María Elena López Marín y Otros.

Expediente 547/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
547/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
31/05/2018

Partes del expediente

  • María Elena López Marín y Otros.
  • María Elena López Marín

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante transcribiendo la literalidad del proveído de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio de amparo 338/2018, de su índice, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, avocándose al conocimiento del presente asunto. Con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 11289/2018 del índice de este juzgado, e informa que registró la demanda remitida por este órgano jurisdiccional con el número de amparo directo 338/2018, reservándose proveer sobre la aceptación de la competencia hasta en tanto cuente con las constancias solicitadas a la autoridad responsable 1. Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Circunstancia de las cuales se toma conocimiento, quedando en espera de lo que determine en cuanto a la competencia declinada. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de mayo de dos mil dieciocho. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 547/2018-4-B. Atento a lo anterior, agréguese a los autos la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades responsables, los cuales son los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. 2. Juez Cuarto del Ramo Civil, de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "V.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: De la primera autoridad señalada como responsable ordenadora, se reclama la sentencia de fecha seis de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil número ***. De la segunda autoridad señalada responsable ejecutora, se reclama el cumplimiento o ejecución que le pudiera dar a la sentencia de fecha seis de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil número ***, y sus consecuencias legales." INCOMPETENCIA Ahora, este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, se considera legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal . Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 170 Constitucional y 34 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. (..)". "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.).". De los preceptos transcritos se desprende que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o durante el procedimiento, y con ello se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, así como contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. De lo anterior se destaca que el amparo directo puede promoverse contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. Robustece lo anterior, la tesis número III.3o.(III Región) 4 A (10a.) , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de rubro siguiente: "AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME A LOS SUPUESTOS LEGALES PREVISTOS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 170 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Para efectos de la ley de amparo, el juicio comienza con la presentación de la demanda. Entonces, las resoluciones que se dicten con posterioridad a la presentación de una demanda, con independencia de la materia, se entenderán dictadas en el juicio. En ese orden de ideas, la resolución por la que se confirma el auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, en el que se decreta la caducidad de la instancia en el juicio civil ***, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de éste Distrito Judicial, constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo. Se estima así, puesto que, si bien al caducar la instancia no se analizó de fondo la pretensión de la parte actora, pues extingue la instancia, más no la acción, lo cierto es que con dicha determinación finaliza el juicio; por tanto, su impugnación debe hacerse a través del amparo directo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 67/2014 (10a.) , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CADUCIDAD EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE LA DECRETA EN LOS CASOS EN QUE, POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. En relación con la caducidad de la primera instancia en el juicio mercantil, esta Primera Sala fijó, como regla general, en la jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.), que la resolución que la decreta constituye un auto definitivo y no una sentencia definitiva en su connotación material, para establecer que procede el recurso de revocación en su contra cuando por razón de la cuantía no procede el de apelación. Sin embargo, al existir una connotación formal del término "sentencia definitiva" que deriva de reconocer que existen resoluciones que, sin decidir el fondo del juicio en lo principal, o sea, sin ocuparse de establecer el derecho ni una condena o absolución de partes, se emiten en el momento procesal que corresponde a la sentencia definitiva y con las formalidades y denominación expresa de que se trata de una "sentencia definitiva", es necesario precisar que cuando la decisión sobre la caducidad de la primera instancia ocurre formalmente con el dictado de la sentencia definitiva, resulta improcedente el recurso de revocación ya que, por un lado, tal forma de determinar la caducidad tiene el carácter formal indisoluble de sentencia definitiva y, por otro, porque acorde con el contenido conducente del artículo 1334 del Código de Comercio, el recurso de revocación sólo procede en contra de autos o decretos del juez, pero no en contra de una sentencia definitiva. Lo anterior conduce, además, a abandonar parcialmente el criterio sostenido en la diversa tesis de jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.), a fin de precisar que el criterio sustentado en esa jurisprudencia solamente es aplicable a autos, desde un punto de vista formal y material, y no a sentencias definitivas en su connotación formal." De la lectura de la demanda que se analiza se advierte que la promovente, en su carácter de parte actora, reclama de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, la sentencia de seis de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca ***, por el que confirmó el auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado Cuarto del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en donde decretó la caducidad de la instancia en el juicio ordinario civil ***, promovido por la hoy quejosa. De lo anterior se colige que el acto reclamado es una determinación que puso fin al juicio puesto que al confirmar el auto que caducó el juicio de origen, ya no existe actuación pendiente o posterior que pueda tener lugar en el citado juicio civil; y, por ello, la competencia para conocer de la demanda de que se trata, se surte en favor del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil Vigésimo Circuito, en turno, residente en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el citado artículo 47 de la Ley de Amparo este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas se declara legalmente incompetente para conocer de la aludida demanda, por lo que se ordena remitir el original de la misma y sus copias, al Tribunal Colegiado antes citado, para los efectos legales a que haya lugar, previo cuaderno de antecedentes que con copia del escrito inicial de demanda se deje en este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en sentido contrario, la jurisprudencia P./J. 40/97 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE." Asimismo, solicítese el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada; fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la ley de la materia, se tiene por autorizado de la parte quejosa en términos amplios a ***, toda vez que se encontró su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de mayo de dos mil dieciocho. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 547/2018-4-B. Atento a lo anterior, agréguese a los autos la demanda de amparo que promueve María Elena López Marín, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades responsables, los cuales son los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. 2. Juez Cuarto del Ramo Civil, de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "V.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: De la primera autoridad señalada como responsable ordenadora, se reclama la sentencia de fecha seis de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil número 135-C-1C01/2018. De la segunda autoridad señalada responsable ejecutora, se reclama el cumplimiento o ejecución que le pudiera dar a la sentencia de fecha seis de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil número 135-C-1C01/2018, y sus consecuencias legales." INCOMPETENCIA Ahora, este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, se considera legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal . Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 170 Constitucional y 34 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. (..)". "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.).". De los preceptos transcritos se desprende que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o durante el procedimiento, y con ello se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, así como contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. De lo anterior se destaca que el amparo directo puede promoverse contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. Robustece lo anterior, la tesis número III.3o.(III Región) 4 A (10a.) , sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, de rubro siguiente: "AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME A LOS SUPUESTOS LEGALES PREVISTOS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 170 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Para efectos de la ley de amparo, el juicio comienza con la presentación de la demanda. Entonces, las resoluciones que se dicten con posterioridad a la presentación de una demanda, con independencia de la materia, se entenderán dictadas en el juicio. En ese orden de ideas, la resolución por la que se confirma el auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, en el que se decreta la caducidad de la instancia en el juicio civil 1004/2015, del índice del Juzgado Cuarto del Ramo Civil de éste Distrito Judicial, constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo. Se estima así, puesto que, si bien al caducar la instancia no se analizó de fondo la pretensión de la parte actora, pues extingue la instancia, más no la acción, lo cierto es que con dicha determinación finaliza el juicio; por tanto, su impugnación debe hacerse a través del amparo directo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 67/2014 (10a.) , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CADUCIDAD EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE LA DECRETA EN LOS CASOS EN QUE, POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. En relación con la caducidad de la primera instancia en el juicio mercantil, esta Primera Sala fijó, como regla general, en la jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.), que la resolución que la decreta constituye un auto definitivo y no una sentencia definitiva en su connotación material, para establecer que procede el recurso de revocación en su contra cuando por razón de la cuantía no procede el de apelación. Sin embargo, al existir una connotación formal del término "sentencia definitiva" que deriva de reconocer que existen resoluciones que, sin decidir el fondo del juicio en lo principal, o sea, sin ocuparse de establecer el derecho ni una condena o absolución de partes, se emiten en el momento procesal que corresponde a la sentencia definitiva y con las formalidades y denominación expresa de que se trata de una "sentencia definitiva", es necesario precisar que cuando la decisión sobre la caducidad de la primera instancia ocurre formalmente con el dictado de la sentencia definitiva, resulta improcedente el recurso de revocación ya que, por un lado, tal forma de determinar la caducidad tiene el carácter formal indisoluble de sentencia definitiva y, por otro, porque acorde con el contenido conducente del artículo 1334 del Código de Comercio, el recurso de revocación sólo procede en contra de autos o decretos del juez, pero no en contra de una sentencia definitiva. Lo anterior conduce, además, a abandonar parcialmente el criterio sostenido en la diversa tesis de jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.), a fin de precisar que el criterio sustentado en esa jurisprudencia solamente es aplicable a autos, desde un punto de vista formal y material, y no a sentencias definitivas en su connotación formal." De la lectura de la demanda que se analiza se advierte que la promovente, en su carácter de parte actora, reclama de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, la sentencia de seis de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca 135-C-1C01/2018, por el que confirmó el auto de seis de febrero de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado Cuarto del Ramo Civil de este Distrito Judicial, en donde decretó la caducidad de la instancia en el juicio ordinario civil 1004/2015, promovido por la hoy quejosa. De lo anterior se colige que el acto reclamado es una determinación que puso fin al juicio puesto que al confirmar el auto que caducó el juicio de origen, ya no existe actuación pendiente o posterior que pueda tener lugar en el citado juicio civil; y, por ello, la competencia para conocer de la demanda de que se trata, se surte en favor del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil Vigésimo Circuito, en turno, residente en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el citado artículo 47 de la Ley de Amparo este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas se declara legalmente incompetente para conocer de la aludida demanda, por lo que se ordena remitir el original de la misma y sus copias, al Tribunal Colegiado antes citado, para los efectos legales a que haya lugar, previo cuaderno de antecedentes que con copia del escrito inicial de demanda se deje en este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en sentido contrario, la jurisprudencia P./J. 40/97 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE." Asimismo, solicítese el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada; fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la ley de la materia, se tiene por autorizado de la parte quejosa en términos amplios a Víctor Ovando Vázquez, toda vez que se encontró su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese."

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