María Elena González Muñoz y Otros.
Expediente 496/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Elena González Muñoz y Otros.
- María Elena González Muñoz
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veinte de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio con evidencia criptográfica de firma del actuario adscrito al Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Civil en esta ciudad, mediante el cual comunica el auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo 289/2020 de su índice, por el que informa que dicho órgano jurisdiccional por acuerdo de diez de junio de dos mil veinte, se avocó al conocimiento de la demanda. Asimismo, informa que el dieciocho de junio pasado, dicho órgano jurisdiccional se declaró incompetente por cuestión de turno y conocimiento previo, y ordenó la remisión del asunto al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, quien aceptó la competencia del juicio en que se actúa el veintidós de junio de dos mil veinte. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Ciudad de México, once de junio de dos mil veinte. Agréguese a los autos la razón firmada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual hace constar que no le fue posible notificar el oficio 14373/2020, dirigido al "Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México", en razón de que al intentar notificarla, "en el domicilio señalado para recibir notificaciones ubicado en Av. Juárez 8, planta baja, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc en esta ciudad y, al ingresar al inmueble en cuestión se encontraba cerrado por suspensión de actividades hasta nuevo aviso para evitar propagación del COVID-19." Atento a su contenido y atendiendo a que en auto de ocho de junio pasado esta Juzgadora declinó su competencia para conocer del presente asunto, remítase la razón actuarial de cuenta y anexos al Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Civil en esta ciudad, toda vez que es el órgano jurisdiccional que recibió los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda; previa copia que se deje en autos.
- Principal
Ciudad de México, diez de junio de dos mil veinte. Agréguese a los autos la razón firmada por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual hace constar que no le fue posible notificar el oficio 14372/2020, dirigido al "Juez Segundo de lo Familiar de la Ciudad de México", en razón de que al intentar notificarla, le informaron que "la citada autoridad no se encuentra laborando, que probablemente se reincorporan el día dieciséis de junio de dos mil veinte, por lo que no me podían permitir el acceso". Atento a su contenido y atendiendo a que en auto de ocho de junio pasado esta Juzgadora declinó su competencia para conocer del presente asunto, remítase la razón actuarial de cuenta y anexos al Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Civil en esta ciudad, toda vez que es el órgano jurisdiccional que recibió los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda; previa copia que se deje en autos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Dinorah Hernández Jiménez, Jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa con el Secretario Oscar Flores Patiño, que da fe. Doy fe
- Principal
Ciudad de México, ocho de junio de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se conoce que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió los Acuerdos Generales, 4/2020 y 6/2020 relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en los que entre otros puntos determinó suspender las funciones jurisdiccionales de los Órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del dieciocho de marzo al diecinueve de abril y del veinte de abril al cinco de mayo de la presente anualidad respectivamente, debido a lo cual implicó que no corrieran plazos procesales. Del mismo modo, se destaca que por Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, se determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno, y se reanuda el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado mediante "juicio en línea", con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno; no obstante, en la la circular SECNO/7/2020, de seis de mayo de dos mil veinte, al abordar el tópico relativo a juicios en línea en la interrogante 81, se preció en síntesis que un expediente tramitado "en línea" es aquel en el que las partes tienen personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el Portal; por lo que la tramitación y resolución de casos a que alude el capítulo III del AG 8/2020 ("juicio en línea"), se refiere a aquellos juicios donde sea factible su desarrollo total por medios electrónicos, sin que sea posible la presentación de promociones físicas o la práctica de notificaciones personales o por oficio, pues de lo contrario se suspenderá la tramitación del asunto. Del mismo modo, al responder el cuestionamiento aludido en dicha circular, se precisó que el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de ordenarse que la notificación a las autoridades responsables se realice por cualquier medio oficial (como podría ser el correo electrónico), lo cual podría hacerse en caso de que aquellas continúen laborando y no cuenten con firma electrónica y, que el artículo 30 del mismo ordenamiento indica las reglas para las notificaciones por vía electrónica, o las partes podrían solicitar la notificación por la lista, aún de las notificaciones personales. De igual forma, de la certificación de cuenta se conoce que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la extensión del esquema de trabajo implementado en los órganos jurisdiccionales, así como el mantenimiento de sus actividades a distancia, prolongando el periodo de contingencia sanitaria al quince de junio de dos mil veinte. En ese orden de ideas, con la demanda de amparo presentada por ***** por propio derecho y en representación de sus hijas ***** y ***** ambas de apellidos *****, contra actos de la Juez Segundo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia y otra autoridad; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número ***** y dese de alta en el sistema correspondiente. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente del amparo señala como acto reclamado destacado la OMISIÓN DE VIGILAR Y SUPERVISAR QUE LA JUEZ SEGUNDA DE LO FAMILIAR CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES, ASÍ COMO LA OMISIÓN DE DICTAR MEDIDAS PARA QUE LAS MENORES ESTÉN SALVAGUARDADAS. Por consiguiente, el órgano jurisdiccional del conocimiento debe ser el especializado en materia civil, pues para resolver el presente asunto, necesariamente habrá que recurrirse a las disposiciones tanto constitucionales como legales que regulan aspectos identificados con el campo del derecho civil; esto es, que el Juez de lo Familiar que corresponda, deberá determinar si la información relacionada con el menor se trate únicamente con la persona que mantiene la guarda y custodia al estar sujetos a un proceso legal. En ese sentido, se tiene que los actos reclamados, en términos del artículo 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, son de naturaleza civil, pues con independencia de la literalidad de sus fracciones, de su interpretación se deriva de la omisión de dictar medidas para que las menores estén salvaguardadas. En mérito de las consideraciones expuestas, esta Juzgadora carece de competencia legal para conocer de la demanda a que se refiere este expediente. Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, remítase el cuaderno relativo al Juzgado de Distrito en Materia de Civil en la Ciudad de México, en turno y, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, atentamente solicítese el acuse de recibo correspondiente en el que informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Fórmese cuaderno de antecedentes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se estima competente. SUSPENSIÓN DE PLANO En este punto conviene destacar que de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En ese sentido, se tiene que el interés superior del menor es un principio previsto en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 3, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño; 2 y 25, numeral 2, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 24, numeral 1 y 10, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que obliga al órgano jurisdiccional a tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo, el pleno ejercicio de sus derechos, fundándose en la dignidad del ser humano, en las características de aquéllos y en la situación particular en que se hallen. Motivos por los que en aras de esa protección, el juzgador de amparo debe suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en favor del menor, pues atendiendo a su falta de madurez física y mental, necesita de una protección legal especial, a fin de hacer efectivos sus derechos; en consecuencia, el órgano jurisdiccional debe velar por la protección de los derechos del menor y, en su caso, otorgar la suspensión del acto reclamado que le agravie. En razón de lo anterior, se concede la medida solicitada para el efecto de que la Juez Segundo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia, cese la omisión de velar por los intereses e integridad de las menores quejosas Ángeles y Jimena, ambas de apellidos Ambrosio González, en el expediente 1957/2018 que se tramita ante ella y, en un término de veinticuatro horas remita copia certificada de las constancias que acrediten dicho cumplimiento. Ahora bien, en relación con las peticiones consistentes en que se envíen a las menores quejosas a terapia para superar la violencia que afirma su madre, han recibido por parte de su progenitor así como que se escuchen las peticiones de tale infantas, no ha lugar de acodar de conformidad ya que el acto reclamado destacado constituye el descuido en la integridad de tales menores por parte de la juez responsable, al tramitar el expediente 1957/2018 de su índice, respecto de lo cual, ya otorgó la medida cautelar solicitada. Lo anterior, sin que se soslaye el contenido de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño , el cual prevé el derecho de los menores de edad a participar efectivamente en los procedimientos jurisdiccionales que los afectan y a dar su opinión de tal modo que pueda tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos; pues tal derecho no es irrestricto y estimar lo contrario implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su interés superior y, por ende, el operador del derecho debe evitar la práctica desmedida o desconsiderada de tal potestad, como ocurre en el presente caso. En efecto, de proveer de manera favorable con la totalidad de los efectos suspensivos solicitados podría acarrear un perjuicio para dicho menores, entorpeciendo un procedimiento jurisdiccional en el que son parte y presuntivamente se busca su bienestar, de ahí que se estime necesario que acorde a lo que manifieste la autoridad responsable en relación con los tratos y cuidados que haya proporcionado en el procedimiento jurisdiccional a las menores quejosas es que el juez de amparo que conozca de la causa podrá proveer -incluso en suplencia-, respecto de las demás medidas que se estimen necesarias para salvaguardar la integridad de estas. Cabe precisar que el juzgado que conozca de la presente demanda podrá modificar la suspensión de plano decretada en párrafos que anteceden por la naturaleza de la materia y según lo estime pertinente. PROVIDENCIAS DE TRÁMITE No procede acordar respecto del domicilio que señala la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, así como de las personas que autoriza, en razón de la presente declinación de competencia; sin embargo, a fin de no dejarle en estado de indefensión, en términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados únicamente en términos limitados a las personas que señala. Por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para la reproducción de constancias, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, a través de solicitud por escrito, y en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. También se autoriza a las partes la revisión del presente juicio de amparo indirecto a través del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, previo registro ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura de Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; y artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica únicamente con el nombre de usuario JULIORVA. Asimismo, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 12 de la Ley de Amparo, respectivamente, realícense las notificaciones de manera electrónica a la parte quejosa mediante el usuario *****. En caso de que las partes interpongan recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha y hora de recepción de la mencionada comunicación. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial pronta y efectiva y al debido proceso, de los artículos 12 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio ni requieran ser acordadas mediante determinación judicial adoptada por esta juzgadora, -por ejemplo, los acuses de recibo, las autorizaciones de las partes únicamente para oír y recibir notificaciones, las notificaciones a los peritos o gestiones para hacer efectivas multas ya impuestas, etcétera- con excepción de aquellas con las que por disposición expresa de la ley deba darse vista a las partes, se glosarán en el expediente, en términos del artículo 62 del citado código adjetivo, el secretario hará constar el día y la hora en que se presentó el oficio o escrito, considerando desde este momento procedente la pretensión plasmada en el documento, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas y, sólo en caso de que resulte notoriamente improcedente su solicitud, se comunicará a la parte promovente tal determinación mediante acuerdo del juzgado y notificación correspondiente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. HABILITACIÓN DE ACTUARIOS De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Para ello, al llevarse a cabo la notificación de este proveído, y de conformidad con el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril del año corriente, los fedatarios públicos, en el acto de la diligencia, deberán solicitar el correo institucional de las responsables emplazadas para que las subsecuentes notificaciones se les realicen por ese medio y no se propicie el riego de contraer el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Posteriormente, deberán elaborar una lista con los correos correspondientes, a efecto de que el personal de este juzgado pueda facilitar su consulta y enviar los oficios que correspondan. Ello, con excepción de las dependencias que expresamente detalla ese acuerdo de difusión oficial. Asimismo, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Tomando en consideración que la demanda de amparo fue recibida dentro de la guardia para recibir demanda en casos urgentes, en su oportunidad, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la recepción de dicha demanda, a efecto de que proceda a la compensación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, último párrafo, inciso c), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRONICA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Dinorah Hernández Jiménez, Jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa con el Secretario Oscar Flores Patiño, que da fe. Doy fe.
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