María Elena González Quintanilla

Expediente 338/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 30 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
338/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • María Elena González Quintanilla
  • Ayuntamiento del Municipio dé Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de ejecutoria. Agréguese a los autos originales lo de cuenta; en su atención, se tiene a la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito remitiendo los autos del juicio de amparo 338/2021-V-B, anexo de pruebas y testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión administrativa 220/2022, de su índice, que en sus puntos resolutivos establece: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Elena González Quintanilla, contra las autoridades responsables señaladas en su escrito de demanda, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proporcionarle seguridad social, para los efectos precisados en la parte final de la presente ejecutoria." Confírmese su recepción; háganse las anotaciones conducentes en el libro de control electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, desglósense del cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación de referencia, las constancias originales, a fin de que sean integradas al presente sumario. Se requiere cumplimiento. En observancia a lo resuelto por la Superioridad y con fundamento en el artículo 192, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Ayuntamiento, Presidente, Tesorero, Oficial Mayor, Secretario de Seguridad Pública y Encargada de Recursos Humanos, todas del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, para que en el término de tres días informen acerca del cumplimiento que hayan dado al fallo protector, en el entendido de que a dicho informe deberán acompañar las constancias respectivas, apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de hasta mil unidades de medida y actualización de conformidad con los artículos 237 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Turno de este Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del segundo párrafo del artículo 192 invocado. Por tanto, envíese copia certificada de la referida ejecutoria a las autoridades responsables, a efecto de que estén en aptitud de imponerse de su contenido y cumplir con lo requerido. Requerimiento a los superiores jerárquicos. En el entendido que para los efectos del artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, los superiores jerárquicos de las autoridades responsables son el Ayuntamiento y Presidente, ambos del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, de conformidad con los artículos 6, fracciones I y III, 29, 59 y 60, fracciones I, inciso l), II, inciso a), de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Sirve de sustento, la jurisprudencia 2a./J. 3/98 dela Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 160, registro digital 196904; que es del tenor siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. CUANDO LA AUTORIDAD RENUENTE ES UN PRESIDENTE MUNICIPAL, DEBE REQUERIRSE AL AYUNTAMIENTO COMO SUPERIOR JERÁRQUICO, POR LO QUE SI ELLO NO SE HIZO, DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO. Cuando en el procedimiento previsto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable renuente a acatar la ejecutoria constitucional es un presidente municipal, debe tenerse en cuenta que éste, conforme al artículo 115 constitucional, se halla investido de dos calidades, una, como miembro del Ayuntamiento respectivo, y otra, como ejecutor de sus determinaciones en funciones administrativas. Por ello debe inferirse que para efectos de un juicio de amparo donde se reclamen actos de dicho servidor público, el Ayuntamiento, órgano supremo de administración del Municipio, constituye el superior inmediato y a él debe dirigirse el requerimiento previsto por el citado artículo 105, con el propósito de lograr el cumplimiento del fallo protector. Consecuentemente, si no se ha producido el requerimiento al Ayuntamiento, como superior inmediato del presidente municipal, ni por lo mismo se ha agotado el procedimiento en comento, resulta improcedente el incidente de inejecución relativo y debe ordenarse la reposición de aquél." Por lo tanto, se requiere a las citadas autoridades para que, dentro del mismo plazo, acrediten haber dado la orden de cumplir con el requerimiento contenido en este proveído, como parte de los efectos de la ejecutoria de amparo. En el entendido de que, no se considerará cumplido el requerimiento contenido en el párrafo anterior, si los superiores jerárquicos se limitan a emitir una orden a las autoridades responsables de acatar el fallo protector, sino que deberán demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 108/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo III, página 2495, registro digital 2025145; DE RUBRO: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO." Apercibimiento. Se apercibe a los superiores jerárquicos de que, de no cumplir con los requerimientos formulados en el presente proveído, se les impondrá una multa de hasta mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento de la omisión sancionada, en términos de 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, 238 y 258 de la Ley de Amparo; además de que incurrirán en las mismas responsabilidades de las responsables. 5

  2. Incidental

    Vistos para resolver el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva 338/2021. Por lo expuesto y fundado; se: RESUELVE: Único. Es procedente, pero infundado el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, planteado por la quejosa ********************, a través de su autorizada ********************, en términos del artículo 209 de la Ley de Amparo. 5

  3. Incidental

    Pachuca de Soto, Hidalgo; dos de octubre de dos mil veintitrés. Admisión de incidente. Se tiene a Ana Laura Hernández Torres, en su carácter de autorizada en términos amplios de la quejosa, planteando el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva; el cual, con fundamento en los numerales 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, se admite a trámite. Requerimiento de informe. Por lo anterior, se requiere a las autoridades responsables para que, dentro del plazo de tres días, rindan informe con relación a los hechos de la denuncia, enviándoles para tal efecto copia simple del escrito de referencia; en el entendido de que, la falta o deficiencia de los informes requeridos establecerá la presunción de ser cierta la conducta que se les reclama. Se programa audiencia. Se señalan las once horas con diez minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia relativa al incidente de que se trata. Pruebas. Se tiene a la incidentista ofreciendo como medios de prueba: 1. La instrumental pública de actuaciones, consistente en todas las actuaciones que obran en el sumario en que se actúa; 2. La presuncional en sus aspectos legal y humano; y, 3. Informe de las autoridades responsables, al tenor de los siguientes puntos: A) Manifieste ante qué institución de seguridad social está inscrita la hoy quejosa. B) Manifieste desde cuando está dada de alta en dicha institución. C) Manifieste de qué manera se le provee medicamentos a la hoy quejosa. D) En el caso de que ocupe una cirugía, como es en estos momentos, cómo se lleva ese proceso. E) Con la atención y la inscripción hecha puede acceder la quejosa a una pensión vitalicia por riesgo de trabajo. F) En qué institución se encuentran afiliados todos los trabajadores de la responsable. G) Manifieste de qué manera se le brinda rehabilitación H) Manifieste quién en dicha institución es responsable de emitir un dictamen de incapacidad permanente total o parcial. I) Explique de qué manera hoy en día paga el salario de la quejosa. Por cuanto hace a las pruebas marcadas como 1 y 2, se admiten y se tienen por desahogadas dada su especial naturaleza, pues por lo que respecta a la instrumental de actuaciones se constituye con las constancias específicas que obran en el sumario, mientras que la presuncional es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva. Atinente al medio de prueba precisado en el punto 3, se desecha debido a que, al consistir en informes de las autoridades señaladas como responsables, esencialmente implican una confesión por posiciones, medio de prueba que no es admisible de acuerdo con el artículo 119, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En principio, es necesario precisar que el artículo 208, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará la resolución, pero no precisa qué tipo de pruebas serán admisibles para tal efecto; por tanto, debe acudirse a las reglas generales en materia probatoria de la misma legislación, específicamente al artículo 119, el cual establece que serán admisibles toda clase pruebas, excepto la confesional por posiciones. Sirve de apoyo, la tesis aislada XXIV.1o.2 K (11a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 10, Febrero de 2022, Tomo III, página 2632, registro digital 2024140; que es del tenor siguiente: "PRUEBAS EN EL INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PARA SU ADMISIÓN ES APLICABLE EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE LA MATERIA, PREVIA PONDERACIÓN QUE HAGA EL ÓRGANO JURISDICCIONAL RESPECTO DE SU IDONEIDAD Y PERTINENCIA. Hechos: Los padres de varios menores de edad que recibían el servicio educativo del nivel preescolar promovieron juicio de amparo indirecto contra la negativa de inscripción y reinscripción en ese centro de desarrollo infantil, a la vez que solicitaron la suspensión provisional de los actos reclamados, la cual fue concedida para el efecto de que la autoridad responsable les permitiera inscribirse para cursar el respectivo ciclo escolar o, bien, en caso de imposibilidad, los canalizara a una institución educativa de iguales o mejores características, hasta tanto se resolviera sobre la suspensión definitiva. Ante el incumplimiento de la medida cautelar concedida, los quejosos promovieron incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión, en el que ofrecieron pruebas para demostrar esa infracción; sin embargo, fueron desechadas con base en que debían corresponder a las señaladas por el artículo 143 de la Ley de Amparo. Inconformes con la resolución interpusieron recurso de queja. Criterio jurídico: De una interpretación conforme del derecho a probar -en lo concerniente al derecho humano al debido proceso-, este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para la admisión de pruebas en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, es aplicable el artículo 119 de la Ley de Amparo, previa ponderación que haga el órgano jurisdiccional respecto de su idoneidad y pertinencia, pues debe otorgarse a los quejosos amplitud probatoria, cuando su propósito sea acreditar el incumplimiento de la suspensión otorgada. Justificación: Ello es así, porque los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo -que regulan el trámite del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión y, específicamente, la fracción III del artículo 208- señalan que en la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará la resolución, sin precisar qué tipo de pruebas serán admisibles para tal efecto, lo que de suyo hace migrar, en aras del debido proceso, al artículo 119 de la propia ley, el cual establece que serán admisibles toda clase pruebas, excepto la confesional. Habida cuenta que no deben traerse a colación las reglas sobre la aceptación de pruebas a que alude el artículo 143 de la Ley de Amparo, pues éste versa sobre la suspensión del acto reclamado, cuando los objetivos del incidente de suspensión y del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión son distintos; entonces, ha de considerarse que su trámite está previsto en una normativa distinta del incidente de suspensión, por lo que no rige en aquél la limitante probatoria de éste y, por tanto, el incidentista goza de la oportunidad probatoria que autoriza el derecho legislado al juicio principal, precisamente de una interpretación conforme del derecho de probar y en atención al principio general de derecho de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, teniendo en cuenta que tanto el incidente de suspensión como el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión son accesorios del juicio de amparo y que su tramitación y regulación son diferentes." Por otra parte, también es imperioso destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja 160/2014, determinó que la teleología del artículo 119, párrafo primero, de la Ley de Amparo, implica la intención del legislador en cuanto a prohibir la confesional judicial provocada mediante la absolución de posiciones, declaración de parte o informe de la autoridad, conteniendo interrogantes, con el objeto de provocar la aceptación de hechos imputados a las autoridades señaladas como responsables en el juicio de amparo o sobre hechos propios del quejoso que el tercero interesado pretende desvirtuar mediante la absolución de preguntas específicas. Estableció que la finalidad del precepto analizado es que las partes en el juicio de amparo no se interroguen entre sí sobre hechos imputados, en la inteligencia de que en el juicio de amparo no se prohíbe expresamente la confesional espontánea, como pueden ser aquellas manifestaciones que se presentan al rendirse el informe con justificación o tratándose del quejoso, precisiones sobre el acto reclamado, como puede ser la fecha en la que se hizo sabedor de los actos reclamados. Entre las diversas conclusiones que derivaron de la ejecutoria en consulta, se advierte una en el sentido de que el Constituyente y el legislador ordinario limitaron, atendiendo a la especial naturaleza del juicio constitucional, la admisión de la prueba confesional, pues se busca que las partes no se interroguen entre sí, máxime que la mayoría de las razones y fundamentos para sostener o controvertir la constitucionalidad o convencionalidad del acto reclamado, constan en documentos públicos. Además, precisó que el legislador, con el objeto de que las partes, quejoso, autoridad responsable y tercero interesado, estén en posibilidad de rendir las pruebas idóneas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que las partes les hubiesen solicitado y en caso de que no lo hicieren, podrá llegar el extremo de que el juzgador constitucional sancione con multa a la autoridad contumaz en el incumplimiento de expedir las copias, constancias o documentos necesarios para la solución del juicio constitucional. De lo anterior, derivó la tesis aislada 2a. XXXVI/2015 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, registro digital 2009209; que establece: "PRUEBA CONFESIONAL POR POSICIONES. TIPOLOGÍA Y NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTRUMENTO DE PRUEBA PROHIBIDO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. En el referido precepto se señala que en el juicio de amparo serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la relativa a la confesional por posiciones; en este sentido, la teleología de dicho precepto implica la intención del legislador en cuanto a prohibir la absolución de posiciones, con el objeto de provocar la aceptación de hechos imputados a las autoridades señaladas como responsables en el juicio de amparo o sobre hechos propios del quejoso que el tercero interesado pretende desvirtuar mediante la respuesta a preguntas específicas. Bajo este contexto, el objeto de dicha restricción es que las partes en el juicio de amparo no se interroguen entre sí, en la inteligencia de que en el juicio de amparo no se prohíbe expresamente la confesional espontánea, como la derivada de manifestaciones que se presentan al rendirse el informe con justificación o tratándose del quejoso, precisiones sobre el acto reclamado, como puede ser la fecha en la que se hizo sabedor de éste." En el caso, la prueba que la parte quejosa ofrece con la denominación de "Informe" constituye en realidad una confesional bajo la modalidad de posiciones, lo cual no es admisible puesto que las autoridades responsables dentro del juicio de amparo indirecto están obligadas a remitir su informe con relación a los hechos de la denuncia. Lo anterior se corrobora, partiendo de la base de que sobre el tema jurídico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio, en el sentido de que la prueba ofrecida por la quejosa en un juicio de amparo indirecto por informe a cargo de la autoridad responsable resulta inadmisible, en virtud de que su ofrecimiento implica que aquélla deba emitir un documento antes inexistente en sus archivos, en el que informe, bajo los lineamientos señalados por la oferente, respecto de hechos o apreciaciones sobre la litis incidental, pues esa prueba en los términos en que se proponga indudablemente constituye una prueba de posiciones proscrita por el citado precepto legal. Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 160/2012 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1326, registro digital 2002606; que establece: "PRUEBA DE INFORME A CARGO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. ES INADMISIBLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO. La prueba ofrecida por la quejosa en un juicio de amparo indirecto por informe a cargo de la autoridad responsable resulta inadmisible conforme al artículo 150 de la Ley de Amparo, en virtud de que su ofrecimiento implica que aquélla deba emitir un documento antes inexistente en sus archivos, en el que informe, bajo los lineamientos señalados por la oferente, respecto de hechos o apreciaciones sobre la litis que circunscribe el propio juicio, lo que indudablemente se traduciría en una prueba de posiciones proscrita por el citado precepto legal." 5

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Autorizados. Se recibe el escrito de cuenta signado por la quejosa ********************; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada en términos amplios, a ********************, toda vez que se encontró registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Lo anterior, sin revocar las designaciones realizadas anteriormente en los autos. Acceso al expediente electrónico. Como lo solicita la parte quejosa y conforme a la certificación de cuenta, se autoriza el acceso al expediente electrónico al usuario registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, únicamente para su consulta, esto es, a "********************", de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por lo que se ordena a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que registre dicha solicitud y revoque los usuarios autorizados con anterioridad. Solicita cumplimiento de suspensión definitivo. Finalmente, por cuanto hace a la petición relativa al cumplimiento de la suspensión definitiva, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, debido a que dicha solicitud deberá dirigirla al cuaderno incidental derivado del presente juicio. 5

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