María Elena García Leal
Expediente 112/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 112/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María Elena García Leal
Actuaciones
- Principal
se advierte que ha quedado firme, el auto por el cual se desechó de plano, la demanda de amparo promovida por la quejosa, agréguese para que obre como legalmente corresponde. Ahora bien, tomando en consideración que no existe actuación alguna por cumplimentar, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido
- Principal
informa el contenido del proveído de diecisiete de marzo del año en curso, dictado por ese órgano jurisdiccional en el amparo directo civil número 159/2015, de su índice, del que se advierte, que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la quejosa María Elena García Leal; agréguese para que obre como legalmente corresponde.
- Principal
Visto el signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, mediante el cual informa el contenido del proveído de veintiséis de febrero del año en curso, dictado por ese órgano jurisdiccional en el expediente de amparo directo civil 159/2015, del que se advierte que previo a aceptar la competencia planteada por este Juzgado Federal para conocer del juicio promovido por **, requirió al Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que recabe las constancias señaladas en el artículo 178 de la Ley de Amparo, de cumplimiento a lo ordenado en dicho numeral.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a trece de febrero de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por la quejosa xxxxxxxxx, por su propio derecho, en contra del acto del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta localidad; regístrese en el libro de juicios de amparo que se tramitan en este Juzgado Federal con el número consecutivo 112/2015-I y fórmese expediente. Ahora bien, el artículo 107, fracción V, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al efecto establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:.- V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:.- c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y.-." Por su parte, los artículos 34, 47 y 170, fracción I de la Ley de Amparo, en la parte que interesa disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia.-." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional;.-." (Lo resaltado y subrayado es de este Juzgado Federal). Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo, la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de esos asuntos, como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. En la especie, la peticionaria de garantías xxxxxxxxxxx, por su propio derecho, reclama la resolución de seis de febrero de dos mil quince, emitida por la autoridad responsable Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta localidad, dentro del expediente relativo al juicio sumario civil número xxxxxxxx, de su índice, en la que declaró procedente la vía; determinó que la parte actora no demostró los hechos generadores de su acción y el demandado acreditó sus excepciones; de oficio declaró la existencia de cosa juzgada; y condenó a la aquí quejosa al pago de daños y perjuicios y a una multa por el monto de un salario mínimo. Por tanto, se estima que la resolución reclamada constituye una sentencia definitiva, que pone fin al juicio de origen, y por tanto, en su contra procede el juicio amparo directo, en términos del artículo 171, fracción I, de la ley de la materia. En razón de lo expuesto, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, atendiendo a la naturaleza y efectos del acto reclamado, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de garantías promovida por la quejosa María Elena García Leal; y, al actualizarse la hipótesis contenida en el primer párrafo del numeral 47 de la Ley de Amparo, ordena remitirla con todos sus anexos al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, a fin de que tenga a bien determinar si confirma o revoca esta resolución. Apoya lo considerado, por las razones que la sustentan, la Tesis III.3o. (III Región) 4 A (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en la página 2953, Tomo IV, Enero 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME A LOS SUPUESTOS LEGALES PREVISTOS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 170 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 170, fracciones I y II de la nueva Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo directo está sujeta a dos reglas, a saber: una general y otra especial. La regla general se surte cuando en el juicio natural el quejoso obtiene un fallo desfavorable, o bien, uno parcialmente en su favor -fracción I del artículo 170-. En tal supuesto, lo jurídicamente trascendente es la afectación a la esfera de derechos del impetrante, derivada de haber obtenido un fallo desfavorable a sus intereses, o de no alcanzar todo lo que persiguió en el juicio, con lo cual, sin duda, se colma el interés jurídico necesario que justifica la procedencia del juicio de amparo directo, cuya materia de análisis puede involucrar temas tanto de legalidad como de constitucionalidad. Por su parte, la regla especial opera respecto de fallos definitivos y resoluciones que pongan fin a los juicios contenciosos administrativos, pronunciados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal -fracción II del artículo 170-. Esta hipótesis cobra aplicación cuando el fallo recaído en algún juicio contencioso administrativo del conocimiento de los tribunales de que se trata, es de tal modo favorable que acoge íntegramente la pretensión perseguida por el actor en el propio juicio, de ahí que, en tal evento, el juicio de amparo directo procede sólo para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, siempre y cuando, a su vez, resulte procedente y fundado el recurso de revisión que interponga la autoridad demandada en el juicio natural. Por tanto, para efecto de la procedencia del juicio de amparo directo, no deben confundirse los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 170 de la nueva Ley de Amparo, pues la regla general es que el juicio de amparo directo procede cuando el quejoso haya obtenido una sentencia desfavorable, o una parcialmente en su favor, con independencia de la materia que involucre el asunto -fracción I-, mientras que la regla especial se surte en el caso de que el impetrante -actor en un juicio contencioso-, obtenga un fallo de tal modo favorable que acoja íntegramente la pretensión buscada en el juicio, y resulte fundado y procedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada, en términos del artículo 104 de nuestra Carta Magna, en cuya hipótesis el juicio de amparo directo procede exclusivamente para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, ya que en esa hipótesis, el impetrante está en posibilidad de obtener un beneficio mayor al inicialmente alcanzado en el juicio contencioso -fracción II-." Así como, la Jurisprudencia 47 de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo IV, Primera Parte, que al rubro precisa: "AMPARO DIRECTO, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS CIVILES QUE SIN DECIDIR EL JUICIO EN LO PRINCIPAL, LO DAN POR CONCLUIDO. AUNQUE EN ELLAS SE DEJEN A SALVO DERECHOS DEL ACTOR PARA EJERCITARLOS." Y en la parte que aquí interesa, la Jurisprudencia: PC.XXX. J/8 K (10a.), del Pleno del Trigésimo Circuito, visible en la página 854, de Plenos de Circuito Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", lo cual condujo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar que al existir un recurso ordinario, el Tribunal Colegiado de Circuito no era competente para conocer de la demanda, dada la ubicación de esos dispositivos en el capítulo de competencia; sin embargo, en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril del año citado, simplemente se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide sólo en la improcedencia del juicio, mas no en la competencia del órgano jurisdiccional indicado. Lo anterior es así, ya que en el tercer párrafo del último precepto mencionado se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, en el nuevo contexto normativo resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." Con las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes. En otro orden de ideas, en atención a la aplicación de la Ley de Amparo vigente en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en su numeral 3°, párrafo octavo, cuyo contenido literal expresa: "Artículo 3o.-. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica.-."
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