María Elena Luna Córdoba
Expediente 996/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 996/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- María Elena Luna Córdoba
Actuaciones
- Principal
MESA 5.-VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de doce de julio del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2°; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en el presente expediente; por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.
- Principal
MESA 5.- VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; la certificación que antecede, de la que se advierte que en auto admisorio de veintiséis de junio del año actual, la parte quejosa MARÍA ELENA LUNA CÓRDOBA, promovió demanda de amparo, contra el acto de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, consistente en la omisión de pronunciarse respecto a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, así como señalar fecha y hora para el desahogo de las mismas, dentro del expediente laboral 870/2016 de su índice. Ahora, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por la PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, con el que remite entre otro copia certificada del acuerdo de diez de julio del año actual, en el que señala las nueve horas del cinco de agosto del año actual, para que tenga lugar el desahogo de la confesional a cargo de la demandada Colegios de Bachilleres de Tabasco, por conducto de la persona que cuente con facultades para absolver posiciones, debiéndose continuar con la confesional a cargo de la demandada Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, por conducto de la persona que cuente con facultades para absolver posiciones, continuamente con la confesional a cargo de la actora María Elena Luna Córdova Asimismo, para que tenga lugar el cotejo ofrecido por la parte actora, señaló las diez horas del ocho de agosto de dos mil diecinueve, en relación a la documentales públicas en los puntos 1, 2, 3, 6, 8, 9, 21, 22, 23, 24 y 25 de su escrito de pruebas, y las diez horas del nueve siguiente, para el cotejo respecto a las documentales públicas en los puntos 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y 26 (fojas 113 a la 129) de su escrito de pruebas. Y por último, señaló las diez horas del doce de agosto del presenta año, para la celebración de los cotejos ofrecidos por la parte demandada, en cuanto a las documentales públicas en los puntos 2 y 3, consistentes en convenio de terminación voluntaria número 11119/15, contrato colectivo de trabajo numero 306/2003 de su escrito de pruebas. En tal virtud, como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa MARÍA ELENA LUNA CÓRDOBA, promovió demanda de amparo, contra el acto de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, consistente en la omisión de pronunciarse respecto a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, y de señalar hora y fecha para su desahogo, dentro del expediente laboral 870/2016 de su índice, en atención a lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que en la especie el acto reclamado cesó en sus efectos porque la autoridad señalada como responsable en auto de diez de julio del año actual, admitió las pruebas ofrecidas por las partes señalando horas y fechas para su desahogo, dentro del expediente laboral antes mencionado. Aunado a lo anterior, la actualización de la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo promovido se erige en el caso de manera manifiesta e indudable, ya que a nada práctico conduciría la tramitación del presente medio de control constitucional, debido a su propia naturaleza excepcional y práctica, si los efectos que podrían lograrse con el mismo han sucedido al haber quedado restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada, de ahí que de continuar el trámite del mismo, se afectaría la naturaleza jurídica de éste, sin poder concretarse los efectos de la concesión que, en su caso, se llegara a otorgar. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número P.CL/97 sustentada por el Pleno del más alto Tribunal del País, visible en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación cuyo epígrafe es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 Fracción V del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que la Junta responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del acuerdo de diez de julio del año en curso, emitido en el expediente laboral 870/2016, ya que conjuntamente con el presente auto se ordena a la fedataria de la adscripción notifique en forma personal dicha resolución a la promovente de amparo. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes.
- Principal
MESA 5: NOTIFICACIÓN ESTABLECIDO CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.- VILLAHERMOSA, TABASCO, A DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 Fracción V del citado ordenamiento legal. En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que la Junta responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del acuerdo de diez de julio del año en curso, emitido en el expediente laboral 870/2016, ya que conjuntamente con el presente auto se ordena a la fedataria de la adscripción notifique en forma personal dicha resolución a la promovente de amparo.
- Principal
MESA 5.-VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE Vista, agréguese a los autos, el escrito signado por Alberto Sánchez Rodríguez, autorizado del quejoso, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita el acceso electrónico del expediente, dígasele que no es procedente la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, toda vez que si bien, exhibe copia simple de la solicitud del certificado digital de la FIREL, no proporciona el "Nombre de Usuario" esto es, la clave única de registro correspondiente a su FIREL vigente, o a la diversa firma que hubiera utilizado, de conformidad con los artículos 14 y 26 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos, relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal.
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