María Elena Mata Siqueiros

Expediente 1286/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1286/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
14/11/2019

Partes del expediente

  • María Elena Mata Siqueiros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA PROVEIDO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, A LA PARTE QUEJOSA QUE DICE: DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA QUEJOSA...OFICIO...

  3. Principal

    HA CAUSADO EJECUTORIA...

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1286/2019, promovido por MARÍA ELENA MATA SIQUEIROS. R E S U L T A N D O I. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residentes en esta ciudad, y turnado a este Juzgado de Distrito en esa misma fecha, MARÍA ELENA MATA SIQUEIROS, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se citan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Morelos. Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Morelos. Todos con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: De la Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, el acuerdo de tres abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 435/2018, del índice del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, relativo a la admisión del incidente de liquidación de sentencia, intereses, gastos y costas, y posteriormente resolvió el incidente. Del Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Morelos y Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Morelos, reclama actos futuros de realización cierta consistentes en el inminente cumplimiento que le den a la sentencia interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de sentencia, intereses, gastos y costas, dictado en dicho juicio. II. Trámite del juicio. Por acuerdo de veintidós de julio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado y se fijaron día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 modificado por el 08/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud que el acto reclamado tiene ejecución en esta ciudad, lugar en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza o inexistencia de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que debe señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, lo anterior, en acatamiento a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa en esencia reclama: El acuerdo de tres abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 435/2018, del índice del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, relativo a la admisión del incidente de liquidación de sentencia, intereses, gastos y costas, como violación procesal acontecida por la falta de notificación personal de dicho auto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Morelos y Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestaron al momento de rendir su informe justificado. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Quinta Época, con número registro 1002815, sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la siguiente voz: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las documentales públicas que remitió la Juez responsable, consistente en copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente 435/2018 de su índice, dentro de las cuales obra el acto de molestia que se impugnan en esta vía constitucional; documentales a las que se confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2°, de este último ordenamiento legal. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de la siguiente voz: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis causas de improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio del fondo del asunto, este Tribunal Federal debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia del juicio de garantías, toda vez que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, y además, porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La parte tercero interesada aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con motivo de que no se afectan los interés jurídicos o legítimos de la quejosa; sin embargo, debe decirse, que resulta infundada causal de improcedencia invocada, ya que, al haberse reclamado violaciones procesales y quedar acreditado con las constancias del juicio ejecutivo mercantil que la quejosa es parte en el juico de origen, esto es, en su carácter de demandada, es procedente el juicio de amparo, ya que la quejosa al ser parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, cuenta con el derecho público subjetivo para promoverlo. Así mismo, el tercero interesado, manifiesta que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al señalar que no se agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En ese contexto, debe decirse que no se configura la causal de improcedencia aducida, porque el juicio de amparo indirecto promovido por quien, siendo parte material en el mismo, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios; y si en el caso, la litis propia en materia de cuantificación de liquidación de sentencia, constituye una tramitación independiente, con una estructura procesal equiparable a la de un juicio en la que cobran aplicación todas las formalidades esenciales de un procedimiento y, si en esa medida, la notificación del inicio de la liquidación de sentencia a la contraparte de la parte promovente no se realizó, la parte quejosa encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo indirecto. Siendo aplicable al respecto la Jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 2000348, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, que a la letra dice: EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal. Al no advertir de oficio éste órgano jurisdiccional la actualización de alguna causa de improcedencia, y la parte quejosa no expresa los motivos por los cuales se actualiza la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, la misma resulta inatendible, y por tanto, lo que conducente es entrar al fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Conceptos de Violación. No se transcribe los conceptos de violación, toda vez que no existe en la Ley de Amparo una disposición que obligue a ello. Ello tiene sustento, en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, página 830, cuyo contenido es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Conceptos de violación que resultan fundados, debidamente suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI de la de Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. Ahora, para un mejor entendimiento del asunto de que se trata, es pertinente reseñar previamente los antecedentes más relevantes del mismo, entre los que destacan: 1. El veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el juicio ejecutivo mercantil 435/2018, promovido por JOSÉ FABRICIO PONTIFÉS contra MARIA ELENA MATA SIQUEIROS en la que se condenó a ésta al pago de ciertas prestaciones. Resolución que causó ejecutoria por ministerio de ley, el doce de marzo del presente año. 2. En proveído de tres de abril del año en curso, se admitió a trámite el incidente de liquidación de sentencia, intereses, gastos y costas, sin suspensión del procedimiento, en el cual se ordenó dar vista a la contraria MARIA ELENA MATA SIQUEIROS -aquí quejosa- por el término de tres días para que manifestara lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por perdido su derecho de conformidad con el artículo 1348 del Código de Comercio. Acuerdo anterior, que se ordenó su notificación por lista y se realizó el cuatro de abril de dos mil diecinueve, surtiendo efectos al día siguiente cinco de ese mismo mes y año. 3.- Por auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, como la demandada MARIA ELENA MATA SIQUEIROS -aquí quejosa- no dio contestación a la vista que se le concediera con motivo del incidente de liquidación de sentencia, interese, gastos y costas, se le tuvo por perdido su derecho para contestar la misma, y se ordenó dictar la interlocutoria respectiva. 4.- El tres de julio de dos mil diecinueve, se dictó la resolución interlocutoria en la que se aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios, gastos y costas, en la que se condenó a MARIA ELENA MATA SIQUEIROS -aquí quejosa- a pagar las cantidades aprobadas. Establecido lo anterior, es pertinente señalar que la parte quejosa, aduce, en lo medular, que la autoridad responsable transgredió en su perjuicio los artículos 14 y 16, ambos de la Constitución Federal, en razón de que no se le emplazó legalmente al incidente de liquidación de sentencia, derivado del juicio ejecutivo mercantil 435/2018, del índice del Juzgado Segundo Civil por Audiencia del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, para que hiciera las manifestaciones que a su interés legal conviniera, pues tuvo que habérsele notificado de manera personal. Argumentos que, como ya se dijo, devienen fundados, debidamente suplidos en la deficiencia de la queja, puesto que si bien los artículos 358, 359 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, que regulan el trámite de los incidentes, entre ellos el incidente de liquidación de sentencia, no establecen expresamente la forma en que debe notificarse el auto que admite dicho incidente; sin embargo, dada la importancia de la referida notificación, ésta se asemeja o equipara al emplazamiento al juicio, atento a los caracteres relevantes que tiene el incidente de liquidación de sentencia, ya que sin desconocer la vinculación que existe entre el incidente y el juicio principal, al constituir el primero una litis accesoria o derivada de los derechos sustanciales reconocidos en la sentencia y, que por ello, dicho incidente sea una extensión del juicio; lo cierto es que, también se erige como un auténtico procedimiento contencioso, autónomo del juicio principal, en cuanto tiene una litis propia en materia de cuantificación de liquidación de sentencia y una tramitación independiente, con una estructura procesal equiparable a la de un juicio en la que cobran aplicación todas las formalidades esenciales de un procedimiento y, en esa medida, la notificación del inicio de la liquidación de sentencia a la contraparte de la parte promovente resulta crucial para que aquélla ejerza su derecho de defensa. De ahí la necesidad de la notificación personal referida, que válidamente puede fundarse en el artículo 309, fracción I del Código de Comercio, atento al principio general de derecho que consagra que, donde existe la misma razón, debe regir la misma disposición. Por tanto, la notificación del auto que admitió el incidente de liquidación de sentencia, dentro de la ejecución del juicio de origen, debió practicarse de manera personal a la contraparte de quien lo promovió, en este caso, a la aquí quejosa MARIA ELENA MATA SIQUEIROS, pues es necesario asegurar que la propuesta de liquidación sea entregada, a fin de que la parte promovente del amparo, pueda estar en aptitud de expresar cualquier inconformidad sobre su contenido, ofrecer las pruebas que estime conducente y generar el dictado de una resolución en la que se analicen las pretensiones planteadas, lo cual se vincula con las formalidades esenciales del procedimiento. Cobran aplicación a lo anterior, las jurisprudencias de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con números de registro 2019792 y 2003587, respectivamente, publicadas en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, de rubros y textos siguientes: "NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE ADMITE EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES EN JUICIOS MERCANTILES ORDINARIOS O EJECUTIVOS. DEBE ORDENARSE DE MANERA PERSONAL A LA CONTRAPARTE DE QUIEN LO PROMOVIÓ. El Código de Comercio no establece expresamente la forma en que debe notificarse el auto que admite el incidente de liquidación de intereses; no obstante, para despejar esa cuestión no es necesario acudir a la supletoriedad de la ley, pues dada la importancia de la referida notificación, ésta se asemeja o equipara al emplazamiento al juicio, atento a los caracteres relevantes que tiene el incidente de liquidación de sentencia (entre ellos, el de intereses), ya que sin desconocer la vinculación que existe entre el incidente y el juicio principal al constituir el primero una litis accesoria o derivada de los derechos sustanciales reconocidos en la sentencia con la imposición de condenas ilíquidas, y que por ello, dicho incidente sea una extensión del juicio; lo cierto es que, también se erige como un auténtico procedimiento contencioso, autónomo del juicio principal en cuanto tiene una litis propia en materia de cuantificación de las condenas, y una tramitación independiente, con una estructura procesal equiparable a la de un juicio en la que cobran aplicación todas las formalidades esenciales de un procedimiento, y en esa medida, la notificación de la liquidación a la contraparte del promovente resulta crucial para que aquélla ejerza su derecho de defensa; de ahí la necesidad de la notificación personal referida, que válidamente puede fundarse en el artículo 1,068 Bis del Código de Comercio, atento al principio general de derecho que consagra que donde existe la misma razón debe regir la misma disposición. Por tanto, la notificación del auto que admite el incidente de liquidación de intereses, dentro de la ejecución de un juicio mercantil ordinario o ejecutivo, debe practicarse de manera personal a la contraparte de quien lo promovió, pues es necesario asegurar que la propuesta de liquidación sea entregada, a fin de que pueda estar en aptitud de expresar cualquier inconformidad sobre su contenido." "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. EL AUTO QUE LO ADMITE DEBE NOTIFICARSE EN FORMA DOMICILIARIA (INTERPRETACIÓN DE LA EXPRESIÓN "SE CORRERÁ TRASLADO" PREVISTA EN EL ARTÍCULO 436, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA). El citado precepto establece que se correrá traslado por tres días a la contraria de la propuesta de liquidación, para que manifieste lo que a su derecho importe. Ahora bien, acorde con el principio contradictorio que rige los procedimientos civiles, así como con los derechos de acceso a la justicia y debido proceso, la expresión "se correrá traslado" en los términos del artículo 436, fracción II, de la ley adjetiva civil del Estado de Puebla, exige la entrega de la copia fiel de los documentos de liquidación a la parte demandada, a fin de que pueda conocer su contenido e imponerse de éstos; de ahí que la entrega de dichos documentos debe realizarla el actuario en el mismo acto de notificación, debiendo asentar en su razón actuarial que se corrió traslado de los documentos. En consecuencia, la notificación de la admisión del incidente de liquidación de sentencia debe realizarse de forma domiciliaria en términos de los artículos 65, fracción IV y 66 de la norma en cita, a fin de que conste la verificación de la entrega de documentos con la propuesta de liquidación a la parte que puede imponerse de ellos y cumplir con el significado de la expresión "se correrá traslado"." Por tanto, al no haber procedido de esa manera la autoridad responsable, pues notificó por lista de estrados el auto que admitió el incidente de liquidación de sentencia, entonces se vulneró el derecho de audiencia en perjuicio de la impetrante de garantías. En las narradas circunstancias, al ser esencialmente fundados los conceptos de violación previamente analizados, debidamente suplidos en su deficiencia, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitada, para el efecto de que la Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil 435/2018, de su índice: 1. Deje sin efectos el procedimiento de ejecución seguido contra la parte quejosa MARIA ELENA MATA SIQUEIROS, a partir de la notificación de la admisión del incidente de liquidación de sentencia interpuesto por la parte actora, aquí tercera interesada, contra la demandada, aquí parte quejosa, incluyendo la resolución interlocutoria de tres de julio de dos mil diecinueve; y 2. Ordene notificar personalmente a la parte quejosa MARIA ELENA MATA SIQUEIROS, el auto de admisión del referido incidente de liquidación de sentencia de fecha tres de abril del año en curso, con traslado de la propuesta de liquidación. Tiene aplicación, por analogía, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 199464, que dispone: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL, Y ACTOS POSTERIORES. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. En la jurisprudencia publicada con el rubro: 'EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN'. (último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página ciento sesenta y ocho), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en esos supuestos compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo; y, porque además, en esa vía el quejoso cuenta con la posibilidad de aportar las pruebas necesarias, para demostrar la ausencia o ilegalidad del emplazamiento. Asimismo, ha precisado que, de prosperar la acción, se invalidarían todas las actuaciones posteriores. Ahora bien, cuando se estima que el emplazamiento es legal, o sea, en la hipótesis contraria a la señalada, y se reclaman los actos posteriores al emplazamiento, como pueden ser la sentencia o laudo dictados en el procedimiento respectivo, esto último no faculta al Juez de Distrito para declararse legalmente incompetente para conocer de los actos posteriores al emplazamiento, estimando que deben ser impugnados en el juicio de amparo directo. Ciertamente, cuando se declara ilegal o inexistente el emplazamiento, el amparo que se concede a la quejosa lógicamente no puede limitarse a esa diligencia, sino que se extiende a todas sus consecuencias, comprendiendo incluso actos, como pueden ser la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, así como los de ejecución, observándose en este punto que la actuación del Juez no se limita a la concesión del amparo por cuanto al emplazamiento, ni se declara incompetente para conocer de los restantes actos, sino que su resolución abarca o comprende a todos los reclamados. Por la misma razón, cuando el emplazamiento se estima legal, ello no conlleva declarar la incompetencia del Juez de Distrito para conocer de los actos posteriores, pese a que ellos, dentro de la regla general establecida por el artículo 158 de la Ley de Amparo, sean impugnables en la vía directa, pues si se procediera de esa manera se daría lugar a una violación al principio de indivisibilidad de la demanda y a la posibilidad de la existencia de sentencias contradictorias. La competencia del Juez de Distrito para conocer de los restantes actos reclamados una vez establecida la legalidad del emplazamiento, deriva de la misma regla específica a que se refieren los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, esto es, de la circunstancia de que la acción del quejoso se sustentó en el hecho de que su situación se equipara a la de un tercero extraño a juicio. Así, aunque se reclame también una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, el Juez debe seguir conociendo del asunto y resolver como proceda en relación con estos actos, dado que la cuestión relativa al emplazamiento se encuentra estrechamente vinculada con ellos al constituir su presupuesto. Desde luego, en el procedimiento ante el Juez de Distrito, las pruebas que el quejoso puede ofrecer y rendir en esa hipótesis, únicamente son las referidas a la legalidad del emplazamiento y no las relativas a los restantes actos, pues la aplicación de la regla específica se funda en la posibilidad de permitir al quejoso demostrar la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, exclusivamente. Esta delimitación es necesaria porque, de otra manera, se podrían afectar las defensas de la autoridad responsable y las del tercero perjudicado. Evidentemente, si la premisa de que parte la acción del quejoso, o sea de la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, no se justifica, queda sujeto a las consecuencias que puedan derivarse de dicha consideración, dentro de las que pueden encontrarse la improcedencia del juicio por lo que respecta a los actos posteriores al emplazamiento." (énfasis añadido). Dado que se otorgó el amparo, resulta innecesario el estudio de los restantes argumentos hechos valer en la demanda de amparo, pues ello no tendría resultado práctico alguno. Orienta la anterior consideración, la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 210777, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae como consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre estos." Sin que sea el caso analizar los alegatos hechos valer por la parte tercera interesada, en cuanto al fondo del asunto, toda vez que los mismos no forman parte de la litis y en nada cambiaría el sentido de la presente resolución. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 205449, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Jefe de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Morelos y Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia de la inconstitucionalidad atribuida a su superior jerárquico Juez señalado como responsable y respecto de cuyos actos se decretó la concesión de la protección constitucional. Al respecto, se cita la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, pagina 69, Tomo: 83, Noviembre de 1994, Tesis: VI.2o. J/338, Octava Época, cuyo rubro se lee: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución." Por lo expuesto, fundado, es de resolverse y se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a MARIA ELENA MATA SIQUEIROS, por los motivos y para los efectos señalados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.

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