María Elena García Mundo
Expediente 444/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 444/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/06/2022
Partes del expediente
- María Elena García Mundo
- María Elena García Mundo y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de junio de dos mil veintidós. EJECUTORIA. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra el acuerdo cuatro de mayo del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia dictado en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso a), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de queja contra el auto de seis de abril del año en curso por el cual se desechó parcialmente la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la siguiente autoridad: Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado de referencia. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la citada Ley, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, las copias certificadas que anexa la autoridad responsable, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia del presente expediente. Atento lo anterior, visto el estado procesal de autos, se obtiene que deben ser analizados todos los datos que se advierten del presente juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa y examinar la constitucionalidad del acto que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo que precisa y solamente sea tomando como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda, concatenado con la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. En este sentido, de autos se advierte que el cuatro de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y recibido el cinco del mismo mes y año, en la oficialía de partes de este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, María Elena García Mundo, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que a continuación se precisa: "IV. ACTO RECLAMADO: SE RECLAMA DE LA RESPONSABLE LA OMISIÓN DE LA ADMISIÓN, NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA DEMANDA SOLICITADA MEDIANTE ESCRITO INICIAL DE DEMANDA PRESENTADA CON FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2020 ANTE LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, QUIEN ÚNICAMENTE FORMÓ EL EXPEDIENTE EN SU LIBRO DE GOBIERNO BAJO EL NÚMERO J/0/727/20 Y SE REGISTRÓ SIN QUE HASTA LA FECHA SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO, ACLARANDO QUE DICHO ESCRITO FUE PRESENTADO CON ANEXOS CONSISTENTES EN UNA CARTA PODER SIMPLE FIRMADA POR LA SUSCRITA Y COPIAS PARA EL RESPECTIVO TRASLADO A LAS DEMANDADAS." En auto de seis de abril de dos mil veintidós, se precisó que los actos reclamados eran: La omisión de emitir el acuerdo de radicación por medio del cual la Junta responsable señale fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral J/O/727/2020. b) La falta de notificación personal de dicho acuerdo a las partes del expediente laboral J/O/727/2020. En dicho auto, se desechó parcialmente la demanda de garantías, únicamente por lo que respecta al acto reclamado señalado con el inciso b), y únicamente se admitió por el primero de ellos. Ahora, en el informe justificado de cuenta, la responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, remite copias certificadas de las actuaciones realizadas en el juicio laboral J/O/727/2020, en específico del acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintidós, en el que admitió la demanda laboral planteada, señalando fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, inclusive remitió las constancias de emplazamiento de la parte demandada y de los terceros interesados -aún cuando no constituye el acto reclamado-; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad legalmente autorizada para ello. Lo anterior pone de manifiesto que se actualiza una cesación de efectos del acto reclamado por la parte quejosa; ello es así, pues de la demanda de amparo se advierte que la parte solicitante de la protección constitucional señaló como acto reclamado, omisión de emitir el acuerdo de radicación por medio del cual la Junta responsable señale fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral J/O/727/2020; y, de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se advierte el acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintidós, admitió la demanda laboral planteada, señalando fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, inclusive remitió las constancias de emplazamiento de la parte demandada y de los terceros interesados -aún cuando no constituye el acto reclamado-, dentro del juicio laboral J/O/727/2020; por lo que se patentiza la causal de improcedencia anunciada, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del ordenamiento citado, que establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando. (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. (.)". Por consiguiente, si durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, la autoridad Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió copias certificadas del veintidós de abril de dos mil veintidós, en el que admitió la demanda laboral planteada, señalando fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, inclusive remitió las constancias de emplazamiento de la parte demandada y de los terceros interesados -aún cuando no constituye el acto reclamado- dentro del juicio laboral J/O/727/2020, ello hace que exista una cesación del acto reclamado, al subsanarse la violación reclamada, como si se hubiese concedido el amparo. Corrobora lo anterior, el criterio jurisprudencial 103, sustentado por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal del País, publicado en la página 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1917 -2000, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En virtud de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional; al haber cesado los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la omisión de emitir el acuerdo de radicación por medio del cual la Junta responsable señale fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral J/O/727/2020. Sin soslayar que a nada conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno puedan desvirtuar la causal de improcedencia citada, como tampoco dar vista a la parte quejosa, como lo prevé el artículo 64 de la Ley de Amparo, ya que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siendo aplicable al caso, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del texto y rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Máxime, que es menester destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de inconformidad 71/2013, 97/2013 y 272/2013, sostuvo que ante una nueva reflexión, abandonó el criterio contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES"; toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Por ende, al advertirse que el juicio laboral de origen se encuentra en una etapa en la que puede radicarse o no admitirse la demanda, es dable entonces establecer que el presente juicio de amparo se limitará a tal tópico, en función del acto reclamado consistente en la omisión de radicar la demanda laboral de origen, tal como se resolvió en el presente auto. Corrobora la anterior determinación, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOSQUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En atención a lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, siendo esta, las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de queja contra el auto de seis de abril del año en curso por el cual se desechó parcialmente la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Por otra parte, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la siguiente autoridad: Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado de referencia. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la citada Ley, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, las copias certificadas que anexa la autoridad responsable, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia del presente expediente. Atento lo anterior, visto el estado procesal de autos, se obtiene que deben ser analizados todos los datos que se advierten del presente juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa y examinar la constitucionalidad del acto que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo que precisa y solamente sea tomando como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda, concatenado con la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. En este sentido, de autos se advierte que el cuatro de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y recibido el cinco del mismo mes y año, en la oficialía de partes de este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, María Elena García Mundo, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que a continuación se precisa: "IV. ACTO RECLAMADO: SE RECLAMA DE LA RESPONSABLE LA OMISIÓN DE LA ADMISIÓN, NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA DEMANDA SOLICITADA MEDIANTE ESCRITO INICIAL DE DEMANDA PRESENTADA CON FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2020 ANTE LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, QUIEN ÚNICAMENTE FORMÓ EL EXPEDIENTE EN SU LIBRO DE GOBIERNO BAJO EL NÚMERO J/0/727/20 Y SE REGISTRÓ SIN QUE HASTA LA FECHA SE HAYA PRONUNCIADO AL RESPECTO, ACLARANDO QUE DICHO ESCRITO FUE PRESENTADO CON ANEXOS CONSISTENTES EN UNA CARTA PODER SIMPLE FIRMADA POR LA SUSCRITA Y COPIAS PARA EL RESPECTIVO TRASLADO A LAS DEMANDADAS." En auto de seis de abril de dos mil veintidós, se precisó que los actos reclamados eran: La omisión de emitir el acuerdo de radicación por medio del cual la Junta responsable señale fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral J/O/727/2020. b) La falta de notificación personal de dicho acuerdo a las partes del expediente laboral J/O/727/2020. En dicho auto, se desechó parcialmente la demanda de garantías, únicamente por lo que respecta al acto reclamado señalado con el inciso b), y únicamente se admitió por el primero de ellos. Ahora, en el informe justificado de cuenta, la responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, remite copias certificadas de las actuaciones realizadas en el juicio laboral J/O/727/2020, en específico del acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintidós, en el que admitió la demanda laboral planteada, señalando fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, inclusive remitió las constancias de emplazamiento de la parte demandada y de los terceros interesados -aún cuando no constituye el acto reclamado-; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad legalmente autorizada para ello. Lo anterior pone de manifiesto que se actualiza una cesación de efectos del acto reclamado por la parte quejosa; ello es así, pues de la demanda de amparo se advierte que la parte solicitante de la protección constitucional señaló como acto reclamado, omisión de emitir el acuerdo de radicación por medio del cual la Junta responsable señale fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral J/O/727/2020; y, de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se advierte el acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintidós, admitió la demanda laboral planteada, señalando fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, inclusive remitió las constancias de emplazamiento de la parte demandada y de los terceros interesados -aún cuando no constituye el acto reclamado-, dentro del juicio laboral J/O/727/2020; por lo que se patentiza la causal de improcedencia anunciada, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, del ordenamiento citado, que establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando. (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. (.)". Por consiguiente, si durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, la autoridad Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió copias certificadas del veintidós de abril de dos mil veintidós, en el que admitió la demanda laboral planteada, señalando fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, inclusive remitió las constancias de emplazamiento de la parte demandada y de los terceros interesados -aún cuando no constituye el acto reclamado- dentro del juicio laboral J/O/727/2020, ello hace que exista una cesación del acto reclamado, al subsanarse la violación reclamada, como si se hubiese concedido el amparo. Corrobora lo anterior, el criterio jurisprudencial 103, sustentado por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal del País, publicado en la página 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 1917 -2000, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En virtud de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional; al haber cesado los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la omisión de emitir el acuerdo de radicación por medio del cual la Junta responsable señale fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral J/O/727/2020. Sin soslayar que a nada conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno puedan desvirtuar la causal de improcedencia citada, como tampoco dar vista a la parte quejosa, como lo prevé el artículo 64 de la Ley de Amparo, ya que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siendo aplicable al caso, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del texto y rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Máxime, que es menester destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de inconformidad 71/2013, 97/2013 y 272/2013, sostuvo que ante una nueva reflexión, abandonó el criterio contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES"; toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Por ende, al advertirse que el juicio laboral de origen se encuentra en una etapa en la que puede radicarse o no admitirse la demanda, es dable entonces establecer que el presente juicio de amparo se limitará a tal tópico, en función del acto reclamado consistente en la omisión de radicar la demanda laboral de origen, tal como se resolvió en el presente auto. Corrobora la anterior determinación, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOSQUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En atención a lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, siendo esta, las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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