María Elena López Alvarado
Expediente 355/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 355/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/07/2019
Partes del expediente
- María Elena López Alvarado
Actuaciones
- Principal
1. Estado procesal. Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo. 1.1 Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.2 Remisión archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. 1.3 Destrucción expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.4 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
1. Promoción. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, con el que devuelve sin diligenciar el exhorto número 28/2019, orden 114/2019, que se le envió para notificar a la quejosa ...., el auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve; al efecto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y acúsese el recibo de estilo correspondiente. 1.1 Notificación por lista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena se notifique por lista dicho proveído, así como las subsecuentes actuaciones, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito de demanda presentado por ....., contra actos del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 355/2019, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). A efecto de proveer respecto del libelo promovido, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo y en caso de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, registro 196196, con rubro y texto son los siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." La promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de la autoridad y actos siguientes: Autoridad responsable: Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Actos Reclamados: PRIMER ACTO RECLAMADO: El CAMBIO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRADICIONAL, POR UNO MODERNO DENOMINADO DIGITAL y/o ELECTRÓNICO, dictado en mi contra por la única responsable, con la amenaza de la suspensión del suministro de Energía Eléctrica que pretende efectuar esta, si no acepto dicho cambio; Esto, sin ninguna justificación lógica-jurídica; Violando todos mis Derechos y Garantías Individuales a las que como persona física y a la vez usuaria de un servicio, tengo. SEGUNDO ACTO RECLAMADO: La ORDEN DE PAGO INJUSTIFICADO y SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA dictada en mi contra por la única responsable, sin que yo haya cometido falta alguna que amerite tal acción; Precisando a su Señoría que existe, por parte de la señalada como responsable, falta de equidad y proporcionalidad con relación entre el proveedor y el consumidor en cuanto a la determinación y cuantificación del consumo de energía eléctrica, supuestamente consumida en mi domicilio, así como el cobro excesivo por el supuesto consumo de la energía eléctrica; Esto, dado a la aplicación de supuestas nuevas tarifas y la lectura arbitraria que se hace en mi domicilio, por parte de la señalada como responsable, quien se basa únicamente en el conocimiento técnico de este, sin consultarme, siendo esto último, Acto de Tracto Sucesivo, que por tratarse de hechos continuos, se actualiza cada bimestre. Precisando que he venido pagando, sin justificación alguna, fuera de toda lógica-jurídica-administrativa y por cualquier arista que se vea, un recibo de energía eléctrica con cantidades excesivas, fuera de mi alcance, el cual, además, según la Comisión Federal de Electricidad, adolece de PAGOS PENDIENTES, los cuales NO ESTOY DISPUESTO A PAGAR, porque resultan a todas luces impagables. Tercer acto reclamado: La Comisión Federal de Electricidad, pretende imponer un sistema de COMPRA DE ENERGÍA y no PAGO DE ENERGÍA; esto, a través de un sistema ideado unilateralmente por dicha empresa, al intentar obligarme a acercarme a sus oficinas a pagar un monto económico por la supuesta energía consumida; es decir, argumenta que YA NO ME ENVIARÁ EL RECIBO; Pretendiendo que bimestralmente me acerque yo a pagar y allí me dirán cuanto debo pagar. Lo cual resulta, a todas luces, ilógico, irracional y, por supuesto, totalmente ILEGAL. Este órgano de control constitucional considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Conforme a lo anterior, del artículo 5° en cuestión, por autoridad para efectos del juicio de amparo se debe entender aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página: 1089, registro: 161133, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De lo anterior, se estableció las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. En el contexto que precede, puede concluirse que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso, se tiene que analizar su naturaleza para determinar si se está en una relación de supra a subordinación y si a través del acto que se le atribuye se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Ahora, tratándose de autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 198/2017, determinó que a raíz de la llamada reforma energética, se creó un régimen jurídico especial que tutela la actividad de suministro de energía de la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva del Estado, con el objetivo de garantizar que el servicio se preste en un sistema de libre competencia. Que derivado de ello, la relación que tiene la Comisión Federal de Electricidad con los consumidores del servicio básico de suministro eléctrico, no se da en un plano de supra a subordinación, sino de coordinación, puesto que el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a los condiciones de la empresa, por lo que los actos vinculados con la prestación del servicio previstos en el propio contrato, incluido el corte del suministro, forman parte de una relación comercial y la vía procedente para dirimir las controversias es la ordinaria mercantil, incluso la que se establece en el propio contrato. Bajo estas consideraciones, concluyó que los actos realizados por la Comisión Federal de Electricidad derivados de lo pactado en el contrato de suministro de energía eléctrica, incluido el cambio de medidor de energía eléctrica, orden de pago, suspensión o desconexión del servicio y el sistema de compra de energía, no pueden ser considerados como de autoridad o equiparados a éstas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior se advierte de la ejecutoria emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal para resolver la referida contradicción, en la que se precisó, que los actos realizados por la Comisión Federal de Electricidad derivados de lo pactado en el contrato de suministro de energía eléctrica, incluido el cambio de medidor de energía eléctrica, orden de pago, suspensión o desconexión del servicio y el sistema de compra de energía, no pueden ser considerados como de autoridad o equiparados a éstas para efectos del juicio de amparo, porque forman parte de una relación comercial y la vía procedente para dirimir las controversias es la ordinaria mercantil, incluso la que se establece en el propio contrato. Lo que se corrobora con la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 532, registro: 2016656, con el rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Bajo este contexto, debe destacarse que los actos reclamados en este juicio derivan de lo pactado en el contrato de adhesión de suministro de energía eléctrica, por lo cual, en el caso no puede considerarse que la autoridad de la Comisión Federal de Electricidad señalada como responsable, tenga el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así es, en el caso debe recodarse que los actos reclamados se hicieron consistir en el cambio de medidor de energía eléctrica, orden de pago injustificado, suspensión de energía eléctrica e implementación de un sistema de compra de energía, se estima derivado del servicio de energía eléctrica de la cuenta que corresponde a la parte quejosa, otorgado por una empresa en el plano de coordinación. Por lo que, los actos realizados por la Comisión Federal de Electricidad, derivan de lo pactado en el contrato de suministro de energía, no pueden ser considerados como de autoridad o equiparados a éstas para efectos del juicio de amparo. Motivo por el cual, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, este último interpretado en sentido contrario, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por ...., por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, 08 de febrero de 2019, registro 2019230, con el texto y rubro siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Toda vez que en el escrito de demanda la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en domicilio conocido, frente, parte atrás de escuela en Cenicero, Chiapas, y tomando en cuenta que dicho domicilio se encuentra fuera de la residencia y jurisdicción de este Órgano de Control Constitucional, con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, para que ordene a quien corresponda, se sirva notificar el presente proveído, a la promovente ...., en el domicilio antes señalado. Asimismo, le requiera a la citada quejosa para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días contado a partir de que sean notificados, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le hará por medio de lista de acuerdos, de conformidad con los numerales 29 y 27, fracción II de la Ley en comento. Además, con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que habilite días y horas inhábiles al funcionario judicial, para que lleve a cabo la diligencia encomendada cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos.
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