María Elena Martínez Morales.
Expediente 1130/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1130/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- María Elena Martínez Morales.
- María Elena Martínez Morales. y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
PRAL. 1130/2017 M7-B#. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de enero de dos mil dieciocho. ... Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. PRAL. 1130/2017 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de enero de dos mil dieciocho. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación de cuenta, este órgano jurisdiccional se pronuncia respecto al cumplimiento del fallo protector dictado en este juicio de amparo: En sentencia dictada por este órgano jurisdiccional en audiencia constitucional celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 47 a 57), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable procediera en los siguientes términos: ". AUTORIDAD RESPONSABLE EFECTOS Jefa del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca "(.) Dicte, de manera congruente, el acuerdo que conforme a derecho proceda sobre la petición que formuló la parte quejosa mediante la solicitud de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, sin que ello implique acordar favorablemente lo solicitado, aunado a que no se obliga a notificar en forma personal el acuerdo correspondiente, en virtud de que la parte quejosa no señaló domicilio en su petición, sino más bien lo deje a disposición de la parte quejosa en el mismo módulo "MESA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE", en el que presentó su petición. (...)" " Las consideraciones torales para conceder el amparo y protección de la justicia fueron las siguientes (fojas 45 a 47): "(.) Lo antepuesto revela que, para que el gobernado acredite el interés jurídico cuando acuda en amparo a impugnar actos de esa naturaleza, es necesario que demuestre que realizó y presentó la petición cuya falta de contestación se duele, la que debe estar dirigida de manera pacífica y en forma respetuosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, del Tomo VII, Junio de 1991, registro 222606, página 351, del tenor y texto siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el depósito en el correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que aquél no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder" En el caso, la parte quejosa demostró que formuló una petición mediante escrito que presentó el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete (foja 8), ante el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca "MESA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE" y a la cual le correspondió conocer a la jefa del Departamento de Tramitación de Solicitudes de dicho instituto. Sin embargo, la autoridad señalada no dictó acuerdo alguno al respecto, como consecuencia, tampoco ha hecho del conocimiento de la parte quejosa la respuesta dada a su petición. Por lo anterior, como la parte quejosa formuló una petición en términos del artículo 8º de la Constitución Federal, esto es: a) Por escrito, como lo demostró con la promoción con sello y rúbrica de recibido el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete (foja 8); b) De manera pacífica y c) Respetuosa. En tanto que la responsable fue omisa en dar contestación a esa expresa petición, en el término a que se refiere el precepto 13 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Por lo que esa omisión es inconstitucional en sí misma, por constituir violación directa al derecho de petición consagrado por el precepto constitucional de que se trata. Sin que sea impedimento a lo anteriormente determinado, el hecho de que la jefa del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, señale en su informe justificado (fojas 30 a 36) que si dio respuesta a la parte quejosa, en razón de haber dado respuesta de manera verbal, ya que, como se expuso en líneas que anteceden, la respuesta de la autoridad debe ser en breve término, congruente y por escrito, lo cual se le debe hacer del conocimiento del peticionario en el domicilio que en su caso haya señalado. Asimismo, no es óbice el hecho de que la solicitud de tramite catastral de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete (foja 8), no esté firmada por la quejosa María Elena Martínez Morales, pues la jefa del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (foja 31), aceptó textualmente que dicha quejosa junto con el notario Público Número Cinco en el Estado de Oaxaca licenciado Eduardo García Corpus presentaron dicha solicitud. (...)." En cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo, en auto de veinte de diciembre de dos mil diecisiete (foja 73), se tuvo a la jefa del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, con sede en la ciudad de Oaxaca, remitiendo: Copia certificada del oficio número ICEO/DG/CEM/806/2017, de seis de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 71 y 72). Documental con la que acreditó los trámites relativos al cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en autos. Ahora, del examen que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma; toda vez que de la copia certificada del oficio número ICEO/DG/CEM/806/2017, de seis de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 71 y 72), que la responsable acompañó al oficio de dieciocho de ese mes y año (foja 69), se advierte que dicto el acuerdo correspondiente sobre la petición que formuló la parte quejosa, es decir, sobre la solicitud de tramite catastral con folio 1385 y número de ID 573382, presentada el veinticinco de agosto del año pasado en las instalaciones del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (foja 8). Sin que obste el hecho de que la responsable no acredite haber notificado personalmente dicho acuerdo a la parte quejosa, ello atento a los efectos de esta sentencia de amparo. Máxime que, como se precisó en líneas que anteceden, por auto de veinte de diciembre del año pasado (foja 73), se dio vista a la parte quejosa con copia certificada del citado oficio ICEO/DG/CEM/806/2017, de seis de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 71 y 72); con lo que se satisfizo lo establecido en la jurisprudencia 2a,/J. 16/99 , de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO.Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello. Lo anterior revela que la responsable restituyó a la parte quejosa en sus derechos fundamentales pues, de manera congruente, proveyó lo relativo a la petición efectuada. Se tiene por cumplida la sentencia de amparo. En esas condiciones, se advierte que la autoridad responsable acató los lineamientos establecidos en el fallo protector, por lo que con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, al no existir defecto o exceso en el cumplimiento, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Al caso, es aplicable la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1897, Tomo XXII, agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 177628, con el rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS.El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." (Lo resaltado es propio) También apoya a lo anteriormente expresado, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Archivo del expediente. Por lo que, con apoyo en el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Carece de relevancia de documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino del expediente. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Se comunica a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno impreso y electrónico respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, con las facultades otorgadas por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión mediante oficio número CCJ/ST/6503/2017, de la misma fecha; y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL-1130/2017-7B& San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil diecisiete. .....Notifíquese personalmente.
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PRAL.1130/2017-7B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de diciembre de dos mil diecisiete. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciséis de noviembre de este año (fojas 47 a 57), en la que por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Elena Martínez Morales y al notario público número Ciento Cinco en el Estado de Oaxaca licenciado Eduardo García Corpus, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión contra dicho fallo. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Se requiere cumplimiento a la autoridad responsable. Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable jefa del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de este auto que por oficio se efectué, cumpla conforme a la sentencia concesoria de amparo. Apercibimiento. En el entendido que de no cumplir con lo anterior sin causa justificada, se le impondrá, en su perjuicio, una multa por la cantidad de cien días valores diarios de la unidad de medida y actualización (equivalente a $7,549.00 siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/MN), en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha de este auto. Apoya lo anterior, la tesis aislada del rubro y texto siguientes: "APERCIBIMIENTO DE MULTA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO. EL DECRETADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR EL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE CUMPLA LA SENTENCIA DE AMPARO, DEBE PRECISARSE DESDE ESE MOMENTO Y NO SER GENERAL, VAGO O IMPRECISO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la autoridad responsable para que cumpla con una ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, se le apercibirá de que, en caso de no cumplir sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que "se determinará desde luego". Ahora bien, cuando en el acuerdo dictado por el Juez de Distrito, donde se requiere a la autoridad responsable para que informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia que concedió el amparo, únicamente se indica el hecho que, de no cumplir en los términos establecidos, se procederá conforme al artículo 193 de la citada ley, debe decirse que un apercibimiento realizado de esa forma es ilegal, porque no debe ser general, vago o impreciso, sino preciso y determinado, para así dar seguridad de que esa multa que "se determinará desde luego", no sólo debe concebirse como propósito, intención, fin o designio, sino también como cosa, elemento, entidad, tema o materia plenamente particularizado (certidumbre de lo que se impone)". Publicación de datos personales. Como las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por lo que el auto inicial, las resoluciones intermedias y la sentencia, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información; pero tienen el derecho de oponerse a la publicación de dichos datos para que cuando se presente la solicitud respectiva, se determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese y cúmplase. ...
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