María Elena Jiménez Ramos

Expediente 1301/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1301/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
20/09/2021

Partes del expediente

  • María Elena Jiménez Ramos
  • María Elena Jiménez Ramos y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    6) San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Escrito. La quejosa solicita que, con los nombres de usuario "*" y "*", se autorice el otorgamiento de los permisos necesarios para la consulta del expediente electrónico y para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales. Acuerdo y/o motivación. Solicitud de consulta del expediente electrónico y para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales. En tales condiciones, se otorgan los permisos necesarios para la consulta del expediente electrónico y para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, conforme a las reglas establecidas en el Capítulo Cuarto del Título Primero de la Ley de Amparo, toda vez que el nombre de usuario que proporciona la promovente se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que los permisos otorgados estarán en todo momento condicionados a que la Firma Electrónica se mantenga vigente.(...) Notifíquese por lista en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación y electrónicamente a la parte quejosa.

  2. Principal

    3.-.... El Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito: 1.- Devuelve las copias certificadas enviadas con motivo del recurso de queja interpuesto. 2.- Remite el testimonio de la ejecutoria dictada el cinco de agosto de dos mil veintiuno, en el recurso de queja Q- 91/2021, en la que se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara parcialmente fundado el presente recurso de queja." Fundamentación. Artículos 3, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 214 de la Ley de Amparo. Acuerdo. 1.- Acuse. Acúsese el recibo correspondiente vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), en relación con la recepción de las copias certificadas y el testimonio de la ejecutoria dictada el cinco de agosto de dos mil veintiuno, en el recurso de queja Q- 91/2021. 2.- Legajo de copias. Se ordena la destrucción inmediata de las copias certificadas devueltas por el tribunal de alzada, toda vez que este juzgado federal cuenta con los autos originales y se estima innecesaria su conservación. 3.- Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el SISE. 4.- Ejecutoria. En ejecutoria dictada el cinco de agosto de dos mil veintiuno, en el recurso de queja ...se advierte que el tribunal de alzada: a.- Confirmó el desechamiento. Respecto al acto reclamado consistente en: Las notificaciones por las cuales se hizo de su conocimiento el contenido de los autos de fechas: ocho de septiembre de dos mil veinte, nueve de octubre de dos mil veinte, veinte de noviembre de dos mil veinte y de la sentencia definitiva de quince de diciembre de dos mil veinte, practicadas en el expediente ... Al resolver, en lo que interesa al presente acto reclamado, lo siguiente: "La falta de observancia del principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en modo alguno implica la procedencia de la acción constitucional en la vía indirecto, pues se insiste, el peticionario dio pauta a que no pudiera impugnar, dentro del procedimiento, los mencionados medios de comunicación judicial; de ahí, que en la especie fuera correcta la actuación del juez de Distrito al tener por actualizada de modo manifiesto e indudable la citada causa de improcedencia" b.- Nota distintiva. Respecto de los actos tendentes a requerir el cumplimiento a la sentencia definitiva. Resolvió, lo siguiente: "El recurrente se limita a afirmar que el juez del conocimiento debió asumir jurisdicción respecto de tales actos de autoridad dictados en ejecución de sentencia, lo que de ninguna manera se encuentra enderezado a destruir de manera frontal la señalada causa de improcedencia, de ahí que la parte conducente del auto materia de este medio de impugnación deba permanecer incólume" De lo anterior, se toma conocimiento, para el efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de cinco de agosto de dos mil veintiuno. c.- Declaró fundado el recurso de queja. En los siguientes términos: "En el caso en comento y al estar frente a un acto respecto del cual no procedía el juicio de amparo indirecto, debió, previo desechamiento de la demanda respecto de los restantes actos reclamados, ordenar la remisión del escrito inicial al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, a fin de que se pronunciara respecto a la sentencia definitiva reclamada." 5.- Cumplimiento. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se provee: a.- Desechamiento. Litis: A.- Parte quejosa... B.- Tercero interesado. Industria Comercio y Bienes Raíces, Sociedad Anónima de Capital Variable. C.- Autoridades responsables. 1.- Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. 2.- Diligenciaria Par, adscrita al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. 3.- Titular de Seguridad Pública del Municipio de Cuautlancingo, Puebla. 4.- Titular de Seguridad Pública del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla. 5.- Titular de Seguridad Pública del Municipio de San Pedro Cholula Puebla. 6.- Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla. D.- Actos reclamados. 1.- La sentencia definitiva de quince de diciembre de dos mil veinte, dictada en el expediente ... 2.- El auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno que declaro ejecutoriada la sentencia y ordena su cumplimiento. 3.- Los autos mediante los cuales se requiere al ahora quejoso la entrega del inmueble de su propiedad, con el apercibimiento de usar la fuerza pública en caso de oposición. ... Acuerdo y/o motivación. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este juzgado federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, respecto del segundo y tercer acto reclamado. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Precisa que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Y aclara que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos precisados. En ese orden de ideas, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, establece una regla general y dos específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos después de concluido un juicio. La regla general de procedencia del juicio de amparo se advierte del primer párrafo de la fracción IV, del artículo 107, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio. Cabe destacar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el juicio de amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. .... De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia transcrita, destaca para la resolución del presente asunto, el siguiente pronunciamiento: "Esto es, la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes.". .... Por su parte, las 2 reglas específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto derivan de los párrafos segundo y tercero de la fracción en cita, en cuanto establecen la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta en los siguientes casos: a.- Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y, b.- En tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados; pudiendo en ambos casos reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. ... Asimismo, cabe señalar que en relación con la fracción IV del precepto en comento, la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final de dicho procedimiento. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las mencionadas reglas específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto fueron instrumentadas por el legislador al expedir la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, ahora abrogada, así como en la ley de la materia actualmente en vigor, con la finalidad que se desprende de la exposición de motivos respectiva, consistente en evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el mencionado juicio constitucional se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituía la verdad legal, por lo cual la sociedad estaba interesada en su ejecución, y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, y tratándose de remates, que sólo procedería contra la resolución que lo aprobara o desaprobara. Importa también precisar que nuestro Máximo Tribunal de la Nación ha emitido criterio en el sentido de que por última resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. .... Análisis de la causa de improcedencia. La causa de improcedencia se actualiza por lo siguiente: En la especie, la parte quejosa reclama, en esencia: Todo lo actuado en el expediente 1718/2019 con posterioridad a las notificaciones realizadas de forma ilegal, lo que incluye la sentencia definitiva de quince de diciembre de dos mil veinte, el auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno que declaro ejecutoriada la sentencia y ordena su cumplimiento. Así como los autos mediante los cuales se requiere al ahora quejoso la entrega del inmueble de su propiedad, con el apercibimiento de usar la fuerza pública en caso de oposición Es decir, actos emitidos después de concluido el juicio [concluyó con la sentencia de quince de diciembre de dos mil veinte]. Por tanto los actos reclamados, forman parte del procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, toda vez que si bien se reclama actos emitidos después de concluido el juicio (regla general); no se actualiza alguna de las 2 hipótesis específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos después de concluido un juicio, porque: A.- El auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno que declaró ejecutoriada la sentencia y ordenó su cumplimiento. B.- Los autos mediante los cuales se requiere la entrega del inmueble. No constituyen actos con autonomía propia, pues en realidad tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia del juicio natural, toda vez que a través de él se materializa el efecto de la condena; es decir, la restitución del inmueble defendido, ante la contumacia de la demandada de entregarlo en forma voluntaria. C.- Ergo, los actos reclamados no son actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues su objeto es preparar la ejecución de la condena; es decir, no son actos autónomos, sino en realidad son actos de ejecución de la condena. D.- Aunado a lo anterior, el auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno que declaró ejecutoriada la sentencia y ordenó su cumplimiento y la orden de entrega del inmueble no constituyen la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, toda vez que con él no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado en el juicio, no se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni se ordena el archivo definitivo del expediente. ... Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto respecto del segundo y tercer acto reclamado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. b.- Incompetencia. Presupuesto procesal de competencia. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 35, 37 y 47 de la Ley de Amparo se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición del procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la remisión de los autos al juez competente. Para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a.- Competencia por territorio; b.- Competencia por materia; c.- Competencia por razón de la vía; y, d.- Competencia auxiliar. Competencia por razón de la vía. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por razón de la vía. En términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es un proceso constitucional autónomo, competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito, -excepción hecha de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se refiere el artículo 40 de la Ley de Amparo-, que procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. La Ley de Amparo define que se entiende por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Finalmente, el artículo 37, fracción I, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio. Análisis particular de la competencia por razón de la vía. En la especie, se ejercita la acción constitucional de amparo contra la sentencia definitiva de quince de diciembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 1718/2019. En ese orden de ideas, ese acto reclamado, por su naturaleza y para efectos del juicio de amparo, constituye una sentencia definitiva que decidió el juicio en lo principal. En consecuencia, la competencia para conocer del asunto, por razón de la vía, se surte a favor de un Tribunal Colegiado de Circuito en amparo directo, toda vez que la sentencia reclamada puso fin al juicio de origen, con independencia de que la quejosa hubiese o no agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlo, pues el tribunal cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. .... Escisión. Una vez que quede firme el desechamiento, se ordena escindir la demanda de amparo y remitir copia certificada de todo lo actuado en este asunto al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, para la integración y resolución del amparo en la vía directa respecto de la sentencia definitiva dictada en el expediente .... En esa medida, se solicita atentamente al tribunal declinado acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia, conforme al artículo 47 de la Ley de Amparo. Notifíquese y electrónicamente al quejoso. ....

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