María Elena Macías Bencomo
Expediente 553/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 19 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 553/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 10/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- María Elena Macías Bencomo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Vistas las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de cinco de julio de la presente anualidad, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizaran manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, en su oportunidad envíese al archivo. Asimismo, en observancia a lo previsto en el numeral 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades es de relevancia documental, por ubicarse en el supuesto a que se refiere la fracción X del diverso artículo 15 del propio acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO PRINCIPAL. Por este medio de lista se notifica a la parte tercero interesada DESARROLLO COCO Y MAR, S.A.DE C.V. el contenido de la resolución de fecha cinco de julio de dos mil veintidós que dicen: Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 en Chetumal, Quintana Roo informó en qué términos dio cumplimiento al fallo protector; por lo que, en acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se dio vista a las partes por el término de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Ahora, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, feneció el plazo de tres días concedido a las partes para que realizaran manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la sentencia de amparo que dio la autoridad responsable, por lo que procede pronunciarse de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, marzo de 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese contexto, se hace relación de los antecedentes correspondientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo: El veinte de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por *****. En proveído de veintiséis de noviembre de ese mismo año, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo a la autoridad responsable. Por oficio ****** presentado en este juzgado de Distrito el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, la autoridad responsable informó en qué términos dio cumplimiento con la sentencia de amparo, y para justificar ello, remitió copia certificada del acuerdo emitido el diez de los citados mes y año, dictada dentro del juicio agrario **** de su índice. Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documento público, ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, en la sentencia de amparo se precisaron los efectos con los que la autoridad responsable podría restituir a la promovente de los derechos fundamentales violados, en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo, esto es: a) Que el Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, en Chetumal, Quintana Roo dejara insubsistente el acuerdo dictado el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el juicio agrario *****, únicamente en respecto a la solicitud de la quejosa para ordenar la realización de las anotaciones marginales en folios electrónicos***** y sus subdivisiones ****** a *****, relativas a que los predios respectivos se encuentran en litigio, y b) Con plenitud de jurisdicción, emitiera un nuevo proveído en el que reiterara lo que no fue materia de estudio y, de manera fundada y motivada, resolviera respecto de la pretensión de la parte aquí quejosa, purgando los vicios formales apuntados en esta sentencia. Luego, de la documental aportada por el Tribunal Agrario responsable se advierte que el diez de enero de dos mil veintidós, emitió un acuerdo en el que realizo lo siguiente: ? Dejó insubsistente el proveído dictado el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el juicio agrario *****, únicamente en respecto a la solicitud de la quejosa para ordenar la realización de las anotaciones marginales en folios electrónicos ******y sus subdivisiones ***** a *****, relativas a que los predios respectivos se encuentran en litigio. ? Asimismo, reiteró lo que no fue materia de estudio de la sentencia de amparo y, en ejercicio de la libertad de jurisdicción otorgada, expuso los motivos por los cuales, a su juicio, no resultaba procedente acceder a la pretensión del apoderado legal de la amparista para ordenar la realización de anotaciones marginales en los folios electrónicos **** y sus subdivisiones **** a ***** , relativas a que los predios respectivos se encuentran en litigio de manera, esto es, que de la lectura íntegra del escrito presentado por la parte aquí quejosa, se desprende que no se solicitó una medida precautoria, por lo que no le resultaba aplicable el artículo 166 de la Ley Agraria; además, que se trata de actos futuros inciertos que depende de la conducta de la parte demanda en el juicio de origen, y que a la etapa procesal en que se encuentra dicho expediente, no existe certeza jurídica de que el terreno que ampara la escritura registrada con folio ****, se encuentre dentro de los límites del Ejido ****, específicamente la parcela identificada con el número *****. En ese contexto, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo al satisfacer sus efectos y, con ello, restituyó a la parte quejosa en el derecho fundamental contemplado en artículo 17 constitucional, que le había sido vulnerado. Luego, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en el fallo protector y, por tal motivo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a las partes por el término de quince días a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el párrafo cuarto del numeral 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
(aviso)Agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y cuatro, por medio del cual informa en qué términos dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y para acreditar lo anterior, remite copia certificada de lo siguiente: ? Acuerdo de diez de enero de dos mil veintidós, emitido en el expediente 727/2014, de su índice. Por consiguiente, dése vista a las partes con las constancias citadas en el párrafo que antecede, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se dictará resolución fundada y motivada en la cual se declare si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.
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