María Elena Hoyos Abril Marquez

Expediente 135/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
135/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • María Elena Hoyos Abril Marquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Recepción de testimonio de ejecutoria. Agréguese a los presentes autos el oficio con número de registro 17816, de la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite los autos relativos al juicio de amparo en que se actúa, así como copia certificada de la resolución dictada en sesión de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dentro del amparo laboral en revisión 138/2022, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada el trece de junio de dos mil veintidós, en este juicio de amparo, en el cual se resolvió: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a MARÍA ELENA HOYOS ABRIL MÁRQUEZ, contra la autoridad y por los actos precisados en el resultando primero de la sentencia recurrida.". Acúsese recibo de lo anterior al tribunal oficiante. Glósese el cuaderno de antecedentes con sus actuaciones al presente juicio, con excepción de las constancias que constituyen reproducción fiel de las que ya obran en este asunto, para evitar agregarlas innecesariamente, pues únicamente duplicarían las ya existentes, lo que dificultaría el manejo del expediente al tornarse voluminoso. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Devolución de legajo de prueba. Por último, y en razón de lo acordado en párrafos precedentes, resulta innecesario conservar el legajo de prueba señalado como Tomo I, que fue formado con las constancias remitidas por el tribunal responsable; en consecuencia, se ordena la devolución a su lugar de origen. Notifíquese por oficio al citado órgano colegiado, a la autoridad responsable y por lista las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, doce de agosto de dos mil veintidós. Admite recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio remitido por la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el cual comunica la admisión del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia de trece de junio del año en curso; asimismo, que dicho medio de impugnación fue radicado con el toca 138/2022. Vinculación de expediente. Por otro lado, como lo solicita, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, a fin de que vincule el presente asunto con el toca del órgano colegiado de referencia, para privilegiar el trámite electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, seis de julio de dos mil veintidós. Interpone recurso de revisión. Glósese a los autos el escrito de cuenta suscrito por la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de quince de junio de dos mil veintidós, dictada en el presente expediente; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Distribúyase entre las partes copia del escrito de interposición y expresión de agravios; en la inteligencia que la correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado y en su oportunidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, así como I Tomo de pruebas remitido por la autoridad responsable, para el trámite correspondiente del citado recurso, acompañándole el original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del trece de junio de dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, se constituye en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe, en términos del Artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la comparecencia personal de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura a las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Abierto el periodo de pruebas, la secretaría da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridad responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Acto seguido, se abre la etapa de alegatos y la secretaría hace constar que la quejosa formuló alegatos por escrito, y las demás partes no los expresaron. El juez acuerda: se tiene por formulados los alegatos de la citada oferente, y por perdido el derecho de las demás partes para hacerlo. Acto continuo, se cierra la audiencia y el juez procede a dictar la siguiente resolución. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 135/2022; y I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Por escrito presentado el tres de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, María Elena Hoyos Abril Márquez solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora con residencia en esta ciudad. 2. Mediante proveído de quince de febrero del año en curso se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien omitió formular pedimento, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, la cual previos diferimientos se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. II. Competencia 3. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de derechos, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, y 107, fracción III, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto reclamado trae aparejada ejecución en la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional, lo que lo dota de competencia. III. Precisión del acto reclamado 4. Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: ". El acto lo constituye el auto pronunciado por la autoridad responsable EN FECHA CATORCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO PRONUNCIADO EN DICHO AUTO BAJO EL EXPEDIENTE No. 253/2010/I, mediante el cual la responsable en forma indebida dice no ha lugar al incidente de liquidación promovido en fecha 22 de septiembre del año 2021, esto acordado de conformidad a lo solicitado, a lo que la autoridad expresa que en un convenio celebrado en diligencia de seis de agosto de dos mil veintiuno, con el tercero interesado ISSSTESON con el fin de archivar el presente asunto como total y definitivamente concluido y se pactó en tres pagos y por la cantidad total de $1,782,539.94 a lo cual en ejecutoria de amparo directo laboral, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, sale condenatorio al tercero interesado y se le ordena a pagar las prestaciones solicitadas en la demanda. ASI MISMO EN EL RESOLUTIVO OCTAVO DICE: "SE ORDENA LA APERTURA DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN A PETICIÓN DE PARTE PARA EL EFECTO DE CALCULAR LA CANTIDAD FINAL A PAGAR DE SALARIOS CAÍDOS, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN IV DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL Y LOS AUMENTOS QUE PUDO HABER SUFRIDO EL SALARIO DURANTE EL TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN", a lo cual es cierto que se hace un convenio en fecha antes mencionada, pero en dicho convenio no se menciona que el incidente de liquidación en ningún momento, ni que se desistirá de él ni nada a lo cual violándome todas mis garantías individuales y mis derechos humanos, en lo ilegal de dicho auto dictado por la autoridad responsable, que más adelante expresaré detalladamente." IV. Existencia del acto reclamado 5. Es cierto el acto que se reclama al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora de esta ciudad, pues así se advierte de la lectura del informe con justificación rendido por el secretario general de Acuerdos y Proyectos de la Sala Superior de dicho tribunal. 6. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 7. Lo que se corrobora con las constancias exhibidas por la autoridad responsable el veinticinco de febrero del año que transcurre, y las exhibidas el veintiséis de abril pasado; documentales que tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, pues se trata de constancias emitidas por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y resultan eficaces para demostrar la existencia del acto reclamado. V. Consideraciones jurídicas 8. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, procede conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia, pues constituyen cuestiones de orden público cuyo estudio debe abordarse de oficio y de manera preferente a la cuestión de fondo. 9. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia II.1º. J/5, emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, página 95, Octava Época, con número de registro electrónico 222780, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." 10. En virtud de que en el caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia, ni este juzgador advierte que se actualice una de estas, se procede al análisis de los conceptos de violación, los que se tienen por reproducidos en acatamiento al principio de economía procesal y en razón de que no existe precepto legal alguno que obligue a su literal transcripción; máxime que no se afectan los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. 11. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, Novena Época, con número de registro electrónico 164618, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." VI. Análisis constitucional del acto reclamado. 12. Previamente al análisis de los conceptos de violación, conviene precisar los antecedentes del caso. 13. El catorce de octubre de dos mil veinte, se dictó laudo en los autos del juicio laboral 253/2010, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo laboral 580/2019, en cuyo punto octavo resolutivo se determinó: ". Se ordena la apertura del incidente de liquidación a petición de parte para el efecto de calcular la cantidad final a pagar de salarios caídos, aguinaldo y prima vacacional en los términos del artículo 42 fracción IV de la Ley del Servicio Civil y los aumentos que pudo haber sufrido el salario durante el tiempo de la suspensión de la relación." 14. El seis de agosto de dos mil veintiuno, ante la funcionaria actuante de la Sala responsable, se suscribió un convenio con motivo de la ejecución del laudo, en el que se pactó lo siguiente: ". Se tienen por hechas las manifestaciones vertidas con anterioridad por el representante legal de la parte actora y con ellas se da vista a quien nos atiende por parte del Instituto a lo que me manifiesta: "Se acepta la propuesta realizada por la parte ejecutante por así convenir a los intereses de este Instituto, por la cantidad de $1,782,539.94 (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 94/100 MONEDA NACIONAL, quedando los pagos con fecha de primer pago el 15 de agosto por la cantidad de $594,179.98 (son quinientos noventa y cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 98/100 moneda nacional), segundo pago el veinte de septiembre por la cantidad de $594,179.98 98 (son quinientos noventa y cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 98/100 moneda nacional), y tercer y último pago de fecha dieciocho de octubre por la cantidad de $594,179.98 98 (son quinientos noventa y cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 98/100 moneda nacional), todos del año dos mil veintiuno, precisándose que los pagos se realizarán al trabajador directamente mediante cheque de caja que se le hará entrega ante la autoridad ejecutora y solicitando una vez que se realice el último pago se ordene el archivo como asunto total y definitivamente concluido, en lo que respecta a la condena en contra del ISSSTESON." Se tiene por hechas las manifestaciones vertidas con anterioridad por el representante legal del instituto y con ellas se da vista a la parte actora y concedido el derecho me manifiesta: "Que en este acto se acepta el planteamiento formulado por el instituto aceptando las fechas de pago como se dijo con antelación, de $1,782,539.94 (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 94/100 MONEDA NACIONAL, quedando los pagos con fecha de primer pago el 15 de agosto por la cantidad de $594,179.98 (son quinientos noventa y cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 98/100 moneda nacional), segundo pago el veinte de septiembre por la cantidad de $594,179.98 98 (son quinientos noventa y cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 98/100 moneda nacional), y tercer y último pago de fecha dieciocho de octubre por la cantidad de $594,179.98 98 (son quinientos noventa y cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 98/100 moneda nacional), todos del año dos mil veintiuno, quedando solo a la espera del debido cumplimiento de los acuerdos aquí celebrados debiéndose tener los mismos como un convenio entre las partes, solicitando a esta C. Actuaria se sirva suspender la presente diligencia en virtud de los acuerdo celebrados." Se tienen por hechas las manifestaciones vertidas con anterioridad por el representante legal de la parte actora en virtud del convenio celebrado entre las partes me es imposible continuar con la presente diligencia. Solicito al representante legal del instituto que me reciba con sello y firma la copia del auto que se notifica para que quede constancia que se agrega al expediente; a lo que me manifiesta: "que no me sello para hacer constar la recepción." Se tienen por hechas las manifestaciones vertidas con anterioridad por lo que se hace constar la negativa a sellar de recibo la copia del auto que para constancia se agrega a los autos." 15. El dieciséis de agosto, veintiuno de septiembre y dieciocho de octubre, todos del año anterior, la quejosa recibió las cantidades pactadas en el convenio celebrado, como se advierte de los autos; y en la mencionada actuación de dieciocho de octubre, se ordenó el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. 16. El veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, la quejosa interpuso el incidente de liquidación, a efecto de computar correctamente la condena recaída en el laudo de catorce de octubre de dos mil veinte, y en cumplimiento al resolutivo octavo del referido laudo. 17. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable acordó textualmente lo siguiente: ". en cuanto a la apertura del incidente de liquidación, dígasele a la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que en autos obra en la diligencia de seis de agosto de dos mil veintiuno, se celebró un convenio de pago con el ISSSTESON con el fin de archivar el presente asunto como total y definitivamente concluido, en el cual se estableció la cantidad de $1,782,539.94 (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 94/100 MONEDA NACIONAL), la cual sería pagadera en tres parcialidades, la primera el quince de agosto de dos mil veintiuno, por la cantidad de $594,179.98 (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 98/100 MONEDA NACIONAL), el segundo pago el veinte de septiembre de dos mil veintiuno por la cantidad de $594,179.98 98 (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 98/100 MONEDA NACIONAL) y tercer y último pago el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno por la cantidad de $594,179.98 98 (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 98/100 MONEDA NACIONAL) y que una vez cubiertos los mismos se ordenará el archivo del presente asunto." 18. Son infundados los conceptos de violación, por lo siguiente. 19. En principio, cabe señalar que los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocen y garantizan los derechos de debido proceso y de seguridad jurídica, consistentes en que previamente a que una autoridad afecte la esfera jurídica de alguno de los gobernados, se requiere que exista un procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales establecidas en la ley de la materia y en el que se expresen los preceptos legales aplicables y las razones, motivos y consideraciones que se hayan tenido para la emisión de ese acto. 20. Dentro de tales formalidades destaca el que las resoluciones deben ser completas y congruentes con la demanda, contestación, con las pretensiones o excepciones formuladas y con las constancias que obran dentro del respectivo procedimiento. 21. Por otra parte, el derecho a la seguridad jurídica, consistente en que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose, por el primero, el señalar con precisión el precepto o preceptos legales que se estiman aplicables al caso concreto y, respecto al último, el señalar también con precisión las circunstancias especiales, las razones particulares y las causas inmediatas que se tuvieron en consideración para emitir ese acto en reclamo. 22. Y además, debe existir una adecuación entre los motivos aducidos y los preceptos legales aplicados, para así dar a conocer al gobernado con toda claridad y precisión, cuáles son las facultades con que cuenta dicha autoridad para afectar su esfera jurídica, cuál o cuáles fueron las razones que se estimaron para la emisión de ese acto de autoridad y cuál o cuáles fueron los motivos en los que se apoyó dicha autoridad para resolver de la manera en que lo hizo. 23. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia número 40, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro son los siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el Artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." 24. Ahora bien, la quejosa precisa que no obstante haber recibido las cantidades pactadas en el convenio de seis de agosto de dos mil veintiuno, lo cierto es que en el laudo dictado en el juicio laboral de origen, se autorizó en el resolutivo octavo la apertura del incidente de liquidación, y en el convenio antes mencionado en ningún momento se hizo referencia a dicho incidente de liquidación, por lo que, quedó expedita la vía para su apertura. 25. Contrario a lo expuesto por la quejosa, no obstante que en el convenio no se hizo referencia al incidente de liquidación, ello no implica que quedó expedita la vía para su apertura. 26. Lo anterior, en virtud de que la propuesta del instituto condenado fue que el asunto se tuviera por concluido a cambio del pago total de la suma de $1,782,539.94 (un millón setecientos ochenta y dos mil quinientos treinta y nueve pesos 94/100 moneda nacional), la cual sería pagadera en tres parcialidades, la primera el quince de agosto, la segunda el veinte de septiembre y la última el dieciocho de octubre, todos del año dos mil veintiuno, y por la suma de $594,179.98 (quinientos noventa y cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 98/100 moneda nacional), cada uno. 27. Situación la anterior, que la ahora quejosa aceptó en el convenio de referencia, y en las fechas antes referidas recibió los importes a los que se obligó el instituto en el convenio, y que la ahora quejosa aceptó. 28. En efecto, como se advierte de autos, la ahora quejosa, se reitera, recibió las cantidades pactadas en el convenio, y en el último de estos, esto es, el de dieciocho de octubre del año anterior, se estableció textualmente: ". se hace constar la comparecencia de María Elena Hoyos Abril Márquez, quien se identifica con credencial para votar. . viene a recibir el cheque correspondiente a la tercera y última parcialidad del convenio de seis de agosto de dos mil veintiuno. . En virtud de que no existen pagos pendientes conforme al convenio de seis de agosto de dos mil veintiuno, se ordena el archivo del presente expediente como asunto total y definitivamente concluido, puesto que al celebrarse el convenio y quedar cumplido en sus términos procede el archivo. Se da por terminada la presente siendo las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día en que se actúa, dentro de los autos del expediente 253/2010, firmando para constancia los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo." 29. Por todo lo anterior, se considera ajustada a derecho la determinación de la responsable a través de la cual resolvió que no ha lugar a tramitar el incidente de liquidación, en virtud de lo pactado en el convenio de seis de agosto de dos mil veintiuno. 30. En esa virtud, y al resultar infundados los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y la protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los Artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se VII. Resuelve Único. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la quejosa María Elena Hoyos Abril Márquez respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por las razones plasmadas en el punto VI. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe. Jvr

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