María Elena Gómez Velázquez
Expediente 699/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 699/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Elena Gómez Velázquez
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DETERMINACIÓN DE DEMANDA DESECHADA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONCLUYÓ EL TÉRMINO DE IMPUGNACIÓN DEL PROVEÍDO DE SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2009, SE DETERMINA:NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES. SE ORDENA DESTRUIR LA PIEZA DE ACTUACIONES ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE SU GUARDA.
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDO A NOTIFICAR POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE SEIS DE SEPTIEMBRE DE 2018. I. Parte quejosa cumple con prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa Luz de Lourdes Gómez Velázquez y María Elena Gómez Velázquez, a través del cual cumplen con el requerimiento que se les formuló en proveído de veintiocho de agosto del año en curso, y en atención a ello, se acuerda: II. Fijación de la litis. Vista la demanda de amparo, se desprende que las aquí quejosas reclaman de la juez Sexto Civil de Partido de esta ciudad. El auto dictado dentro de los medios preparatorios a juicio 407/2018 de fecha seis de agosto del presente año, en el que se desechó por notoriamente improcedente el incidente de recusación. El auto dictado dentro de los medios preparatorios a juicio 407/2018 de data diecisiete de agosto del año en curso, mediante el cual se les hizo efectivo el apercibimiento contenido en el diverso acuerdo de dieciocho de junio del presente año y se les impuso una medida de apremio consistente en multa. III. Se desecha la demanda de amparo consistente en el acto reclamado relativo al auto de seis de agosto de dos mil dieciocho. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, por lo que a dicho acto se refiere, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del artículo transcrito se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del artículo 107, este último interpretado a contrario sensu de su literalidad, ambos de la ley de amparo, los cuales a la letra señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.] Lo anterior es así, toda vez que el quejoso señala como acto reclamado el proveído de seis de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 407/2018 por la Juez Sexto Civil de Primera Instancia de esta ciudad, por el que desechó por notoriamente imporcedente la recusación dentro de los medios preparatorios a juicio planteada por la parte quejosa. Ahora bien, de conformidad con lo transcrito en párrafos que anteceden, el juicio constitucional en la vía indirecta sólo procede contra actos fuera de juicio que importen una ejecución que sea de imposible reparación. Los actos de imposible reparación son aquellos que afectan directamente derechos sustantivos de las partes, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación a sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable. De la misma forma, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de las gobernadas y sin dejar huella en su esfera jurídica. En el caso, el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de las solicitantes porque sólo produce el efecto de que la juez recusada continúe conociendo de los medios preparatorios a juicio, lo cual no afecta de manera directa e inmediata los derechos fundamentales de las inconformes, sino únicamente derechos adjetivos susceptibles de reparación, pues si las oferentes obtienen resolución favorable en el procedimiento prejudicial, la violación que se alega no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si les fuera desfavorable, será dicha resolución que de por concluido el medio preparatorio, la que podrán impugnar a través del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo al criterio de este juzgador, la tesis IV.2o.C.18 K (10a), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que es del tenor literal siguiente: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN O CONTRA ACTOS INTERMEDIOS QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Los medios preparatorios consisten en diligencias que preparan la acción para promover un juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, que si bien no forman parte del juicio, sí lo preparan. Ahora bien, en términos del artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el juicio de protección de derechos humanos procede en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Por otro lado, en la jurisprudencia P./J. 50/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, septiembre de 1996, página 5, de rubro: "ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que si para los efectos del amparo, el juicio inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, entonces las resoluciones que se dictaran con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producen fuera del juicio, porque le preceden y, por tanto, en su contra es procedente el amparo indirecto. Sin embargo, en la ejecutoria de referencia no se definió el tema de si el amparo indirecto procede en contra de cualquier acto emitido en los medios preparatorios a juicio o si sólo contra la última resolución que se dicte en ellos. Así, de una interpretación sistemática e integral de las fracciones III, IV y V, del invocado artículo 107, se concluye que cuando se reclaman actos intraprocesales emitidos fuera de juicio, como los que se dictan en relación con la admisión, desechamiento y forma de desahogo de pruebas en los medios preparatorios que, por tanto, no constituyen la última resolución dictada en ellos, por identidad jurídica se aplica la regla general que impera tratándose de los actos, omisiones o resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en procedimientos seguidos en forma de juicio; así como en los actos dentro de juicio; y en los actos de ejecución de sentencia, incluidos los procedimientos de remate; en el sentido de que el amparo biinstancial procederá contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, salvo que ese acto intermedio tenga una ejecución que sea de imposible reparación, porque esta circunstancia permite su reclamación inmediata en el juicio de amparo indirecto." Asimismo, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 50/96, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que reza: "ACTOS PREPARATORIOS DEL JUICIO O PREJUDICIALES. LAS RESOLUCIONES DICTADAS CON MOTIVO DE ELLOS, SON EMITIDAS FUERA DE JUICIO Y, POR ELLO, IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO. Los actos prejudiciales son aquellos que anteceden o preceden al juicio; esto es, los que tienden a asegurar una situación de hecho o de derecho, con anterioridad a la presentación de la demanda y al establecimiento de la relación jurídico procesal, sin que formen parte, por sí mismos, del procedimiento contencioso que, en su caso, se promoverá; ni su subsistencia o insubsistencia, eficacia o ineficacia, depende de lo que en definitiva se resuelva en el juicio, pues éste constituye un acto futuro y de realización incierta; por tanto, si para los efectos del amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, entonces las resoluciones que se dicten con motivo de los actos preparatorios o prejudiciales, se producen fuera del juicio y en su contra procede el amparo indirecto". Finalmente, apoya lo expuesto, por identidad de razón, lo expuesto la jurisprudencia 108/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la novena época, página 11, Tomo XXV, abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE NO ADMITIR O NO RESOLVER LA RECUSACIÓN FORMULADA CONTRA EL JUEZ EJECUTOR. Del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento); siendo la razón que originó esta regla de procedencia, el impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva; de ahí que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que la interlocutoria que decide no admitir o no resolver la recusación formulada contra el Juez ejecutor, al tratarse de una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que puede impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento de ejecución." Robustece, además, la no imposible reparación del auto reclamado, la naturaleza preparatoria del expediente en el que fue dictado, en el cual la actuación de la Juez se limitará a requerir a las aquí quejosas la exhibición de las documentales solicitadas, sin decidir la existencia de algún derecho, tan es así que el artículo 44, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, dispone que las causales de impedimento resultan inaplicables en las diligencias preparatorias a juicio o de la ejecución. No obstante ello, si las quejosas estiman que la resolución que dé por concluidos los medios preparatorios vulneran sus derechos, están en aptitud de promover amparo indirecto en contra de ésta en el que podrán reclamar como violación procesal, el desechamiento de la recusación formulada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 62 y 113 de la ley en cita, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Luz de Lourdes Gómez Velázquez y María Elena Gómez Velázquez, por lo que al acto descrito en este punto se refiere. IV. Se desecha la demanda de amparo consistente en el acto reclamado relativo al auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. Ahora bien, con relación el segundo acto reclamado, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo ese contexto, se estima que en el caso se surte de un modo manifiesto, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; en razón de que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Como puede observarse, el juicio de amparo es procedente contra actos definitivos dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, fuera de juicio o después de concluido; serán actos definitivos aquellos en contra los cuales ya fueron agotados los recursos que con arreglo a la ley aplicable al caso concreto procedan. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto no sea definitivo, es decir, cuando no se agotó en su contra, el recurso ordinario que proceda, dado que a través de dicho medio de impugnación, éste puede ser revocado, modificado o nulificado. El principio de definitividad rector del juicio de amparo debe cumplirse previo a promover el juicio de amparo y consiste en que se agoten los recursos ordinarios que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones previstas. Cabe precisar, que el recurso, juicio o medio de defensa que debe tener a su alcance las gobernadas, para impugnar una resolución judicial o de tribunales administrativos o del trabajo, debe ser el idóneo y procedente para revocar, nulificar o modificar el acto o la determinación impugnada. Sostiene lo así expuesto la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, visible en la página 902, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Sin que, entonces, sea posible relevarlas de la obligación de agotar el principio de definitividad, conforme con el cual debieron combatir oportunamente el auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho a través del recurso de revocación previsto por el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia en análisis, ya que se advierte que con posterioridad al auto dictado por la autoridad responsable, las accionantes pudieron promover el recurso de revocación, ya que con la interposición de ese medio de defensa pueden obtener la modificación, confirmación o nulidad del acto reclamado, y al no agotar dicho recurso, deja de satisfacerse el principio de definitividad requerido para la procedencia del juicio de amparo indirecto que nos ocupa; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Cobra relevancia destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), estableció el criterio de que el hecho de que un acto tenga la característica de irreparable no exime al gobernado de agotar los recursos o medios ordinarios en su contra, puesto que tal hipótesis no está contemplada como excepción al principio de definitividad en la Constitución Federal, ni en la Ley de Amparo. Dicho criterio jurisprudencial sigue vigente, en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, y el cual se encuentra publicado en la página 729, del Libro X, julio de 2012, Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Consecuentemente, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, cuya esencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que solo en casos excepcionales se acuda a él, una vez que se hubiesen agotado ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación para que ésta, o su superior jerárquico, tengan oportunidad de subsanar la irregularidad existente, y sólo en el supuesto de que no fuera así, es factible promover el juicio de amparo. Sin que varíe lo aquí determinado, el hecho de que el auto reclamado haya sido dictado en unos medios preparatorios a juicio, habida cuenta que el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, no limita la procedencia de este recurso a acuerdos dictados dentro del juicio, de lo que se concluye que también resulta procedente contra autos dictados en medios preparatorios y en la etapa de ejecución de sentencia. Por tanto, debe decirse que la demanda de amparo de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la ley invocada, se desecha la demanda de amparo que ocupa la atención.
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDO A NOTIFICAR POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE 28 DE AGOSTO DE 2018, EL CUAL A LA LETRA DICE: LEÓN, GUANAJUATO, A VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. I. PARTE QUEJOSA. MARIA ELENA GÓMEZ VELÁZQUEZ Y LUZ DE LOURDES GÓMEZ VELÁZQUEZ. II. AUTORIDAD RESPONSABLE. JUEZ SEXTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTA CIUDAD. III. REGISTRO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO Y REGÍSTRESE BAJO EL NÚMERO 699/2018-IV. IV. PREVENCIÓN. A EFECTO DE ESTAR EN APTITUD DE ACORDAR LO PROCEDENTE, ESTO ES, LA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 112 Y 114, FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL 108, FRACCIONES IV Y V DE LA LEY DE AMPARO; REQUIÉRASE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE CINCO DÍAS, CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE ESTE PROVEÍDO, POR ESCRITO Y CON LAS COPIAS NECESARIAS PARA CORRER TRASLADO A LAS DEMÁS PARTES E INTEGRAR EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, CUMPLA CON LO SIGUIENTE: RELATE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE MANERA CRONOLÓGICA Y DETALLADA LA TOTALIDAD DE LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, YA QUE LOS QUE MENCIONA EN SU DEMANDA CONSTITUCIONAL RESULTAN INSUFICIENTES; LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE NO REALIZÓ UNA NARRACIÓN PRECISA DE TODOS AQUELLOS ACONTECIMIENTOS DE CARÁCTER POSITIVO O NEGATIVO OCURRIDOS CON ANTELACIÓN A LOS ACTOS RECLAMADOS Y QUE POR SU ESTRECHA RELACIÓN RESULTAN RELEVANTES PARA CONOCER LA VERDAD LEGAL AL RESOLVERSE EL JUICIO DE AMPARO, INCLUYENDO LOS ASPECTOS QUE INFLUYAN EN SU PROCEDENCIA, CASO EN EL CUAL DEBERÁ HACER LA EXPRESIÓN CORRESPONDIENTE EL DIRECTO QUEJOSO, POR SER UN ACTO PERSONALÍSIMO QUE NO PUEDE SER SATISFECHO POR PERSONA DIVERSA A AQUELLA, DADA LA RESPONSABILIDAD PENAL QUE DE DICHA PROTESTA PUDIERA DERIVARSE ESPECIFIQUE SI EL JUICIO DE ORIGEN QUE DENOMINA COMO "DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS" ES PROPIAMENTE UN JUICIO, O BIEN, SI SE TRATA DE UN MEDIO DE PREPARACIÓN A JUICIO, TODA VEZ QUE DEL ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA SE ADVIERTE QUE EN UNA PARTE REFIERE QUE SE TRATA DE UN JUICIO, EMPERO DE LA TRANSCRIPCIÓN QUE REALIZÓ DE LOS ACTOS RECLAMADOS, ESPECÍFICAMENTE LA RESOLUCIÓN DE FECHA SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE OBSERVA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESOLVIÓ DESECHAR POR IMPROCEDENTE LA RECUSACIÓN INTENTADA, POR ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE GUANAJUATO , ES DECIR, POR TRATARSE DE DILIGENCIAS PREPARATORIAS A JUICIO O A EJECUCIÓN DE SENTENCIA. INDIQUE SI EN CONTRA DE LOS AUTOS DE SEIS Y DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, EMITIDOS EN EL EXPEDIENTE 407/2018 INTERPUSO RECURSO DE REVOCACIÓN, Y DE SER ASÍ, DEBERÁ ESPECIFICAR EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAYÓ SOBRE LOS MISMOS EN CASO DE QUE YA SE HAYA DICTADO. APOYA LO ANTERIOR, LA JURISPRUDENCIA QUE DICE: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. AL SEÑALAR EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO, COMO REQUISITO EN LA DEMANDA, EL RELATIVO A QUE EL QUEJOSO MANIFIESTE "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN Y QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTABLECIÓ, CON ESTE REQUISITO LEGAL, QUE NO CONSTITUYE UNA FÓRMULA SACRAMENTAL O SOLEMNE, LA OBLIGACIÓN A CARGO DEL QUEJOSO DE MANIFESTAR QUE SU RELATO DE HECHOS LO HACE CON SUJECIÓN A LA VERDAD. AHORA BIEN, LA OMISIÓN DE ESA DECLARACIÓN, PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA, EN CASO DE QUE EL SOLICITANTE DEL AMPARO NO LLENE ESE REQUISITO CUANDO SEA PREVENIDO PARA ELLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO. DE IGUAL FORMA, EL HECHO DE QUE, AUN HABIENDO REALIZADO LA PROTESTA DE DECIR VERDAD, EL QUEJOSO INCURRA EN FALSEDAD, LO HACE ACREEDOR A LAS SANCIONES PRIVATIVAS DE LIBERTAD O PECUNIARIAS, ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 211 DE LA LEY DE AMPARO. DE AHÍ QUE LA FRASE "PROTESTO LO NECESARIO", QUE APARECE COMÚNMENTE AL FINAL DE UNA DEMANDA, COMO EXPRESIÓN DE CORTESÍA Y QUE DEJA VER QUE EL OCURSANTE MANIFIESTA A LA AUTORIDAD SUS RESPETOS, ATENCIONES Y CONSIDERACIONES NO PUEDE SER UTILIZADA EN SUSTITUCIÓN DE LA PROTESTA DE DECIR VERDAD, ESTABLECIDO COMO REQUISITO EN LA DEMANDA DE AMPARO, YA QUE AMBAS EXPRESIONES TIENEN CONTENIDOS Y FINALIDADES DISTINTAS.". HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA QUE DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO DEBERÁ EXHIBIR LAS COPIAS NECESARIAS DE SU ESCRITO ACLARATORIO Y ANEXOS PARA CORRER TRASLADO A LAS PARTES, TODA VEZ QUE SON PARTE INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. CABE INVOCAR EL CRITERIO SUSTENTADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN SU TESIS DE JURISPRUDENCIA P./J.36/2001, VISIBLE EN LA PÁGINA 79, DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, NOVENA ÉPOCA, TOMO XIII, ABRIL DEL 2001, DE RUBRO: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACION DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". APERCIBIDAS QUE DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIORMENTE REQUERIDO, SE PROCEDERÁ CONFORME A LOS PRECEPTOS CITADOS, Y EN SU CASO SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, CON FUNDAMENTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. V. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. SE TIENE COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL QUE SEÑALA EN SU ESCRITO DE DEMANDA Y COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO A JUAN CARLOS PEÑA GARCÍA, CLAUDIA ELENA NORIEGA RAMOS, DANIEL ALONSO RUIZ ARREOLA, GERARDO ANGUIANO CECCOPIERI, MIGUEL ANGEL LEYVA TERÁN Y JUAN ANGEL JAIME CÓRDOVA, EN VIRTUD DE QUE CUENTAN CON CÉDULA REGISTRADA EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, Y EN TÉRMINOS RESTRINGIDOS DE DICHO NUMERAL, ES DECIR, ÚNICAMENTE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES E IMPONERSE DE AUTOS, A GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ VALLEJO, POR ASÍ HABERLO SOLICITADO. VI. ACUERDOS GENERALES. DE IGUAL MANERA, EN ARAS DE UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA, COMO LO ORDENA EL ARTÍCULO 17 DE LA CARTA MAGNA, Y DE LA OBSERVANCIA DE LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 21, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, DESDE ESTE MOMENTO SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES QUE RESULTEN NECESARIAS PARA LA PRÁCTICA DE LAS NOTIFICACIONES PERSONALES ORDENADAS EN EL JUICIO EN QUE SE ACTÚA; ELLO EN LOS CASOS EN LOS QUE SE DEBAN REALIZAR NOTIFICACIONES PERSONALES TANTO EN EL PRESENTE JUICIO PRINCIPAL COMO EN EL CUADERNO INCIDENTAL, INCLUYENDO EL EMPLAZAMIENTO, A CUALESQUIERA DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL Y NO SEA POSIBLE PRACTICARLOS EN DÍAS Y HORAS HÁBILES, LO ANTERIOR PREVIA RAZÓN ASENTADA POR EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO A ESTE TRIBUNAL. DÍGASE A LAS PARTES QUE DESDE ESTE MOMENTO SE AUTORIZA LA EXPEDICIÓN DE LAS COPIAS QUE SOLICITEN DURANTE EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES APLICADO SUPLETORIAMENTE EN VISTA DE LO PREVENIDO POR EL NUMERAL 2º DE LA LEY DE AMPARO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. ASÍ LO PROVEYÓ Y FIRMA LA LICENCIADA GABRIELA ELIZETH ALMAZÁN HERNÁNDEZ, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, QUIEN ACTÚA CON LA LICENCIADA NORMA ROJAS LÓPEZ, SECRETARIA QUE AUTORIZA Y DA FE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes
- MARÍA DOLORES PÉREZ PÉREZ y Otros.1002/2021
- María Elena Alvarado Anzo1349/2016
- MARIA ELENA AYALA PACHECO y Otros.438/2022
- María Elena Escalera Rodríguez365/2019
- Maria Elena Esparza Lopez240/2016
- María Elena Esparza López164/2017
- Maria Elena Hernandez Arzola1128/2013
- Maria Elena Munguia Anaya458/2015
- Maria Elena O M. Elena Moreno Álvarez28/2019
- María Elena Olvera Olvera1011/2016
- Maria Elena Ortiz Casahonda1074/2011
- María Elena Ortíz Casahonda1055/2010