorio de sus derechos fundamentales, por lo que precluye su derecho para reclamarlo una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. Ahora bien, la interpretación de la citada fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, como se indicó, se complementa con lo señalado en los artículos 17 y 18 del propio ordenamiento, que fijan los plazos o términos para la promoción de la demanda de amparo. Por su parte, en el arábigo 17 de la Ley de Amparo, se prevén los supuestos de excepción al término general, pues se dispone el plazo en que ha de promoverse la demanda de amparo contra normas generales autoaplicativas; sentencias definitivas condenatorias en un proceso penal que impongan pena de prisión; actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal y cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En el caso, el acto reclamado (indebida notificación) no se encuentra en los supuestos de excepción previstos en el numeral 17 de la ley en la materia, por lo que resulta aplicable el término genérico de quince días para promover el juicio de amparo. De esta forma, señalan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que la demanda deberá interponerse dentro de los quince días siguientes, contados de la manera siguiente: a) Desde el día siguiente al en que la parte quejosa le hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado, de acuerdo con la ley que rija dicho acto; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto reclamado; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado el inconforme sabedor de dicho acto. En esa tesitura, en este caso, para la interposición de la demanda de amparo debe computarse el plazo legal conforme al supuesto especificado en el inciso c), esto es, desde el día siguiente al en que la parte quejosa se ostentó sabedora del acto reclamado. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado la indebida notificación de la resolución de trece de diciembre de dos mil diecinueve, practicada el dieciocho de febrero de dos mil veinte. Efectuada la anterior precisión, con relación al conocimiento del acto reclamado, se destaca que en el escrito aclaratorio la quejosa, bajo protestad de decir verdad, refirió: "(.) La indebida notificación con motivo de la resolución de fecha 13 de diciembre de 2019 en el juicio agrario 226/2018, pronunciada por el TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 53, con otrora número de expediente 1169/2017 Tribunal Unitario Agrario en el Estado de Guanajuato, que supuestamente se me notificó el día 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2020, pero que me enteré el día 24 DE AGOSTO año de 2020." Manifestación realizada por la parte quejosa que constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por involucrar un hecho propio de la agraviada expresado en el ocurso aclaratorio de demanda y la cual tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que tuvo conocimiento de la notificación reclamada el veinticuatro de agosto de dos mil veinte. Al tenor de lo señalado, la presentación del ocurso de impugnación, origen del juicio que se resuelve, resultó extemporánea, al exceder los quince días contados a partir del día siguiente al en que la quejosa se ostentó sabedora del acto reclamado, de acuerdo a las hipótesis contenidas en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Ello es así, pues la peticionaria de amparo, expuso en su demanda, que se hizo sabedor de la notificación reclamada de dieciocho de febrero de dos mil veinte el veinticuatro de agosto de dos mil veinte; lo que implica que el cómputo de quince días para la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio inició al día siguiente, esto es, el veinticinco de agosto de dos mil veinte. Luego, si la demanda que nos ocupa fue presentada el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnada a este Juzgado Federal en la misma data, como se advierte del sello de recibo estampado en el escrito de demanda, esto es, casi siete meses después, debe decirse que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, tocante a que la quejosa tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que se sustentó sabedora del acto reclamado, y al no haberlo hecho así, su demanda resulta extemporánea. En lo conducente, por identidad de razón jurídica es aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 14, que aparece publicada en la página 11, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE." Asimismo, lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 232213, séptima época, publicada en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, volumen 193-198, primera parte, página 71, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Por otra parte, en relación al acto reclamado consistente en la notificación de fecha catorce de octubre de dos mil veinte, relativa a la resolución emitida en el incidente de nulidad de notificaciones, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. Resulta importante destacar que de las manifestaciones vertidas por la parte promovente, bajo protesta de decir verdad, mismas que hacen prueba plena en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se desprende que es parte formal dentro del juicio de origen, pues es la parte actora. En tal sentido, la promovente del amparo no agotó el principio de definitividad, previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues al ser parte en el juicio de origen, estaba obligada a agotar el recurso que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles, esto es, el incidente de nulidad de actuaciones, previsto en el numeral 319, en contra de la notificación de catorce de octubre de dos mil veinte que reclama, previamente a acudir a esta instancia constitucional. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, este es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que solo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Bajo las anteriores consideraciones, se reitera que el suscrito estima que en la especie se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que en contra de la supuesta indebida notificación de catorce de octubre de dos mil veinte que reclama, al ser parte procesal actora en el juicio de origen la ahora solicitante de la tutela federal, estaba obligada a agotar el medio ordinario de defensa correspondiente, esto es, el incidente de nulidad de actuaciones, conforme a lo previsto en el numeral 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, previo a intentar esta instancia constitucional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 28/2001, con el registro número 189290, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, julio de 2001, página 467, de rubro y texto siguientes: NOTIFICACIONES EN JUICIOS AGRARIOS. ES PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL INCIDENTE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 319 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY AGRARIA, PERO ACATANDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 192 DE ESTA LEY. Si bien es cierto que la Ley Agraria no establece de manera específica un mecanismo para impugnar las notificaciones omitidas o las que se hayan hecho indebidamente, también lo es que en sus artículos 170 a 177 regula la figura jurídica de las notificaciones, aunque no en todos los aspectos, ya que sólo contiene una serie de disposiciones atinentes a las formalidades que deben cumplirse para efectuar, entre otras, las notificaciones personales, los emplazamientos, la primera cita al procedimiento y las citaciones a los peritos, testigos y terceros, y con relación a los aspectos no regulados permite, en su artículo 167, la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles para normar las notificaciones que no deben ser personales, el momento en que deben hacerse las notificaciones, citaciones y emplazamientos, de aquel en que deben surtir efectos tales notificaciones, etcétera, de manera que la aplicación de dicho código adjetivo, además de regular diversos aspectos que no se establecen en la Ley Agraria en cuanto a la materia de notificaciones, es indispensable para complementar sus disposiciones. Ahora bien, si en los aspectos no consignados expresamente en la ley últimamente citada, debe recurrirse al invocado código procesal, es inconcuso que de igual manera puede aplicarse lo relativo a la posibilidad de impugnar tales notificaciones a través del incidente previsto en su artículo 319, máxime si se considera que las cuestiones incidentales no son ajenas a los procedimientos agrarios, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la ley que los regula es posible que surjan ese tipo de cuestiones, las que únicamente se encuentran constreñidas a resolverse en los términos en que este propio dispositivo señala, es decir, deben decidirse de plano, conjuntamente con el negocio principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso resolverlas antes o que se refieran a la ejecución de la sentencia y sin sustanciar artículo de previo y especial pronunciamiento. En este orden de ideas, es inconcuso que en contra de la notificación reclamada que se analiza, procede el incidente de nulidad de actuaciones, previsto por el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, por lo que se concluye que no observó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional y, en consecuencia, se concretiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Además debe ponerse de relieve que sobre el acto que se combate no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a) Los actos reclamados no son de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Los actos reclamados no consisten en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento, ya que como se precisó es parte actora y perdidosa en el asunto de origen. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, tomo XXIII, marzo de 2006, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Así como, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la diversa tesis jurisprudencial 2a./J. 44/2012 (10a.), con registro 2001155, aprobada en sesión de dieciocho de enero de dos mil doce, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia prevista en las fracción XIV y XVIII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, tomo VII, mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." A mayor abundamiento debe precisarse que si la quejosa reclama también la resolución recaída al incidente de nulidad, el presente juicio de amparo sería extemporáneo, en virtud de que, a decir de la propia parte promovente, la citada resolución le fue notificada el catorce de octubre de dos mil veinte, notificación que se advierte no ha sido declarada nula; luego si la demanda fue presentada hasta el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en evidente que su presentación resulta extemporánea, respecto a la resolución recaída al incidente de nulidad que se promovió en contra de la notificación de dieciocho de febrero de dos mil veinte.

  3. Principal

    Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por ***, en contra de actos del Tribunal Unitario Agrario 53 con sede en Celaya, Guanajuato y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 141/2021-1. Prevención. Ahora, para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, en su caso, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108 fracciones IV y V y 114 fracciones II y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que, dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído y bajo protesta de decir verdad: Precise qué acto en concreto reclama de las autoridades señaladas como responsables, esto es, si reclama la sentencia definitiva dictada en el juicio agrario y/o la falta o ilegal notificación de la sentencia definitiva; lo anterior, debido a que en el capítulo respectivo no especifica claramente dicho reclamo, pues solo refiere violación a garantías "al dictar resolución en el juicio agrario", sin especificar cuál. En caso de reclamar diverso acto, lo precise en forma clara y concreta; así como la fecha en que le fue notificado el diverso acto que precise como reclamado. Señale si es ejidataria o comunera en el ejido que precisa como tercero interesado o en algún otro ejido. Precise exactamente las prestaciones a que fue condenada en la sentencia definitiva dictada en el juicio agrario del que derivan los actos reclamados. Manifieste si actualmente detenta la posesión de las parcelas que menciona en su escrito de demanda. Mencione si en contra de la sentencia del juicio agrario de origen, se interpuso algún medio de impugnación -amparo directo-, en caso afirmativo, el resultado procesal de este. Cuestiones las requeridas que resultan indispensables para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo, fijar adecuadamente la litis constitucional y en su caso proveer lo que en derecho corresponda con relación a la suspensión solicitada. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por la propia quejosa, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, página 348, novena empaca, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III, y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." De igual forma, de no tener impedimento, habrá de exhibir copias de su escrito aclaratorio, para traslado a las partes; en la proporción descrita en el artículo 110 de la ley de la materia. A lo anterior se aplica la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que, en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en ** de esta ciudad; y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a **, ** y **, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito) sin perjuicio que de acreditar tales extremos, se les autorice en los términos amplios del invocado numeral. Habilitación de días y horas para efectos de realizar notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 133 de la ley en cita.

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