María Elena González Méndez

Expediente 1020/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1020/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • María Elena González Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este juicio el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a la autoridad responsable esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Tomos de pruebas. Devuélvase al Juez del Ramo Civil de Guanajuato, el tomo de pruebas que remitió como pruebas en el este asunto. Remisión al archivo de trámite. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracciones VII y IX y 8º fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera que el presente es un asunto total y definitivamente concluido y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el mismo, se ordena su remisión al ARCHIVO DE TRÁMITE. Valoración documental. En términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 20, del citado Acuerdo General, debido a que el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional, misma que causó estado en esta data, se determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Por lo que, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que el mismo NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Criterios que deberán hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 34 segundo párrafo del mencionado Acuerdo General; sin que en el caso obre documento original que deba devolverse. Transferencia. Se deberá solicitar la transferencia de este expediente, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que se cumplan TRES AÑOS de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, esto es, a partir del día en que se actúa. Valoración del incidente. Ahora bien, toda vez que en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo se concedió la suspensión definitiva; archívese por separado el cuaderno original del referido incidente, con la indicación de que es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento (tres años): conservándose, de conformidad con lo dispuesto en dicho normativo, por lo que se refiere a los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; así como, de ser el caso, los demás documentos que se consideren necesarios, justificación de esto último que deberá hacerse constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Sin que en dicho incidente obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del aludido expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Digitalización. Conforme a lo dispuesto en el numeral 9, segundo párrafo, del Acuerdo General en cita, todas las constancias y documentos del expediente físico deberán encontrarse digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico, por lo que el trámite de éste deberá realizarse con las constancias y documentos impresos existentes, en términos de la normativa aplicable. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Se reserva devolución de billete. Sin que haya lugar a devolver por el momento el billete de depósito número ********************, expedido por Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de ********************(********************), que exhibió la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados, hasta en tanto transcurra el término a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo. Recepción de escrito. Visto el escrito signado por el tercero interesado ********************, a través del cual comparece al presente juicio y hace diversas manifestaciones; en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Publico de la adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de octubre de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que al diligenciario de la adscripción, no le fue posible notificar personalmente a la parte tercero interesada, la determinación de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, por los motivos que asentó, en tal virtud, se provee: Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término concedido a la parte tercero interesada Juana María González Méndez, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo hubiese hecho. Efectivo apercibimiento a tercero interesado. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento con el que se le conmino en proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, y por tanto, notifíquesele la determinación de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés y las subsecuentes de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Órgano Jurisdiccional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese por medio de lista y cúmplase.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERO INTERESADA Juana María González Méndez, LA DETERMINACIÓN DE veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés QUE EN SINTESIS DICE:Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Actualización de causal de improcedencia. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente del informe justificado rendido por la Juez Segundo Civil del Partido Judicial de San Luis de la Paz, Guanajuato, y anexo que acompañó al mismo, se advierte que respecto del acto reclamado en esta instancia se actualiza una causa de improcedencia, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinarlos con exactitud, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda e informe justificado de la responsable ordenadora, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar: La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil ********************, sobre otorgamiento de escritura, promovido por ********************, en contra de ********************. Establecido lo anterior, es pertinente narrar brevemente los antecedentes de los actos reclamados, los cuales se desprenden de las constancias que allegó la responsable ordenadora, como justificación a su informe de ley, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, siendo, en lo que interesa, los siguientes: En el Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de San Luis de la Paz, Guanajuato, se substanció el juicio ordinario civil ********************, sobre otorgamiento de escritura, promovido por ********************, en contra de ********************, respecto del inmueble ubicado en calle ********************, número ********************, colonia ********************, en esta ciudad. Seguido el juicio por sus etapas legales, el siete de febrero de dos mil veintitrés se dictó la sentencia respectiva, en la que se condenó a la demandada a la entrega de la escritura respectiva. Ante la contumacia de la demandada en cumplir con la resolución en cuestión, el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, la Juez Segundo Civil del Partido Judicial de San Luis de la Paz, Guanajuato, ordenó se firmara en su rebeldía. Ahora bien, como se dijo, del informe justificado rendido por la responsable ordenadora y anexo, se advierte que con relación al acto reclamado, se estima actualizada la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el impetrante de amparo no acreditó su interés jurídico para acudir a demandar el amparo y protección de la justicia de la unión respecto de actos de molestia, sobre el inmueble que aducen es de su propiedad; lo anterior se estima así, por las siguientes consideraciones: El artículo precitado prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". De la interpretación literal del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando la parte quejosa no tiene interés jurídico para promoverlo contra el acto reclamado. Ahora bien, es preciso señalar que el interés jurídico para acudir al juicio constitucional ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su jurisprudencia, como el derecho público subjetivo derivado de alguna norma en particular, que se concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio; por lo que es menester, para su procedencia, que toda persona quien lo instaure acredite, fehacientemente, ser el titular del derecho que desea se respete al momento en que se realizó el acto de autoridad reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Ahora bien, no pasa desapercibido que la Ley de Amparo aplicable prevé la figura del interés legítimo, empero de acuerdo a la exposición de motivos de la citada legislación, así como de la diversa relativa a la reforma del artículo 107 Constitucional para la promoción del juicio de amparo, se continua exigiendo la afectación a un derecho subjetivo de manera personal, directa, real y actual únicamente tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales. En efecto, aún posterior a la iniciativa del juicio de amparo, en tratándose de actos derivados de autoridades judiciales, sigue vigente la exigencia del interés jurídico y por lo tanto, uno de los principios rectores del juicio de amparo, consiste en que el juicio de amparo se seguirá siempre a "instancia de parte agraviada". Lo anterior encuentra su justificación en el hecho de que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda el juicio de amparo indirecto presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional respectivo demandando el cese de la violación de que se duele. En ese orden de ideas, se concluye que el interés jurídico es una cuestión atinente a la legitimación en la causa de la promovente del amparo; de modo tal, que si no se demuestra ésta, ello imposibilita al Juzgador a realizar cualquier análisis respecto de los derechos fundamentales que aduce la parte quejosa se violaron en su perjuicio. Ello es así, porque de conformidad con el artículo 5°, fracción I de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo se requiere como presupuesto de la acción constitucional que la parte quejosa acredite el perjuicio o afectación que resiente en su esfera jurídica, de manera personal y directa con la ejecución de los actos reclamados, para que se encuentre debidamente facultada para acudir ante el órgano de control constitucional competente a demandar su tutela, la que se traduce como el interés jurídico a que hace referencia el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo". Asimismo, la tesis aislada sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto". Es de precisarse que el término perjuicio, en amparo, tiene una connotación distinta a la materia civil, ya que en el tópico constitucional los perjuicios se entienden como la transgresión por parte de la autoridad de un derecho legítimamente tutelado, que genera en el gobernado la posibilidad de asistir a la instancia constitucional a solicitar el cese de dicha vulneración. Situación que encuentra sustento en la tesis sostenida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." En este orden de ideas, se establece que el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite un derecho legítimamente tutelado, esto es, la propiedad del inmueble que describe la parte quejosa en su demanda, con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión de los actos que se reclama y su ejecución. Esto es, resulta inconcuso que el quejoso necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez los elementos objetivos necesarios para apreciar si constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad jurídica contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Ahora bien, como se dijo, la parte quejosa afirma ser propietaria del inmueble ubicado en calle ********************, colonia ********************, en esta ciudad (sin número). Para acreditar tal extremo, allegó a su escrito de demanda lo siguiente: Documental pública, relativa a copia certificada del contrato de compraventa celebrado entre ********************, como vendedor, y ********************, en calidad de compradora, respecto del inmueble localizado en: calle ********************, colonia ********************, en esta ciudad (sin número). Documental privada, consistente en original del contrato de comodato celebrado por ********************, y ********************, con relación al inmueble localizado en: calle ********************, colonia ********************, en esta ciudad (sin número). A la primer documental se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones Por otra parte, a la diversa documental se le confiere valor probatorio en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°. Con los anteriores medios de prueba, la parte quejosa persigue probar la afectación a su interés jurídico respecto del aludido bien inmueble, afirmando que éste es de su propiedad. Así las cosas, para estar en aptitud de analizar la pretendida inconstitucionalidad de los actos reclamados, es imprescindible que los solicitantes de amparo acrediten dos extremos, a saber: 1) Que demuestren que dicho bien inmueble es de su propiedad; y, 2) Que éste resultó afectado con el acto reclamado. Tiene aplicación en lo que aquí interesa, la tesis 570, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO. CUANDO SE RECLAMA EL EMBARGO, REMATE, ADJUDICACIÓN O DESPOSESIÓN ORDENADOS EN UN JUICIO RESPECTO DE UN INMUEBLE ES INDISPENSABLE QUE AQUÉL DEMUESTRE QUE DICHO BIEN ES DE SU PROPIEDAD Y QUE ÉSTE ES EL QUE RESULTÓ AFECTADO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por tanto, es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso; de ahí que si éste, ostentándose como tercero extraño, reclama el embargo, remate, adjudicación o desposesión de un bien inmueble afectado en un procedimiento, el cual alega es de su propiedad, resulta indispensable para justificar esa afectación o perjuicio que el impetrante demuestre que dicho inmueble efectivamente es de su propiedad y que éste es el mismo que resultó afectado como consecuencia del procedimiento natural al que dice ser extraño, pues sólo de esta manera se justifica su interés jurídico para ser oído en defensa de sus derechos." También resulta ilustrativa la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESIÓN DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL. El artículo 4 de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable". Asimismo, en lo conducente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. DEBE DEMOSTRARSE LA IDENTIDAD DE LOS BIENES MUEBLES, CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL EMBARGO DE LOS MISMOS. El artículo 2427 del Código Civil para el Estado de Puebla, dispone que sólo pueden embargarse bienes que pertenezcan a la persona en contra de quien se decretó el secuestro judicial, por lo tanto, si un tercero extraño al juicio natural reclama en un juicio de garantías el embargo trabado sobre bienes de su propiedad, para acreditar su interés jurídico en términos del artículo 4o., de la Ley de Amparo, deberá demostrar la identidad de los mismos, esto es, que los bienes de su propiedad son los mismos que fueron objeto del embargo, y en caso de no hacerlo, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la ley de la materia". Ahora bien, del análisis de las pruebas ofrecidas, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que tal elemento de convicción no es suficiente para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa. En efecto, la impetrante de amparo se ostenta propietaria del bien inmueble ubicado en calle ********************, colonia ********************, en esta ciudad (sin número). Por otro lado, de las constancias que integran el el juicio ordinario civil ********************, sobre otorgamiento de escritura, promovido por ********************, en contra de ********************, es respecto del bien inmueble ubicado en calle ********************, número ********************, colonia ********************, en esta ciudad. Por tanto, la parte quejosa estaba obligada a demostrar que el inmueble que defiende en calidad de propietario es materia de litigio en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia que establece: "POSESIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACIÓN. Si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad del inmueble materia del juicio de usucapión de donde deriva el acto reclamado, con la del inmueble cuya posesión ostenta, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico, razón por la que resulta literalmente aplicable la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo lo cual conduce al sobreseimiento del juicio de garantías". Asimismo, cobra aplicación la diversa de rubro y texto: "PROPIEDAD Y POSESIÓN DE INMUEBLE. NECESARIA IDENTIFICACIÓN CUANDO SE RECLAMA PRIVACIÓN DE LA. Si la parte quejosa que se ostenta como tercera extraña en el juicio natural, no aporta al juicio de garantías los elementos de convicción conducentes que demuestran de manera fehaciente la identidad del bien materia del juicio ordinario del cual emana el acto reclamado, patente resulta que, en dicho supuesto, no puede sostenerse válidamente que tal acto le irrogue perjuicio, siendo evidente, por ende, que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ante la ausencia de probar que hubo afectación al interés jurídico de la quejosa". Sin embargo, no existe medio de prueba con que se acredite que el inmueble que defiende es materia de reclamo de escritura en el juicio de origen. Así, a fin de acreditar que el extremo la prueba idónea para demostrarlo es la prueba pericial en agrimensura, dado que sólo los ingenieros peritos pueden precisar la identidad o no de los predios, con base en los documentos exhibidos por las partes, y emitir su opinión técnica determinando si tal inmueble, presuntamente propiedad de la quejosa está comprendido en el predio disputado en el controvertido de origen, pues de lo contrario esta juzgadora se encuentra imposibilitada para hacer declaración alguna al respecto, ya que no puede acreditarse tal extremo con la documentación exhibida, sino que para ello, se requiere la opinión técnica por peritos en la materia. En tal virtud, si la quejosa no demostró con prueba idónea la identidad entre el inmueble que defiende con el que es materia de recuperación de posesión en el juicio de origen, es evidente que no puede considerarse que el acto reclamado afecte su interés jurídico. Al respecto, resulta aplicable por los datos que la informan la jurisprudencia que dice: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado." Asimismo, es de aplicación al caso, por analogía, la tesis aislada, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, que señala: "DESPOSESIÓN. TERCEROS EXTRAÑOS AL JUICIO. LA SOLA EXHIBICIÓN DE UN INSTRUMENTO NOTARIAL NO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA AFECTACIÓN A SU INTERÉS JURÍDICO. La simple exhibición del instrumento notarial que acompañaron los quejosos con su escrito inicial, no es bastante para considerar que en el inmueble en el referido esté comprendido el predio materia del interdicto generador de los actos reclamados y del cual son terceros extraños, pues para demostrar tal situación los quejosos debieron haber ofrecido y desahogado la prueba pericial topográfica, que es la idónea para identificar los inmuebles citados, dado que sólo los ingenieros peritos pueden precisar la identidad de los predios, con base en los títulos de propiedad exhibidos por las partes, y emitir su opinión técnica determinando si uno de éstos está comprendido dentro del otro, pues de lo contrario el juzgador se encuentra imposibilitado para hacer declaración alguna al respecto, pues para descubrir la verdad no se puede llegar con meras suposiciones sino con la opinión técnica de dictámenes periciales." Luego, si en el caso la parte quejosa no demostró que el acto que reclama afecte su interés jurídico, requisito básico para la procedencia del juicio de amparo, dado que dicha afectación debe ser actual e inmediata y tales requisitos en el presente caso no se actualizan, sin que baste que exista el acto reclamado para que sea procedente el juicio de amparo, sino que es necesario que la parte peticionaria del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Tiene aplicación por las razones que contiene el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro siguiente: "INTERESES JURIDICO EN EL AMPARO, FALTA DE (IDENTIDAD DE LA COSA RECLAMADA). Si el acto reclamado consiste en la resolución que declaró propietario al tercer perjudicado, de un lote de terreno, del cual el quejoso afirma tener derecho de propiedad y posesión, pero en autos no existe prueba de que el predio que el promovente del amparo pretende, es de su propiedad y posesión, sea el mismo a que se refiere la resolución reclamada, no habiendo identidad entre esos predios, debe estimarse que no se afectan los intereses jurídicos del quejoso, lo que motiva el sobreseimiento del juicio de garantías" Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada respecto del acto reclamado referido, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba programada para las diez horas con diez minutos del seis de octubre del año en curso. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercera interesada; por lista; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LAS PARTES LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE:Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Actualización de causal de improcedencia. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente del informe justificado rendido por la Juez Segundo Civil del Partido Judicial de San Luis de la Paz, Guanajuato, y anexo que acompañó al mismo, se advierte que respecto del acto reclamado en esta instancia se actualiza una causa de improcedencia, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinarlos con exactitud, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda e informe justificado de la responsable ordenadora, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar: La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil ********************, sobre otorgamiento de escritura, promovido por ********************, en contra de ********************. Establecido lo anterior, es pertinente narrar brevemente los antecedentes de los actos reclamados, los cuales se desprenden de las constancias que allegó la responsable ordenadora, como justificación a su informe de ley, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, siendo, en lo que interesa, los siguientes: En el Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de San Luis de la Paz, Guanajuato, se substanció el juicio ordinario civil ********************, sobre otorgamiento de escritura, promovido por ********************, en contra de ********************, respecto del inmueble ubicado en calle ********************, número ********************, colonia ********************, en esta ciudad. Seguido el juicio por sus etapas legales, el siete de febrero de dos mil veintitrés se dictó la sentencia respectiva, en la que se condenó a la demandada a la entrega de la escritura respectiva. Ante la contumacia de la demandada en cumplir con la resolución en cuestión, el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, la Juez Segundo Civil del Partido Judicial de San Luis de la Paz, Guanajuato, ordenó se firmara en su rebeldía. Ahora bien, como se dijo, del informe justificado rendido por la responsable ordenadora y anexo, se advierte que con relación al acto reclamado, se estima actualizada la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el impetrante de amparo no acreditó su interés jurídico para acudir a demandar el amparo y protección de la justicia de la unión respecto de actos de molestia, sobre el inmueble que aducen es de su propiedad; lo anterior se estima así, por las siguientes consideraciones: El artículo precitado prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". De la interpretación literal del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando la parte quejosa no tiene interés jurídico para promoverlo contra el acto reclamado. Ahora bien, es preciso señalar que el interés jurídico para acudir al juicio constitucional ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su jurisprudencia, como el derecho público subjetivo derivado de alguna norma en particular, que se concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio; por lo que es menester, para su procedencia, que toda persona quien lo instaure acredite, fehacientemente, ser el titular del derecho que desea se respete al momento en que se realizó el acto de autoridad reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Ahora bien, no pasa desapercibido que la Ley de Amparo aplicable prevé la figura del interés legítimo, empero de acuerdo a la exposición de motivos de la citada legislación, así como de la diversa relativa a la reforma del artículo 107 Constitucional para la promoción del juicio de amparo, se continua exigiendo la afectación a un derecho subjetivo de manera personal, directa, real y actual únicamente tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales. En efecto, aún posterior a la iniciativa del juicio de amparo, en tratándose de actos derivados de autoridades judiciales, sigue vigente la exigencia del interés jurídico y por lo tanto, uno de los principios rectores del juicio de amparo, consiste en que el juicio de amparo se seguirá siempre a "instancia de parte agraviada". Lo anterior encuentra su justificación en el hecho de que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda el juicio de amparo indirecto presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional respectivo demandando el cese de la violación de que se duele. En ese orden de ideas, se concluye que el interés jurídico es una cuestión atinente a la legitimación en la causa de la promovente del amparo; de modo tal, que si no se demuestra ésta, ello imposibilita al Juzgador a realizar cualquier análisis respecto de los derechos fundamentales que aduce la parte quejosa se violaron en su perjuicio. Ello es así, porque de conformidad con el artículo 5°, fracción I de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo se requiere como presupuesto de la acción constitucional que la parte quejosa acredite el perjuicio o afectación que resiente en su esfera jurídica, de manera personal y directa con la ejecución de los actos reclamados, para que se encuentre debidamente facultada para acudir ante el órgano de control constitucional competente a demandar su tutela, la que se traduce como el interés jurídico a que hace referencia el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo". Asimismo, la tesis aislada sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto". Es de precisarse que el término perjuicio, en amparo, tiene una connotación distinta a la materia civil, ya que en el tópico constitucional los perjuicios se entienden como la transgresión por parte de la autoridad de un derecho legítimamente tutelado, que genera en el gobernado la posibilidad de asistir a la instancia constitucional a solicitar el cese de dicha vulneración. Situación que encuentra sustento en la tesis sostenida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." En este orden de ideas, se establece que el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite un derecho legítimamente tutelado, esto es, la propiedad del inmueble que describe la parte quejosa en su demanda, con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión de los actos que se reclama y su ejecución. Esto es, resulta inconcuso que el quejoso necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez los elementos objetivos necesarios para apreciar si constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad jurídica contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Ahora bien, como se dijo, la parte quejosa afirma ser propietaria del inmueble ubicado en calle ********************, colonia ********************, en esta ciudad (sin número). Para acreditar tal extremo, allegó a su escrito de demanda lo siguiente: Documental pública, relativa a copia certificada del contrato de compraventa celebrado entre ********************, como vendedor, y ********************, en calidad de compradora, respecto del inmueble localizado en: calle ********************, colonia ********************, en esta ciudad (sin número). Documental privada, consistente en original del contrato de comodato celebrado por ********************, y ********************, con relación al inmueble localizado en: calle ********************, colonia ********************, en esta ciudad (sin número). A la primer documental se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones Por otra parte, a la diversa documental se le confiere valor probatorio en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°. Con los anteriores medios de prueba, la parte quejosa persigue probar la afectación a su interés jurídico respecto del aludido bien inmueble, afirmando que éste es de su propiedad. Así las cosas, para estar en aptitud de analizar la pretendida inconstitucionalidad de los actos reclamados, es imprescindible que los solicitantes de amparo acrediten dos extremos, a saber: 1) Que demuestren que dicho bien inmueble es de su propiedad; y, 2) Que éste resultó afectado con el acto reclamado. Tiene aplicación en lo que aquí interesa, la tesis 570, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO. CUANDO SE RECLAMA EL EMBARGO, REMATE, ADJUDICACIÓN O DESPOSESIÓN ORDENADOS EN UN JUICIO RESPECTO DE UN INMUEBLE ES INDISPENSABLE QUE AQUÉL DEMUESTRE QUE DICHO BIEN ES DE SU PROPIEDAD Y QUE ÉSTE ES EL QUE RESULTÓ AFECTADO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por tanto, es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso; de ahí que si éste, ostentándose como tercero extraño, reclama el embargo, remate, adjudicación o desposesión de un bien inmueble afectado en un procedimiento, el cual alega es de su propiedad, resulta indispensable para justificar esa afectación o perjuicio que el impetrante demuestre que dicho inmueble efectivamente es de su propiedad y que éste es el mismo que resultó afectado como consecuencia del procedimiento natural al que dice ser extraño, pues sólo de esta manera se justifica su interés jurídico para ser oído en defensa de sus derechos." También resulta ilustrativa la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESIÓN DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL. El artículo 4 de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable". Asimismo, en lo conducente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. DEBE DEMOSTRARSE LA IDENTIDAD DE LOS BIENES MUEBLES, CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL EMBARGO DE LOS MISMOS. El artículo 2427 del Código Civil para el Estado de Puebla, dispone que sólo pueden embargarse bienes que pertenezcan a la persona en contra de quien se decretó el secuestro judicial, por lo tanto, si un tercero extraño al juicio natural reclama en un juicio de garantías el embargo trabado sobre bienes de su propiedad, para acreditar su interés jurídico en términos del artículo 4o., de la Ley de Amparo, deberá demostrar la identidad de los mismos, esto es, que los bienes de su propiedad son los mismos que fueron objeto del embargo, y en caso de no hacerlo, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la ley de la materia". Ahora bien, del análisis de las pruebas ofrecidas, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que tal elemento de convicción no es suficiente para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa. En efecto, la impetrante de amparo se ostenta propietaria del bien inmueble ubicado en calle ********************, colonia ********************, en esta ciudad (sin número). Por otro lado, de las constancias que integran el el juicio ordinario civil ********************, sobre otorgamiento de escritura, promovido por ********************, en contra de ********************, es respecto del bien inmueble ubicado en calle ********************, número ********************, colonia ********************, en esta ciudad. Por tanto, la parte quejosa estaba obligada a demostrar que el inmueble que defiende en calidad de propietario es materia de litigio en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia que establece: "POSESIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACIÓN. Si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad del inmueble materia del juicio de usucapión de donde deriva el acto reclamado, con la del inmueble cuya posesión ostenta, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico, razón por la que resulta literalmente aplicable la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo lo cual conduce al sobreseimiento del juicio de garantías". Asimismo, cobra aplicación la diversa de rubro y texto: "PROPIEDAD Y POSESIÓN DE INMUEBLE. NECESARIA IDENTIFICACIÓN CUANDO SE RECLAMA PRIVACIÓN DE LA. Si la parte quejosa que se ostenta como tercera extraña en el juicio natural, no aporta al juicio de garantías los elementos de convicción conducentes que demuestran de manera fehaciente la identidad del bien materia del juicio ordinario del cual emana el acto reclamado, patente resulta que, en dicho supuesto, no puede sostenerse válidamente que tal acto le irrogue perjuicio, siendo evidente, por ende, que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ante la ausencia de probar que hubo afectación al interés jurídico de la quejosa". Sin embargo, no existe medio de prueba con que se acredite que el inmueble que defiende es materia de reclamo de escritura en el juicio de origen. Así, a fin de acreditar que el extremo la prueba idónea para demostrarlo es la prueba pericial en agrimensura, dado que sólo los ingenieros peritos pueden precisar la identidad o no de los predios, con base en los documentos exhibidos por las partes, y emitir su opinión técnica determinando si tal inmueble, presuntamente propiedad de la quejosa está comprendido en el predio disputado en el controvertido de origen, pues de lo contrario esta juzgadora se encuentra imposibilitada para hacer declaración alguna al respecto, ya que no puede acreditarse tal extremo con la documentación exhibida, sino que para ello, se requiere la opinión técnica por peritos en la materia. En tal virtud, si la quejosa no demostró con prueba idónea la identidad entre el inmueble que defiende con el que es materia de recuperación de posesión en el juicio de origen, es evidente que no puede considerarse que el acto reclamado afecte su interés jurídico. Al respecto, resulta aplicable por los datos que la informan la jurisprudencia que dice: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado." Asimismo, es de aplicación al caso, por analogía, la tesis aislada, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, que señala: "DESPOSESIÓN. TERCEROS EXTRAÑOS AL JUICIO. LA SOLA EXHIBICIÓN DE UN INSTRUMENTO NOTARIAL NO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA AFECTACIÓN A SU INTERÉS JURÍDICO. La simple exhibición del instrumento notarial que acompañaron los quejosos con su escrito inicial, no es bastante para considerar que en el inmueble en el referido esté comprendido el predio materia del interdicto generador de los actos reclamados y del cual son terceros extraños, pues para demostrar tal situación los quejosos debieron haber ofrecido y desahogado la prueba pericial topográfica, que es la idónea para identificar los inmuebles citados, dado que sólo los ingenieros peritos pueden precisar la identidad de los predios, con base en los títulos de propiedad exhibidos por las partes, y emitir su opinión técnica determinando si uno de éstos está comprendido dentro del otro, pues de lo contrario el juzgador se encuentra imposibilitado para hacer declaración alguna al respecto, pues para descubrir la verdad no se puede llegar con meras suposiciones sino con la opinión técnica de dictámenes periciales." Luego, si en el caso la parte quejosa no demostró que el acto que reclama afecte su interés jurídico, requisito básico para la procedencia del juicio de amparo, dado que dicha afectación debe ser actual e inmediata y tales requisitos en el presente caso no se actualizan, sin que baste que exista el acto reclamado para que sea procedente el juicio de amparo, sino que es necesario que la parte peticionaria del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Tiene aplicación por las razones que contiene el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro siguiente: "INTERESES JURIDICO EN EL AMPARO, FALTA DE (IDENTIDAD DE LA COSA RECLAMADA). Si el acto reclamado consiste en la resolución que declaró propietario al tercer perjudicado, de un lote de terreno, del cual el quejoso afirma tener derecho de propiedad y posesión, pero en autos no existe prueba de que el predio que el promovente del amparo pretende, es de su propiedad y posesión, sea el mismo a que se refiere la resolución reclamada, no habiendo identidad entre esos predios, debe estimarse que no se afectan los intereses jurídicos del quejoso, lo que motiva el sobreseimiento del juicio de garantías" Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada respecto del acto reclamado referido, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba programada para las diez horas con diez minutos del seis de octubre del año en curso. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercera interesada; por lista; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Actualización de causal de improcedencia. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente del informe justificado rendido por la Juez Segundo Civil del Partido Judicial de San Luis de la Paz, Guanajuato, y anexo que acompañó al mismo, se advierte que respecto del acto reclamado en esta instancia se actualiza una causa de improcedencia, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinarlos con exactitud, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda e informe justificado de la responsable ordenadora, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional a reclamar: La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil ********************, sobre otorgamiento de escritura, promovido por ********************, en contra de ********************. Establecido lo anterior, es pertinente narrar brevemente los antecedentes de los actos reclamados, los cuales se desprenden de las constancias que allegó la responsable ordenadora, como justificación a su informe de ley, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, siendo, en lo que interesa, los siguientes: En el Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de San Luis de la Paz, Guanajuato, se substanció el juicio ordinario civil ********************, sobre otorgamiento de escritura, promovido por ********************, en contra de ********************, respecto del inmueble ubicado en calle ********************, número ********************, colonia ********************, en esta ciudad. Seguido el juicio por sus etapas legales, el siete de febrero de dos mil veintitrés se dictó la sentencia respectiva, en la que se condenó a la demandada a la entrega de la escritura respectiva. Ante la contumacia de la demandada en cumplir con la resolución en cuestión, el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, la Juez Segundo Civil del Partido Judicial de San Luis de la Paz, Guanajuato, ordenó se firmara en su rebeldía. Ahora bien, como se dijo, del informe justificado rendido por la responsable ordenadora y anexo, se advierte que con relación al acto reclamado, se estima actualizada la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el impetrante de amparo no acreditó su interés jurídico para acudir a demandar el amparo y protección de la justicia de la unión respecto de actos de molestia, sobre el inmueble que aducen es de su propiedad; lo anterior se estima así, por las siguientes consideraciones: El artículo precitado prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". De la interpretación literal del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando la parte quejosa no tiene interés jurídico para promoverlo contra el acto reclamado. Ahora bien, es preciso señalar que el interés jurídico para acudir al juicio constitucional ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su jurisprudencia, como el derecho público subjetivo derivado de alguna norma en particular, que se concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio; por lo que es menester, para su procedencia, que toda persona quien lo instaure acredite, fehacientemente, ser el titular del derecho que desea se respete al momento en que se realizó el acto de autoridad reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Ahora bien, no pasa desapercibido que la Ley de Amparo aplicable prevé la figura del interés legítimo, empero de acuerdo a la exposición de motivos de la citada legislación, así como de la diversa relativa a la reforma del artículo 107 Constitucional para la promoción del juicio de amparo, se continua exigiendo la afectación a un derecho subjetivo de manera personal, directa, real y actual únicamente tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales. En efecto, aún posterior a la iniciativa del juicio de amparo, en tratándose de actos derivados de autoridades judiciales, sigue vigente la exigencia del interés jurídico y por lo tanto, uno de los principios rectores del juicio de amparo, consiste en que el juicio de amparo se seguirá siempre a "instancia de parte agraviada". Lo anterior encuentra su justificación en el hecho de que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda el juicio de amparo indirecto presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional respectivo demandando el cese de la violación de que se duele. En ese orden de ideas, se concluye que el interés jurídico es una cuestión atinente a la legitimación en la causa de la promovente del amparo; de modo tal, que si no se demuestra ésta, ello imposibilita al Juzgador a realizar cualquier análisis respecto de los derechos fundamentales que aduce la parte quejosa se violaron en su perjuicio. Ello es así, porque de conformidad con el artículo 5°, fracción I de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo se requiere como presupuesto de la acción constitucional que la parte quejosa acredite el perjuicio o afectación que resiente en su esfera jurídica, de manera personal y directa con la ejecución de los actos reclamados, para que se encuentre debidamente facultada para acudir ante el órgano de control constitucional competente a demandar su tutela, la que se traduce como el interés jurídico a que hace referencia el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo". Asimismo, la tesis aislada sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto". Es de precisarse que el término perjuicio, en amparo, tiene una connotación distinta a la materia civil, ya que en el tópico constitucional los perjuicios se entienden como la transgresión por parte de la autoridad de un derecho legítimamente tutelado, que genera en el gobernado la posibilidad de asistir a la instancia constitucional a solicitar el cese de dicha vulneración. Situación que encuentra sustento en la tesis sostenida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." En este orden de ideas, se establece que el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite un derecho legítimamente tutelado, esto es, la propiedad del inmueble que describe la parte quejosa en su demanda, con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias, y así la afectación a su esfera jurídica con la emisión de los actos que se reclama y su ejecución. Esto es, resulta inconcuso que el quejoso necesariamente debe hacer mención en su demanda de amparo la causa u origen de ese poder de hecho, y demostrarla en el juicio, a fin de proporcionar al Juez los elementos objetivos necesarios para apreciar si constituye o no la posesión jurídica protegida por el derecho, a través de la garantía de seguridad jurídica contenida en el aludido artículo 14 constitucional. Ahora bien, como se dijo, la parte quejosa afirma ser propietaria del inmueble ubicado en calle ********************, colonia ********************, en esta ciudad (sin número). Para acreditar tal extremo, allegó a su escrito de demanda lo siguiente: Documental pública, relativa a copia certificada del contrato de compraventa celebrado entre ********************, como vendedor, y ********************, en calidad de compradora, respecto del inmueble localizado en: calle ********************, colonia ********************, en esta ciudad (sin número). Documental privada, consistente en original del contrato de comodato celebrado por ********************, y ********************, con relación al inmueble localizado en: calle ********************, colonia ********************, en esta ciudad (sin número). A la primer documental se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones Por otra parte, a la diversa documental se le confiere valor probatorio en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°. Con los anteriores medios de prueba, la parte quejosa persigue probar la afectación a su interés jurídico respecto del aludido bien inmueble, afirmando que éste es de su propiedad. Así las cosas, para estar en aptitud de analizar la pretendida inconstitucionalidad de los actos reclamados, es imprescindible que los solicitantes de amparo acrediten dos extremos, a saber: 1) Que demuestren que dicho bien inmueble es de su propiedad; y, 2) Que éste resultó afectado con el acto reclamado. Tiene aplicación en lo que aquí interesa, la tesis 570, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO. CUANDO SE RECLAMA EL EMBARGO, REMATE, ADJUDICACIÓN O DESPOSESIÓN ORDENADOS EN UN JUICIO RESPECTO DE UN INMUEBLE ES INDISPENSABLE QUE AQUÉL DEMUESTRE QUE DICHO BIEN ES DE SU PROPIEDAD Y QUE ÉSTE ES EL QUE RESULTÓ AFECTADO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por tanto, es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso; de ahí que si éste, ostentándose como tercero extraño, reclama el embargo, remate, adjudicación o desposesión de un bien inmueble afectado en un procedimiento, el cual alega es de su propiedad, resulta indispensable para justificar esa afectación o perjuicio que el impetrante demuestre que dicho inmueble efectivamente es de su propiedad y que éste es el mismo que resultó afectado como consecuencia del procedimiento natural al que dice ser extraño, pues sólo de esta manera se justifica su interés jurídico para ser oído en defensa de sus derechos." También resulta ilustrativa la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESIÓN DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL. El artículo 4 de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable". Asimismo, en lo conducente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. DEBE DEMOSTRARSE LA IDENTIDAD DE LOS BIENES MUEBLES, CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL EMBARGO DE LOS MISMOS. El artículo 2427 del Código Civil para el Estado de Puebla, dispone que sólo pueden embargarse bienes que pertenezcan a la persona en contra de quien se decretó el secuestro judicial, por lo tanto, si un tercero extraño al juicio natural reclama en un juicio de garantías el embargo trabado sobre bienes de su propiedad, para acreditar su interés jurídico en términos del artículo 4o., de la Ley de Amparo, deberá demostrar la identidad de los mismos, esto es, que los bienes de su propiedad son los mismos que fueron objeto del embargo, y en caso de no hacerlo, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la ley de la materia". Ahora bien, del análisis de las pruebas ofrecidas, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que tal elemento de convicción no es suficiente para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa. En efecto, la impetrante de amparo se ostenta propietaria del bien inmueble ubicado en calle ********************, colonia ********************, en esta ciudad (sin número). Por otro lado, de las constancias que integran el el juicio ordinario civil ********************, sobre otorgamiento de escritura, promovido por ********************, en contra de ********************, es respecto del bien inmueble ubicado en calle ********************, número ********************, colonia ********************, en esta ciudad. Por tanto, la parte quejosa estaba obligada a demostrar que el inmueble que defiende en calidad de propietario es materia de litigio en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia que establece: "POSESIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACIÓN. Si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad del inmueble materia del juicio de usucapión de donde deriva el acto reclamado, con la del inmueble cuya posesión ostenta, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico, razón por la que resulta literalmente aplicable la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo lo cual conduce al sobreseimiento del juicio de garantías". Asimismo, cobra aplicación la diversa de rubro y texto: "PROPIEDAD Y POSESIÓN DE INMUEBLE. NECESARIA IDENTIFICACIÓN CUANDO SE RECLAMA PRIVACIÓN DE LA. Si la parte quejosa que se ostenta como tercera extraña en el juicio natural, no aporta al juicio de garantías los elementos de convicción conducentes que demuestran de manera fehaciente la identidad del bien materia del juicio ordinario del cual emana el acto reclamado, patente resulta que, en dicho supuesto, no puede sostenerse válidamente que tal acto le irrogue perjuicio, siendo evidente, por ende, que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ante la ausencia de probar que hubo afectación al interés jurídico de la quejosa". Sin embargo, no existe medio de prueba con que se acredite que el inmueble que defiende es materia de reclamo de escritura en el juicio de origen. Así, a fin de acreditar que el extremo la prueba idónea para demostrarlo es la prueba pericial en agrimensura, dado que sólo los ingenieros peritos pueden precisar la identidad o no de los predios, con base en los documentos exhibidos por las partes, y emitir su opinión técnica determinando si tal inmueble, presuntamente propiedad de la quejosa está comprendido en el predio disputado en el controvertido de origen, pues de lo contrario esta juzgadora se encuentra imposibilitada para hacer declaración alguna al respecto, ya que no puede acreditarse tal extremo con la documentación exhibida, sino que para ello, se requiere la opinión técnica por peritos en la materia. En tal virtud, si la quejosa no demostró con prueba idónea la identidad entre el inmueble que defiende con el que es materia de recuperación de posesión en el juicio de origen, es evidente que no puede considerarse que el acto reclamado afecte su interés jurídico. Al respecto, resulta aplicable por los datos que la informan la jurisprudencia que dice: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado." Asimismo, es de aplicación al caso, por analogía, la tesis aislada, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, que señala: "DESPOSESIÓN. TERCEROS EXTRAÑOS AL JUICIO. LA SOLA EXHIBICIÓN DE UN INSTRUMENTO NOTARIAL NO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA AFECTACIÓN A SU INTERÉS JURÍDICO. La simple exhibición del instrumento notarial que acompañaron los quejosos con su escrito inicial, no es bastante para considerar que en el inmueble en el referido esté comprendido el predio materia del interdicto generador de los actos reclamados y del cual son terceros extraños, pues para demostrar tal situación los quejosos debieron haber ofrecido y desahogado la prueba pericial topográfica, que es la idónea para identificar los inmuebles citados, dado que sólo los ingenieros peritos pueden precisar la identidad de los predios, con base en los títulos de propiedad exhibidos por las partes, y emitir su opinión técnica determinando si uno de éstos está comprendido dentro del otro, pues de lo contrario el juzgador se encuentra imposibilitado para hacer declaración alguna al respecto, pues para descubrir la verdad no se puede llegar con meras suposiciones sino con la opinión técnica de dictámenes periciales." Luego, si en el caso la parte quejosa no demostró que el acto que reclama afecte su interés jurídico, requisito básico para la procedencia del juicio de amparo, dado que dicha afectación debe ser actual e inmediata y tales requisitos en el presente caso no se actualizan, sin que baste que exista el acto reclamado para que sea procedente el juicio de amparo, sino que es necesario que la parte peticionaria del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Tiene aplicación por las razones que contiene el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro siguiente: "INTERESES JURIDICO EN EL AMPARO, FALTA DE (IDENTIDAD DE LA COSA RECLAMADA). Si el acto reclamado consiste en la resolución que declaró propietario al tercer perjudicado, de un lote de terreno, del cual el quejoso afirma tener derecho de propiedad y posesión, pero en autos no existe prueba de que el predio que el promovente del amparo pretende, es de su propiedad y posesión, sea el mismo a que se refiere la resolución reclamada, no habiendo identidad entre esos predios, debe estimarse que no se afectan los intereses jurídicos del quejoso, lo que motiva el sobreseimiento del juicio de garantías" Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada respecto del acto reclamado referido, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba programada para las diez horas con diez minutos del seis de octubre del año en curso. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercera interesada; por lista; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

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